El fallo de la Corte Suprema sobre la extenuante Ley de Medios está rodeado de sospechas y ha puesto al máximo tribunal en una situación de la que durante años se cuidó. Ahora ha quedado en el medio de un desaguisado político y jurídico e -inevitablemente- toda decisión futura será materia de desconfianza.

Lo que ha quedado explícitamente demostrado es que existieron contactos fluidos entre la Corte y las máximas autoridades del poder político en el Gobierno, lesionando uno de los principios más importantes del Estado de Derecho, como es el de la independencia entre los poderes.

La Casa Rosada deberá preguntarse, entre tanto, si valió la pena agotar el volumen de recursos del que se dispuso, para obtener una ley de dudoso éxito, destruyendo uno de los baluartes más significativos de la década kirchnerista.

Este fallo tendrá, como no podría ser de otro modo, consecuencias jurídicas sobre los activos y los accionistas del Grupo Clarín, pero sobre todo alcances insospechados sobre el posicionamiento y la credibilidad pública del tribunal máximo del país y de sus miembros, y generará a futuro un manto de sospecha permanente.

La Corte ha reconocido que no ha querido fallar antes de las elecciones para evitar que su decisión se vincule a la campaña electoral. Pero sí lo ha hecho a sólo 48 horas de los comicios, convirtiéndose en un instrumento funcional a las necesidades del Poder Ejecutivo que quería que el sábado 26 próximo pasado fuera eterno y que el lunes 28 no llegara nunca.

Lorenzetti y otros miembros de la Corte no sólo hicieron eso. Otorgaron al gobierno la posibilidad de escabullirse a horas de su derrota, para no dar explicación alguna sobre el futuro de la Argentina cercana y de sus apremiantes problemas políticos y económicos.

Al parecer, tampoco los orígenes de sus votos fueron demasiado nobles: una investigación de AFIP por desprolijidades de uno de los hijos del presidente del tribunal desactivada, una jubilación detenida en el tiempo, la colaboración para evitar explicaciones a la propiedad de locales prostibularios o la ganancia pecuniaria sobre los derechos de autoría por el nuevo Código Civil, no parecen sino miserias frente a la magnitud del problema generado.

La afectación a la credibilidad que se ha autoinfringido la Corte es como una mancha negra en un pañuelo blanco: no hay forma de no verla. Y el resultado de sus actos -independientemente de su calidad jurídica- una patente de corso que otorga a personajes pequeños poderes que no pueden, ni deberían manejar.

Esta es la razón por la que nos hemos transformado en un país donde nadie pregunta sobre los hechos. Nos hemos acostumbrado a manejarnos exclusivamente por hipótesis y hemos llegado al extremo de preguntar sobre conjeturas. Aquí, como en todo, hubo omisión del ciudadano y voluntad expresa por parte del grupo de poder en el gobierno. Tanto la presidente, como su entorno más cercano (especialmente la juventud liderada por su hijo Máximo) han asumido como una verdad ineluctable que ellos no necesitan dar explicaciones sobre sus actos.

Acostumbrados a ir así por el mundo, bajo el dogma que pregona que “a la presidente no se le habla, a la presidente se la escucha”, los ciudadanos se acostumbraron a escuchar y el gobierno se acostumbró a hablar. Esa temporada de relato monocorde fue interrumpida siempre en forma inesperada y por actores inadvertidos.

El primer episodio ocurrió en el exterior, cuando un grupo de jóvenes estudiantes de Harvard, algunos argentinos, con tres preguntas básicas, pusieron a la jefa de Estado en nocaut técnico. Balbuceando, perdiendo los estribos e -inclusive- menospreciando la calidad de universidades públicas del país, la presidente no logró establecer una conexión entre su relato y los hechos que esos púberes ponían en evidencia. La señora Fernández de Kirchner la pasó mal y sus respuestas se desacoplaron por completo de la realidad.

El segundo ocurrió durante las inundaciones del 2 de abril en La Plata. Un periodista de Canal 7 (la Televisión Pública), preguntó al líder de La Cámpora, Andrés Larroque, por qué las cuantiosas donaciones de gente común eran administradas por personas que usaban un chaleco azul con la identificación de ese grupo político. No hubo, por parte de Juan Miceli -el periodista que efectuó la pregunta- ninguna adjetivación, ni introducción que se entendiera como prejuzgamiento o una opinión de soslayo. Lo que siguió fue una respuesta desencajada de Larroque, más parecida a una “guapeza” barrial que a una explicación mesurada de un dirigente político dando las obligatorias aclaraciones que merecía el episodio.

El tercer capítulo viene a encontrar a Cabandié frente a una empleada de tránsito de 22 años. Es probable que Belén Mosquera -de ella se trata- no haya tenido mucha idea sobre quién era aquel hombre a quien había detenido para pedirle los papeles del auto. En los sucesivos videos, que fueron entregándose por etapas, se ve a Cabandié fuera de sí -¡abrazado a la causa de los derechos humanos para “zafar” de una multa!-, insultando a la agente de tránsito, a la Gendarmería y -ahora nos enteramos también- a la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Otra vez aparece la incontinencia verbal de un militante de La Cámpora que contrasta con la serenidad de una adolescente cumpliendo con su trabajo. Las grandes convicciones del gobierno son deshilachadas por preguntas breves o interpelaciones minúsculas. Deberá asumirse, en el seno del poder, que las cosas comienzan a cambiar y que el ciudadano -al fin de cuentas estos tres episodios fueron multiplicados en las redes sociales por personas comunes y corrientes- está exigiendo mayor nivel de detalle en las explicaciones que el gobierno debe ofrecerles. Y a la oposición le llega también un llamado de atención.

Está claro que si sus intimaciones fueran lo suficientemente incisivas como para generar cambios positivos en el gobierno, no sería necesario que los ciudadanos de a pie terminemos confrontando con ministros, secretarios o legisladores. Muchos miembros de La Cámpora, inclusive, han zamarreado públicamente a legisladores y líderes políticos sin ninguna consecuencia en la opinión pública. El caso Cabandié -sin embargo- suena a bisagra. Pero toda la dirigencia política debería estar escuchando. La ciudadanía comienza a exigir que los discursos sea acompañados por comportamientos ejemplares de parte de quienes han elegido la carrera política. Sobre todo, después de un ciclo donde predominaron el lenguaje infantil y los cuentos fabulescos.