El crimen organizado 

Es innegable que tanto en el Departamento de Antioquia, y en particular en la ciudad de Medellín, la presencia de las bandas criminales y grupos ODIN (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico), han generado toda una gran red de microtráfico y microextorsión en toda el área metropolitana, que ante las perspectivas futuras, difícilmente se logrará controlar. ¿A qué se debe esta incapacidad institucional para hacer frente a este tipo de grupos criminales que operan en la ciudad? Por un lado, la percepción sobre la seguridad en la ciudad de Medellín no mejora de manera positiva, a pesar de los esfuerzos institucionales evidentes, las capturas a los cabecillas de las bandas y la incautación de gran cantidad de estupefacientes en las denominadas “ollas” del vicio. Es perceptible un clima de tensión en algunos barrios de la ciudad por un pacto, que si bien no es reconocido, ni aceptado, ni apoyado por la Alcaldía de Medellín, corre el rumor de un pacto que en algunos caso se hace evidente para la ciudadanía, y que permite en una cierta calma, hablar de reducción de ataques entre combos.

En efecto, lo característico de estos grupos es que no sólo coptan a algunos miembros de la fuerza pública, sino que por el temor que generan en la población, mantienen un blindaje ante la ciudadanía que por el miedo constante, evita la denuncia ante las autoridades, teniendo como consecuencia favorable una fuerte movilidad sin riesgo en las comunas de Medellín.

La ciudad más educada y más innovadora

Medellín se encuentra en una extraña paradoja: es una de las ciudades del país, con un crecimiento económico por encima del promedio nacional, con grandes avances en la inclusión en educación, en desarrollo urbano, en cobertura de servicios públicos y en la mejoría en condiciones del empleo de los habitantes de la ciudad; con todo y esto, los números en cuanto a los homicidios en la ciudad, es mucho menor, comparado con las cifras del año inmediatamente anterior (2012 véase el informe: Medellín cómo vamos), pero se sigue manteniendo un nivel preocupante en los asesinatos en la modalidad del sicariato, el ajuste de cuentas y el manejo de dinero a través de actividades ilícitas. Además, resulta paradójico, que en una ciudad con grandes recursos de inversión social, no se logre cortar la línea de violencia atávica que parece perpetuarse en la ciudad, incluyendo procesos serios de educación que contienen un grado importante de sacrificio de los educadores. Lo resultante de esto es que Medellín se encuentra en un nivel- como otras ciudades del mundo- de serias contradicciones que no pueden ser resultas de inmediato con el aumento del pie de fuerza pública, y exigirá, otro tipo de medidas que ya desbordan la mítica idea de que con un mayor nivel de acceso a la educación, se lograría reducir los indicadores de la violencia.

Imágen: Medellín cómo vamos

La modificación del comportamiento delictivo: los cuadrantes de la policía versus los cuadrantes de la delincuencia organizada y las ODIN.

Resulta molesto poner en comparación el uso de “cuadrantes” tanto para los actores legales como para los ilegales; pero en Medellín las bandas criminales se adelantan a las acciones tácticas de la política, y copian por demás, su esquema mismo de actuación. En este sentido, es contradictorio que se hable de cuadrantes de la delincuencia, pero es así; las organizaciones criminales, logran burlar la actuación de los agentes de seguridad del Estado, porque logran copiar los esquemas tácticos de los mismos, y allí es donde no se puede lograr una contundencia en los operativos que se pueden realizar, sumado a lo que ya han expresado otros especialistas, con una debilidad en la contundencia jurídica para poner tras las rejas a los delincuentes capturados en flagrancia.

Por supuesto, no podemos desconocer los fuertes golpes que la policía metropolitana ha dado al micro-tráfico, a los extorsionistas, los combos y las bandas criminales; pero la delincuencia tiene hoy una capacidad de mutación tan veloz como la misma información; lo que esto supone es que su modus operandi, está cambiando constantemente, sus rastros son más difíciles de encontrar y la conexión que puedan establecer a través de las fachadas que construyen más difíciles de perseguir, bien sea porque no existe un tipo penal que permita su persecución o bien sea porque su camuflaje es, por decirlo de alguna manera, es imperceptible; sus objetivos de mediano plazo, serán lograr una ampliación de la microextorsión a cualquier tipo de sector (informal y formal) que genere una renta semanal y mensual, que será imposible de controlar en el tiempo si no hay cooperación ciudadana e instituciones de inteligencia.

En conclusión, varias expectativas se ciernen sobre una ciudad como Medellín, por un lado, la imperiosa necesidad de reducir la tasa de homicidios, que desde este punto de vista, a pesar de los 2000 policías que harán parte de los nuevos cuadrantes, no implicará de inmediato una reducción en la criminalidad (reducción de homicidios y extorsiones) y en la percepción de la inseguridad; en segundo lugar la mutación de la actividad criminal, ha logrado copiar los móviles de la policía metropolitana, haciendo casi invisible su actuación, esto es, actuar en forma de cuadrantes, simulando a la policía y logrando mantener su actividad ilícita por fuera del alcance de los miembros de la fuerza pública; y lo tercero es que ante un descrédito generalizado que puede darse en la población frente a los agentes de seguridad, cabría hacer una reflexión ciudadana e institucional sobre la manera en la cual se podría fomentar la confianza ciudadana hacia la policía metropolitana, situación que no va a ser fácil; y cabe necesariamente el análisis que se debe hacer de una política criminal integral e inteligente que logre cerrar el paso a los grupos delincuenciales que azotan la ciudad, y que permita a los ciudadanos creer más en las instituciones legales del Estado como la Policía Nacional, que en efecto hace un gran papel, pero necesita de la cooperación y el apoyo ciudadano para continuar librando la batalla contra la delincuencia en la ciudad.

El paro agrario: el dilema del gobierno con los agricultores, transportadores y mineros. 

Durante la administración Santos en 2013 se han vivido varios frentes de protestas frente a las políticas del gobierno en materia de inversión social. Se ha adelantado un paro agrario de nivel tal, que ha logrado detener el ingreso de alimentos a las principales centrales de abastecimiento del país como en Bogotá y Medellín. El presidente aseveró que “ese tal paro agrario no existe” y que la situación es de completa normalidad; pronunciamiento que luego tuvo que aclarar para no generar mayor descontento en la población.

Los medios de comunicación han reportado situaciones críticas no sólo de abastecimiento de alimentos, sino de restricciones al paso de transporte en zonas claves del país. La situación parece no mejorar, y con el tiempo, se acentúa la dificultad para negociar entre el Gobierno, los caficultores, los transportadores y los mineros.

El descrédito dado por el gobierno a la protesta de orden social y económico, como se ha registrado los últimos días, demuestra la fragilidad para enfrentar con seriedad temas que son cruciales para la economía y la estabilidad política del país. Es bien conocido en los medios nacionales e internacionales la crisis del Catatumbo en el Departamento del Norte de Santander, en el cual, después de dos meses de intensos enfrentamientos entre la fuerza pública y la ciudadanía, y luego de concertar una mesa de negociación directa con el gobierno, no se ha logrado consolidar un acuerdo definitivo. Las medidas que han encontrado los diferentes gremios del transporte, la minería y la agricultura para hacerse escuchar del gobierno han sido las vías de hecho, en algunos casos ha funcionado presionando al presidente Santos o escalando la tensión entre los sectores de la producción y el mismo gobierno.

Más allá incluso de las medidas que tome el gobierno, lo preocupante es que no se esté tomando en serio esta situación de crisis para el país. En estos momentos en donde se necesita la claridad de los gobernantes para tomar las decisiones y enfrentar las situaciones difíciles del país, se percibe todo lo contrario, un descontento frente al manejo de los asuntos internos por parte del primer mandatario, y unas serie dificultades para llegar a puntos de concertación que sean viables tanto para el sector de la producción como para los empresarios.

La seguridad interna del país: un dilema sin resolver

En medio de los diálogos que adelanta el Gobierno colombiano con las FARC, se registró una emboscada en la zona de Tame Arauca el pasado domingo 25 de agosto realizada por este grupo terrorista; como saldo de la incursión, murieron 14 militares. El gobierno nacional no ha respondido a las acciones de las FARC, y por el contrario, ha retornado a la mesa de negociación en La Habana, sin ningún pronunciamiento al respecto. Cabe recordar que el pasado 20 de julio de 2013, en un enfrentamiento entre miembros del ejército (batallón móvil número 26) y las FARC, en zona rural de Arauca, también dejó como saldo 15 uniformados muertos. Estas situaciones no son nuevas, pero si ponen en alerta la capacidad del Estado para responder a la insurgencia y para evitar la desestabilización en el tema del orden público que ha registrado alteraciones en varios departamentos.

¿Cuál es la importancia de esta zona?

No sólo han sido tradicionales las acciones del ELN, sino que ahora se han vinculado en los últimos años las acciones operativas de las FARC, que han puesto en reiteradas ocasiones en situaciones difíciles al ejército de Colombia. Al respecto, se esperaba un pronunciamiento del jefe de gobierno Juan Manuel Santos, pero el tema no fue tomado como relevante, al parecer. Si bien los diálogos de paz son tema prioritario de la agenda del presidente Santos, debería ser de igual importancia la crisis de con los sectores de la producción y la seguridad interna, pero queda una cierta percepción de que más allá de los diálogos de paz, no existe otra situación que amerite estar revisando.

En consecuencia el dilema de la seguridad interna todavía es evidente, mientras se habría logrado un retroceso en las acciones de las FARC, tal grupo ha logrado posicionarse en algunos frentes debido a sus cambios internos y a su capacidad de adaptación táctica; es probable, por otro lado, que los insurgentes se hayan infiltrado en algunas de las manifestaciones y estén aprovechando este momento para generar mayor presión hacia el gobierno de Colombia y tomar así un mayor posicionamiento en las mesas de diálogo.

Los diálogos de Paz en la Habana. El tercer dilema del gobierno

Si bien se presenta hoy una situación de tensión en el país, por cuenta del paro agrario, transporte y minero; existe otro frente de discusión que se superpone a todo lo anterior, y son los diálogos de paz. Las FARC han rechazado públicamente no sólo el marco jurídico para la paz, sino también, la propuesta de referendo del presidente Santos, pues lo han considerado como una táctica para que el gobierno obtenga mayores ventajas políticas en el congreso.

Con todo lo anterior, el gobierno ha continuado en la mesa de negociación demostrando su intención de negociar a pesar del desconocimiento que la insurgencia hace de sus propuestas, lo cual nos pone en situación de debilidad al Estado frente a la otra parte en la negociación.

El gobierno no puede desconocer que este paro nacional terminará favoreciendo -si no se llega a acuerdos claros con los campesinos, los transportadores y los mineros- a los mismos insurgentes que se encuentran negociando la agenda de revolución agraria para el país. Podríamos decir en otras palabras, que podría estarse gestando un momento de gran relevancia para los insurgentes, puesto que al generar un mayor descontento social, y frente a un descrédito del gobierno, la balanza giraría en un grado positivo hacia este grupo de delincuentes.

En síntesis, estos dilemas que se le presentan al presidente Juan Manuel Santos, lo dejan en una posición desfavorable frente a las FARC, y lo que demuestran es una fragilidad del Estado para lograr definir los temas importantes de reclamo social en la población, convirtiéndose éstos en dilemas de la gobernabilidad del primer mandatario.