Las negociaciones en medio de la confrontación

Como primer elemento de análisis, las negociaciones con las FARC , de acuerdo con las declaraciones del presidente Santos, no tendrán un punto final en noviembre del año en curso (ver las palabras del señor presidente de Colombia en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el 19 de octubre de 2013). Esto ha sido evidente desde que en otros momentos las FARC  se han pronunciado, afirmando que ellos no van a dejarse presionar para lograr un acuerdo con el gobierno de Colombia. Es evidente que el tiempo de las FARC es el tiempo revolucionario, es decir, aquel que no puede fijarse con fechas en el calendario, y esto hará que la negociación se prolongue en el tiempo. Además, la presión sobre la mesa de negociación pasa por un momento coyuntural muy importante para este grupo al margen de la ley, y es que durante todo el mes de octubre se han incrementado sus acciones de sabotaje, terrorismo, y un escalamiento en los hostigamientos y la voladura de torres de energía (como en el caso del municipio de Tumaco, que ha permanecido casi un mes sin energía eléctrica por la voladura de al menos 10 torres de energía eléctrica, hecho ocurrido el 16 de agosto), que ponen a prueba la paciencia de la población y del mismo presidente, pero que en última instancia no lo han llevado a reaccionar con contundencia frente a estos últimos atentados, que han afectado directamente a la población civil. El octubre negro no sólo deja en claro que las FARC intentan poner en riesgo la seguridad del Estado, sino presionar al mismo a dar otro tipo de ventajas como las de extender el tiempo de la negociación e incluir, como lo han anunciado otras 99 propuestas, para que se agilice dicho proceso de paz. Por lo anterior, la hipótesis de un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC es posible en estos momentos.

El fuero militar: un ejército sin protección jurídica que no operará con la misma contundencia

En efecto, la decisión del alto tribunal, Corte Constitucional, de declarar inexequible el fuero militar por vicios de forma (en su sentencia C- 740 del 23 de octubre de 2013, frente al acto legislativo 2 de 2012), y que ha desatado una gran controversia al interior de dicha institución por parte de uno de sus miembros, lleva al país a no tener dirección ni protección jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares. Esto simplemente resulta ser un éxito para las FARC, pues, mientras ellos pueden cometer una serie de atentados terroristas, violando constantemente las normas del Derecho Internacional Humanitario, las Fuerzas Militares y de Policía, que se han acogido en sus operaciones a un estricto seguimiento de las normas internacionales, ven hoy, en una batalla jurídica, disminuida su capacidad de actuación frente a los terroristas. Dadas estas circunstancias, el presidente Santos no ha dado conclusiones contundentes frente a la caída del fuero militar, deja un espacio amplio para que la desmoralización de las Fuerzas Militares sea cada vez más evidente y se reduzca así la eficacia de las operaciones militares en contra de las FARC. Por otro lado, la sentencia de la Corte no sólo deja sin protección a los miembros de la institución castrense, sino que exigiría además que el ministro de Defensa deba renunciar para evitar que el mismo Santos lo abandone a su suerte en el trabajo de defender a la fuerza pública. Después de un largo y fatigoso trabajo realizado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien de manera juiciosa se dedicó durante un año a discutir con el Senado de Colombia esta reforma judicial, no es justa la decisión de devolver el proyecto de ley hasta su punto inicial, y mucho menos es un buen incentivo para el trabajo del ministro de Defensa, quien ha defendido a los militares con el fin de lograr una ofensiva sostenida contra los terroristas, y en consecuencia, su renuncia ante la cartera de Defensa sería un acto de nobleza y dignidad. En tales circunstancias, un cese bilateral al fuego no sólo le daría una ventaja estratégica al mandatario, sino que dejaría sin posibilidades políticas al ministro Pinzón.

La contienda electoral presidencial

Se avecinan las próximas elecciones para Senado y Cámara de Representantes y luego las presidenciales en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos deberá anunciar en el mes de noviembre si desea lanzarse a la reelección presidencial. Frente a su candidatura se presentará Oscar Iván Zuluaga, candidato por el movimiento “Uribe Centro Democrático”, y hasta ahora, Clara López sería la opositora del primer mandatario por el partido “Polo Democrático”. Lo importante de esta contienda es que para que el presidente Santos logre alcanzar los votos mínimos para su reelección, tendría que sacrificar parte de los intereses nacionales, que se ven reflejados en las encuestas, es decir, acordar con las FARC un cese de hostilidades bilateral, que demuestre su clara intención de lograr acuerdos rápidos con el grupo insurgente, y que posibilite la reacción inmediata por parte de este grupo violento, acercándose a la negociación.

En conclusión, el presidente Santos se podría estar jugando una de las cartas más importantes y más peligrosas para su reelección, esto es: definir un cese de hostilidades bilateral, que le permita firmar acuerdos fijos con las FARC en La Habana y mantener una continuidad en las políticas de su gobierno por otros cuatro años; logrando con ello mantener cooptado al Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes en un proyecto de paz que sacrificaría la institucionalidad en pleno y se iría en contravía del deseo del 70 % de la opinión de los colombianos, que no votarían por un segundo mandato del presidente.

El paro agrario: el dilema del gobierno con los agricultores, transportadores y mineros. 

Durante la administración Santos en 2013 se han vivido varios frentes de protestas frente a las políticas del gobierno en materia de inversión social. Se ha adelantado un paro agrario de nivel tal, que ha logrado detener el ingreso de alimentos a las principales centrales de abastecimiento del país como en Bogotá y Medellín. El presidente aseveró que “ese tal paro agrario no existe” y que la situación es de completa normalidad; pronunciamiento que luego tuvo que aclarar para no generar mayor descontento en la población.

Los medios de comunicación han reportado situaciones críticas no sólo de abastecimiento de alimentos, sino de restricciones al paso de transporte en zonas claves del país. La situación parece no mejorar, y con el tiempo, se acentúa la dificultad para negociar entre el Gobierno, los caficultores, los transportadores y los mineros.

El descrédito dado por el gobierno a la protesta de orden social y económico, como se ha registrado los últimos días, demuestra la fragilidad para enfrentar con seriedad temas que son cruciales para la economía y la estabilidad política del país. Es bien conocido en los medios nacionales e internacionales la crisis del Catatumbo en el Departamento del Norte de Santander, en el cual, después de dos meses de intensos enfrentamientos entre la fuerza pública y la ciudadanía, y luego de concertar una mesa de negociación directa con el gobierno, no se ha logrado consolidar un acuerdo definitivo. Las medidas que han encontrado los diferentes gremios del transporte, la minería y la agricultura para hacerse escuchar del gobierno han sido las vías de hecho, en algunos casos ha funcionado presionando al presidente Santos o escalando la tensión entre los sectores de la producción y el mismo gobierno.

Más allá incluso de las medidas que tome el gobierno, lo preocupante es que no se esté tomando en serio esta situación de crisis para el país. En estos momentos en donde se necesita la claridad de los gobernantes para tomar las decisiones y enfrentar las situaciones difíciles del país, se percibe todo lo contrario, un descontento frente al manejo de los asuntos internos por parte del primer mandatario, y unas serie dificultades para llegar a puntos de concertación que sean viables tanto para el sector de la producción como para los empresarios.

La seguridad interna del país: un dilema sin resolver

En medio de los diálogos que adelanta el Gobierno colombiano con las FARC, se registró una emboscada en la zona de Tame Arauca el pasado domingo 25 de agosto realizada por este grupo terrorista; como saldo de la incursión, murieron 14 militares. El gobierno nacional no ha respondido a las acciones de las FARC, y por el contrario, ha retornado a la mesa de negociación en La Habana, sin ningún pronunciamiento al respecto. Cabe recordar que el pasado 20 de julio de 2013, en un enfrentamiento entre miembros del ejército (batallón móvil número 26) y las FARC, en zona rural de Arauca, también dejó como saldo 15 uniformados muertos. Estas situaciones no son nuevas, pero si ponen en alerta la capacidad del Estado para responder a la insurgencia y para evitar la desestabilización en el tema del orden público que ha registrado alteraciones en varios departamentos.

¿Cuál es la importancia de esta zona?

No sólo han sido tradicionales las acciones del ELN, sino que ahora se han vinculado en los últimos años las acciones operativas de las FARC, que han puesto en reiteradas ocasiones en situaciones difíciles al ejército de Colombia. Al respecto, se esperaba un pronunciamiento del jefe de gobierno Juan Manuel Santos, pero el tema no fue tomado como relevante, al parecer. Si bien los diálogos de paz son tema prioritario de la agenda del presidente Santos, debería ser de igual importancia la crisis de con los sectores de la producción y la seguridad interna, pero queda una cierta percepción de que más allá de los diálogos de paz, no existe otra situación que amerite estar revisando.

En consecuencia el dilema de la seguridad interna todavía es evidente, mientras se habría logrado un retroceso en las acciones de las FARC, tal grupo ha logrado posicionarse en algunos frentes debido a sus cambios internos y a su capacidad de adaptación táctica; es probable, por otro lado, que los insurgentes se hayan infiltrado en algunas de las manifestaciones y estén aprovechando este momento para generar mayor presión hacia el gobierno de Colombia y tomar así un mayor posicionamiento en las mesas de diálogo.

Los diálogos de Paz en la Habana. El tercer dilema del gobierno

Si bien se presenta hoy una situación de tensión en el país, por cuenta del paro agrario, transporte y minero; existe otro frente de discusión que se superpone a todo lo anterior, y son los diálogos de paz. Las FARC han rechazado públicamente no sólo el marco jurídico para la paz, sino también, la propuesta de referendo del presidente Santos, pues lo han considerado como una táctica para que el gobierno obtenga mayores ventajas políticas en el congreso.

Con todo lo anterior, el gobierno ha continuado en la mesa de negociación demostrando su intención de negociar a pesar del desconocimiento que la insurgencia hace de sus propuestas, lo cual nos pone en situación de debilidad al Estado frente a la otra parte en la negociación.

El gobierno no puede desconocer que este paro nacional terminará favoreciendo -si no se llega a acuerdos claros con los campesinos, los transportadores y los mineros- a los mismos insurgentes que se encuentran negociando la agenda de revolución agraria para el país. Podríamos decir en otras palabras, que podría estarse gestando un momento de gran relevancia para los insurgentes, puesto que al generar un mayor descontento social, y frente a un descrédito del gobierno, la balanza giraría en un grado positivo hacia este grupo de delincuentes.

En síntesis, estos dilemas que se le presentan al presidente Juan Manuel Santos, lo dejan en una posición desfavorable frente a las FARC, y lo que demuestran es una fragilidad del Estado para lograr definir los temas importantes de reclamo social en la población, convirtiéndose éstos en dilemas de la gobernabilidad del primer mandatario.