El crimen organizado 

Es innegable que tanto en el Departamento de Antioquia, y en particular en la ciudad de Medellín, la presencia de las bandas criminales y grupos ODIN (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico), han generado toda una gran red de microtráfico y microextorsión en toda el área metropolitana, que ante las perspectivas futuras, difícilmente se logrará controlar. ¿A qué se debe esta incapacidad institucional para hacer frente a este tipo de grupos criminales que operan en la ciudad? Por un lado, la percepción sobre la seguridad en la ciudad de Medellín no mejora de manera positiva, a pesar de los esfuerzos institucionales evidentes, las capturas a los cabecillas de las bandas y la incautación de gran cantidad de estupefacientes en las denominadas “ollas” del vicio. Es perceptible un clima de tensión en algunos barrios de la ciudad por un pacto, que si bien no es reconocido, ni aceptado, ni apoyado por la Alcaldía de Medellín, corre el rumor de un pacto que en algunos caso se hace evidente para la ciudadanía, y que permite en una cierta calma, hablar de reducción de ataques entre combos.

En efecto, lo característico de estos grupos es que no sólo coptan a algunos miembros de la fuerza pública, sino que por el temor que generan en la población, mantienen un blindaje ante la ciudadanía que por el miedo constante, evita la denuncia ante las autoridades, teniendo como consecuencia favorable una fuerte movilidad sin riesgo en las comunas de Medellín.

La ciudad más educada y más innovadora

Medellín se encuentra en una extraña paradoja: es una de las ciudades del país, con un crecimiento económico por encima del promedio nacional, con grandes avances en la inclusión en educación, en desarrollo urbano, en cobertura de servicios públicos y en la mejoría en condiciones del empleo de los habitantes de la ciudad; con todo y esto, los números en cuanto a los homicidios en la ciudad, es mucho menor, comparado con las cifras del año inmediatamente anterior (2012 véase el informe: Medellín cómo vamos), pero se sigue manteniendo un nivel preocupante en los asesinatos en la modalidad del sicariato, el ajuste de cuentas y el manejo de dinero a través de actividades ilícitas. Además, resulta paradójico, que en una ciudad con grandes recursos de inversión social, no se logre cortar la línea de violencia atávica que parece perpetuarse en la ciudad, incluyendo procesos serios de educación que contienen un grado importante de sacrificio de los educadores. Lo resultante de esto es que Medellín se encuentra en un nivel- como otras ciudades del mundo- de serias contradicciones que no pueden ser resultas de inmediato con el aumento del pie de fuerza pública, y exigirá, otro tipo de medidas que ya desbordan la mítica idea de que con un mayor nivel de acceso a la educación, se lograría reducir los indicadores de la violencia.

Imágen: Medellín cómo vamos

La modificación del comportamiento delictivo: los cuadrantes de la policía versus los cuadrantes de la delincuencia organizada y las ODIN.

Resulta molesto poner en comparación el uso de “cuadrantes” tanto para los actores legales como para los ilegales; pero en Medellín las bandas criminales se adelantan a las acciones tácticas de la política, y copian por demás, su esquema mismo de actuación. En este sentido, es contradictorio que se hable de cuadrantes de la delincuencia, pero es así; las organizaciones criminales, logran burlar la actuación de los agentes de seguridad del Estado, porque logran copiar los esquemas tácticos de los mismos, y allí es donde no se puede lograr una contundencia en los operativos que se pueden realizar, sumado a lo que ya han expresado otros especialistas, con una debilidad en la contundencia jurídica para poner tras las rejas a los delincuentes capturados en flagrancia.

Por supuesto, no podemos desconocer los fuertes golpes que la policía metropolitana ha dado al micro-tráfico, a los extorsionistas, los combos y las bandas criminales; pero la delincuencia tiene hoy una capacidad de mutación tan veloz como la misma información; lo que esto supone es que su modus operandi, está cambiando constantemente, sus rastros son más difíciles de encontrar y la conexión que puedan establecer a través de las fachadas que construyen más difíciles de perseguir, bien sea porque no existe un tipo penal que permita su persecución o bien sea porque su camuflaje es, por decirlo de alguna manera, es imperceptible; sus objetivos de mediano plazo, serán lograr una ampliación de la microextorsión a cualquier tipo de sector (informal y formal) que genere una renta semanal y mensual, que será imposible de controlar en el tiempo si no hay cooperación ciudadana e instituciones de inteligencia.

En conclusión, varias expectativas se ciernen sobre una ciudad como Medellín, por un lado, la imperiosa necesidad de reducir la tasa de homicidios, que desde este punto de vista, a pesar de los 2000 policías que harán parte de los nuevos cuadrantes, no implicará de inmediato una reducción en la criminalidad (reducción de homicidios y extorsiones) y en la percepción de la inseguridad; en segundo lugar la mutación de la actividad criminal, ha logrado copiar los móviles de la policía metropolitana, haciendo casi invisible su actuación, esto es, actuar en forma de cuadrantes, simulando a la policía y logrando mantener su actividad ilícita por fuera del alcance de los miembros de la fuerza pública; y lo tercero es que ante un descrédito generalizado que puede darse en la población frente a los agentes de seguridad, cabría hacer una reflexión ciudadana e institucional sobre la manera en la cual se podría fomentar la confianza ciudadana hacia la policía metropolitana, situación que no va a ser fácil; y cabe necesariamente el análisis que se debe hacer de una política criminal integral e inteligente que logre cerrar el paso a los grupos delincuenciales que azotan la ciudad, y que permita a los ciudadanos creer más en las instituciones legales del Estado como la Policía Nacional, que en efecto hace un gran papel, pero necesita de la cooperación y el apoyo ciudadano para continuar librando la batalla contra la delincuencia en la ciudad.

Las negociaciones en medio de la confrontación

Como primer elemento de análisis, las negociaciones con las FARC , de acuerdo con las declaraciones del presidente Santos, no tendrán un punto final en noviembre del año en curso (ver las palabras del señor presidente de Colombia en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el 19 de octubre de 2013). Esto ha sido evidente desde que en otros momentos las FARC  se han pronunciado, afirmando que ellos no van a dejarse presionar para lograr un acuerdo con el gobierno de Colombia. Es evidente que el tiempo de las FARC es el tiempo revolucionario, es decir, aquel que no puede fijarse con fechas en el calendario, y esto hará que la negociación se prolongue en el tiempo. Además, la presión sobre la mesa de negociación pasa por un momento coyuntural muy importante para este grupo al margen de la ley, y es que durante todo el mes de octubre se han incrementado sus acciones de sabotaje, terrorismo, y un escalamiento en los hostigamientos y la voladura de torres de energía (como en el caso del municipio de Tumaco, que ha permanecido casi un mes sin energía eléctrica por la voladura de al menos 10 torres de energía eléctrica, hecho ocurrido el 16 de agosto), que ponen a prueba la paciencia de la población y del mismo presidente, pero que en última instancia no lo han llevado a reaccionar con contundencia frente a estos últimos atentados, que han afectado directamente a la población civil. El octubre negro no sólo deja en claro que las FARC intentan poner en riesgo la seguridad del Estado, sino presionar al mismo a dar otro tipo de ventajas como las de extender el tiempo de la negociación e incluir, como lo han anunciado otras 99 propuestas, para que se agilice dicho proceso de paz. Por lo anterior, la hipótesis de un cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC es posible en estos momentos.

El fuero militar: un ejército sin protección jurídica que no operará con la misma contundencia

En efecto, la decisión del alto tribunal, Corte Constitucional, de declarar inexequible el fuero militar por vicios de forma (en su sentencia C- 740 del 23 de octubre de 2013, frente al acto legislativo 2 de 2012), y que ha desatado una gran controversia al interior de dicha institución por parte de uno de sus miembros, lleva al país a no tener dirección ni protección jurídica para los miembros de las Fuerzas Militares. Esto simplemente resulta ser un éxito para las FARC, pues, mientras ellos pueden cometer una serie de atentados terroristas, violando constantemente las normas del Derecho Internacional Humanitario, las Fuerzas Militares y de Policía, que se han acogido en sus operaciones a un estricto seguimiento de las normas internacionales, ven hoy, en una batalla jurídica, disminuida su capacidad de actuación frente a los terroristas. Dadas estas circunstancias, el presidente Santos no ha dado conclusiones contundentes frente a la caída del fuero militar, deja un espacio amplio para que la desmoralización de las Fuerzas Militares sea cada vez más evidente y se reduzca así la eficacia de las operaciones militares en contra de las FARC. Por otro lado, la sentencia de la Corte no sólo deja sin protección a los miembros de la institución castrense, sino que exigiría además que el ministro de Defensa deba renunciar para evitar que el mismo Santos lo abandone a su suerte en el trabajo de defender a la fuerza pública. Después de un largo y fatigoso trabajo realizado por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien de manera juiciosa se dedicó durante un año a discutir con el Senado de Colombia esta reforma judicial, no es justa la decisión de devolver el proyecto de ley hasta su punto inicial, y mucho menos es un buen incentivo para el trabajo del ministro de Defensa, quien ha defendido a los militares con el fin de lograr una ofensiva sostenida contra los terroristas, y en consecuencia, su renuncia ante la cartera de Defensa sería un acto de nobleza y dignidad. En tales circunstancias, un cese bilateral al fuego no sólo le daría una ventaja estratégica al mandatario, sino que dejaría sin posibilidades políticas al ministro Pinzón.

La contienda electoral presidencial

Se avecinan las próximas elecciones para Senado y Cámara de Representantes y luego las presidenciales en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos deberá anunciar en el mes de noviembre si desea lanzarse a la reelección presidencial. Frente a su candidatura se presentará Oscar Iván Zuluaga, candidato por el movimiento “Uribe Centro Democrático”, y hasta ahora, Clara López sería la opositora del primer mandatario por el partido “Polo Democrático”. Lo importante de esta contienda es que para que el presidente Santos logre alcanzar los votos mínimos para su reelección, tendría que sacrificar parte de los intereses nacionales, que se ven reflejados en las encuestas, es decir, acordar con las FARC un cese de hostilidades bilateral, que demuestre su clara intención de lograr acuerdos rápidos con el grupo insurgente, y que posibilite la reacción inmediata por parte de este grupo violento, acercándose a la negociación.

En conclusión, el presidente Santos se podría estar jugando una de las cartas más importantes y más peligrosas para su reelección, esto es: definir un cese de hostilidades bilateral, que le permita firmar acuerdos fijos con las FARC en La Habana y mantener una continuidad en las políticas de su gobierno por otros cuatro años; logrando con ello mantener cooptado al Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes en un proyecto de paz que sacrificaría la institucionalidad en pleno y se iría en contravía del deseo del 70 % de la opinión de los colombianos, que no votarían por un segundo mandato del presidente.

El paro agrario: el dilema del gobierno con los agricultores, transportadores y mineros. 

Durante la administración Santos en 2013 se han vivido varios frentes de protestas frente a las políticas del gobierno en materia de inversión social. Se ha adelantado un paro agrario de nivel tal, que ha logrado detener el ingreso de alimentos a las principales centrales de abastecimiento del país como en Bogotá y Medellín. El presidente aseveró que “ese tal paro agrario no existe” y que la situación es de completa normalidad; pronunciamiento que luego tuvo que aclarar para no generar mayor descontento en la población.

Los medios de comunicación han reportado situaciones críticas no sólo de abastecimiento de alimentos, sino de restricciones al paso de transporte en zonas claves del país. La situación parece no mejorar, y con el tiempo, se acentúa la dificultad para negociar entre el Gobierno, los caficultores, los transportadores y los mineros.

El descrédito dado por el gobierno a la protesta de orden social y económico, como se ha registrado los últimos días, demuestra la fragilidad para enfrentar con seriedad temas que son cruciales para la economía y la estabilidad política del país. Es bien conocido en los medios nacionales e internacionales la crisis del Catatumbo en el Departamento del Norte de Santander, en el cual, después de dos meses de intensos enfrentamientos entre la fuerza pública y la ciudadanía, y luego de concertar una mesa de negociación directa con el gobierno, no se ha logrado consolidar un acuerdo definitivo. Las medidas que han encontrado los diferentes gremios del transporte, la minería y la agricultura para hacerse escuchar del gobierno han sido las vías de hecho, en algunos casos ha funcionado presionando al presidente Santos o escalando la tensión entre los sectores de la producción y el mismo gobierno.

Más allá incluso de las medidas que tome el gobierno, lo preocupante es que no se esté tomando en serio esta situación de crisis para el país. En estos momentos en donde se necesita la claridad de los gobernantes para tomar las decisiones y enfrentar las situaciones difíciles del país, se percibe todo lo contrario, un descontento frente al manejo de los asuntos internos por parte del primer mandatario, y unas serie dificultades para llegar a puntos de concertación que sean viables tanto para el sector de la producción como para los empresarios.

La seguridad interna del país: un dilema sin resolver

En medio de los diálogos que adelanta el Gobierno colombiano con las FARC, se registró una emboscada en la zona de Tame Arauca el pasado domingo 25 de agosto realizada por este grupo terrorista; como saldo de la incursión, murieron 14 militares. El gobierno nacional no ha respondido a las acciones de las FARC, y por el contrario, ha retornado a la mesa de negociación en La Habana, sin ningún pronunciamiento al respecto. Cabe recordar que el pasado 20 de julio de 2013, en un enfrentamiento entre miembros del ejército (batallón móvil número 26) y las FARC, en zona rural de Arauca, también dejó como saldo 15 uniformados muertos. Estas situaciones no son nuevas, pero si ponen en alerta la capacidad del Estado para responder a la insurgencia y para evitar la desestabilización en el tema del orden público que ha registrado alteraciones en varios departamentos.

¿Cuál es la importancia de esta zona?

No sólo han sido tradicionales las acciones del ELN, sino que ahora se han vinculado en los últimos años las acciones operativas de las FARC, que han puesto en reiteradas ocasiones en situaciones difíciles al ejército de Colombia. Al respecto, se esperaba un pronunciamiento del jefe de gobierno Juan Manuel Santos, pero el tema no fue tomado como relevante, al parecer. Si bien los diálogos de paz son tema prioritario de la agenda del presidente Santos, debería ser de igual importancia la crisis de con los sectores de la producción y la seguridad interna, pero queda una cierta percepción de que más allá de los diálogos de paz, no existe otra situación que amerite estar revisando.

En consecuencia el dilema de la seguridad interna todavía es evidente, mientras se habría logrado un retroceso en las acciones de las FARC, tal grupo ha logrado posicionarse en algunos frentes debido a sus cambios internos y a su capacidad de adaptación táctica; es probable, por otro lado, que los insurgentes se hayan infiltrado en algunas de las manifestaciones y estén aprovechando este momento para generar mayor presión hacia el gobierno de Colombia y tomar así un mayor posicionamiento en las mesas de diálogo.

Los diálogos de Paz en la Habana. El tercer dilema del gobierno

Si bien se presenta hoy una situación de tensión en el país, por cuenta del paro agrario, transporte y minero; existe otro frente de discusión que se superpone a todo lo anterior, y son los diálogos de paz. Las FARC han rechazado públicamente no sólo el marco jurídico para la paz, sino también, la propuesta de referendo del presidente Santos, pues lo han considerado como una táctica para que el gobierno obtenga mayores ventajas políticas en el congreso.

Con todo lo anterior, el gobierno ha continuado en la mesa de negociación demostrando su intención de negociar a pesar del desconocimiento que la insurgencia hace de sus propuestas, lo cual nos pone en situación de debilidad al Estado frente a la otra parte en la negociación.

El gobierno no puede desconocer que este paro nacional terminará favoreciendo -si no se llega a acuerdos claros con los campesinos, los transportadores y los mineros- a los mismos insurgentes que se encuentran negociando la agenda de revolución agraria para el país. Podríamos decir en otras palabras, que podría estarse gestando un momento de gran relevancia para los insurgentes, puesto que al generar un mayor descontento social, y frente a un descrédito del gobierno, la balanza giraría en un grado positivo hacia este grupo de delincuentes.

En síntesis, estos dilemas que se le presentan al presidente Juan Manuel Santos, lo dejan en una posición desfavorable frente a las FARC, y lo que demuestran es una fragilidad del Estado para lograr definir los temas importantes de reclamo social en la población, convirtiéndose éstos en dilemas de la gobernabilidad del primer mandatario.

Tres aspectos  para analizar de este fallo de la Corte Internacional de Justicia.

En primer lugar, un fallo que no admite apelación, difícilmente podrá ser revisado a pesar de que Santos haya expresado que la Corte Internacional cometió errores en la sentencia expresada. En estas circunstancias, en efecto, el debate interno en el país tendrá que hacerse de cara a una reforma constitucional donde se deberá modificar el acápite referido al Territorio Colombiano, Art 101 de la Constitución Nacional, debiendo incorporar el fallo de la CIJ para fijar unos nuevos límites marítimos en la región Caribe. Este primer elemento- a pesar de que Colombia ha mantenido una tradición de respeto al Derecho Internacional- no deja de ser grave para el país, pues representa una pérdida importante de su territorio en el mar, es una pérdida geopolítica y geoestratégica importante para Colombia en lo referido a la exploración, explotación e investigación marítima y la seguridad nacional.

En segundo lugar, el fallo de la corte da mayores ventajas a las pretensiones de Nicaragua al aumentar su área de influencia marítima. Constituye esto un elemento de ventaja geopolítica frente a Colombia. El presidente Daniel Ortega se atribuye de esta manera un éxito en sus pretensiones frente a Colombia, que en varias ocasiones ha sido muy exagerada, pues ha tratado de desconocer el respeto que Colombia ha sostenido frente al Derecho Internacional y que para el mandatario nicaragüense ha sido desconocido en varios momentos.  En esta perspectiva, la reacción de los demás mandatarios “revolucionarios” y miembros del ALBA, será la de apoyar pretensiones que favorezcan a cada uno de sus países, invocando razones alejadas de los argumentos legales y formales. Entre ellos será fundamental reclamaciones como en el caso de  Bolivia y Venezuela.

Venezuela y Colombia: ¿un litigio próximo?

En tercer lugar, Venezuela ha tenido aspiraciones importantes frente al escenario territorial de Colombia y esto  no se ha discutido con profundidad excepto por algunos debates que  han hecho  algunos académicos en Colombia,  quienes  han señalado con preocupación que existen dentro de la constitución venezolana temas de suma importancia que afectarían los intereses de Colombia  y que no han sido analizados aún. Parte de las negociaciones y discusiones no resueltas tienen que ver con el tema de los Monjes, y con la delimitación de aguas marinas y submarinas que desde hace más de 50 años se discute sin lograr un punto final de acuerdo.

Lo importante del tema fronterizo con Venezuela, que no ha sido discutido en el gobierno de Juan Manuel Santos, es que el gobierno colombiano debe estar alerta a las nuevas reclamaciones que van a surgir a partir del fallo de ayer con Nicaragua, y en especial tomar cartas en los asuntos referidos a la integridad del territorio nacional. Esto pondrá a prueba la política exterior del presidente Juan Manuel Santos, que se ha caracterizado en varios momentos por quedar bien con todos los países vecinos,  evadiendo  la discusión en los temas de trascendencia para el país y que sólo ha servido para postergar asuntos claves para la seguridad nacional de Colombia y la  preservación de la integridad territorial.

En conclusión,  no es muy alentador el panorama para Colombia en temas de litigo internacional, y tendrá que fijarse como  temas de interés nacional la integridad del territorio nacional y la seguridad nacional, para evitar el debilitamiento geopolítico y estratégico como parece estar sucediendo. En consecuencia, la encrucijada para el gobierno de Colombia se encuentra en lograr unir  las fuerzas políticas del país definir y consolidar  políticas de Estado duraderas y serias que represente claridad ante los demás países en el contexto regional de América Latina.