Contra algunas miradas “indignadas” de funcionarios del gobierno de Antonio Bonfatti y de Cristina Fernández, el PTS en el Frente de Izquierda plantea que el delito tiene dos grandes causas que se entrecruzan. Por un lado la miseria y la descomposición social, que empujan a jóvenes a la desesperación y a la delincuencia, incluso liquidando todo valor por la vida ajena y propia. Y por el otro, la podredumbre estatal y policial, que regentea el narcotráfico, la trata de mujeres y el conjunto del crimen organizado. Nadie quiere hablar seriamente de estas dos cuestiones, que salen como la pus debajo de la hipócrita foto “turística” rosarina.

La causa de la delincuencia a la que es empujada un sector de la juventud hay que buscarla en la descomposición social producto de una pobreza y una desigualdad social que si en Argentina es grave, en Rosario es obscena. Aquí las villas rodean a las torres de lujo, los carros con tracción a sangre se mezclan con los Porsche y los Audi. En la Santa Fe supuestamente “socialista”, un puñado de empresarios es dueño de casi todo, mientras la inmensa mayoría sólo es propietaria de certificados de miseria. En Rosario la desocupación roza los dos dígitos, la precarización laboral afecta al 70 por ciento de los asalariados, las familias con viviendas precarias llegan a las 80 mil y el acceso a la salud y los servicios básicos es considerado un lujo. Pero Cargill exilia sus barcos con las bóvedas repletas de dólares que huyen a sus casas matrices.

Cada tanto funcionarios de los gobiernos nacional y provincial hablan de esta desigualdad, pero cuando los trabajadores la cuestionan en los hechos todo el andamiaje estatal, policial y judicial apunta los cañones contra ellos. Esto pasó con los trabajadores de la metalúrgica Liliana S.R.L., que denunciaron que la empresa los negreaba con contratos precarios, con sueldos de 4.200 pesos y con prohibición de delegados. Con su lucha lograron el pase a planta, pero como represalia la empresa echó a los referentes y delegados electos en asamblea, obteniendo el apoyo de jueces, fiscales, policías y de los Ministerios de Trabajo de Nación y Provincia. Hipocresía a flor de piel.

Estado presente y podrido

En este esquema -que combina el boom sojero y de la construcción con sus consiguientes miseria, degradación social, precarización laboral y ausencia de derechos sindicales- funciona con gestión policial y connivencia gubernamental el negocio del narcotráfico. Las bandas narco utilizan la mano de obra de pibes que cobran 400 pesos por día en los bunkers, mientras que trabajar en los ritmos infernales de la mayoría de las fábricas por 10 horas, reditúa un salario que con suerte llega a los 5 mil pesos. Pero nadie quiere hablar de esto.

La policía, además, organiza el delito, liberando zonas y  reclutando pibes que roban para ellos, entregándoles armas y drogas a cambio. El de Luciano Arruga es el caso más emblemático que desnuda este escenario dantesco, bien instalado también en Santa Fe.

Frente a la miseria que generan los grandes capitalistas, el propio Estado impone un fortalecimiento de las instituciones represivas y una pérdida de libertades democráticas. Este es el rol creciente de la policía en los barrios, acrecentada por los múltiples pactos que firman Bonfatti y Cristina Fernández. El Gobernador y su Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, decretaron la emergencia de seguridad, impulsando la política de militarización de ”las zonas calientes”, el patrullaje de la Gendarmería, la presencia de helicópteros y la implementación de una Policía Municipal.

A más desigualdad, más palos. Contra la idea de que estamos ante un “Estado ausente”, el Estado está bien presente pero no para resolver el problema de la vivienda o de la precarización laboral, sino en forma de patrulleros y de ministerios que defienden a empresarios negreros. Cualquier política de “mano dura” está condenada al fracaso y es la madre de aberraciones como los linchamientos. No hay solución de la mano de la narcopolicía, ni de los que proponen el endurecimiento del Código Penal, para lo que se pasó a llamar “inseguridad”.

Resolver los problemas del pueblo trabajador, atacando los intereses de grandes empresarios

Por el contrario, la izquierda propone resolver los principales problemas que padecen los sectores populares. Como la desocupación, la precarización laboral, los bajos salarios, la falta de derechos sindicales, la crisis educativa y de salud, para lo cual hay que atacar los intereses de los grandes capitalistas, aceiteras, sojeros, empresas de la construcción. Esto es algo que ni el kirchnerismo ni el socialismo provincial de Binner pretenden hacer, obviamente. La Justicia también es parte de este entramado de criminalización de la pobreza. Un juez de la provincia llegó a decir que los linchamientos eran una reacción ante la “injusticia y el delito”. Una versión contemporánea del “por algo será”, que repudiamos.

Los gobiernos nacional y provincial aplican un ajuste contra los trabajadores y la juventud y saben que para enfrentar la resistencia de éstos deben tener contentas y preparadas a las fuerzas  de represión. Es por ello que a la Policía le otorgaron un 60 por ciento de aumento, llevando el salario de un agente a 8.500 pesos mientras el salario de un docente es casi un 50 por ciento menor a eso.

Los trabajadores tienen que depositar su bronca y descontento contra los verdaderos responsables de esta situación que son los grandes empresarios, bancados por el kirchnerismo, el Frente Progresista y las demás gobiernos patronales. Por ello mismo, las organizaciones de trabajadores, sociales y populares no deben caer en el reclamo de mayor seguridad, sino que tienen que levantar la consigna de “trabajo, vivienda, educación y salud para todos”, denunciar la complicidad estatal con el narcotráfico y luchar contra el ajuste, como los docentes. De lo contrario, se avala una campaña estatal de dividir a los sectores populares para reinar.

Nuestra provincia, junto al norte de la provincia de Buenos Aires y porciones de Córdoba, es parte de la región más fértil y rica del país, además de albergar la más importante cuenca lechera a nivel nacional. Binner dice que “en un país normal la soja no es un yuyo” porque representa los intereses de los grandes terratenientes y pooles de siembra, que acumulan hectáreas por doquier, a expensas de pequeños propietarios y de pueblos originarios, usufructuando el trabajo en negro de peones rurales y superexplotando a trabajadores golondrina.

La “década ganada” de Cristina y el “país normal” de Binner hablan de lo mismo: hiperganancias para los empresarios, salarios miserables para los trabajadores, que además padecen la precarización laboral y condiciones de vivienda, salud y educación completamente precarias.

Por eso en pocos meses en Santa Fe estallaron conflictos contra la precarización laboral entre municipales, metalúrgicos, médicos residentes y trabajadores bancarios. Cristina se dio el lujo de elogiar, el Día de la Bandera, a las imponentes torres de lujo que se levantan a la vera del Paraná, en la “publicitaria” Rosario. En esas torres, una minoría insignificante de la población vive una vida de ensueño: tiene piletas climatizadas con olas artificiales; puertos propios para sus lanchas, yates y motos de agua; los autos de alta gama son custodiados por verdaderos ejércitos de seguridad privada. Alrededor de esas torres que admira la Presidenta, más de ciento cincuenta mil rosarinos viven en villas de emergencia, en condiciones inhumanas.

Muchos, incluso, fueron desplazados para construir el megacasino y hotel cinco estrellas de Cristóbal López, bendecido por Binner y, claro, también por el kirchnerismo. Varios cientos de miles de santafesinos más habitan barrios que, sin ser villas de emergencia, carecen de cloacas, gas y condiciones mínimas habitacionales. Binner, Obeid y Cristina apoyan esta Santa Fe partida en dos.

Hay más pruebas de ello: desde el conflicto agrario, del 2008 en adelante, ni los que se arrodillaron ante Su Majestad, la Mesa de Enlace, como Binner, ni los que se rasgan las vestiduras en contra pero les garantizan ganancias, como Cristina, ni los que hicieron un patético equilibrio lleno de guiños a los sojeros, como Obeid (ahora con La Cámpora, a la que cualquier colectivo la deja bien), cuestionaron el poder económico, las ganancias y los privilegios siderales de los monopolios aceiteros (y otros), muchos de ellos multinacionales, que son dueños de todos los puertos de Santa Fe. Aquí, una vez más, Binner-Bonfatti y el kirchnerismo encabezado por el ex menemista Obeid mostraron la misma hilacha cipaya.

Solamente tomando diez empresas (entre ellas Cargill y Minera La Alumbrera, próceres del “valor agregado”), comprobamos que tienen ganancias por más de cuatro mil millones de pesos, que mandan a sus cuentas bancarias desde los puertos privados enclavados en el Paraná. Esta cifra supera el presupuesto de salud de Santa Fe y es casi la mitad del de educación. Lo curioso es que estos colosos no pagan ni un centavo de Ingresos Brutos. Binner dice que en un país normal los trabajadores no pagan ganancias, pero en su provincia “normal” las aceiteras zafan de pagar impuestos y los terratenientes pagan un irrisorio impuesto inmobiliario. Cuando el Frente de Izquierda habla de cobrar impuestos progresivos a las grandes fortunas y de acabar con el impuesto al salario se trata de atacar a este esquema, lo que sólo es posible con la movilización de los trabajadores y el pueblo. Así, podrían construirse viviendas y duplicar o triplicar el presupuesto de salud y el de educación. Binner, en este rubro, sólo miente: prometió ocho hospitales, pero solamente funciona uno, y por la mitad.

El kirchnerismo y Obeid, y el “socialismo” y Binner, se corren a derecha mutuamente. Cada uno denuncia al otro pero ambos son responsables de la enorme desigualdad de una Santa Fe partida en dos. Solamente el Frente de Izquierda levanta medidas contra la precarización laboral, por el pase a planta, contra los cierres de empresa, y a favor de la salud y la educación públicas, bombardeadas por los gobiernos peronistas y del PS. Somos, a su vez, los únicos que planteamos nacionalizar los puertos, que hoy son “patrimonio” de multinacionales mimadas por los dos gobiernos. Hablamos de esto en las elecciones, porque es por lo que luchamos cada día del año. Quizá por levantar ideas como estas nos exigen treinta y cinco mil votos para llegar a octubre.