Como la Primera Mandataria señaló en su último discurso, este plan ayudará a reducir el Índice de Gini. Este coeficiente es un número entre cero y uno donde cero se corresponde con la perfecta igualdad  y el uno con la perfecta desigualdad.  Según el Informe de Desarrollo Humano realizado por la ONU, el país que más se acerca a la situación de igualdad es Noruega (0,226) y el que más lejos se encuentra es Seychelles (0,658). En la región, la media del coeficiente es de 0,4782, los países más desiguales son Perú (0,547), Paraguay (0,543) y Colombia (0,535). Por otro lado, los más igualitarios son Venezuela (0,388), Uruguay (0,434) y Ecuador (0,458)

En la última década, la desigualdad se redujo exponencialmente. El coeficiente de Gini para el tercer trimestre de 2013 arrojó un valor de 0,381 (el más bajo de la región) y en el tercer trimestre de 2003 se ubicaba en 0,475. Esto representa una reducción de la desigualdad de casi 20%.

Este cambio, naturalmente, no se produjo por arte de magia sino por una deliberada política de estado en acciones concretas: inclusión y movilidad jubilatoria o AUH entre las principales. Actualmente, más de 3.500.000 chicos son beneficiarios de esta asignación.

A esto se suma la Asignación por Embarazo para protección social destinada a aquellas embarazadas a partir de la duodécima semana de embarazo y ya fue otorgada a más de 64.000 mujeres. Un dato a tener en cuenta es que las trabajadoras incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleadas de Servicio Doméstico y que perciban un salario menor al mínimo vital y móvil ($3600), también pueden acceder a esta prestación.

Para llevar a cabo todas estas medidas fue necesaria la estatización de las AFJP en el 2008. A su vez, era necesario que el ahorro de todos los argentinos se canalizara en actividades productivas o en políticas que ayudaran a reducir la desigualdad en nuestro país.

Asimismo, según el MTEySS  en la actualidad existen más de 5.450.000 jubilados y pensionados. La Ley de Movilidad Jubilatoria se aplica automáticamente dos veces al año  y comprende a todas las prestaciones a cargo del SIPA. Es importantísimo recalcar que la aplicación del índice de movilidad podrá reducir la disminución del haber que percibe el beneficiario; ni siquiera en aquellos períodos en los que la evolución de las variables económicas fueran negativas. Esto es fundamental para no regresar a las políticas neoliberales donde la primera variable de ajuste fue siempre el sector pasivo de la población, y en consecuencia más vulnerable.  Actualmente, el haber mínimo jubilatorio es de $2477, siendo el último aumento de más del 14%. Un claro número que refleja las políticas a favor de los jubilados es el valor del haber mínimo hace 10 años: en enero de 2004 se ubicaba en 240 pesos, lo que implica un aumento de más de 932%.

Como señaló la Presidenta en una de sus últimas intervenciones públicas, y en alusión a las estampillas sobre la “década ganada”, estas medidas no son de un gobierno en particular, ni del Congreso que sancionó algunas leyes, sino de la sociedad toda. Y es realmente necesario empoderarla para que, aunque distintas fuerzas políticas ocupen el sillón presidencial y el Parlamento, se tome conciencia de que la inclusión social debe ser el horizonte hacia el cual apunte cualquier fuerza política, porque un país que se ocupa de sus niños, jóvenes y ancianos es un país con mayor bienestar en el futuro.

Si bien las consecuencias de estas medidas (y su profundización en la década del noventa) fueron nefastas para los sectores populares de la sociedad, en diversos sectores de poder se insiste en retomar esta filosofía neoliberal en detrimento de las políticas keynesianas de estímulo a la demanda que toma el gobierno nacional.

Generalmente, los defensores de volver al libre mercado son los sectores agroexportadores, ya que al colocar sus productos en los mercados internacionales pretenden obtener los mismos beneficios en el mercado local que en el externo. Es por esto que abogan por la no intervención del Estado, quien de un tiempo a esta parte actúa vía derechos de exportación y controles de precios para evitar este proceso. Asimismo, para estos sectores los salarios representan un costo a reducir, por lo que siempre se muestran disconformes con las negociaciones colectivas de trabajo que llevó a una mayor puja distributiva. Por ejemplo, durante el año anterior el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó 585 negociaciones colectivas de trabajo con más de dos millones de empleados involucrados. Por último, el Consejo del Salario estableció en 3600 el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo que significó un aumento del 25% respecto del 2012. Cabe aclarar que durante la década del noventa tanto las paritarias como el SMVM estuvieron congelados, ya que no era el trabajo el dinamizador de la economía sino la especulación financiera, y la intervención del Estado a favor de los trabajadores era vista como algo negativo (o “ineficiente” en los términos de la burocracia estatal de entonces). Existen innumerables maneras de explicar por qué la intervención del Estado es necesaria para el crecimiento y posterior desarrollo de una nación. Sin embargo, hay una medida emblemática que la subyace: la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esta política tuvo un impacto directo en las familias, especialmente en los indicadores que se refieren a la calidad de vida de los menores. Vale recordar que esta asignación es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas o que trabajan en el mercado informal. Su implementación fue beneficiosa por diversas maneras, pero dos son de destacar. En primer lugar, por ser un incentivo a que las madres no tengan que trabajar por poco dinero (como ocurría en diversas zonas alejadas de los centros económicos) y es un justo reconocimiento a las jefas de hogar cuyo número aumentó en los últimos años. En segundo lugar, exige que las madres se preocupen por la vacunación y la educación de los hijos, y muchas de ellas han llegado a construir sus casas de material, para guarecer a sus hijos del agua y del frío. Vista a futuro, esta medida ayudará a reducir el desempleo y las condiciones de precarización laboral, no sólo de las madres sino de los hijos cuando formen parte de la población económicamente activa.

Si bien el crecimiento de los países se explica por diversas razones, siempre resulta útil recordar los datos sobre el nivel de crecimiento de nuestro país en los últimos años. Si consideramos como punto de partida el tercer trimestre de 2009 (implementación de la AUH) y tomamos como llegada el segundo trimestre de este año (último dato disponible) el nivel de actividad aumento un 77% y el Índice de Gini –un indicador pensado para medir la desigualdad en los ingresos de un país donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se refiere a la perfecta desigualdad- disminuyó de 0,404 en el tercer trimestre de 2009 a 0,377 en la actualidad, es decir que se redujo casi un 7%.

A la luz de estos guarismos, puede interpretarse que es realmente necesaria la intervención del Estado a través de programas sociales y de la regulación del mercado de trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, siempre existirán sectores que se oponen, ya que para ellos la clase trabajadora es un mero costo y no la expresión de un derecho a salarios y condiciones de vida dignas.