Como la Primera Mandataria señaló en su último discurso, este plan ayudará a reducir el Índice de Gini. Este coeficiente es un número entre cero y uno donde cero se corresponde con la perfecta igualdad  y el uno con la perfecta desigualdad.  Según el Informe de Desarrollo Humano realizado por la ONU, el país que más se acerca a la situación de igualdad es Noruega (0,226) y el que más lejos se encuentra es Seychelles (0,658). En la región, la media del coeficiente es de 0,4782, los países más desiguales son Perú (0,547), Paraguay (0,543) y Colombia (0,535). Por otro lado, los más igualitarios son Venezuela (0,388), Uruguay (0,434) y Ecuador (0,458)

En la última década, la desigualdad se redujo exponencialmente. El coeficiente de Gini para el tercer trimestre de 2013 arrojó un valor de 0,381 (el más bajo de la región) y en el tercer trimestre de 2003 se ubicaba en 0,475. Esto representa una reducción de la desigualdad de casi 20%.

Este cambio, naturalmente, no se produjo por arte de magia sino por una deliberada política de estado en acciones concretas: inclusión y movilidad jubilatoria o AUH entre las principales. Actualmente, más de 3.500.000 chicos son beneficiarios de esta asignación.

A esto se suma la Asignación por Embarazo para protección social destinada a aquellas embarazadas a partir de la duodécima semana de embarazo y ya fue otorgada a más de 64.000 mujeres. Un dato a tener en cuenta es que las trabajadoras incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleadas de Servicio Doméstico y que perciban un salario menor al mínimo vital y móvil ($3600), también pueden acceder a esta prestación.

Para llevar a cabo todas estas medidas fue necesaria la estatización de las AFJP en el 2008. A su vez, era necesario que el ahorro de todos los argentinos se canalizara en actividades productivas o en políticas que ayudaran a reducir la desigualdad en nuestro país.

Asimismo, según el MTEySS  en la actualidad existen más de 5.450.000 jubilados y pensionados. La Ley de Movilidad Jubilatoria se aplica automáticamente dos veces al año  y comprende a todas las prestaciones a cargo del SIPA. Es importantísimo recalcar que la aplicación del índice de movilidad podrá reducir la disminución del haber que percibe el beneficiario; ni siquiera en aquellos períodos en los que la evolución de las variables económicas fueran negativas. Esto es fundamental para no regresar a las políticas neoliberales donde la primera variable de ajuste fue siempre el sector pasivo de la población, y en consecuencia más vulnerable.  Actualmente, el haber mínimo jubilatorio es de $2477, siendo el último aumento de más del 14%. Un claro número que refleja las políticas a favor de los jubilados es el valor del haber mínimo hace 10 años: en enero de 2004 se ubicaba en 240 pesos, lo que implica un aumento de más de 932%.

Como señaló la Presidenta en una de sus últimas intervenciones públicas, y en alusión a las estampillas sobre la “década ganada”, estas medidas no son de un gobierno en particular, ni del Congreso que sancionó algunas leyes, sino de la sociedad toda. Y es realmente necesario empoderarla para que, aunque distintas fuerzas políticas ocupen el sillón presidencial y el Parlamento, se tome conciencia de que la inclusión social debe ser el horizonte hacia el cual apunte cualquier fuerza política, porque un país que se ocupa de sus niños, jóvenes y ancianos es un país con mayor bienestar en el futuro.

Empezando por los estudiantes de grado, hubo diversas facultades que cobraron importancia: Ciencias Exactas y Naturales aumentó del 18% respecto a 2004, Agronomía el 16% y Arquitectura aumentó el 8%. Por otro lado, las casas de estudio que vieron una merma en su matrícula son Ciencias Económicas (reducción del 19%) y Derecho (reducción del 24%). Otro guarismo relacionado es que el 3,1% del estudiantado tiene algún tipo de beca y que esta proporción es superior en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, en la cual los alumnos señalan a la beca como principal fuente de sus ingresos, Farmacia y Bioquímica y Odontología. Estas becas pueden ser otorgadas por la misma universidad o provenir de otras fuentes ajenas a ésta. Por último, el 5,5% de los alumnos declara participar en proyectos de investigación. Esta proporción es mayor en Ciencias Exactas y Naturales (20%) y Agronomía (15,5%). Estos datos son una prueba más de que, desde 2003 en adelante, hay claros incentivos para desempeñarse en actividades productivas en detrimento del sector servicios y/o financiero.

Un indicador que llama la atención es la composición de estudiantes extranjeros en la universidad. Si bien el 96% de los estudiantes censados son argentinos, de los estudiantes extranjeros el 25% proviene de Perú, el 18% de Bolivia, el 11,3% de Paraguay y el 8,8% de Chile. Estos porcentajes promueven dos conclusiones. En primer lugar, la calidad de la educación superior argentina respecto al resto del continente (no es un dato menor que el 12,9% de los estudiantes extranjeros se encuentren en la Facultad de Medicina); y en segundo lugar demuestra la política de integración regional que lleva a cabo el gobierno nacional, en el cual hay libre movilidad de recursos humanos dentro de Latinoamérica.

Un aspecto a mejorar en términos de inclusión es la alta proporción de alumnos que se desempeñan como docentes ad-honorem. Actualmente, el 6,4% del estudiantado tiene actividad docente como ayudante pero el 85,3% se desempeña sin percibir renta alguna. Estas tendencias se reproducen en todas las facultades excepto en la de Ciencias Exactas y Naturales, donde el 93% de los ayudantes perciben algún tipo de renta.

Otro desafío de acá en adelante es promover la inclusión de jóvenes cuyos padres no terminaron sus estudios superiores, ya que la proporción de los estudiantes con estos niveles (ya sea universitario o terciario) es del 49%. Si bien en estos 10 años se crearon 9 nuevas universidades que absorben gran parte de la primer generación de universitarios de una familia, es hora de que toda la comunidad académica trabaje hacia un sistema de educación superior más inclusivo. El Gobierno Nacional parece orientado a dicho objetivo, ya que la jefa de Estado señaló en uno de sus discursos que “el compromiso no es sólo político sino también moral para profundizar la distribución del ingreso y que llegar a la universidad sea una decisión personal y no solo el destino de haber nacido en un hogar con recursos”.

Durante la década del noventa, a la par de las privatizaciones de las empresas del Estado, fueron tomadas medidas orientadas a la privatización de la educación superior y ésta era vista como una mercancía sometida a las leyes de mercado. En el 2003 la educación dejó de ser un gasto para pasar a ser una inversión, destinándole un 6,5% del PBI, y por primera vez un gobierno incentiva la capacitación permanente de los docentes universitarios abonando un extra de 15% para los docentes que poseen un doctorado y un 5% para quienes tienen un título de maestría. Es necesario incorporar estos debates en los claustros estudiantiles y docentes y que se interpreten todos estos avances, a la par de los desafíos que resten por delante, como herramientas genuinas de inclusión social.

Si bien las consecuencias de estas medidas (y su profundización en la década del noventa) fueron nefastas para los sectores populares de la sociedad, en diversos sectores de poder se insiste en retomar esta filosofía neoliberal en detrimento de las políticas keynesianas de estímulo a la demanda que toma el gobierno nacional.

Generalmente, los defensores de volver al libre mercado son los sectores agroexportadores, ya que al colocar sus productos en los mercados internacionales pretenden obtener los mismos beneficios en el mercado local que en el externo. Es por esto que abogan por la no intervención del Estado, quien de un tiempo a esta parte actúa vía derechos de exportación y controles de precios para evitar este proceso. Asimismo, para estos sectores los salarios representan un costo a reducir, por lo que siempre se muestran disconformes con las negociaciones colectivas de trabajo que llevó a una mayor puja distributiva. Por ejemplo, durante el año anterior el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social homologó 585 negociaciones colectivas de trabajo con más de dos millones de empleados involucrados. Por último, el Consejo del Salario estableció en 3600 el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo que significó un aumento del 25% respecto del 2012. Cabe aclarar que durante la década del noventa tanto las paritarias como el SMVM estuvieron congelados, ya que no era el trabajo el dinamizador de la economía sino la especulación financiera, y la intervención del Estado a favor de los trabajadores era vista como algo negativo (o “ineficiente” en los términos de la burocracia estatal de entonces). Existen innumerables maneras de explicar por qué la intervención del Estado es necesaria para el crecimiento y posterior desarrollo de una nación. Sin embargo, hay una medida emblemática que la subyace: la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Esta política tuvo un impacto directo en las familias, especialmente en los indicadores que se refieren a la calidad de vida de los menores. Vale recordar que esta asignación es un beneficio que le corresponde a los hijos de las personas desocupadas o que trabajan en el mercado informal. Su implementación fue beneficiosa por diversas maneras, pero dos son de destacar. En primer lugar, por ser un incentivo a que las madres no tengan que trabajar por poco dinero (como ocurría en diversas zonas alejadas de los centros económicos) y es un justo reconocimiento a las jefas de hogar cuyo número aumentó en los últimos años. En segundo lugar, exige que las madres se preocupen por la vacunación y la educación de los hijos, y muchas de ellas han llegado a construir sus casas de material, para guarecer a sus hijos del agua y del frío. Vista a futuro, esta medida ayudará a reducir el desempleo y las condiciones de precarización laboral, no sólo de las madres sino de los hijos cuando formen parte de la población económicamente activa.

Si bien el crecimiento de los países se explica por diversas razones, siempre resulta útil recordar los datos sobre el nivel de crecimiento de nuestro país en los últimos años. Si consideramos como punto de partida el tercer trimestre de 2009 (implementación de la AUH) y tomamos como llegada el segundo trimestre de este año (último dato disponible) el nivel de actividad aumento un 77% y el Índice de Gini –un indicador pensado para medir la desigualdad en los ingresos de un país donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se refiere a la perfecta desigualdad- disminuyó de 0,404 en el tercer trimestre de 2009 a 0,377 en la actualidad, es decir que se redujo casi un 7%.

A la luz de estos guarismos, puede interpretarse que es realmente necesaria la intervención del Estado a través de programas sociales y de la regulación del mercado de trabajo con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. No obstante, siempre existirán sectores que se oponen, ya que para ellos la clase trabajadora es un mero costo y no la expresión de un derecho a salarios y condiciones de vida dignas.

¿Ante qué escenario estamos?

Antes de realizar un análisis de los números, es necesario hablar del marco teórico del que se nutre cada referente, ya sea de la oposición o del oficialismo. Muchos de los economistas de la oposición, provienen de escuelas ortodoxas que destacan ciertos principios con poco sustento empírico. Una de las más conocidas de ellas es: la emisión monetaria genera inflación, y recurrentemente suelen usar la clásica receta de la devaluación cuando las cosas no marchan como ellos esperan. Los referentes de estas escuelas son, entre otros, Milton Friedman y Friederich Hayek. En un país como la Argentina, sin embargo, la mayoría de estas políticas son destructoras de la capacidad productiva.

Por otro lado, los economistas más cercanos al gobierno provienen de escuelas heterodoxas donde, si bien hay muchas con diferentes matices, un denominador común que las envuelve es la defensa de la intervención del Estado en la economía. Las políticas que sugieren dependen de la estructura y el gobierno de cada país, y tienden a interpretar a la devaluación como una forma de generar competitividad de cierto sector de la economía, no exenta de altos impactos sociales, y no como un camino simple para reducir los costos salariales. Entre sus referentes se encuentran John Maynard Keynes, Raúl Prebisch y Marcelo Diamand. Dentro de esta corriente económica, además, se encuentra el Premio Nobel Joseph Stiglitz, quien en varias oportunidades elogió el modelo de crecimiento que viene llevando a cabo la Argentina desde 2003, resaltando la recuperación económica y la baja del desempleo de nuestro país y la siempre clave relación comercial con Brasil.

Muchos de los economistas de la oposición sostienen sus discursos basados en que el tipo de cambio se encuentra atrasado y que es necesaria una devaluación. Pero poco dicen sobre sus consecuencias. Si un gobierno devalúa por una razón meramente cambiaria, ciertos segmentos de la población se verían notablemente afectados. En primer lugar, los trabajadores, ya que comenzarían a percibir en términos reales un salario más bajo, y sus posibilidades de consumo se verían disminuidas. Como resultado de esta situación, el sector no transable (básicamente el de servicios) también sufriría un impacto, por la merma en el consumo.

Otro argumento que suele plantear la ortodoxia para señalar el agotamiento del modelo es que “la Argentina está cerrada al mundo”. Debemos suponer que el planteo apunta a integrar al país al mundo de las finanzas, del cual, afortunadamente, hoy se encuentra aislado de sus fluctuaciones y desequilibrios por decisión propia.

Desde hace varios años, el gobierno viene administrando el tipo de cambio de una manera bien heterodoxa: es decir, vía competitividad. Gracias a esta política, el PBI industrial creció un 105% en los últimos 10 años y se fortalecieron diversas ramas de la industria nacional. Por ejemplo, dentro del rubro electrónico, en 2008 un 1% de los celulares se producía en la Argentina, y actualmente se produce el 99%; algo similar ocurre con los aires acondicionados: en 2008, un 17% del mercado era de producción nacional y actualmente la totalidad de los equipos de aire acondicionado a la venta son de fabricados localmente. Si miramos estos indicadores desde el lado del empleo, casi un 24% de los empleos registrados provienen del sector industrial.

Por el lado del comercio internacional, las exportaciones crecieron un 63%, y a simple vista se observa el peso que tienen las manufacturas de origen industrial, que en el tercer trimestre de 2012 representaron un 33% del total. Ello constituye un buen indicador sobre el nuevo perfil industrial de la Argentina: no es una industrialización meramente sustitutiva, sino que se está avanzando en otros rubros como máquinas, aparatos y materiales eléctricos y metales comunes y sus manufacturas.

Asimismo, es sabido que la Argentina es un miembro fundador y con una participación activa en la Unasur, y permanentemente promueve la inclusión de nuevos miembros en el Mercosur. Esto demuestra que la Argentina no se encuentra aislada del mundo, sino que por razones tanto políticas, geoestratégicas como ideológicas, prefiere otro tipo de integración en el mundo, con mayor ponderación en el continente latinoamericano.

La economía es una ciencia social y ocupa un lugar muy importante, ya que no sólo provee instrumentos conceptuales para analizar fenómenos, sino que a su vez posee un conjunto de herramientas operativas al servicio del poder. Por supuesto, hay diversas maneras de utilizar estas herramientas; pueden usarse al servicio de la destrucción de la capacidad de la industria, la concentración de la riqueza en pocas manos y los golpes de mercado. Otra manera de utilizarlas es a través de diferentes políticas de industrialización, la integración regional y fundamentalmente la inclusión social a través del empleo. Sin dudas, hacer el ejercicio de llevar la teoría económica a la práctica, viendo sus consecuencias y los efectos que producen sobre el tejido social y productivo del país, es un ejercicio sumamente útil y necesario a pocos meses de las elecciones, lo que permite sacar mejores conclusiones entre la oferta electoral disponible y elegir la más conveniente teniendo en cuenta nuestra propia experiencia reciente.

Como es sabido en el ámbito académico, usar solamente los datos más “duros” (tasas de crecimiento del PIB y de la inversión) para analizar el crecimiento de un país en los últimos años es una metodología correcta, aunque muchas veces puede resultar incompleta y llevar a conclusiones erróneas. Por lo tanto, es necesario agregar otros indicadores de desarrollo para que el análisis sea más profundo.

En primer lugar, en estos 10 años se repatriaron alrededor de 947 científicos: según el Banco Mundial el número de investigadores dedicados a investigación y desarrollo creció un 34%, se crearon 9 universidades nacionales y la inversión educativa planeada para este año respecto al PIB es del 6,5%. Sin dudas, esto significa que ya son una política de Estado los incentivos a los estudiantes universitarios para dedicarse a carreras relacionadas con la ciencia y tecnología ¿Acaso construir universidades no es inversión en infraestructura? ¿Fomentar el estudio de ciencia y tecnología no es una inversión a largo plazo en la cual los futuros científicos puedan trabajar para mejorar los puertos, plantas industriales, la red energética, entre otros? Si vamos a los datos estrictamente referidos a la inversión, la realizada en telecomunicaciones con participación privada aumentó un 45% en estos años, se instalaron 70 estaciones de TV digital y 8000 kilómetros de fibra óptica. Respecto a la inversión en energía se crearon 4.244 kilómetros de líneas energéticas de 500 kilovoltios, se incorporaron 8700 megavatios en centrales eléctricas y se construyeron 2500 kilómetros de gasoductos troncales.

En 2011, la inversión en energía con participación privada fue de 2000 millones de dólares y el consumo de energía eléctrica aumentó un 37% desde 2001. Esto sin dudas es una inversión a largo plazo y probablemente no se vean los resultados concretos en los próximos ejercicios económicos. Sin embargo, no se pueden negar los esfuerzos, tanto del sector público como privado, para mejorar las instalaciones en cuanto a telecomunicaciones y energía.

Asimismo, la Formación Bruta de Capital Fijo en 2011 fue un 22,57% del PIB. Si analizamos este indicador de manera desagregada, podemos observar que la variación porcentual anual de la inversión en equipo durable de producción nacional en 2012, aumentó un 6,3% respecto de 2011, y la inversión nacional en Maquinaria y Equipo Nacional en 2012 aumentó un 5,4% respecto del año anterior. Esto demuestra que la política de industrialización sustitutiva no sólo está orientada hacia la industria liviana sino que, debido a diversos factores, existen incentivos para sustituir importaciones en bienes de capital.

Un tema que no podemos dejar de lado es la infraestructura industrial. De 2003 a la actualidad se construyeron 250 parques industriales y el PIB industrial creció un 105%, donde, además, del total de empleos registrados un 23,7% se dedica a la actividad industrial. En coincidencia con estos datos, el indicador de la Utilización de la Capacidad Instalada en diciembre de 2012 fue de un 75,8%, en particular la industria metal mecánica tuvo un uso de la capacidad instalada del 72,5%.

Si de infraestructura hablamos, no podemos dejar de lado el sector de la construcción. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) muestra la evolución de este sector, tomando como referencia la demanda de insumos requeridos en el rubro. Durante 2012 este índice -en su nivel general- varió un 13% respecto de 2008 y en obras de infraestructura se observa una variación positiva del 7,2%. La industria de la construcción (y en particular el rubro de obras de infraestructura), al demandar año tras año más insumos, genera un círculo virtuoso en la economía en el cual no sólo este sector se ve beneficiado, sino también los sectores productores de insumos que ella utiliza, generando encadenamientos altamente positivos que estimulan la producción y el empleo.

En conclusión, la inversión en infraestructura no puede medirse con indicadores que inmediatamente provean cambios con respecto a años anteriores. En general, son esfuerzos de largo plazo que demandan gobiernos comprometidos en su fomento y desarrollo. Nuestro país, lamentablemente, durante muchos años desatendió inversiones en ese sentido, pero afortunadamente desde 2003, al calor de un proyecto político que valora y fomenta inversiones de este tipo como norte estratégico para el desarrollo nacional, ha impulsado numerosas inversiones en ciencia y tecnología, industria pesada y obras de infraestructura.

Pese a la creencia popular, la economía no es una ciencia exacta y todo depende de los datos con los que uno decida trabajar, por eso es importante dejar claros otros puntos de vista. Porque, como decía Jauretche: “En economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside él en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto a que sirve”.

Cuando se refiere al país de “ella”, habla de una Argentina presuntamente sometida a los caprichos de la Presidenta “que pretende reformar la Constitución y que gobierna según el humor con el que se despertó a la mañana”. Claramente, la Presidenta no gobierna según su humor, ya que desde 2003 en adelante se sigue una misma política en diversos aspectos sociales, políticos, económicos, que marcan un denominador común vinculado a la defensa de los intereses nacionales por sobre las ambiciones corporativas, siempre priorizando a los más humildes. Resulta a esta altura redundante señalar que sobre la modificación de la Constitución Nacional, la primera mandataria nunca se refirió al respecto.

Luego, la solicitada pasa a describir el país “nuestro”. Si se tiene que cumplir la Constitución, también deberían cumplirse las leyes que se desprenden de ella, como la Ley de Medios, que no se encuentra todavía en plena vigencia debido a los resortes judiciales que maneja el Grupo Clarín y que mantienen suspendidos algunos de sus artículos. A esta presión de la corporación judicial, se le suman voces de la oposición haciendo causa común con el oligopolio mediático. Asimismo, la solicitada se refiere a “un país que no es de nadie porque es de todos”, pero precisamente si hay algo que no se le puede cuestionar a este gobierno es su continuo trabajo por la inclusión social, la redistribución del ingreso y los derechos humanos, lo que hace que el país sea, ahora sí, de todos los habitantes.

Para finalizar, lo más curioso de esta solicitada es que el supuesto país de “nosotros” le exige a los políticos que sean menos políticos y más “personas”. ¿Acaso son cualidades mutuamente excluyentes? Un político- resulta obvio señalarlo- antes que nada es una persona; esta afirmación no hace otra cosa que demostrarnos las intenciones de algunos sectores de la oposición por “despolitizar la política” y de transformar a los candidatos en bienes de consumo, con una mirada sobre la acción política en apariencia desideologizada, pero que esconde una visión conservadora y antipolítica de quienes, se supone, deberían abonar lo contrario.

De un tiempo a esta parte, se viene hablando de los dos “proyectos” de país. Está “el país de ella” que es el de la mayoría de los argentinos: el de la inclusión social, los derechos humanos, la redistribución del ingreso y la democracia; y está también el país de algunos, los que pretenden armar candidatos a gusto del consumidor sin propuestas concretas y buscan volver a las políticas neoliberales que destruyeron a la industria nacional entre 1976 y 2001.

En este año electoral, por lo tanto, se pondrá el foco en estos dos “proyectos” de país más que nunca. Al margen de los pronombres personales, los referentes de la derecha están tratando de embarrar la cancha varios meses antes de los comicios. Pero, como diría Juan Domingo Perón, “la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”.