Las idas y vueltas del gobierno frente a una situación que requiere firmeza y creatividad nos obliga a recurrir al potencial humano y técnico de nuestro partido para proponer caminos alternativos y analizar la situación en toda su complejidad. Debemos impulsar una política capaz de anticipar los problemas con una visión abierta, que incluya opiniones diversas.

Necesitamos propuestas que estén del lado del pueblo. Como partido nacional y progresista queremos soluciones que tengan en cuenta a la gente y no a determinados grupos de poder. Nuestro partido ha sufrido el embate de las corporaciones. Sabemos lo que significan las corridas cambiarias, las mentiras mediáticas, las presiones sectoriales. Por eso, porque somos conscientes de nuestra historia, no queremos escuchar una vez más la misma historia.

Tenemos claro que la salida a esta crisis no tiene que ver con planteos neolibelares como aquellos que alguna vez se disfrazaron de “Consenso de Washington” y le abrieron la puerta a la segunda década infame. No nos resulta extraño, tampoco, que muchos de los que plantean una salida por el lado de la ortodoxia neoliberal sean los mismos que hasta hace poco nos decían que España, Irlanda y Grecia eran el modelo a seguir.

Más allá de los candidatos con despliegue mediático la UCR es el único partido que por despliegue territorial puede competir con el oficialismo. Esto quedó demostrado durante las elecciones de octubre en las que el radicalismo quedó en segundo lugar a nivel nacional. Por eso espero que las reuniones que estamos teniendo las autoridades del partido junto a nuestros equipos técnicos nos sirvan para asumirnos como alternativa de poder y para aportar soluciones que nos permita recuperar la tranquilidad social perdida durante los últimos meses.

Debemos debatir, comparar estrategias, legislar cuando el pueblo argentino más lo necesita. Los problemas de hoy no son sólo del gobierno. Todos estamos arriba de este barco. Por eso no podemos mirar para otro lado mientras el gobierno improvisa, algunos sectores piensan en sus beneficios y otros repiten frases grandilocuentes en los diarios. Nuestro horizonte debe ser la construcción de una candidatura presidencial sólida. Por eso si en el 2015 queremos agarrar el timón debemos pensar y abordar los problemas ahora mismo.

Pensamos que es necesario buscar soluciones reales más allá de las dádivas salariales que se otorgan cuando se está entre la espada y la pared. Porque si la economía sigue con su curso inflacionario, ¿qué sucederá cuando los sueldos una vez más no alcancen?

En el Congreso de la Nación existen proyectos sólidos vinculados a la actual problemática que la falta de voluntad política o el proceder del oficialismo hace que se pierdan en la burocracia de las distintas comisiones.

En este sentido, desde el mes de agosto del 2012 tenemos un proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social para permitir la sindicalización de las fuerzas de seguridad en el marco de la ley 23.551 de Organizaciones Sindicales.

Pensamos que de poder organizarse en sindicatos las fuerzas de seguridad contarían con un marco para las negociaciones de paritarias que permitiría zanjar conflictos sin caer en el caos y la anarquía. Es importante que le demos un marco de legalidad al legítimo reclamo de los trabajadores que ven erosionado su salario por la inflación.

Mientras se cumplen 30 años del regreso de la democracia debemos ir saldando las deudas pendientes para construir en conjunto una democracia por siempre. Entonces, superar estructuras antiguas que nos retrotraen a épocas pasadas de regímenes verticalistas donde el que está abajo no tiene otra opción más que la de obedecer a sus superiores porque carece de un ámbito en el que hacer valer sus derechos es un paso importante que debemos dar como sociedad.

Nuestro proyecto propone que con la posibilidad de sindicalizarse exista el derecho a huelga pero que ese derecho las personas lo deberán ejercer desarmadas. Además, establecemos que siempre deberán quedar guardias porque así como un hospital no puede estar sin médicos nuestras calles no pueden estar sin los oficiales de las fuerzas de seguridad.

Hemos presentado, también, otros proyectos que pensamos que pueden contribuir a recuperar la paz y el orden social. Nuestro proyecto para eliminar las sumas no remunerativas, por ejemplo, permitiría que los trabajadores (en este caso los vinculados a las fuerzas de seguridad) cobren la totalidad de su salario en blanco.

Otro proyecto es el de adelantar el segundo aguinaldo al 18 de diciembre, que fue aprobado por unanimidad en el Senado y que con voluntad política podría ser sancionado rápidamente en diputados para darle tranquilidad a los trabajadores argentinos que en muchos casos ven llegar las fiestas con angustia.

Hemos puesto en consideración del Gobierno Nacional y de las distintas fuerzas políticas los tres proyectos mencionados para que los discutamos junto a otros proyectos de gran valor que hay tanto en la Cámara baja como en la Cámara alta.

Los proyectos están. Hay soluciones reales elaboradas por experto a las que solamente les tenemos que dar lugar. Solo hace falta llamar a extraordinarias para que los representantes del pueblo argentino trabajemos en pos del bienestar social y encontremos soluciones que nos eximan de tropezar una y otra vez con la misma piedra.

Por eso, cuando uno ocupa una banca en el Senado, debe pensar para quiénes está legislando. ¿Vamos a hacer un Código solamente para los grandes lobbies, para los grandes estudios de abogados, para los empresarios, para los industriales o para los religiosos?

No podemos legislar solamente para los que nos han dado lobby.

El proyecto presentado por el oficialismo, y cuya media sanción sólo fue posible por la mayoría que tienen en la Cámara alta, pone de manifiesto concesiones a corporaciones como por ejemplo las mineras que tantos estragos causan. Yo lamento que en este Código no podamos incluir a todos los sectores sociales.

Tengo la convicción de que quienes legislamos debemos pensar, fundamentalmente, en los sectores más vulnerables, algo que no está abordando este Código. Porque no estamos implementando los mecanismos necesarios para la función social de la propiedad. Es por eso que pienso que este Código está dejando de lado a los sectores más vulnerables.

Y esto me parece grave porque uno de los problemas sociales más candentes que tiene la Argentina es la vivienda. Una vivienda para cada argentino. Una vivienda que es el primer ordenador social.

Estamos contemplando cómo serán las edificaciones en los countries, en las propiedades y hasta en los cementerios. Pero ¿qué ocurre con los sectores más vulnerables? ¿Y los jóvenes inquilinos que hoy no tienen cómo acceder a una vivienda? ¿Y los sectores que hoy viven de manera informal en los asentamientos de emergencia? Esos sectores no están contemplados ni siquiera en el acceso al agua que tanto discutimos con relación al artículo 241.

Pertenezco a una provincia con un déficit habitacional de 40.000 familias. Sin embargo, el primer ordenador social, la vivienda, no está siendo contemplado en este Código.

Otros aspectos que deberíamos haber contemplado es el acceso de los habitantes de asentamientos informales a los servicios del agua, saneamiento y electricidad. Y reclamar la regulación para que el Estado recupere inmuebles abandonados por sus dueños, necesarios para concretar políticas públicas de vivienda social.

Es por esto que estamos dando un paso atrás. Es un paso atrás para el pensamiento progresista, nacional y popular que deberíamos expresar desde el Congreso de la Nación como representante de todos los argentinos.

Soy optimista porque estamos en democracia y también tenemos diputados, pero hubiera querido que en el Senado no se tratase a libro cerrado un proyecto tan importante y trascendental como la reforma y unificación del Código Civil y Comercial.

Y hubiera querido, sobre todo, que en el Senado no ignoremos la función social de la propiedad que es uno de los problemas más dramáticos que tiene hoy nuestro país.

El oficialismo, sin embargo, no dio lugar al debate de ninguno de los más de 15 proyectos y se limitó a exponer, a través del secretario de Comunicaciones de la Nación, Roberto Berner, sobre una situación que todos conocemos pero sólo algunos queremos modificar.

Una vez más nos expusimos a la transformación del Congreso en un foro para que el Poder Ejecutivo exponga sus ideas y se justifique. Una vez más nos hicieron olvidar de que el Congreso es el espacio para legislar.

¿Quién puede hablar dos minutos por su celular sin que se le corte la llamada? ¿Cuántas zonas del país hay sin cobertura? ¿Quién puede utilizar el 3G? ¿Cuántas veces se reciben facturas por montos más altos que los acordados? ¿Cuántos mensajes reciben los usuarios por día ofreciéndoles créditos y autos que jamás solicitaron? ¿Cuántos mensajes llegan con minutos y hasta horas de retraso?

Éstas son sólo algunas de las preguntas que podemos hacernos sobre un servicio que es el que más denuncias recibe por parte de los consumidores.

En Argentina hay 50 millones de celulares y 8 millones de teléfonos fijos. Sin embargo, la telefonía fija es una servicio público y la telefonía móvil no.

Estamos hablando de un sistema en el que los sectores de bajos recursos financian a los sectores con más ingresos. Esto se debe entre otras cosas a que el 64% de la sociedad realiza sus llamadas a través del servicio prepago que tiene un valor por minuto más alto que el que pagan quienes abonan planes premium. Es decir que las clases bajas subsidian a las clases altas.

Además, al tratarse de empresas privadas no reguladas, las telefónicas no instalan antenas en aquellas zonas que no les resultan rentables, lo que hace que miles de argentinos que viven en poblaciones pequeñas no cuenten con cobertura. El propio Berner, durante su larga exposición en la Comisión de Medios, reconoció que mientras las empresas invierten sólo un 8% de sus ganancias es necesaria una inversión del 20% para desarrollar las áreas de cobertura.

Esta desigualdad en el funcionamiento del servicio, su baja calidad, los abusos tarifarios y las limitaciones en el acceso en múltiples zonas del país podrían empezar a revertirse si logramos transformar a la telefonía móvil en un servicio público. No se trata de estatizar. Se trata de que el Estado esté presente allí donde se lo necesita. De que se empiece a regular uno de los servicio más extendidos en el país y en el mundo que cada vez es más central en nuestras vidas. Las telefónicas deben empezar a invertir enserio y dejar de estafar a sus usuarios y es el Estado el único actor social capaz de impulsar este cambio.

Desde el mes de abril nuestro proyecto (número 1433/13) para ratificar el carácter de servicio público de la telefonía móvil está a la espera de ser tratado en el Senado al igual que otro proyecto (número 2708/13) que también presentamos para que los créditos no caduquen después de 30 días.

Los proyectos están presentados. Los usuarios cada vez se quejan más. Sin embargo, las excelentes relaciones que el Poder Ejecutivo tiene con las telefónicas hace que la situación siga empeorando para todos los ciudadanos mientras las telefónicas obtienen el 65% de sus ganancias por un servicio deficiente, abusivo y de mala calidad.

Siempre se debatió a lo largo de nuestra historia sobre las ventajas y desventajas del Estado chico y el Estado grande. Pero lo que importa no es tanto el tamaño sino los intereses que ese Estado defiende. Por eso, en relación a este tema le preguntaría al Gobierno a quién representa: ¿a los ciudadanos o a las telefónicas?

Si la presidenta quiere combatir realmente a las corporaciones debe dejar de pedir consejos a los banqueros y atreverse a dejar que se discutan los temas en el Congreso porque quienes debemos discutir los impuestos somos los 72 senadores y 257 diputados que representamos al pueblo argentino. Pero lamentablemente ésta es una práctica cada vez más extraña.

He presentado durante el 2012 un proyecto de ley para establecer un sistema de ajustes automáticos de las deducciones personales para que éstas no se transformen en dádivas del poder. Porque el año que viene va a haber inflación y sin elecciones no habrá nuevas actualizaciones lo cual licuará los beneficios recientemente otorgados. Y esto es lo que queremos evitar.

Desde el año pasado vengo pidiendo el tratamiento de mi proyecto y el de otros senadores tanto en comisiones como en el recinto porque tengo la convicción de que es en el debate donde surgen los aportes enriquecedores. Pero como el año pasado el gobierno no había perdido las PASO, y como no tenía necesidades electorales, desde el bloque del Frente para la Victoria no quisieron dar lugar al debate.

Hoy, en otro contexto, con la necesidad de modificar los humores sociales, el kirchnerismo se apropió de un tema que desde hace tiempo venimos reclamando desde muchos sectores como es la necesidad de modificar los mínimos del impuesto a las ganancias. Pero lo hizo con medidas mediáticas que excluyen cuestiones de fondo como las ganancias para los trabajadores autónomos, el mínimo no imponible para bienes personales, la tabla de alícuotas del artículo 90 del impuesto a las ganancias o que haya mecanismos automáticos y no electoralistas para fijar las subas en asignaciones familiares y en las deducciones personales de ganancias.

Estas cuestiones son contempladas por el proyecto número 1839/12 que es el que he presentado con el acompañamiento de los senadores radicales Alfredo Martínez, Luís Naidenoff, Oscar Castillo y Pablo Verani. Además, también incluimos otros aspectos como la transformación de la deducción por hijo en un pago a cuenta de un impuesto equivalente a la Asignación Universal por Hijo y la disminución de las asimetrías entre trabajadores en relación de dependencia y los autónomos a los efectos de las deducciones personales.

Todos estos pudieron haber sido nuestros aportes en caso de que hubiera existido un debate, en caso de que se hubiera respetado el rol del Congreso. Pero como ya mencionamos este rasgo democrático fundamental cada vez es más difícil de encontrar. Y hoy, en lugar de una reforma del impuesto a la ganancia integral, sustancial, sólida y consensuada, tenemos una decisión unilateral, electoralista y mediática que quedará sin efecto el próximo año.

Una vez más, el kirchnerismo nos muestra su extraña forma de combatir la especulación y pone en evidencia la dualidad de relatar por izquierda y pagar por derecha. Cuando el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Hernán Lorenzino, y el secretario de Políticas Económicas, Axel Kicillof, concurrieron al Congreso para exponer sobre el proyecto propuse, sin éxito, que por una vez los bancos dejen de mirar para el costado y se hagan cargo del pago de la deuda con parte de los 19.500 millones de dólares con los que fueron compensados por el Estado Nacional.

Sin embargo, me pregunto por qué los bancos no pueden hacerse cargo si fueron compensados con dinero de todos los argentinos que se pudo haber utilizado en mejorar la salud o la educación antes que en comprar el champagne con el que brindaron los banqueros. Este gobierno, que dice enfrentar y combatir las corporaciones, tiene que disfrazar el hecho de ser el gobierno que más benefició a los bancos en la historia de nuestro país. Y ahora, una vez más, avanza para que los banqueros vuelvan a brindar con champagne.

Todavía hay cientos de ahorristas que no han cobrado el dinero que les robaron los bancos en el 2001, lo cual vuelve más inaceptable esta decisión de seguir entregándole el dinero de todos los argentinos a sectores que ya fueron ampliamente beneficiados. Pero hoy este kirchnerismo derrotado en las urnas va detrás de los acontecimientos y decide reabrir el canje para generar cierta seguridad jurídica que atraiga inversiones de capitales extranjeros. Pero si éste es el objetivo, hay muchas cosas más importantes para los inversores que pagarle a los fondos buitres.

El cepo cambiario impuesto luego del triunfo en las anteriores elecciones presidenciales, las restricciones cada vez mayores al giro de utilidades por parte de las empresas extranjeras, el cambio permanente de las reglas de juego para la inversión y la falta de reglas claras para las importaciones de insumos son algunos de los aspectos que habría que modificar si queremos generar una verdadera y duradera seguridad jurídica. Seguramente los banqueros brindarán con champagne una vez más para celebrar esta nueva ley que el gobierno les está regalando. Sin embargo creo que lo que debemos preguntarnos es cómo elevar el nivel de vida de los más pobres en vez de seguir haciendo felices a quienes especulan con bonos en default.

Con la crecida extraordinaria del río Paraná, recorrimos en lancha y a pie la isla de Apipé Grande y pudimos ver de manera directa las consecuencias de estas inundaciones. Casas sumergidas, animales muertos, rutas desaparecidas y falta de agua potable son algunos de los rasgos que se impusieron durante el recorrido en el que los isleños nos remarcaron lo extraño que les resultaba la rapidez con la que habían crecido las aguas y la apertura, sin previo aviso, de las compuertas de la represa de Yacyreta que se encuentra a sólo 2.300 metros aguas arriba.

Y es en este punto en donde queremos poner nuestra atención. El sentido de una represa (que altera el medioambiente y modifica el hábitat de muchas especies) es doble: por un lado sirve para contener las aguas y por el otro como generador de energía. Sin embargo, la crisis energética que enfrenta la provincia y la falta de planificación por parte de las autoridades hacen que en Corrientes la represa de Yacyreta no cumpla con ninguna de estas dos funciones.

Esto se debe, ante todo, a que para hacer frente a la crítica situación energética que enfrenta Corrientes la cota de la represa haya ascendido a 83 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir que hoy en día Yacyretá funciona sobre el límite de sus capacidades, como un balde lleno de agua que frente a una gotera ya no contiene el líquido sino que lo rebasa.

Es así que cuando se producen lluvias intensas en la zona sur de Brasil y/o en Misiones el agua que baja por el río no puede ser contenida por la represa y sigue de largo anegando primero las islas de Apipé y luego la zona ribereña de Corrientes cuyos pobladores, mientras se autoevacúan, recuerdan las promesas de que con la construcción de la represa nunca más iban a sufrir grandes inundaciones.

Creemos que para actuar no hay que esperar a que sucedan grandes tragedias. No debemos lamentar nuevas víctimas antes de encarar acciones responsables. Hace tiempo que venimos solicitando una entrevista con el Director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), arquitecto Oscar Thomas, con el objeto de plantearle nuestra visión sobre el tema pero lamentablemente hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. Sabíamos que iban a llegar inundaciones a Corrientes, más de una vez lo anunciamos en notas periodísticas y en redes sociales. Pero desde el EBY insisten con mirar para otro lado.

Es hora de que se le paguen a Corrientes las regalías adeudadas por Yacyretá para que podamos realizar las obras en infraestructura necesarias río abajo de la represa. Es hora, también, de que se modifiquen las excesivas tarifas que los correntinos debemos pagar en energía para que dejemos de ser una de las provincias en las que la energía se paga más cara. Sólo así Yacyretá dejará de ser un problema y cumplirá con el doble objetivo que debe cumplir una represa.

En Corrientes, mientras tanto, se están realizando estudios para construir una nueva represa entre colonia Garabí y Garruchos, sobre el río Uruguay. Por eso queremos remarcar la necesidad de neutralizar, previamente, lo que sucede en Yacyretá. Porque no servirá de nada construir una nueva represa si a la larga no cumplirá con ninguna de sus dos funciones. Porque en Corrientes no queremos tener una nueva represa que, como sucede con Yacyretá, potencie las inundaciones.

La minería no es una actividad negativa por sí misma; lo que queremos remarcar es el impacto ambiental que genera, los costos a largo plazo que produce la denominada minería a cielo abierto.

Esta clase de minería remueve cientos de miles de toneladas de tierra y roca mediante el uso de explosivos y maquinarias de gran porte, moviendo el manto fértil del suelo, generando procesos de desertificación y alterando el normal escurrimiento de las aguas.

Se trata de una actividad que no sólo afecta a los habitantes de las zonas cercanas donde se realiza sino que los residuos de estos emprendimientos generan por día toneladas de roca residual que contienen concentraciones de sulfato, metales tóxicos, no metales y componentes radiactivos que se filtran a las aguas superficiales y subterráneas o que son arrastrados por el viento, trasladando la contaminación a decenas de kilómetros de su fuente.

El PBI verde es un concepto instalado por el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que busca poner en primer plano la importancia del daño ambiental; se trata de un indicador que tiene en cuenta las consecuencias medioambientales del crecimiento económico medido por el Producto Bruto Interno. De esta manera, las pérdidas causadas por la contaminación que generan las distintas actividades económicas son tenidas en cuenta para alcanzar una comprensión más cercana a la realidad.

Lo que sucede con el proyecto minero de Pascua Lama, en la Reserva San Guillermo de San Juan, en donde la compañía minera canadiense Barrick Gold Corporation opera sobre un ambiente periglaciar sin seguro ambiental violando lo establecido por la Ley de Glaciares y poniendo en peligro a muchas especies, es uno de los tantos ejemplos de los permisos que se les está otorgando a compañías que deberían ser particularmente reguladas, sobre todo en lo relativo al impacto ambiental que generan y al PBI verde que, aunque no sea tenido en cuenta, se traduce en números rojos de nuestros indicadores económicos.

Por todo esto volvimos a presentar nuestro proyecto en el Senado de la Nación y esperamos que esta vez tanto senadores como diputados nos acompañen.

Porque, como señalan las organizaciones ambientales y cientos de activistas alrededor del mundo, el agua vale más que el oro.

Porque cuidar el medio ambiente es uno de los desafíos más importantes de nuestra época.

Al contrario, le fue dando forma a un unitarismo fiscal con graves consecuencias para muchas de las provincias del país. El resultado es la desigualdad y la inconstitucionalidad ya que hoy en día ni siquiera se cumple con el mandato del 34% establecido por la Constitución Nacional.

El manejo discrecional de fondos por parte del Gobierno hace que pueda tener de rehén a gobernadores que dependen de la arbitrariedad fiscal de un gobierno que en lugar de democratizar el país, de apuntar a la igualdad entre las provincias, concentra recursos que le sirven como arma de control y poder.

En este contexto, por ejemplo, provincias como Corrientes deben endeudarse para conseguir energía y gas natural mientras se le sigue adeudando 750 millones en conceptos de regalías por las represas de Yacyretá y Salto Grande.

Me pregunto por qué los correntinos debemos seguir endeudándonos y sufriendo cortes de luz cada vez que sube o baja la temperatura si por ley nos corresponden recursos que no nos entregan y que nos permitirían hacerle frente a esta carencia  estructural.

Más de una vez he exigido en el Congreso el inicio del debate en pos de una nueva Ley de Coparticipación Federal más justa y menos unitaria. Sin embargo, la única respuesta que recibí por parte del oficialismo es que una nueva ley es casi imposible de concretar porque incluye a 25 actores (23 provincias, la CABA y el Estado Nacional) que difícilmente puedan ponerse de acuerdo. Con este argumento débil, sin recordar las sugerencias que Kirchner realizó en su momento, el oficialismo justifica su voluntad unitaria.

Pero ¿cómo vamos a resignarnos a que las provincias sigan perdiendo recursos por no llegar a un acuerdo político para la implementación de una política pública más beneficiosa para todos?

Las provincias cada vez enfrentamos más dificultades fiscales. No podemos seguir tan inertes en el Congreso frente a esta situación. En el Senado estamos los representantes de todas las provincias del país y es nuestra obligación exigir que todas reciban lo que les corresponde. Tenemos que dar el debate para generar los recursos que genuinamente le corresponde a cada provincia. Si el Congreso no es el ámbito, ¿el ámbito cuál es?

Por eso quiero aprovechar estos 10 años del kirchnerismo para reconocer sus logros y muchas de sus políticas públicas progresistas que beneficiaron al país. Pero también quiero pedirle al oficialismo que tenga un momento de reflexión e impulse el debate por una nueva ley de Coparticipación Federal.

Porque este es uno de los reclamos más importantes de muchas de las provincias que conforman el país.

Porque las provincias no están recibiendo beneficios por los recursos que generan y es tiempo de cambiar esta situación.

Porque Argentina no puede seguir siendo un país unitario.

Son básicas las necesidades que no están cubiertas hoy en Corrientes y que comienzan a formar parte del paisaje habitual. En Corrientes hay un grave problema energético que se vuelve cuello de botella productivo porque nadie va a invertir en un lugar en el que cuando hace un poco de calor se corta la luz y cuando hace un poco de frío también. Cada vez es más visible en cada una de las localidades la ausencia de políticas públicas. El Estado no está ahí donde tiene que estar. Porque no alcanza con dádivas momentáneas. Las políticas públicas deben apelar a la imaginación, a la creatividad, a las posibilidades que tenemos desde el Estado para transformar una realidad adversa.

Los jóvenes necesitan motivos para salir del ostracismo, para construir con sus vidas. Por eso queremos nuevas tecnologías, deporte, cultura. Los trabajadores necesitan regularizar su situación laboral. No pueden depender de un “patrón de estancia” ni estar condenados a trabajar en negro, con salarios bajos, sin jubilación. En el siglo XXI los trabajadores tienen derechos que tienen que llegar a Corrientes.

En el pasado el caudillismo fue regla en toda la zona del Litoral. Esta lógica debe terminar. Si queremos un país inmerso en nuestra época todas las provincias deben formar parte de este cambio, no sólo Buenos Aires.

En un año de elecciones no queremos que Corrientes sea el tablero en el que se juegue el enfrentamiento entre el gobierno nacional y el radicalismo en la única provincia no oficialista.

Queremos una mirada nacional y progresista de lo público. Queremos dar un salto de calidad para dejar atrás la lógica del siglo XIX que encarna la actual administración y la lógica del empleado del Ejecutivo que encarna el candidato oficial. Por eso, para llevar a Corrientes al siglo XXI, para que Corrientes deje de ser una provincia olvidada del norte, vamos a presentar una alternativa por y para los correntinos. Una alternativa de gobierno conformada por todos los radicales que no queremos atrasar. El desafío es grande. Los cambios son difíciles. Pero nos guía la voluntad de comprender que los que queremos podemos.