Esta semana se conoció una encuesta de Gallup, según la que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cayó en la consideración pública del 46 al 21%. En el centro del malhumor social aparece la actitud del Gobierno frente a una protesta de campesinos: el 81% de los consultados dijo que desaprueba cómo actuó el jefe de Estado frente a esa cuestión. En Perú, se difundió el mes pasado una encuesta de la consultora GFK que determinó una merma en la aprobación de Ollanta Humala del 32 al 26%. El 54% se mostró de acuerdo con la idea de que el presidente “no combate la delincuencia”, el 51% evaluó que “no cumple con sus promesas”, en tanto que el 48% se mostró preocupado porque “los precios están subiendo”. En tanto, IPSOS-Perú detectó una caída de 4 puntos en la imagen de Humala, que quedó en torno al 29%. “No gobernamos con encuestas, eso déjenlo para los opinólogos”, replicó el presidente.

En Chile, la última medición sobre la imagen del presidente Sebastián Piñera es de julio pasado, de la empresa Adimark. Marca una caída de 2 puntos con respecto al sondeo anterior, para ubicarse en 37%. La desaprobación al mandatario trasandino es de 53% (subió 2 puntos). Cuando se pregunta con el Gobierno, el respaldo es menor: 32%. Al momento de producirse el rescate de los 33 mineros, en 2010, la aprobación de Piñera era casi 30 puntos mayor. El aspecto más criticado de la gestión de Piñera es la política de seguridad: 83% de rechazo. El oficialismo chileno corre muy detrás de la opositora Michelle Bachelet, de cara a las presidenciales de este año.

En México, el sitio web Adnpolítico compiló nueve encuestas para determinar la evolución de la imagen de Peña Nieto en nueve meses de gestión. La aprobación a su figura sigue alta, en torno al 54%. Pero la desaprobación subió: pasó de 30 a 36%. Embarcado en varias reformas, la semana pasada el dirigente del PRI tuvo que cambiar el lugar y el momento en el que dio su primer Informe de Gobierno, por protestas de docentes.

Si vamos al Mercosur, la situación de 2013 también muestra sus tensiones.

En la Argentina, el oficialismo viene de enfrentar una elección primaria con un mal resultado, equiparable al de las legislativas de 2009. En Venezuela, Nicolás Maduro logró ser electo por muy poca diferencia de votos, ante el principal líder opositor, Henrique Capriles. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrentó las protestas más importantes de las que se tenga memoria en el país vecino. Y luego de un pico de popularidad en marzo pasado (63%) cayó más de 30 puntos en junio. Ahora, su imagen se recuperó algo, hasta el 36%. En Uruguay, el mes pasado se conoció un sondeo de la consultora Equipos Mori, que reveló una caída de 5 puntos en la aprobación de José Mujica (quedó en 38%). Así, un 40% de los uruguayos expresó desaprobación por la gestión del Frente Amplio. Fue la primera vez que el rechazo superó a la aprobación.

A salvo del cimbronazo parecen haber quedado dos mandatarios: Evo Morales (Bolivia) alcanzó el mes pasado un nivel de aprobación del 59% -en octubre de 2012 estaba en 54%-, de acuerdo a un sondeo realizado por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. En febrero pasado, el ecuatoriano Rafael Correa logró su reelección con más del 56% de los votos y con una diferencia de más de 30 puntos sobre su principal contendiente.

La “variable regional” no explica de por sí la situación de cada uno de los países. Pero habrá que empezar a incorporarla, si es que se quiere tener un panorama más completo de lo que pasa en cada Estado de nuestro continente en este muy movido “año 13”.

Con esas durísimas palabras, el comité editorial de The New York Times se refirió el último martes a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que calificó como inconstitucional una sección de la Ley de Derechos Electorales (sancionada en 1965) que buscaba evitar la discriminación racial en estados con pasado segregacionista.

“La mayoría conservadora de la Corte Roberts (por el presidente del tribunal, el conservador designado por George W. Bush John Roberts) emitió este martes otro fallo dañino e intelectualmente deshonesto”, descerrajó el prestigioso diario.

El presidente norteamericano, Barack Obama, se mostró a su vez “profundamente decepcionado” por la decisión de la Corte -adoptada por cinco votos contra cuatro-, una medida que dejó en el limbo legal a una norma símbolo de la lucha por los derechos civiles en aquel país.

Un día después de este bombazo a la igualdad política en varios estados sureños de los Estados Unidos, la Corte emitió dos fallos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el sitio web Huffington Post, uno de sus editorialistas, evalúa ambas decisiones en conjunto. Y no duda entonces en definir al juez Roberts como el “político más astuto, manipulador y radical” en Washington. El analista señala:

“Políticamente, estos fallos tolerantes sobre el esquema social del país desvían la atención sobre el objetivo más profundo de la corte Roberts: eliminar al gobierno federal como un impedimento para el poder corporativo, provincial (estadual) y local. En otras palabras, desmantelar el marco de leyes progresistas y de decisiones judiciales que se remontan a Teddy Roosevelt, el New Deal y la Gran Sociedad”.

Otro columnista del New York Times, Richard Hansen, también nos recuerda esta semana: el juez Roberts es “un hombre paciente jugando un juego largo”.

Como vemos, los ministros de una Corte Suprema en cualquier sistema democrático y republicano, como pueden ser el norteamericano o el argentino, no son seres “intocables”, sino que se convierten en pedestres jugadores del juego del poder a través de sus decisiones.

Tienen así objetivos políticos que van mucho más allá de un supuesto rol de cierta imparcialidad. Calculan y miden sus jugadas. Cuentan con un enorme poder de fuego que en ocasiones algunos sectores pueden considerar -legítimamente- que avasalla al Congreso. Y no puede evaluarse por lo tanto que los duros cuestionamientos que reciben de otros dirigentes políticos o funcionarios, de sectores de la prensa o de ciudadanos de a pie, sean ataques ajenos al libre juego democrático.

¿Justicia? ¡Es política!