Se advierte que el Gobierno es “crispado”, que “divide a los argentinos” y que no dialoga.

Se afirma que el Congreso Nacional es una “escribanía” donde sólo se hace lo que el Poder Ejecutivo quiere.

Cualquier episodio que pueda encajar en ese esquema de pensamiento recibe amplia atención por parte de buena parte de la prensa y de la “opinión pública”.

Esta semana, el Congreso convirtió en ley una iniciativa del Gobierno nacional para combatir el trabajo en negro. El Senado aprobó el proyecto por unanimidad. En la Cámara de Diputados el resultado fue 227 afirmativos, 3 negativos y 4 abstenciones. En contra se pronunciaron los dos diputados del Frente de Izquierda que concurrieron a la sesión -Néstor Pitrola decidió ausentarse a la hora de votar porque dijo tener “un compromiso”- y el macrista Federico Sturzenegger. La noticia se difundió en voz baja. Quizás algún lector se entere al leer estas líneas.

El trabajo no registrado llegó a casi el 50 por ciento de los asalariados en 2003 y hoy se ubica en torno al 33 por ciento, según las cifras oficiales. El proyecto que ahora es ley otorga incentivos al sector privado, especialmente a los microempleadores más precarios. Y a la vez aumenta en forma sustancial las sanciones a empresarios fraudulentos (más información aquí). El combate al trabajo en negro, la creación de puestos de trabajo en condiciones “decentes” es uno de los mayores desafíos de toda América Latina, el continente más desigual del planeta, y por supuesto también de la Argentina. La existencia de más herramientas en ese sentido son algo para celebrar.

Me pareció adecuado utilizar este espacio que me ofrece Infobae para destacar que en la dirigencia argentina, a uno y otro lado de la línea que separa al oficialismo de la oposición no todo es piripipí, ni consignismo vacío, ni una “decadencia sin fin”, como quieren mostrar algunos sectores, a los que lo que más parece molestarles es la política.

Así, por ejemplo, en enero pasado, la gestión de la presidenta Cristina Kirchner lanzó el Plan Progresar, una asignación de 600 pesos mensuales para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni tienen trabajo formal y que se comprometen a finalizar sus estudios secundarios o iniciar el nivel terciario.

En febrero, la Secretaría de Comercio multó a seis cadenas de supermercados por más de 3,4 millones de pesos al constatar violaciones del programa Precios Cuidados. Y la AFIP dispuso un régimen de registración sistémica de “movimiento y existencias de granos no destinados a la siembra”, por el que acopiadores de cereales y oleaginosas deben informar desde este mes sus tenencias de producción en un registro informático.

En marzo, la jefa de Estado dio a conocer el plan Recuperar Inclusión, por el que se crean 150 Centros Preventivos Locales de Adicciones, unas 40 Casas Educativas Terapéuticas (CET), para mitigar el consumo de drogas y alcohol en contextos de alta vulnerabilidad social. La medida implica una inversión de unos dos mil millones de pesos, según se anunció.

Ese mismo mes, la Secretaría de Comercio creó un régimen informativo de precios de bienes finales e insumos para la producción por el que le pide a todas las empresas productoras de bienes e insumos y a las comercializadoras y distribuidoras de tamaño mediano y grande que presenten información mensual sobre precios de venta.

Este mes, la Casa Rosada adoptó medidas como la extensión del programa Precios Cuidados, presentó un proyecto que brinda incentivos y aumenta sanciones a empresas con la intención de combatir el trabajo en negro y reglamentó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, medida que contempla la incorporación progresiva de todas las trabajadoras a los regímenes de seguridad social: jubilación, obra social, cobertura por riesgos de trabajo y enfermedades laborales”, según se informó oficialmente.

Quizás por la adopción de estas medidas sea que el economista Miguel Angel Broda escribió en los últimos días que el objetivo del Gobierno nacional “no es hacer un ajuste fiscal en serio, sino hacer todo lo necesario para evitar ese ajuste”. O que el rector de la Universidad del CEMA, Carlos Rodríguez, lamente que el Ejecutivo tenga como intención a reducir a “lo mínimo posible” medidas que se vinculen de algún modo con el ideario que, por su parte, siempre ha impulsado, de ajuste ortodoxo.