Con esas durísimas palabras, el comité editorial de The New York Times se refirió el último martes a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que calificó como inconstitucional una sección de la Ley de Derechos Electorales (sancionada en 1965) que buscaba evitar la discriminación racial en estados con pasado segregacionista.

“La mayoría conservadora de la Corte Roberts (por el presidente del tribunal, el conservador designado por George W. Bush John Roberts) emitió este martes otro fallo dañino e intelectualmente deshonesto”, descerrajó el prestigioso diario.

El presidente norteamericano, Barack Obama, se mostró a su vez “profundamente decepcionado” por la decisión de la Corte -adoptada por cinco votos contra cuatro-, una medida que dejó en el limbo legal a una norma símbolo de la lucha por los derechos civiles en aquel país.

Un día después de este bombazo a la igualdad política en varios estados sureños de los Estados Unidos, la Corte emitió dos fallos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el sitio web Huffington Post, uno de sus editorialistas, evalúa ambas decisiones en conjunto. Y no duda entonces en definir al juez Roberts como el “político más astuto, manipulador y radical” en Washington. El analista señala:

“Políticamente, estos fallos tolerantes sobre el esquema social del país desvían la atención sobre el objetivo más profundo de la corte Roberts: eliminar al gobierno federal como un impedimento para el poder corporativo, provincial (estadual) y local. En otras palabras, desmantelar el marco de leyes progresistas y de decisiones judiciales que se remontan a Teddy Roosevelt, el New Deal y la Gran Sociedad”.

Otro columnista del New York Times, Richard Hansen, también nos recuerda esta semana: el juez Roberts es “un hombre paciente jugando un juego largo”.

Como vemos, los ministros de una Corte Suprema en cualquier sistema democrático y republicano, como pueden ser el norteamericano o el argentino, no son seres “intocables”, sino que se convierten en pedestres jugadores del juego del poder a través de sus decisiones.

Tienen así objetivos políticos que van mucho más allá de un supuesto rol de cierta imparcialidad. Calculan y miden sus jugadas. Cuentan con un enorme poder de fuego que en ocasiones algunos sectores pueden considerar -legítimamente- que avasalla al Congreso. Y no puede evaluarse por lo tanto que los duros cuestionamientos que reciben de otros dirigentes políticos o funcionarios, de sectores de la prensa o de ciudadanos de a pie, sean ataques ajenos al libre juego democrático.

¿Justicia? ¡Es política!