Así, por ejemplo, en enero pasado, la gestión de la presidenta Cristina Kirchner lanzó el Plan Progresar, una asignación de 600 pesos mensuales para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni tienen trabajo formal y que se comprometen a finalizar sus estudios secundarios o iniciar el nivel terciario.

En febrero, la Secretaría de Comercio multó a seis cadenas de supermercados por más de 3,4 millones de pesos al constatar violaciones del programa Precios Cuidados. Y la AFIP dispuso un régimen de registración sistémica de “movimiento y existencias de granos no destinados a la siembra”, por el que acopiadores de cereales y oleaginosas deben informar desde este mes sus tenencias de producción en un registro informático.

En marzo, la jefa de Estado dio a conocer el plan Recuperar Inclusión, por el que se crean 150 Centros Preventivos Locales de Adicciones, unas 40 Casas Educativas Terapéuticas (CET), para mitigar el consumo de drogas y alcohol en contextos de alta vulnerabilidad social. La medida implica una inversión de unos dos mil millones de pesos, según se anunció.

Ese mismo mes, la Secretaría de Comercio creó un régimen informativo de precios de bienes finales e insumos para la producción por el que le pide a todas las empresas productoras de bienes e insumos y a las comercializadoras y distribuidoras de tamaño mediano y grande que presenten información mensual sobre precios de venta.

Este mes, la Casa Rosada adoptó medidas como la extensión del programa Precios Cuidados, presentó un proyecto que brinda incentivos y aumenta sanciones a empresas con la intención de combatir el trabajo en negro y reglamentó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, medida que contempla la incorporación progresiva de todas las trabajadoras a los regímenes de seguridad social: jubilación, obra social, cobertura por riesgos de trabajo y enfermedades laborales”, según se informó oficialmente.

Quizás por la adopción de estas medidas sea que el economista Miguel Angel Broda escribió en los últimos días que el objetivo del Gobierno nacional “no es hacer un ajuste fiscal en serio, sino hacer todo lo necesario para evitar ese ajuste”. O que el rector de la Universidad del CEMA, Carlos Rodríguez, lamente que el Ejecutivo tenga como intención a reducir a “lo mínimo posible” medidas que se vinculen de algún modo con el ideario que, por su parte, siempre ha impulsado, de ajuste ortodoxo.