Al modo de esos hackers que ingresan en un sistema, mostrando las falencias de mecanismos de seguridad informática, la extensa disputa con los fondos buitre empieza, a esta altura, a generar fisuras entre sectores que suelen tener coincidencias en tiempos “normales”.

“Pocos países tienen los recursos políticos y económicos para pelear contra acreedores holdout por más de una década”, escribió hace poco la experta en reestructuraciones de deuda Anna Gelpern en una nota dada a conocer pocos días atrás.

El Gobierno nacional, de acuerdo a la legislación vigente y también por las condiciones que ofreció a los acreedores que aceptaron una reestructuración de deuda, tenía pocas opciones más que continuar adelante con el litigio judicial en el que finalmente decidió no intervenir la Corte Suprema de Estados Unidos, perjudicando en los hechos al país.

En este último tramo del proceso, comenzaron a generarse algunas opiniones y planteos que me parece interesante resaltar:

• Por un lado, la citada Gelpern -una catedrática que varias veces expresó que no tiene especial simpatía por la Argentina- sostuvo que afirmar que este caso no tendrá consecuencias para el sistema financiero internacional ya que el Gobierno llevó la situación hasta un extremo “único” -esto afirmaron tribunales norteamericanos- es “en el mejor de los casos ingenuo, en el peor, manipulador”.

• Martin Wolf, editor del diario Financial Times no es un amante de las políticas que lleva adelante el gobierno de Cristina Kirchner, ni casi ninguna administración sudamericana. Tiene diferencias fuertes con el creciente rol que el Estado tomó en la última década en la región. Pero no dejó pasar esta oportunidad para advertir a sus lectores que el fallo judicial norteamericano es impropio y perjudicial.

• Nouriel Roubini, economista de la Universidad de Nueva York conocido por haber previsto la última crisis financiera internacional, tuvo en su momento una interpretación distinta a la del Gobierno nacional sobre por qué hay inflación en el país. Dijo con claridad que, para él, ese fenómeno se da en por “el financiamiento monetario del gasto público”. Pero en el tema de la deuda pública, su postura se alineó con la de la gestión de Cristina Kirchner: “no se debe permitir a los holdouts bloquear reestructuraciones que benefician a deudores y acreedores”.

• El Bank of New York Mellon -encargado de transferir a bonistas los pagos que habitualmente realiza la Argentina- le advirtió ahora al juez Thomas Griesa que su fallo contra el país lo puede poner en aprietos legales. Se conoció también que un fondo de inversión -cuyos dueños seguramente están muy alejados de los planteos ideológicos de la presidenta Kirchner- le reclamó a ese banco que disponga hacer efectivos los pagos ya realizados por la Argentina, pero que bloqueó Griesa.

• También en el terreno político local se evidencian estas “fallas en la Matrix” que parece haber disparado el Gobierno argentino. Antes de que se concretara el fallo de la Corte Suprema norteamericana, el diputado Martín Lousteau decidió integrar una comisión multipartidaria que viajó a Washington. Sus aliados del Frente Amplio Unen -en particular la Coalición Cívica y la UCR- optaron por no concurrir.

• Del lado del peronismo, un economista siempre muy crítico de las políticas de la Casa Rosada, el expresidente del Banco Central Aldo Pignanelli, realizó sobre la cuestión de la deuda múltiples declaraciones a favor de los planteos que lleva adelante el Gobierno. Su tono de aval a la Casa Rosada por este tema difirió incluso de su ahora compañero en el Frente Renovador Martín Redrado.

Habrá que estar atentos porque todavía quedan varios capítulos para las interpretaciones cruzadas, cuando comiencen las negociaciones por el pago a los fondos buitre, luego del respaldo que recibieron por parte del sistema judicial norteamericano.

El año pasado, la Fundación Mediterránea argumentó que la Argentina ha sido el país que más subió su gasto público en la última década. Así, la entidad señaló que pasó de gastar 28,3 puntos del producto en 2000 a 34,8 en 2012 -para la fundación liberal FIEL la cifra llega a 40-. Cuando se miran con detenimiento esos datos, se verá que la “aceleración” del gasto no ocurrió tanto entre 2003 y 2007 -período en el que el gasto público recuperó los niveles que tenía antes de la crisis de 2001-, sino más bien a partir de la asunción de Cristina Kirchner. Es decir, esta “nueva situación” no corresponde a la “década kirchnerista”, sino a los últimos seis años.

Por su parte, el diario La Nación en un editorial publicada el domingo, consideró como “dádivas” a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y evaluó que si bien la implementación de ese programa llega, según una encuesta de una universidad privada, “al 36,4% de los menores de edad” las condiciones de vida y del entorno de esos niños y jóvenes “no han mejorado”. Para el diario, “el desafío es entonces pegar el salto desde el asistencialismo a la supervivencia por propios medios (sic) y en condiciones que impliquen la posibilidad de desarrollar una vida digna”. El matutino condena a este programa de transferencia directa de ingresos, al señalar que “profundiza el riesgo de que se cree una dependencia transmisible entre generaciones”.

En suma, según parece, se cuestiona el crecimiento del gasto público de los últimos seis años y un programa de asistencia social que en 2013 cumplirá cuatro años de de implementación.

En cuanto a la AUH, se soslaya, por ejemplo que, de acuerdo a un estudio de la CEPAL, la cobertura actual de los menores que reciben algún tipo de transferencia de ingresos alcanza al 86%, mientras que esta proporción era de tan sólo el 37% en 1997 -un año después se desencadenó la recesión más prolongada y profunda de la que se tenga memoria-.

Sobre el aumento del gasto público, no parece tomarse en cuenta en ciertos análisis lo acelerado que resultó en otras épocas -sin tantas objeciones por parte de algunos sectores- el “achique” del Estado.

Como para recordar de donde se viene, consigno a continuación el contenido de dos apartados incluidos en el Anuario Estadístico de la República Argentina de 1995, publicado por el Indec. Se trata de la información correspondiente a “Privatizaciones concluidas. Período 1990-1994” y a la “cantidad de agentes de la Administración Pública Nacional (1989-1994)”.

En cuanto al personal, en aquel período de seis años el Estado pasó de contar con 874.182 agentes a 190.414 (poco menos de un cuarto).

Sobre las privatizaciones, a riesgo de aburrir, vale la pena enumerar la impresionante cantidad de cesiones al sector privado concretadas en aquel lustro, consignadas en aquel entonces por el Indec.

Paso a enumerar:

Comunicaciones

• Entel (Telecom y Telefónica)

Transporte Aéreo

• Aerolíneas Argentinas

Petroquímicas

• Polisur

• Petropol

• Induclor

• Monómeros vinílicos

• Petroquímic Río Tercero

Petróleo: Areas Centrales

• Tordillo

• El Huemul-Koluel Kaike

• Puesto Hernández (Neuquén)

• Vizcacheras (Mendoza)

• Santa Cruz I

• Santa Cruz II

• Tierra del Fuego

• Aguarague

• Palmar Largo

• YPF SA (Venta de Activos)

• Refinería de Campo Durán (Refinor SA)

• EBYTEM (SA) (Puerto Rosales)

• Destilería Dock Sud

• Oleoductos del Valle SA

• Destilería San Lorenzo

• Interptrol SA

• Planta de Aerosoles (Dock Sud)

• Terminales Marítimas Patagónicas

• Transportes Marítimos Petroleros (SA)

Buques Tanque

• Libertador San Martín

• Ingeniero Villa

• Florentino Ameghino

• General Güemes

• Ingeniero Hermitte

• Ingeniero Reca

• Goya

• Medanito

• Puerto Rosales

• Cañadón Seco

• 13 de Diciembre

• San Lorenzo

• Ing. Huergo

• Ing. Silveyra

• Ministro Ezcurra

• Puerto Posadas

• Puerto Diamante

• Hernandarias

• Campo Durán

• C. Espíritu Santo

Hoteles

• Llao-Llao Holding

• Ingeniero Villa

• Florentino Ameghino

Energía Eléctrica

• Centrales Térmicas del Litoral SA

• Central Puerto SA

• Central Costanera SA

• Edenor SA

• Edesur SA

• Central Pedro de Mendoza

• Central Dock Sud

• Edelap (Area del Plata)

• Central Alto Valle

• Central Güemes

• Central Sorrento

• Central San Nicolás

• Centrales Térmicas del Noroeste Argentino SA

• Centrales Térmicas Patagónicas SA

• Transnoa SA

• Transpa SA

• Transener SA

• Hidroeléctrica Diamante SA

• Hidroeléctrica Río Hondo SA

• Hidroeléctrica Ameghino SA

• Centrales Térmicas Mendoza SA

• Transnea SA

• Central Hidroeléctrica Alicurá SA

• Central Hidroeléctrica Cerros Colorados

• Central Hidroeléctrica El Chocón SA

• Hidroeléctrica Piedra del Aguila SA

Gas

• Transportadora de Gas del Sur SA

• Transportadora de Gas del Norte SA

• Distribuidora de Gas Pampeano SA

• Distribuidora de Gas del Litoral SA

• Distribuidora de Gas del Centro SA

• Distribuidora de Gas Cuyana SA

• Distribuidora de Gas Noroeste SA

• Distribuidora de Gas del Sur SA

• Distribuidora de Gas Metropolitana SA

• Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte SA

Defensa

• Altos Hornos Zapla

• Somisa

• Aceros Paraná SA

• Tandanor

• Fábrica Militar de Tolueno Sintético

• Fábrica Militar de Vainas y conductores eléctricos (EGA)

• Fábrica Militar de Acido Sulfúrico

• Fábrica Militar General San Martín

• Fábrica Militar Pilar

Junta Nacional de Granos

• Unidad Portuaria San Pedro

• Elevadores Terminales de Rosario (U III)

• Elevadores Puerto Diamante

Agricultura

• Corporación Argentina de Productores (CAP)

Sector Financiero

• Caja Nacional de Ahorro y Seguro

Transporte Marítimo

• Empresa Líneas Marítimas Argentinas

El racconto no incluye la privatización de los canales 11 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires, en 1989. Tampoco los procesos de desregulación, como el que por decreto en 1992, puso fin al alto grado de protección del que gozaba el sector pesquero nacional. O el proceso de concesión de los ferrocarriles metropolitanos, a partir de 1993.

Para ser un poco más concreto: ¿y si en vez de escandalizarnos por el aumento del gasto público y repetir cifras y eslóganes vacíos nos preguntamos de dónde venimos y discutimos hacia dónde queremos ir?