Esas presiones se extendieron también durante los años 80, dirigidas hacia las jóvenes democracias sudamericanas: el expresidente Raúl Alfonsín debió enfrentar tres alzamientos “carapintadas”, en tanto que otras democracias de la región mantenían relaciones de tensión con el actor militar en el marco de transiciones “pactadas”.

En las últimas décadas, mientras los militares redujeron su nivel de influencia, otros actores comenzaron a ejercer distintos grados de presión corporativa hacia los funcionarios electos en forma democrática. Uno de ellos y muy notorio han sido las fuerzas de seguridad. En diciembre de 2013, distintas Policías provinciales se rebelaron como parte de un movimiento que el Gobierno tildó de “desestabilizador”. Los presidentes Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia) sufrieron también, en 2010 y 2012, respectivamente, rebeliones policiales que llegaron a poner en cuestión su estabilidad política. El expresidente paraguayo Fernando Lugo comenzó a vivir la crisis política que derivó en el comienzo del fin de su mandato cuando se registró en circunstancias muy poco claras la muerte de once campesinos y seis uniformados durante un desalojo de tierras agrícolas llevado adelante por la Policía local. A partir de esos violentos hechos se desencadenó el peculiar juicio político que lo destituyó, provocando una ruptura del orden institucional del vecino país.

Si alguna duda quedaba sobre la enorme influencia que pueden ejercer las fuerzas de seguridad por estos años en el terreno político bastó con seguir una serie de episodios que se dan en la actualidad por fuera de nuestra región, pero en el mismo hemisferio: la norteamericana ciudad de Nueva York.

Efectivos de la Policía de esa ciudad llevan adelante por estos días lo que algunos medios de prensa locales definieron como una virtual “huelga de brazos caídos”, como parte de un reclamo de índole política contra el alcalde demócrata Bill de Blasio. Los uniformados están disconformes con el funcionario por una supuesta falta de respaldo a la actividad que llevan adelante.

Según el diario The New York Post, los arrestos por delitos menores cayeron un 94 por ciento en la última semana, en tanto que la disminución en el total de detenciones se redujo un 66 por ciento, cuando se compara el período con el mismo momento del año pasado. Para algunos observadores, la nueva situación no sería del todo negativa, ya que la Policía seguía hasta ahora una polémica doctrina que implicaría un nivel de arrestos excesivo. Más allá de estas visiones encontradas, la tensión “política” entre la policía y la gestión electa de la ciudad es inocultable.

La crisis se desencadenó desde comienzos del mes pasado, cuando el alcalde De Blasio declaró que junto con su esposa afroamericana le había recomendado a su hijo “especial cuidado” cuando tuviera contacto con efectivos policiales. Las expresiones del alcalde llegaron luego de que la Justicia local decidiera no iniciar acciones contra un uniformado involucrado en la muerte de dos personas.

Luego, el sindicato policial emitió un comunicado en el que instó a De Blasio a que, si se producía la muerte de un miembro de esa fuerza en cumplimiento del deber, no concurriera al funeral.

El 20 de diciembre se registró el asesinato de dos policías. Ante esa situación, arreciaron las críticas de la Policía hacia De Blasio. El jefe del sindicato policial, Patrick Lynch, llegó a decir que el alcalde tenía “sangre en sus manos”. El funcionario decidió concurrir al funeral de uno de los oficiales asesinados y cientos de policías le dieron la espalda durante la ceremonia. La crisis continuó cuando el funcionario concurrió a un acto de egreso de cadetes de la institución y se escucharon gritos en su contra.

Es probable que esta cadena de episodios encuentre algún tipo de salida política en los próximos días, aunque no deja de llamar la atención la forma en que, incluso en países con una larga trayectoria de estabilidad política e institucional, la actitud de funcionarios uniformados puede poner en jaque políticamente a mandatarios electos por la sociedad.

Lo hicieron a partir de las declaraciones en las que Mauricio Macri aludió a la existencia de un “círculo rojo” en el país, que integran personas “del hacer” y “del pensar” entre las que no descartó que estén incluidos los dueños del Grupo Clarín.

A partir de la controversia, los dirigentes del PRO salieron a la prensa a ensayar explicaciones contradictorias, pero en las que en todos los casos minimizaron la situación y se mostraron risueños con respecto a que haya sectores que intenten que la presidenta Cristina Kirchner no termine su mandato. No son los únicos. Periodistas y algunos conductores de programas de entretenimiento también optaron por reírse de esas especulaciones. Analicemos con algunos datos en la mano si el final anticipado de un presidente es una posibilidad real o no en esta región del mundo.

En un estudio de 2008, el politólogo de la Universidad de Oslo Leiv Marsteintredet señaló que desde que comenzó el proceso de redemocratización en América Latina, se registraron “18 casos de interrupciones presidenciales”, fenómeno que comenzó en 1985, cuando Hernán Siles Zuazo renunció y convocó a elecciones anticipadas en Bolivia. La lista se completa de esta manera:

Fernando Collor de Melo (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999) fueron removidos por medio de juicio político. Renunciaron a sus cargos Raúl Alfonsín (Argentina, 1989), Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1993), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Hugo Bánzer (Bolivia, 2001), Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) y Carlos Mesa (Bolivia, 2005). Renunciaron y convocaron a elecciones en forma anticipada, además del boliviano Siles Zuazo, Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Valentín Paniagua (Perú, 2001), Eduardo Duhalde (Argentina, 2003), Enrique Rodríguez (Bolivia, 2005). A su vez, fueron declarados incapaces por el Congreso Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997) y Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005).

Habría que sumar al listado el golpe contra Manuel Zelaya, en Honduras en 2009, y la remoción de Fernando Lugo, en Paraguay el año pasado, dos episodios en los que se dejó ver la larga mano de los intereses de los Estados Unidos en la región.

En otro estudio publicado en 2008, la politóloga Kathryn Hochstetler (University of New Mexico) realizó una evaluación del período 1978-2003 sólo en Sudamérica. Y determinó que “de los cuarenta presidentes cuyos mandatos terminaron a finales de 2003, dieciséis de ellos (40 %) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta terminar su mandato y nueve (23 %) terminaron sus mandatos ‘fijos’ antes”. Para Hochstetler, los “desafíos” a los presidentes provienen de protestas callejeras o del Congreso. O de ambos a la vez. Surge del estudio una clave: de los presidentes que enfrentaron fuertes protestas callejeras, sólo uno resistió en su cargo. De aquellos que fueron desafiados en la calle y en el Congreso, fue también uno sólo el que resistió. Y de aquellos a los que el Congreso intentó destituir en soledad, todos lograron permanecer en sus cargos.

Más allá de los detalles y una vez evaluados este tipo de episodios en la región, ¿sigue pareciendo que es como para reírse hablar de finales anticipados de mandatos presidenciales?