Esta semana, todos los medios de prensa internacionales mostraron mapas donde, además de  la Antártida -que no suele tomarse en cuenta en términos estadísticos- había otra región sin mancha alguna. Se trató de América Latina, como el único (sub) continente del mundo donde ningún país colaboró con el programa de torturas llevado adelante por la CIA entre 2002 y 2009.

Según surge de lecturas de la prensa norteamericana del reporte dado a conocer por el Senado estadounidense -en el que no figuraron nombres de Estados extranjeros pero sí información que permitía determinar de cuáles se trataba- en las demás regiones del planeta, 54 gobiernos colaboraron de alguna manera con este tipo de prácticas aberrantes.

Así, cinco países (dos asiáticos y tres de Europa del Este) permitieron la instalación de prisiones secretas de la Central de Inteligencia estadounidense.

Otros once países, esta vez africanos y asiáticos, permitieron a la CIA realizar interrogatorios en sus propias instalaciones.

Cincuenta y cuatro gobiernos de Europa, Africa, Asia y Oceanía le pasaron información sobre presuntos sospechosos que eran ciudadanos de su país a los agentes de inteligencia norteamericanos. También permitieron el tránsito de prisioneros ilegales hacia los países en los que se hacían los interrogatorios -alejados a propósito del otra veces largo brazo de la ley y la Justicia norteamericanas.

En algunos de los casos, el reporte indica que la CIA pagó millones de dólares en efectivo a gobiernos extranjeros para colaborar con las actividades.

Que América Latina no haya estado involucrada a estas situaciones puede analizarse de distintas maneras.

Por un lado, es cierto la mirada de Washington se posó en otras regiones del mundo a las que consideró más “estratégicas” luego del 11 de Septiembre de 2011. No lo es menos que desde ese momento también la capacidad de influencia política y económica de los Estados Unidos en la región disminuyó. Buena parte del continente, sobre todo Sudamérica, comenzó a ensayar entonces su “giro a la izquierda”, que implicó un fortalecimiento del rol del Estado y políticas que comenzaron a despegarse de las del gran país del Norte en distintos foros internacionales.

Pero por otra parte, América Latina profundizó una serie de políticas a favor de los derechos humanos. Las acciones que llegaron más lejos en este sentido, con juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan hasta el día de hoy se dieron en la Argentina. Pero también los vecinos Chile, Uruguay y Brasil realizaron avances judiciales o investigaciones para determinar qué ocurrió con prácticas de tortura y desaparición en la década del 70 en esta parte del mundo. Hasta Centroamérica,  mucho más permeable a la influencia norteamericana, también llegó la revisión del pasado reciente y la condena de crímenes contra la humanidad. Fue en el caso de Guatemala, con la condena a genocidio al exdictador  Efraín Ríos Montt. Y también México está viviendo por estos días condenas sociales masivas a prácticas aberrantes como es la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

Todas estas situaciones políticas y el mapa en blanco de los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con respecto a la colaboración con acciones de tortura de la CIA no pueden pensarse por separado.

Debe ser también una preocupación para quienes llevaron adelante este tipo de delitos saber que en algunos de los países del Sur existe doctrina jurídica que indica que crímenes como esos son ofensas contra toda la humanidad y que por lo tanto no sólo no prescriben, sino que pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo.

Como sea, parece cierto que las “políticas de Estado” requieren en la Argentina largos años de discusiones, de marchas y contramarchas. El apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas a la vigencia de planes sociales de amplio alcance o al juzgamiento a los represores de la dictadura parece confirmar esa idea.

Para ampliar el foco y tener algo de perspectiva, hay que decir que el logro de acuerdos políticos duraderos sobre aspectos centrales de las políticas públicas no es algo que los sistemas políticos producen con facilidad en todo tiempo y lugar.

La Asociación Americana de Ciencia Política (APSA) reunió a unos 50 de sus integrantes, profesores de universidades estadounidenses, a analizar la cuestión. El grupo de expertos emitió el mes pasado un reporte de casi 200 páginas titulado “Negociando acuerdos en política”. Los politólogos del país del norte avanzaron en la investigación preocupados por “la ruptura de la negociación política” en el Congreso de ese país, que se tradujo en octubre pasado en el “cierre” parcial de la administración federal.

Entre otros puntos, el estudio determinó que la situación de los partidos en el Poder Legislativo estadounidense es “la más polarizada desde 1906” y que sus causas “probablemente no desaparezcan pronto”. Entre las causas que están en la base de la polarización, no apuntaron contra ningún dirigente o partido en particular, aunque sí señalaron el realineamiento entre los partidos a partir de la vigencia del Acta de Derechos Civiles, impulsada por el demócrata Lyndon Johnson en 1964, la fortaleza electoral demostrada tanto por líderes demócratas como republicanos desde 1980 y la “creciente desigualdad de ingresos” combinada con la “importancia de la recaudación de fondos” para fines electorales. “Una reforma en la financiación de campaña podría probablemente reducir la polarización, pero una media de este tipo no es probable que ocurra en el futuro próximo”, señaló.

El informe se refiere, entre otros puntos, a la “cercana correlación entre desigualdad económica y polarización” política en los Estados Unidos. Ambas variables han ido de la mano en los últimos 50 años. “La hipótesis de la desigualdad puede explicar la reducción de la polarización durante la primera mitad del siglo XX, cuando la desigualdad económica se redujo dramáticamente en aquel período”. Algunos autores citados en el reporte señalan que “la desigualdad y la polarización están vinculadas por una relación dinámica (o ‘danza’) en la cual el aumento de la desigualdad generada por los crecientes mayores ingresos produce apoyo electoral a políticas conservadoras y facilita un movimiento hacia la derecha de los republicanos”.

¿Las recomendaciones del reporte? Salir de la “miopía” en las negociaciones y pasar hacia lo que se denomina “negociación deliberativa”. En ese tipo de diálogo “las partes comparten información, vinculan temas y se dedican a la solución conjunta de problemas”. Algunas de estas afirmaciones permiten al menos preguntarse si es que es tan simple el logro de acuerdos políticos duraderos o si caracterizar fenómenos como la polarización política es algo más complejo que denunciar a uno o dos dirigentes que dividirían de manera “artificial” a la sociedad.

Publicidad Electoral del Frente Progresista Cívico y Social

El reciente “cierre del gobierno” de los Estados Unidos (cuyos detalles analiza la politóloga María Esperanza Casullo en profundidad aquí) es otra oportunidad más para comprobar que la visión consensual, de puros acuerdos que recorre la mirada “inocente” que un sector de la dirigencia política local y de algunos medios de comunicación buscan mostrar sobre los llamados “países serios” -de acuerdo a algunos de esos exponentes, todos aquellos que no son la Argentina- está bastante alejada de la realidad.

Una fracción del Partido Republicano forzó el “shutdown” por estar en desacuerdo con una ley aprobada por el Congreso y avalada por la Justicia: la que avanza con el plan de salud conocido como “Obamacare”. Nada de negociaciones, nada de ponerse de acuerdo, ningún pacto de la Moncloa ni de otro tipo.

Es interesante evaluar también una visión muy difundida que indica que el rol del periodismo sería “cuestionar siempre al poder”, entendiendo por “poder” a quien ocupe el Ejecutivo nacional. Sobre todo cuando tanto The New York Times como The Washington Post, en sendos editoriales la emprendieron con dureza contra los republicanos, avalando la posición de la Casa Blanca.

El New York Timesatacó en parcicular a John Boehner, el republicano que encabeza la Cámara baja. Lo acusó de protagonizar un “fracaso” y de plantear demandas “absurdas” y “ridículas” a cambio de la posibilidad de frenar el “cierre” del gobierno.

“La imprudente obsesión de los republicanos con la destrucción de la reforma de la salud y con herir al Presidente ha quedado plenamente al descubierto. Y, mientras la ira del público crece con esta crisis totalmente innecesaria, ésta debería estar dirigida a un partido y un presidente de la Cámara baja que son incapaces de gobernar”, enfatizó el periódico.

Por su parte, el Washington Post publicó un editorial titulado “los diputados republicanos le están fallando a los norteamericanos”. “…(E)ste Congreso está fallando. Más específicamente, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes están fallando. Deben cumplir con sus funciones básicas para el pueblo estadounidense o dar paso a los legisladores que lo hagan”, subrayó el matutino. Además, le advirtió en particular a los legisladores opositores que se espera un “mínimo nivel de competencia y responsabilidad” por parte del Congreso, que permita “pagar las cuentas y no avergonzarnos frente al mundo”.

Al sur del continente, en la actual campaña electoral argentina de cara a las elecciones legislativas , el Frente Progresista Cívico y Social dice ser la herramienta política para unir a dos países que han sido divididos en estos años kirchneristas: “Argen” y “Tina”. A su vez, Mauricio Macri llamó a “terminar con los enojos, las divisiones y las broncas”. Y el candidato a diputado Sergio Massa llamó varias veces a “terminar con la lógica de la división”.

Deberían empezar a pensar en exportar su fórmula porque, al parecer, afuera no se consigue. O quizás ocurra que ni aquí ni en casi ningún lado la política se parece a un té a las 5 con buenos amigos.

Lo hicieron a partir de las declaraciones en las que Mauricio Macri aludió a la existencia de un “círculo rojo” en el país, que integran personas “del hacer” y “del pensar” entre las que no descartó que estén incluidos los dueños del Grupo Clarín.

A partir de la controversia, los dirigentes del PRO salieron a la prensa a ensayar explicaciones contradictorias, pero en las que en todos los casos minimizaron la situación y se mostraron risueños con respecto a que haya sectores que intenten que la presidenta Cristina Kirchner no termine su mandato. No son los únicos. Periodistas y algunos conductores de programas de entretenimiento también optaron por reírse de esas especulaciones. Analicemos con algunos datos en la mano si el final anticipado de un presidente es una posibilidad real o no en esta región del mundo.

En un estudio de 2008, el politólogo de la Universidad de Oslo Leiv Marsteintredet señaló que desde que comenzó el proceso de redemocratización en América Latina, se registraron “18 casos de interrupciones presidenciales”, fenómeno que comenzó en 1985, cuando Hernán Siles Zuazo renunció y convocó a elecciones anticipadas en Bolivia. La lista se completa de esta manera:

Fernando Collor de Melo (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999) fueron removidos por medio de juicio político. Renunciaron a sus cargos Raúl Alfonsín (Argentina, 1989), Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1993), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Hugo Bánzer (Bolivia, 2001), Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) y Carlos Mesa (Bolivia, 2005). Renunciaron y convocaron a elecciones en forma anticipada, además del boliviano Siles Zuazo, Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Valentín Paniagua (Perú, 2001), Eduardo Duhalde (Argentina, 2003), Enrique Rodríguez (Bolivia, 2005). A su vez, fueron declarados incapaces por el Congreso Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997) y Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005).

Habría que sumar al listado el golpe contra Manuel Zelaya, en Honduras en 2009, y la remoción de Fernando Lugo, en Paraguay el año pasado, dos episodios en los que se dejó ver la larga mano de los intereses de los Estados Unidos en la región.

En otro estudio publicado en 2008, la politóloga Kathryn Hochstetler (University of New Mexico) realizó una evaluación del período 1978-2003 sólo en Sudamérica. Y determinó que “de los cuarenta presidentes cuyos mandatos terminaron a finales de 2003, dieciséis de ellos (40 %) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta terminar su mandato y nueve (23 %) terminaron sus mandatos ‘fijos’ antes”. Para Hochstetler, los “desafíos” a los presidentes provienen de protestas callejeras o del Congreso. O de ambos a la vez. Surge del estudio una clave: de los presidentes que enfrentaron fuertes protestas callejeras, sólo uno resistió en su cargo. De aquellos que fueron desafiados en la calle y en el Congreso, fue también uno sólo el que resistió. Y de aquellos a los que el Congreso intentó destituir en soledad, todos lograron permanecer en sus cargos.

Más allá de los detalles y una vez evaluados este tipo de episodios en la región, ¿sigue pareciendo que es como para reírse hablar de finales anticipados de mandatos presidenciales?