En la Argentina, durante tres cuartas partes del actual período democrático iniciado en 1983, han ejercido la Presidencia dirigentes que provienen del peronismo. El peronismo, sin embargo, puede perder elecciones; no es un partido hegemónico. Ocurrió en 1983 y en 1999, cuando comenzaron sus mandatos -que luego no terminaron- referentes de la UCR.

El actual oficialismo tiene, por estos antecedentes, una notoria ventaja, una carta más en el mazo. Como parte de ese escenario, el peronismo gobierna más provincias y municipios que la oposición y ha controlado el Senado desde que se recuperó la democracia, sin interrupciones. La mayoría de los sindicatos se alinean también con el peronismo.

El líder del PRO, Mauricio Macri, asegura que esa ventaja no prevalecerá, que ahora es él quien más posibilidades tiene de llegar a la Presidencia, porque “el 60 % de la gente quiere un cambio”.

Pero veamos un poco más allá y analicemos cómo se define la próxima elección. La Constitución Nacional determina que hay tres formas de “ganar”. Una posibilidad es sumar más del 45 % de los votos. Otra es superar el 40 % de los votos y lograr al menos un 10 % de diferencia con el principal contendiente. Y la tercera es imponerse en una segunda vuelta.

Un elemento a tener en cuenta es que desde que está vigente, el balotaje nunca tuvo que ser utilizado. Pero tampoco habría sido utilizado en 1983 y 1989, si hubiese estado consagrado en la legislación. Tampoco se dio el caso de un presidente que se impusiera por el 40 % más uno de los votos, apelando al 10 % de diferencia con su principal rival.

Así, salvo el muy particular caso de las elecciones de 2003, cuando el peronismo concurrió a las urnas divido en neolemas, en todas las elecciones nacionales los presidentes obtuvieron más del 45 % de los votos.

El particular sistema argentino fue formalizado en la Constitución Nacional reformada en 1994. El presidente Carlos Menem impulsaba entonces la posibilidad de reelección y pactó con el líder de la UCR, Raúl Alfonsín, esa y otras modificaciones a la Carta Magna. Para una fuerza política que suele tener un piso de votos que ronda el 30 % a nivel nacional, como es el peronismo, esa cláusula quiere decir algo más que lo que indica la fría letra constitucional. El significado es: si el peronismo está relativamente unido y las variables económicas están bajo control, ese partido tiene grandes posibilidades de imponerse en los comicios nacionales.

Hay que recordar que incluso en 1999, cuando el país ya había entrado en una larguísima recesión, estaba híperendeudado, la desocupación abierta había superado la barrera de los dos dígitos y los actuales sistemas de protección social, así como la fuerza de los sindicatos brillaban por su ausencia, Eduardo Duhalde sumó nada menos que el 38,2 % de los votos. No se vivía una buena situación económica, el presidente de origen peronista no contaba con altos niveles de aprobación y la candidatura del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires se consolidó recién después de una durísima y extensa disputa con el jefe de Estado en ejercicio.

Veamos ahora a la oposición, sobre todo a su expresión mejor posicionada, que es la de Macri. Aun si el jefe de gobierno porteño no logra quebrar la hegemonía peronista, sí podría obtener una gran cantidad de votos en las próximas elecciones.

Si logra ese objetivo, el PRO estaría realizando un aporte sustancial a una mayor estabilidad del funcionamiento de los partidos políticos en el país. Para precisar un poco más, debería recordarse que en la Argentina, con la crisis de 2001, se registró un derrumbe parcial del sistema de partidos. El no peronismo se fragmentó y se atomizó. El peronismo logró recomponerse con cierta rapidez. El país mostró así una importante diferencia con casos como los de Bolivia, Ecuador o Venezuela, en los que ante las crisis económicas que tuvieron lugar por serios problemas de las políticas neoliberales que derivaron a fines del siglo pasado, se puso fin de manera abrupta a un cierto esquema de funcionamiento partidario y surgieron fuerzas políticas totalmente nuevas.

Vamos a los antecedentes: ninguna propuesta que se enfrentara a alguna vertiente del PJ en elecciones presidenciales a partir del 2001 logró superar la marca que alcanzaron José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez -paradójicamente, dos peronistas- en 1995, cuando sumaron más del 29 % de los votos. En 2003, el no peronista más votado fue Ricardo López Murphy, con el 16.37 % de los votos. En 2007, ese lugar lo ocupó Elisa Carrió (23,04 %). Y en 2011, Hermes Binner (16,81 %). Macri podría acercarse -aun si perdiera las elecciones- más a las marcas de las oposiciones de los años noventa, como fue la mencionada propuesta Bordón-Álvarez o el 32,45 % que obtuvo Eduardo Angeloz en 1989.

Un elemento más. Podría pensarse que en 2007 la suma de votos de Elisa Carrió y de Roberto Lavagna (apoyado entonces por la UCR) alcanzó casi el 40 % (39,94 %). Aun así, esa sumatoria hubiera resultado superada por la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos, que obtuvo el 45 % de los votos para imponerse en los comicios. Macri, quizás, pueda aglutinar el tipo de preferencias que en aquel entonces sumaban la líder de la Coalición Cívica y el exministro de economía.

El líder del PRO estaría entonces ante una posibilidad cierta: convertirse en un candidato no peronista muy votado a nivel nacional. Si eso le alcanzará para ganarle a Daniel Scioli, es otra historia.

Como sea, parece cierto que las “políticas de Estado” requieren en la Argentina largos años de discusiones, de marchas y contramarchas. El apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas a la vigencia de planes sociales de amplio alcance o al juzgamiento a los represores de la dictadura parece confirmar esa idea.

Para ampliar el foco y tener algo de perspectiva, hay que decir que el logro de acuerdos políticos duraderos sobre aspectos centrales de las políticas públicas no es algo que los sistemas políticos producen con facilidad en todo tiempo y lugar.

La Asociación Americana de Ciencia Política (APSA) reunió a unos 50 de sus integrantes, profesores de universidades estadounidenses, a analizar la cuestión. El grupo de expertos emitió el mes pasado un reporte de casi 200 páginas titulado “Negociando acuerdos en política”. Los politólogos del país del norte avanzaron en la investigación preocupados por “la ruptura de la negociación política” en el Congreso de ese país, que se tradujo en octubre pasado en el “cierre” parcial de la administración federal.

Entre otros puntos, el estudio determinó que la situación de los partidos en el Poder Legislativo estadounidense es “la más polarizada desde 1906” y que sus causas “probablemente no desaparezcan pronto”. Entre las causas que están en la base de la polarización, no apuntaron contra ningún dirigente o partido en particular, aunque sí señalaron el realineamiento entre los partidos a partir de la vigencia del Acta de Derechos Civiles, impulsada por el demócrata Lyndon Johnson en 1964, la fortaleza electoral demostrada tanto por líderes demócratas como republicanos desde 1980 y la “creciente desigualdad de ingresos” combinada con la “importancia de la recaudación de fondos” para fines electorales. “Una reforma en la financiación de campaña podría probablemente reducir la polarización, pero una media de este tipo no es probable que ocurra en el futuro próximo”, señaló.

El informe se refiere, entre otros puntos, a la “cercana correlación entre desigualdad económica y polarización” política en los Estados Unidos. Ambas variables han ido de la mano en los últimos 50 años. “La hipótesis de la desigualdad puede explicar la reducción de la polarización durante la primera mitad del siglo XX, cuando la desigualdad económica se redujo dramáticamente en aquel período”. Algunos autores citados en el reporte señalan que “la desigualdad y la polarización están vinculadas por una relación dinámica (o ‘danza’) en la cual el aumento de la desigualdad generada por los crecientes mayores ingresos produce apoyo electoral a políticas conservadoras y facilita un movimiento hacia la derecha de los republicanos”.

¿Las recomendaciones del reporte? Salir de la “miopía” en las negociaciones y pasar hacia lo que se denomina “negociación deliberativa”. En ese tipo de diálogo “las partes comparten información, vinculan temas y se dedican a la solución conjunta de problemas”. Algunas de estas afirmaciones permiten al menos preguntarse si es que es tan simple el logro de acuerdos políticos duraderos o si caracterizar fenómenos como la polarización política es algo más complejo que denunciar a uno o dos dirigentes que dividirían de manera “artificial” a la sociedad.

Lo hicieron a partir de las declaraciones en las que Mauricio Macri aludió a la existencia de un “círculo rojo” en el país, que integran personas “del hacer” y “del pensar” entre las que no descartó que estén incluidos los dueños del Grupo Clarín.

A partir de la controversia, los dirigentes del PRO salieron a la prensa a ensayar explicaciones contradictorias, pero en las que en todos los casos minimizaron la situación y se mostraron risueños con respecto a que haya sectores que intenten que la presidenta Cristina Kirchner no termine su mandato. No son los únicos. Periodistas y algunos conductores de programas de entretenimiento también optaron por reírse de esas especulaciones. Analicemos con algunos datos en la mano si el final anticipado de un presidente es una posibilidad real o no en esta región del mundo.

En un estudio de 2008, el politólogo de la Universidad de Oslo Leiv Marsteintredet señaló que desde que comenzó el proceso de redemocratización en América Latina, se registraron “18 casos de interrupciones presidenciales”, fenómeno que comenzó en 1985, cuando Hernán Siles Zuazo renunció y convocó a elecciones anticipadas en Bolivia. La lista se completa de esta manera:

Fernando Collor de Melo (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999) fueron removidos por medio de juicio político. Renunciaron a sus cargos Raúl Alfonsín (Argentina, 1989), Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1993), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Hugo Bánzer (Bolivia, 2001), Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) y Carlos Mesa (Bolivia, 2005). Renunciaron y convocaron a elecciones en forma anticipada, además del boliviano Siles Zuazo, Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Valentín Paniagua (Perú, 2001), Eduardo Duhalde (Argentina, 2003), Enrique Rodríguez (Bolivia, 2005). A su vez, fueron declarados incapaces por el Congreso Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997) y Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005).

Habría que sumar al listado el golpe contra Manuel Zelaya, en Honduras en 2009, y la remoción de Fernando Lugo, en Paraguay el año pasado, dos episodios en los que se dejó ver la larga mano de los intereses de los Estados Unidos en la región.

En otro estudio publicado en 2008, la politóloga Kathryn Hochstetler (University of New Mexico) realizó una evaluación del período 1978-2003 sólo en Sudamérica. Y determinó que “de los cuarenta presidentes cuyos mandatos terminaron a finales de 2003, dieciséis de ellos (40 %) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta terminar su mandato y nueve (23 %) terminaron sus mandatos ‘fijos’ antes”. Para Hochstetler, los “desafíos” a los presidentes provienen de protestas callejeras o del Congreso. O de ambos a la vez. Surge del estudio una clave: de los presidentes que enfrentaron fuertes protestas callejeras, sólo uno resistió en su cargo. De aquellos que fueron desafiados en la calle y en el Congreso, fue también uno sólo el que resistió. Y de aquellos a los que el Congreso intentó destituir en soledad, todos lograron permanecer en sus cargos.

Más allá de los detalles y una vez evaluados este tipo de episodios en la región, ¿sigue pareciendo que es como para reírse hablar de finales anticipados de mandatos presidenciales?