Como sea, parece cierto que las “políticas de Estado” requieren en la Argentina largos años de discusiones, de marchas y contramarchas. El apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas a la vigencia de planes sociales de amplio alcance o al juzgamiento a los represores de la dictadura parece confirmar esa idea.

Para ampliar el foco y tener algo de perspectiva, hay que decir que el logro de acuerdos políticos duraderos sobre aspectos centrales de las políticas públicas no es algo que los sistemas políticos producen con facilidad en todo tiempo y lugar.

La Asociación Americana de Ciencia Política (APSA) reunió a unos 50 de sus integrantes, profesores de universidades estadounidenses, a analizar la cuestión. El grupo de expertos emitió el mes pasado un reporte de casi 200 páginas titulado “Negociando acuerdos en política”. Los politólogos del país del norte avanzaron en la investigación preocupados por “la ruptura de la negociación política” en el Congreso de ese país, que se tradujo en octubre pasado en el “cierre” parcial de la administración federal.

Entre otros puntos, el estudio determinó que la situación de los partidos en el Poder Legislativo estadounidense es “la más polarizada desde 1906” y que sus causas “probablemente no desaparezcan pronto”. Entre las causas que están en la base de la polarización, no apuntaron contra ningún dirigente o partido en particular, aunque sí señalaron el realineamiento entre los partidos a partir de la vigencia del Acta de Derechos Civiles, impulsada por el demócrata Lyndon Johnson en 1964, la fortaleza electoral demostrada tanto por líderes demócratas como republicanos desde 1980 y la “creciente desigualdad de ingresos” combinada con la “importancia de la recaudación de fondos” para fines electorales. “Una reforma en la financiación de campaña podría probablemente reducir la polarización, pero una media de este tipo no es probable que ocurra en el futuro próximo”, señaló.

El informe se refiere, entre otros puntos, a la “cercana correlación entre desigualdad económica y polarización” política en los Estados Unidos. Ambas variables han ido de la mano en los últimos 50 años. “La hipótesis de la desigualdad puede explicar la reducción de la polarización durante la primera mitad del siglo XX, cuando la desigualdad económica se redujo dramáticamente en aquel período”. Algunos autores citados en el reporte señalan que “la desigualdad y la polarización están vinculadas por una relación dinámica (o ‘danza’) en la cual el aumento de la desigualdad generada por los crecientes mayores ingresos produce apoyo electoral a políticas conservadoras y facilita un movimiento hacia la derecha de los republicanos”.

¿Las recomendaciones del reporte? Salir de la “miopía” en las negociaciones y pasar hacia lo que se denomina “negociación deliberativa”. En ese tipo de diálogo “las partes comparten información, vinculan temas y se dedican a la solución conjunta de problemas”. Algunas de estas afirmaciones permiten al menos preguntarse si es que es tan simple el logro de acuerdos políticos duraderos o si caracterizar fenómenos como la polarización política es algo más complejo que denunciar a uno o dos dirigentes que dividirían de manera “artificial” a la sociedad.

Planteo algunas:

• ¿Cómo encararán oficialismo y oposición el primer “año once” de un gobierno en el poder? El período más extenso que la democracia argentina recuperada en 1983 conoció hasta el momento fue el que lideró Carlos Menem, con diez años y medio.

• La ausencia de elecciones que caracteriza a los “años pares” en la Argentina, ¿hará más o menos tensa la situación política? Sin elecciones, ¿será 2014 un “año de la economía? ¿Con qué nuevas herramientas lo encarará el Gobierno?

• ¿Cuántas coaliciones opositoras se conformarán para intentar derrotar al oficialismo en 2015? ¿Dos, una no peronista y una peronista disidente? ¿O más?

• ¿Cuál de las estrategias opositoras que comiencen a perfilarse el año próximo estará más cerca del éxito? ¿Aquellas que plantean un cambio de 180 grados con respecto a la gestión kirchnerista o las que prometen continuidad de ciertas políticas y cambios en otras?

• El Gobierno inició un diálogo “de gestión” con gobernadores alineados en la oposición. En las últimas semanas hubo expresiones públicas que revelaron coincidencias en temas concretos entre la Casa Rosada y, por ejemplo, Antonio Bonfatti (socialista de Santa Fe), Mauricio Macri (porteño, del PRO) y Daniel Peralta (santacruceño, del peronismo disidente). ¿Esa situación preanuncia algún cambio en el panorama político?

• ¿El Gobierno podría perder el respaldo de sectores aliados ante disidencias por temas puntuales? El tratamiento del proyecto de Código Civil y el ascenso de César Milani mostraron discrepancias entre dirigentes oficialistas.

• El oficialismo se perfila hacia un recambio presidencial sin un candidato con el apellido Kirchner en las boletas. ¿El Gobierno se inclinará a que las disputas en el Frente para la Victoria se diriman en internas abiertas o buscará apoyar a un único “candidato propio”?

• ¿Qué rol “político” buscará jugar la Iglesia católica, con el Papa Francisco a la cabeza? ¿Uno más prescindente o más activo y de protagonismo cuando comience a perfilarse el recambio presidencial?

• Dos “corporaciones” le dieron dolores de cabeza al Gobierno durante 2013: las policías provinciales, con las rebeliones de fin de año, y la Justicia, que bloqueó las reformas en ese poder aprobadas por el Congreso. ¿Habrá nuevos rounds en esa pelea durante 2014?

• Luego de la Tragedia de Once, el Gobierno desembolsó una multimillonaria inversión en los trenes metropolitanos. En 2014 se anuncia que estarán funcionando formaciones nuevas en casi todas las líneas que unen la capital y el Gran Buenos Aires. ¿Tendrá impacto político de esa nueva situación?

Esas son las primeras diez preguntas que se me ocurren. Seguramente irán surgiendo más, a la espera de nuevas respuestas.

Con esas durísimas palabras, el comité editorial de The New York Times se refirió el último martes a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que calificó como inconstitucional una sección de la Ley de Derechos Electorales (sancionada en 1965) que buscaba evitar la discriminación racial en estados con pasado segregacionista.

“La mayoría conservadora de la Corte Roberts (por el presidente del tribunal, el conservador designado por George W. Bush John Roberts) emitió este martes otro fallo dañino e intelectualmente deshonesto”, descerrajó el prestigioso diario.

El presidente norteamericano, Barack Obama, se mostró a su vez “profundamente decepcionado” por la decisión de la Corte -adoptada por cinco votos contra cuatro-, una medida que dejó en el limbo legal a una norma símbolo de la lucha por los derechos civiles en aquel país.

Un día después de este bombazo a la igualdad política en varios estados sureños de los Estados Unidos, la Corte emitió dos fallos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el sitio web Huffington Post, uno de sus editorialistas, evalúa ambas decisiones en conjunto. Y no duda entonces en definir al juez Roberts como el “político más astuto, manipulador y radical” en Washington. El analista señala:

“Políticamente, estos fallos tolerantes sobre el esquema social del país desvían la atención sobre el objetivo más profundo de la corte Roberts: eliminar al gobierno federal como un impedimento para el poder corporativo, provincial (estadual) y local. En otras palabras, desmantelar el marco de leyes progresistas y de decisiones judiciales que se remontan a Teddy Roosevelt, el New Deal y la Gran Sociedad”.

Otro columnista del New York Times, Richard Hansen, también nos recuerda esta semana: el juez Roberts es “un hombre paciente jugando un juego largo”.

Como vemos, los ministros de una Corte Suprema en cualquier sistema democrático y republicano, como pueden ser el norteamericano o el argentino, no son seres “intocables”, sino que se convierten en pedestres jugadores del juego del poder a través de sus decisiones.

Tienen así objetivos políticos que van mucho más allá de un supuesto rol de cierta imparcialidad. Calculan y miden sus jugadas. Cuentan con un enorme poder de fuego que en ocasiones algunos sectores pueden considerar -legítimamente- que avasalla al Congreso. Y no puede evaluarse por lo tanto que los duros cuestionamientos que reciben de otros dirigentes políticos o funcionarios, de sectores de la prensa o de ciudadanos de a pie, sean ataques ajenos al libre juego democrático.

¿Justicia? ¡Es política!