Para ser claros: el juez asume como propios todos los argumentos de los fondos buitre. Cada uno de los argumentos. Tanto de aquellos que son presentados en formato “técnico” ante los tribunales, como de una serie de conceptos “políticos” que estas empresas difunden principalmente a través de su grupo de lobby American Task Force Argentina (ATFA).

“Si es posible, sería bueno dejar de lado la retórica que consiste en publicidades a toda página en diarios”, dice Griesa en un pasaje de uno de sus monólogos. Con esas palabras supuestamente el magistrado hace referencia a las solicitadas publicadas por la Argentina para dar a conocer su posición a bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Sin embargo, enseguida, el magistrado comienza a desgranar una serie de argumentos de tono político que no están en otro lado más que en las solicitadas publicadas por ATFA en diarios de la Argentina y los Estados Unidos. “Las personas sufrirán por un default, sufrirán heridas reales. No serán buitres quienes sufran sino que sufrirá gente real”, enfatizó el juez.

Argumento calcado de los que ATFA dio a conocer en su más reciente solicitada.

Primero, al señalar Griesa que lo que ocurrirá el 30 de julio, en caso de que no se alcance un acuerdo entre la Argentina y los fondos buitre será un “default”. El argumento es rechazado por el Gobierno argentino, que indica que la Argentina pagó en tiempo y forma sus obligaciones de deuda -el ya conocido eslogan “Argentina paga”-. Griesa ni siquiera se esfuerza en utilizar los eufemismos “default técnico” o “default selectivo”. Default, directamente. Como dicen las solicitadas de ATFA.

Pero el juez y los fondos buitre coinciden hasta en las comas en sus advertencias: “Los que más sufrirán por un default será la gente en Argentina”, sostiene la organización de lobby, en lo que parece ser el guión original de Griesa.

Claro que ATFA basa sus afirmaciones a su vez en un trabajo “técnico” del economista argentino Claudio Loser, quien señala que un “default” tendrá consecuencias como “acelerar la inflación”, “aumentar la brecha cambiaria”, así como generar “extraordinarias presiones hacia los más vulnerables económicamente”.

Haciendo una especie de “playback”, Griesa advierte en la audiencia a los abogados de la Argentina que si no hay acuerdo “habrá default el 30 de julio”. Buen cristiano, después de todo, señala que eso es lo “peor” que puede pasar y que no “quiere” que ocurra.

Capítulo aparte es el desprecio con el que el magistrado se dirige a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la Argentina -sí, esos que elegimos los ciudadanos con nuestro voto- y al país en general. Dice el juez: “luego de defaultear alrededor de 2001 o cuando quiera que haya sido…”. ¿”Cuando quiera que haya sido”? Mirá vos.

Luego sigue, al describir que con los canjes de deuda de 2005 y 2010, “quizás el 90 por ciento o algo así” de los bonistas aceptaron esas ofertas de la Argentina. En otro pasaje: “Estuvimos 10, 11 años, lo que haya sido, con la República negándose a pagar los juicios…” (¿”90 por ciento o algo así”?¿“lo que haya sido”?).

Para referirse a la llamada “ley cerrojo” aprobada por el Congreso nacional -que impide más pagos a bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda- señala: “Creo que hubo leyes aprobadas por el Congreso, y así”. ¿”Creo…y así”?

Sí, es cierto. Como dice Griesa, van más de doce años del proceso de los fondos buitre contra la Argentina ante su juzgado en Nueva York. Pero su sesgado sentido de la palabra “Justicia” no deja de sorprender.

Al modo de esos hackers que ingresan en un sistema, mostrando las falencias de mecanismos de seguridad informática, la extensa disputa con los fondos buitre empieza, a esta altura, a generar fisuras entre sectores que suelen tener coincidencias en tiempos “normales”.

“Pocos países tienen los recursos políticos y económicos para pelear contra acreedores holdout por más de una década”, escribió hace poco la experta en reestructuraciones de deuda Anna Gelpern en una nota dada a conocer pocos días atrás.

El Gobierno nacional, de acuerdo a la legislación vigente y también por las condiciones que ofreció a los acreedores que aceptaron una reestructuración de deuda, tenía pocas opciones más que continuar adelante con el litigio judicial en el que finalmente decidió no intervenir la Corte Suprema de Estados Unidos, perjudicando en los hechos al país.

En este último tramo del proceso, comenzaron a generarse algunas opiniones y planteos que me parece interesante resaltar:

• Por un lado, la citada Gelpern -una catedrática que varias veces expresó que no tiene especial simpatía por la Argentina- sostuvo que afirmar que este caso no tendrá consecuencias para el sistema financiero internacional ya que el Gobierno llevó la situación hasta un extremo “único” -esto afirmaron tribunales norteamericanos- es “en el mejor de los casos ingenuo, en el peor, manipulador”.

• Martin Wolf, editor del diario Financial Times no es un amante de las políticas que lleva adelante el gobierno de Cristina Kirchner, ni casi ninguna administración sudamericana. Tiene diferencias fuertes con el creciente rol que el Estado tomó en la última década en la región. Pero no dejó pasar esta oportunidad para advertir a sus lectores que el fallo judicial norteamericano es impropio y perjudicial.

• Nouriel Roubini, economista de la Universidad de Nueva York conocido por haber previsto la última crisis financiera internacional, tuvo en su momento una interpretación distinta a la del Gobierno nacional sobre por qué hay inflación en el país. Dijo con claridad que, para él, ese fenómeno se da en por “el financiamiento monetario del gasto público”. Pero en el tema de la deuda pública, su postura se alineó con la de la gestión de Cristina Kirchner: “no se debe permitir a los holdouts bloquear reestructuraciones que benefician a deudores y acreedores”.

• El Bank of New York Mellon -encargado de transferir a bonistas los pagos que habitualmente realiza la Argentina- le advirtió ahora al juez Thomas Griesa que su fallo contra el país lo puede poner en aprietos legales. Se conoció también que un fondo de inversión -cuyos dueños seguramente están muy alejados de los planteos ideológicos de la presidenta Kirchner- le reclamó a ese banco que disponga hacer efectivos los pagos ya realizados por la Argentina, pero que bloqueó Griesa.

• También en el terreno político local se evidencian estas “fallas en la Matrix” que parece haber disparado el Gobierno argentino. Antes de que se concretara el fallo de la Corte Suprema norteamericana, el diputado Martín Lousteau decidió integrar una comisión multipartidaria que viajó a Washington. Sus aliados del Frente Amplio Unen -en particular la Coalición Cívica y la UCR- optaron por no concurrir.

• Del lado del peronismo, un economista siempre muy crítico de las políticas de la Casa Rosada, el expresidente del Banco Central Aldo Pignanelli, realizó sobre la cuestión de la deuda múltiples declaraciones a favor de los planteos que lleva adelante el Gobierno. Su tono de aval a la Casa Rosada por este tema difirió incluso de su ahora compañero en el Frente Renovador Martín Redrado.

Habrá que estar atentos porque todavía quedan varios capítulos para las interpretaciones cruzadas, cuando comiencen las negociaciones por el pago a los fondos buitre, luego del respaldo que recibieron por parte del sistema judicial norteamericano.