En el caso de la actualidad norteamericana, algunos datos hacen pensar que ese período especial ya habría comenzado. No se trata sólo de las especulaciones que indican que el opositor Partido Republicano podría sumar en estas elecciones clave el control del Senado al que ya tiene en la Cámara de Representantes. La actual campaña también da señales en el mismo sentido.

Los analistas evalúan que hay una decena de estados donde la disputa electoral será cabeza a cabeza para definir la mayoría en la Cámara alta. En uno de ellos, Kentucky, la candidata demócrata Alison Lundergan Grimes evitó varias veces la semana pasada ante periodistas responder una simple pregunta: si había votado en 2012 por el actual presidente.

Increíblemente se escudó en un planteo formal. Dijo que la Constitución estadual de Kentucky garantiza el “secreto” del voto y que no responderá por una “cuestión de principios”.

El contexto de su estrategia no se le escapa a nadie: la encuestadora Gallup considera que Obama enfrenta por estos días el nivel más alto de desaprobación durante su gestión, en torno al 55 por ciento.

Otro que dio una señal en el mismo sentido es el expresidente Bill Clinton. Se dice que en la política norteamericana, quienes dejan de ocupar la Casa Blanca se retiran de la política. No pareció ser este el caso. El exmandatario apareció en un acto de apoyo Mark Pryor, el candidato demócrata a ser reelecto por su estado, Arkansas, otro de los territorios donde hay un asiento indefinido.

“El Presidente es impopular en Arkansas”, dijo el propio Clinton, al dejar en claro el por qué de la ausencia del actual jefe de Estado en la mayoría de los actos de campaña de su partido en distintos puntos del país.

No sirve en política hacer paralelismos directos cuando se trata de contextos muy diferentes. Pero quizás estas imágenes sirvan para aclarar de qué se habla cuando se habla de “pato rengo” en un presidencialismo.

La centralidad política que aún conserva en la Argentina la presidenta Cristina Kirchner cuando se consulta a dirigentes y analistas oficialistas y opositores difiere de las escenas que acabamos de describir. Lo mismo ocurre cuando se ve la capacidad que conserva el Frente para la Victoria en el Congreso para convertir en ley los proyectos impulsados por el Ejecutivo. O la asiduidad con la que se ve a los precandidatos presidenciales del oficialismo en actos encabezados por la Presidenta.

Cuando falta algo más de un año para dejar su cargo, el “pato rengo” de la actual jefa de Estado parece moverse -todavía- con bastante agilidad.

Hay que recordar que en la última entrevista que ofreció, Cristina dijo que al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, le reconoce “una inmensa virtud: dice lo que piensa”. Destacó que el líder del PRO “no se disfraza”. O’Grady cumple a rajatabla con esa premisa. No la va de “periodista independiente”, como muchas plumas opositoras de la Argentina. Por caso, antes de las elecciones de 2012 en su país dijo que los dirigentes republicanos Ron Paul y Mitt Romney harían un “mejor” papel que Barack Obama en la Casa Blanca.

Aunque sus expresiones se reproducen en los medios argentinos como si fueran la voz de toda la prensa norteamericana o incluso de los Estados Unidos, O’Grady firma sus notas y habla desde un lugar. Un lugar que no es ni busca ser el de una presunta objetividad. La editorialista es republicana, conservadora y enemiga declarada de los gobiernos posneoliberales de la región. Sus ideas extremas y lindantes con el mal gusto quedan siempre expuestas:

• De Hugo Chávez dijo que encabezó un gobierno “militar”.
• De la Bolivia de Evo Morales, consideró hace tres meses que se trata de un Estado “fallido” comparable a Afganistán.
• Trató al Ecuador de Rafael Correa de “República bananera”.
• Amonestó a Michelle Bachelet por considerarla “admiradora de Fidel Castro”.

Apostaría que Cristina diría: “a Mary Anastasia O’Grady, respeto”.

Con esas durísimas palabras, el comité editorial de The New York Times se refirió el último martes a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que calificó como inconstitucional una sección de la Ley de Derechos Electorales (sancionada en 1965) que buscaba evitar la discriminación racial en estados con pasado segregacionista.

“La mayoría conservadora de la Corte Roberts (por el presidente del tribunal, el conservador designado por George W. Bush John Roberts) emitió este martes otro fallo dañino e intelectualmente deshonesto”, descerrajó el prestigioso diario.

El presidente norteamericano, Barack Obama, se mostró a su vez “profundamente decepcionado” por la decisión de la Corte -adoptada por cinco votos contra cuatro-, una medida que dejó en el limbo legal a una norma símbolo de la lucha por los derechos civiles en aquel país.

Un día después de este bombazo a la igualdad política en varios estados sureños de los Estados Unidos, la Corte emitió dos fallos a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En el sitio web Huffington Post, uno de sus editorialistas, evalúa ambas decisiones en conjunto. Y no duda entonces en definir al juez Roberts como el “político más astuto, manipulador y radical” en Washington. El analista señala:

“Políticamente, estos fallos tolerantes sobre el esquema social del país desvían la atención sobre el objetivo más profundo de la corte Roberts: eliminar al gobierno federal como un impedimento para el poder corporativo, provincial (estadual) y local. En otras palabras, desmantelar el marco de leyes progresistas y de decisiones judiciales que se remontan a Teddy Roosevelt, el New Deal y la Gran Sociedad”.

Otro columnista del New York Times, Richard Hansen, también nos recuerda esta semana: el juez Roberts es “un hombre paciente jugando un juego largo”.

Como vemos, los ministros de una Corte Suprema en cualquier sistema democrático y republicano, como pueden ser el norteamericano o el argentino, no son seres “intocables”, sino que se convierten en pedestres jugadores del juego del poder a través de sus decisiones.

Tienen así objetivos políticos que van mucho más allá de un supuesto rol de cierta imparcialidad. Calculan y miden sus jugadas. Cuentan con un enorme poder de fuego que en ocasiones algunos sectores pueden considerar -legítimamente- que avasalla al Congreso. Y no puede evaluarse por lo tanto que los duros cuestionamientos que reciben de otros dirigentes políticos o funcionarios, de sectores de la prensa o de ciudadanos de a pie, sean ataques ajenos al libre juego democrático.

¿Justicia? ¡Es política!