Para ser claros: el juez asume como propios todos los argumentos de los fondos buitre. Cada uno de los argumentos. Tanto de aquellos que son presentados en formato “técnico” ante los tribunales, como de una serie de conceptos “políticos” que estas empresas difunden principalmente a través de su grupo de lobby American Task Force Argentina (ATFA).

“Si es posible, sería bueno dejar de lado la retórica que consiste en publicidades a toda página en diarios”, dice Griesa en un pasaje de uno de sus monólogos. Con esas palabras supuestamente el magistrado hace referencia a las solicitadas publicadas por la Argentina para dar a conocer su posición a bonistas que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Sin embargo, enseguida, el magistrado comienza a desgranar una serie de argumentos de tono político que no están en otro lado más que en las solicitadas publicadas por ATFA en diarios de la Argentina y los Estados Unidos. “Las personas sufrirán por un default, sufrirán heridas reales. No serán buitres quienes sufran sino que sufrirá gente real”, enfatizó el juez.

Argumento calcado de los que ATFA dio a conocer en su más reciente solicitada.

Primero, al señalar Griesa que lo que ocurrirá el 30 de julio, en caso de que no se alcance un acuerdo entre la Argentina y los fondos buitre será un “default”. El argumento es rechazado por el Gobierno argentino, que indica que la Argentina pagó en tiempo y forma sus obligaciones de deuda -el ya conocido eslogan “Argentina paga”-. Griesa ni siquiera se esfuerza en utilizar los eufemismos “default técnico” o “default selectivo”. Default, directamente. Como dicen las solicitadas de ATFA.

Pero el juez y los fondos buitre coinciden hasta en las comas en sus advertencias: “Los que más sufrirán por un default será la gente en Argentina”, sostiene la organización de lobby, en lo que parece ser el guión original de Griesa.

Claro que ATFA basa sus afirmaciones a su vez en un trabajo “técnico” del economista argentino Claudio Loser, quien señala que un “default” tendrá consecuencias como “acelerar la inflación”, “aumentar la brecha cambiaria”, así como generar “extraordinarias presiones hacia los más vulnerables económicamente”.

Haciendo una especie de “playback”, Griesa advierte en la audiencia a los abogados de la Argentina que si no hay acuerdo “habrá default el 30 de julio”. Buen cristiano, después de todo, señala que eso es lo “peor” que puede pasar y que no “quiere” que ocurra.

Capítulo aparte es el desprecio con el que el magistrado se dirige a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la Argentina -sí, esos que elegimos los ciudadanos con nuestro voto- y al país en general. Dice el juez: “luego de defaultear alrededor de 2001 o cuando quiera que haya sido…”. ¿”Cuando quiera que haya sido”? Mirá vos.

Luego sigue, al describir que con los canjes de deuda de 2005 y 2010, “quizás el 90 por ciento o algo así” de los bonistas aceptaron esas ofertas de la Argentina. En otro pasaje: “Estuvimos 10, 11 años, lo que haya sido, con la República negándose a pagar los juicios…” (¿”90 por ciento o algo así”?¿“lo que haya sido”?).

Para referirse a la llamada “ley cerrojo” aprobada por el Congreso nacional -que impide más pagos a bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda- señala: “Creo que hubo leyes aprobadas por el Congreso, y así”. ¿”Creo…y así”?

Sí, es cierto. Como dice Griesa, van más de doce años del proceso de los fondos buitre contra la Argentina ante su juzgado en Nueva York. Pero su sesgado sentido de la palabra “Justicia” no deja de sorprender.

Desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos dejó firme un fallo que perjudica a la Argentina, los lobbistas de ATFA comenzaron a moverse con más rapidez: montaron un nuevo sitio web y lanzaron una campaña con avisos publicitarios contra las posiciones del Gobierno y dos de sus representantes viajaron a la Argentina para reunirse con periodistas locales.

Desde su renovada cara en Internet -más bien un blog- ATFA da a conocer sus posiciones y campañas y también difunde notas aparecidas en medios de prensa internacionales y locales -si son en inglés, las traduce sin demasiada pericia al español y viceversa-: últimamente resaltó opiniones del economista José Luis Espert.

Además recomienda leer informes que considera positivos para sus posturas, como uno del economista Claudio Loser u otro de la consultora Poliarquía.

El sitio va sufriendo modificaciones: por ejemplo, cuando lo dieron a conocer, en el encabezado se veía un reloj que indicaba cuánto tiempo había pasado la Argentina “sin negociar” a partir del fallo de la Corte Suprema, pero luego de que el ministro Axel Kicillof viajó a Nueva York a reunirse con el mediador impuesto por el juez Thomas Griesa, el reloj comenzó a marcar cuánto falta para el “default” argentino que -según su posición- sobrevendría a fin de mes.

En la cumbre de los BRICS en Brasil, la presidenta Cristina Kirchner nombró a la organización y cuestionó una nota publicada en sus sitio web y luego ATFA le respondió a la mandataria a través de una nota escrita con una mezcla de humor malo, gusto dudoso y cierta falta de respeto.

“Los líderes de Argentina dan la impresión de ignorar estas duras verdades, pero no están completamente ajenos a su realidad. Saben que si renuncian al acceso a los mercados de capitales y a la inversión extranjera directa que tanto necesitan, tendrán que hipotecar Vaca Muerta a los rusos y a los chinos”, dice ATFA, en una retórica que hace recordar a los lejanos tiempos de la guerra fría.

En el mismo texto también se indicó: “Es por eso que la Presidente Kirchner viajó a Brasil: no fue para alentar a la selección nacional en la final de la Copa Mundial, sino para ofrecer los recursos naturales de su país a Rusia y a China a cambio de nuevas líneas de crédito”. Groserías y provocaciones que luego a su vez son tomadas como válidas por algunos medios de prensa internacionales. Conceptos que lucen bastante alejadas de un caso que suele presentarse por algunos sectores a la opinión pública como una cuestión “legal”, “técnica”, ascéptica.

A esta “ONG” parece no irle nada mal. Según la información publicada en el sitio opensecrets.org en base a las declaraciones que legalmente este tipo de organizaciones deben presentar por hacer lobby ante congresistas y funcionarios norteamericanos, desde 2007 llevan gastados casi 5 millones de dólares en sus tareas. En su caso, básicamente contratar firmas de lobby que caminan los pasillos del Capitolio y de agencias federales del gobierno norteamericano con el objetivo de impulsar leyes y declaraciones que perjudiquen a la Argentina.

Como puede verse en el gráfico, la “fuerza” de ATFA aumentó durante el fin del primer mandato y el comienzo del segundo mandato de Cristina, cuando pasó a gastar casi un millón de dólares anuales en este tipo tareas.

Las afirmaciones corresponden a un cuento de hadas que quieren hacer creer algunos periodistas, varios economistas y también dirigentes opositores como Martín Redrado, Sergio Massa o Elisa Carrió.

En contra de esa visión, esta semana, el diario británico The Independent describió cómo los fondos buitre que litigan contra la Argentina tienen posiciones para nada “técnicas” que se parecen más bien a las que tendría algún militante político. Se informa allí sobre cómo estos empresarios se ocupan de hacer creer que no sólo quieren ganar millones con este tipo de juicios por deudas sino que a la vez cumplen una misión beneficiosa para el mundo.

En esa nota se indica que “los buitres sostienen que, si no fuera por la amenaza de batallas incesantes e inquebrantables en las salas de Justicia, los dictadores de pacotilla, cleptócratas y los viejos líderes populistas irresponsables nada evitaría que ellos acumulen grandes deudas, malgasten (o roben) el dinero, y luego desaparezcan”.

The Independent cita declaraciones del dueño de un fondo buitre, Peter Grossman, que en su momento ganó junto con el magnate Paul Singer, titular del fondo NML, un pleito judicial contra la República Democrática del Congo: “Si los gobiernos eligieran manejar apropiadamente estos recursos, eso significaría considerablemente más fondos para educación, salud y programas de desarrollo, y para resolver sus obligaciones legales justa, responsable y transparentemente”.

En las últimas horas también se conoció una muy interesante nota del economista y columnista de numerosos medios internacionales Mark Weisbrot titulada “¿Quién le disparó a Argentina?”, que puede ilustrarnos un poco más sobre quiénes son y cómo se manejan los fondos buitre.

Weisbrot recordó que los lobbistas de los fondos buitre nucleados en la organización American Task Force Argentina (ATFA) está liderados por un grupo de ex funcionarios de la administración Clinton y que el año pasado gastó más de un millón de dólares en sus actividades.

El economista, habitual columnista de medios como The New York Times y Folha de Sao Paulo, también apuntó contra congresistas republicanos ultra-conservadores del Estado de Florida como brazo de los fondos buitre.

Recordó que en abril pasado, el Secretario del Tesoro norteamericano, Jacob Lew, un señor que firma los billetes llamados dólares, fue agresivamente interrogado en el Congreso por el diputado Mario Díaz-Balart, un anti- castrista sobrino de la primera esposa de Fidel Castro. Para Weisbrot, el legislador “es parte de los ‘duros’ del lobby anti-cubano que, como los neoconservadores en general, ve a todos los gobiernos de América Latina como enemigos que lucirían mucho mejor fuera del poder”.

De acuerdo a la nota, en una presentación ante el Congreso, Díaz-Balart desarrolló un “interrogatorio agresivo” contra Lew para que dijera -como si hubiera sido un delito- si había influido en algo para lograr que México realizara una presentación a favor de la Argentina ante la Corte Suprema norteamericana.

Todo esto para no comentar que hace menos de una semana, Singer, el dueño del fondo buitre que litiga contra la Argentina, donó un millón de dólares a un grupo de republicanos que financian campañas de candidatos de ese partido en todo Estados Unidos, liderado por el estratega conservador Karl Rove.

Quizás haya que pensar entonces que estos fondos son mucho más que empresas que se manejan dentro de los márgenes de la ley y “técnicamente” dentro de las Cortes. Que todo el tiempo hacen “política”. Que su negocio es hacer “política” -en este caso contra la Argentina y su gobierno. Y que todo este conflicto dista de ser una cuestión “ascéptica” que se resuelve tan sólo con buenos abogados.