Las afirmaciones corresponden a un cuento de hadas que quieren hacer creer algunos periodistas, varios economistas y también dirigentes opositores como Martín Redrado, Sergio Massa o Elisa Carrió.

En contra de esa visión, esta semana, el diario británico The Independent describió cómo los fondos buitre que litigan contra la Argentina tienen posiciones para nada “técnicas” que se parecen más bien a las que tendría algún militante político. Se informa allí sobre cómo estos empresarios se ocupan de hacer creer que no sólo quieren ganar millones con este tipo de juicios por deudas sino que a la vez cumplen una misión beneficiosa para el mundo.

En esa nota se indica que “los buitres sostienen que, si no fuera por la amenaza de batallas incesantes e inquebrantables en las salas de Justicia, los dictadores de pacotilla, cleptócratas y los viejos líderes populistas irresponsables nada evitaría que ellos acumulen grandes deudas, malgasten (o roben) el dinero, y luego desaparezcan”.

The Independent cita declaraciones del dueño de un fondo buitre, Peter Grossman, que en su momento ganó junto con el magnate Paul Singer, titular del fondo NML, un pleito judicial contra la República Democrática del Congo: “Si los gobiernos eligieran manejar apropiadamente estos recursos, eso significaría considerablemente más fondos para educación, salud y programas de desarrollo, y para resolver sus obligaciones legales justa, responsable y transparentemente”.

En las últimas horas también se conoció una muy interesante nota del economista y columnista de numerosos medios internacionales Mark Weisbrot titulada “¿Quién le disparó a Argentina?”, que puede ilustrarnos un poco más sobre quiénes son y cómo se manejan los fondos buitre.

Weisbrot recordó que los lobbistas de los fondos buitre nucleados en la organización American Task Force Argentina (ATFA) está liderados por un grupo de ex funcionarios de la administración Clinton y que el año pasado gastó más de un millón de dólares en sus actividades.

El economista, habitual columnista de medios como The New York Times y Folha de Sao Paulo, también apuntó contra congresistas republicanos ultra-conservadores del Estado de Florida como brazo de los fondos buitre.

Recordó que en abril pasado, el Secretario del Tesoro norteamericano, Jacob Lew, un señor que firma los billetes llamados dólares, fue agresivamente interrogado en el Congreso por el diputado Mario Díaz-Balart, un anti- castrista sobrino de la primera esposa de Fidel Castro. Para Weisbrot, el legislador “es parte de los ‘duros’ del lobby anti-cubano que, como los neoconservadores en general, ve a todos los gobiernos de América Latina como enemigos que lucirían mucho mejor fuera del poder”.

De acuerdo a la nota, en una presentación ante el Congreso, Díaz-Balart desarrolló un “interrogatorio agresivo” contra Lew para que dijera -como si hubiera sido un delito- si había influido en algo para lograr que México realizara una presentación a favor de la Argentina ante la Corte Suprema norteamericana.

Todo esto para no comentar que hace menos de una semana, Singer, el dueño del fondo buitre que litiga contra la Argentina, donó un millón de dólares a un grupo de republicanos que financian campañas de candidatos de ese partido en todo Estados Unidos, liderado por el estratega conservador Karl Rove.

Quizás haya que pensar entonces que estos fondos son mucho más que empresas que se manejan dentro de los márgenes de la ley y “técnicamente” dentro de las Cortes. Que todo el tiempo hacen “política”. Que su negocio es hacer “política” -en este caso contra la Argentina y su gobierno. Y que todo este conflicto dista de ser una cuestión “ascéptica” que se resuelve tan sólo con buenos abogados.

Lo hicieron a partir de las declaraciones en las que Mauricio Macri aludió a la existencia de un “círculo rojo” en el país, que integran personas “del hacer” y “del pensar” entre las que no descartó que estén incluidos los dueños del Grupo Clarín.

A partir de la controversia, los dirigentes del PRO salieron a la prensa a ensayar explicaciones contradictorias, pero en las que en todos los casos minimizaron la situación y se mostraron risueños con respecto a que haya sectores que intenten que la presidenta Cristina Kirchner no termine su mandato. No son los únicos. Periodistas y algunos conductores de programas de entretenimiento también optaron por reírse de esas especulaciones. Analicemos con algunos datos en la mano si el final anticipado de un presidente es una posibilidad real o no en esta región del mundo.

En un estudio de 2008, el politólogo de la Universidad de Oslo Leiv Marsteintredet señaló que desde que comenzó el proceso de redemocratización en América Latina, se registraron “18 casos de interrupciones presidenciales”, fenómeno que comenzó en 1985, cuando Hernán Siles Zuazo renunció y convocó a elecciones anticipadas en Bolivia. La lista se completa de esta manera:

Fernando Collor de Melo (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999) fueron removidos por medio de juicio político. Renunciaron a sus cargos Raúl Alfonsín (Argentina, 1989), Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1993), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Hugo Bánzer (Bolivia, 2001), Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) y Carlos Mesa (Bolivia, 2005). Renunciaron y convocaron a elecciones en forma anticipada, además del boliviano Siles Zuazo, Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Valentín Paniagua (Perú, 2001), Eduardo Duhalde (Argentina, 2003), Enrique Rodríguez (Bolivia, 2005). A su vez, fueron declarados incapaces por el Congreso Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997) y Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005).

Habría que sumar al listado el golpe contra Manuel Zelaya, en Honduras en 2009, y la remoción de Fernando Lugo, en Paraguay el año pasado, dos episodios en los que se dejó ver la larga mano de los intereses de los Estados Unidos en la región.

En otro estudio publicado en 2008, la politóloga Kathryn Hochstetler (University of New Mexico) realizó una evaluación del período 1978-2003 sólo en Sudamérica. Y determinó que “de los cuarenta presidentes cuyos mandatos terminaron a finales de 2003, dieciséis de ellos (40 %) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta terminar su mandato y nueve (23 %) terminaron sus mandatos ‘fijos’ antes”. Para Hochstetler, los “desafíos” a los presidentes provienen de protestas callejeras o del Congreso. O de ambos a la vez. Surge del estudio una clave: de los presidentes que enfrentaron fuertes protestas callejeras, sólo uno resistió en su cargo. De aquellos que fueron desafiados en la calle y en el Congreso, fue también uno sólo el que resistió. Y de aquellos a los que el Congreso intentó destituir en soledad, todos lograron permanecer en sus cargos.

Más allá de los detalles y una vez evaluados este tipo de episodios en la región, ¿sigue pareciendo que es como para reírse hablar de finales anticipados de mandatos presidenciales?

Esta semana se conoció una encuesta de Gallup, según la que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cayó en la consideración pública del 46 al 21%. En el centro del malhumor social aparece la actitud del Gobierno frente a una protesta de campesinos: el 81% de los consultados dijo que desaprueba cómo actuó el jefe de Estado frente a esa cuestión. En Perú, se difundió el mes pasado una encuesta de la consultora GFK que determinó una merma en la aprobación de Ollanta Humala del 32 al 26%. El 54% se mostró de acuerdo con la idea de que el presidente “no combate la delincuencia”, el 51% evaluó que “no cumple con sus promesas”, en tanto que el 48% se mostró preocupado porque “los precios están subiendo”. En tanto, IPSOS-Perú detectó una caída de 4 puntos en la imagen de Humala, que quedó en torno al 29%. “No gobernamos con encuestas, eso déjenlo para los opinólogos”, replicó el presidente.

En Chile, la última medición sobre la imagen del presidente Sebastián Piñera es de julio pasado, de la empresa Adimark. Marca una caída de 2 puntos con respecto al sondeo anterior, para ubicarse en 37%. La desaprobación al mandatario trasandino es de 53% (subió 2 puntos). Cuando se pregunta con el Gobierno, el respaldo es menor: 32%. Al momento de producirse el rescate de los 33 mineros, en 2010, la aprobación de Piñera era casi 30 puntos mayor. El aspecto más criticado de la gestión de Piñera es la política de seguridad: 83% de rechazo. El oficialismo chileno corre muy detrás de la opositora Michelle Bachelet, de cara a las presidenciales de este año.

En México, el sitio web Adnpolítico compiló nueve encuestas para determinar la evolución de la imagen de Peña Nieto en nueve meses de gestión. La aprobación a su figura sigue alta, en torno al 54%. Pero la desaprobación subió: pasó de 30 a 36%. Embarcado en varias reformas, la semana pasada el dirigente del PRI tuvo que cambiar el lugar y el momento en el que dio su primer Informe de Gobierno, por protestas de docentes.

Si vamos al Mercosur, la situación de 2013 también muestra sus tensiones.

En la Argentina, el oficialismo viene de enfrentar una elección primaria con un mal resultado, equiparable al de las legislativas de 2009. En Venezuela, Nicolás Maduro logró ser electo por muy poca diferencia de votos, ante el principal líder opositor, Henrique Capriles. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, enfrentó las protestas más importantes de las que se tenga memoria en el país vecino. Y luego de un pico de popularidad en marzo pasado (63%) cayó más de 30 puntos en junio. Ahora, su imagen se recuperó algo, hasta el 36%. En Uruguay, el mes pasado se conoció un sondeo de la consultora Equipos Mori, que reveló una caída de 5 puntos en la aprobación de José Mujica (quedó en 38%). Así, un 40% de los uruguayos expresó desaprobación por la gestión del Frente Amplio. Fue la primera vez que el rechazo superó a la aprobación.

A salvo del cimbronazo parecen haber quedado dos mandatarios: Evo Morales (Bolivia) alcanzó el mes pasado un nivel de aprobación del 59% -en octubre de 2012 estaba en 54%-, de acuerdo a un sondeo realizado por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. En febrero pasado, el ecuatoriano Rafael Correa logró su reelección con más del 56% de los votos y con una diferencia de más de 30 puntos sobre su principal contendiente.

La “variable regional” no explica de por sí la situación de cada uno de los países. Pero habrá que empezar a incorporarla, si es que se quiere tener un panorama más completo de lo que pasa en cada Estado de nuestro continente en este muy movido “año 13”.

Una primera pregunta que sirve como parámetro para empezar comprender las protestas registradas esta semana en Brasil es desentrañar si se trata de manifestaciones más parecidas a las que tuvieron lugar hace en Chile para exigir “educación gratuita y de calidad” o a los “cacerolazos” (“8N! y “18A”) en la Argentina.

Las manifestaciones de los jóvenes chilenos tuvieron la clara intención de reclamar mayor presencia del Estado para consagrar la educación como “derecho” y restringir la presencia de mecanismos de mercado en ese servicio público. En la Argentina los motivos de los “cacerolazos” fueron múltiples. Mi impresión es que en general no se pedía “más Estado” -salvo por la idea de más y mejor “seguridad”-. Lo “no dicho” de las protestas de noviembre y abril pasados en la Argentina fue el malhumor de un sector importante de la sociedad por las restricciones a la compra de dólares para atesoramiento.

En Brasil vimos, por un lado a sectores en la protesta que no son la “base” del oficialista PT. No son las “nuevas clases medias” que acaban de mejorar su nivel de consumo y de vida en las favelas, ni los sectores sociales del Nordeste brasileño, que recién ahora ven ante sí cierta presencia del Estado. A su vez, muestran consignas más “populares” que las del 8N y el 18A argentinos: el detonante es un aumento en la tarifa del transporte público y se habla también de salud y educación.

Ningún país de la región es igual a otro. Así, por ejemplo, si ordenamos las “transiciones” a la democracia en “el ABC” diremos que Chile tuvo el proceso más “negociado” con el régimen militar -con una constitución que lleva la marca del pinochetismo-; le sigue Brasil, que recién por estos días tiene en funcionamiento una “Comisión de la Verdad”, comparable a nuestra Conadep de 1984 y luego la Argentina, con el conocido “derrumbe” de la dictadura tras derrota en la guerra de Malvinas. Los fenómenos sociales no son por lo tanto “equiparables”. Sirve, más bien, sumar elementos, ponerlos en contexto, compararlos y tomar las conclusiones siempre “con pinzas”.

Agrego cuatro datos:

• El New York Times publicó una serie de gráficos en los que demostró que las tarifas de colectivos aumentaron bastante por encima de la tasa de inflación en los últimos años en Brasil. Y lo mismo ocurrió con los costos de los servicios privados de salud.
• Se habló la semana pasada de una caída en los índices de imagen de Dilma Rousseff. El politólogo André Singer destacó en una nota reciente de Folha de Sao Paulo que esa caída fue mucho más pronunciada en los sectores más acomodados de la sociedad.La aprobación hacia la presidenta brasileña entre quienes cobran más de diez salarios mínimos en Brasil era del 60 por ciento el año pasado y en la actualidad es del 43 por ciento, de acuerdo a la consultora Datafolha. Diecisiete puntos porcentuales menos, cuando esa caída entre quienes cobran hasta cinco salarios mínimos ha sido de 6 puntos.
• El sociólogo Emir Sader, alineado con el PT, señaló a través de una red social mientras las protestas se desarrollaban que una “fragilidad fundamental” del Gobierno brasileño ha sido la “ausencia de políticas específicas para la juventud”.
• Todas las encuestas difundidas en los últimos días en Brasil indican que Dilma Rousseff (se conoció en las últimas horas una de IBOPE) tiene una imagen positiva que supera el 55 por ciento y que está en carrera para ser reelecta en primera vuelta el año próximo.