Esta semana, todos los medios de prensa internacionales mostraron mapas donde, además de  la Antártida -que no suele tomarse en cuenta en términos estadísticos- había otra región sin mancha alguna. Se trató de América Latina, como el único (sub) continente del mundo donde ningún país colaboró con el programa de torturas llevado adelante por la CIA entre 2002 y 2009.

Según surge de lecturas de la prensa norteamericana del reporte dado a conocer por el Senado estadounidense -en el que no figuraron nombres de Estados extranjeros pero sí información que permitía determinar de cuáles se trataba- en las demás regiones del planeta, 54 gobiernos colaboraron de alguna manera con este tipo de prácticas aberrantes.

Así, cinco países (dos asiáticos y tres de Europa del Este) permitieron la instalación de prisiones secretas de la Central de Inteligencia estadounidense.

Otros once países, esta vez africanos y asiáticos, permitieron a la CIA realizar interrogatorios en sus propias instalaciones.

Cincuenta y cuatro gobiernos de Europa, Africa, Asia y Oceanía le pasaron información sobre presuntos sospechosos que eran ciudadanos de su país a los agentes de inteligencia norteamericanos. También permitieron el tránsito de prisioneros ilegales hacia los países en los que se hacían los interrogatorios -alejados a propósito del otra veces largo brazo de la ley y la Justicia norteamericanas.

En algunos de los casos, el reporte indica que la CIA pagó millones de dólares en efectivo a gobiernos extranjeros para colaborar con las actividades.

Que América Latina no haya estado involucrada a estas situaciones puede analizarse de distintas maneras.

Por un lado, es cierto la mirada de Washington se posó en otras regiones del mundo a las que consideró más “estratégicas” luego del 11 de Septiembre de 2011. No lo es menos que desde ese momento también la capacidad de influencia política y económica de los Estados Unidos en la región disminuyó. Buena parte del continente, sobre todo Sudamérica, comenzó a ensayar entonces su “giro a la izquierda”, que implicó un fortalecimiento del rol del Estado y políticas que comenzaron a despegarse de las del gran país del Norte en distintos foros internacionales.

Pero por otra parte, América Latina profundizó una serie de políticas a favor de los derechos humanos. Las acciones que llegaron más lejos en este sentido, con juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollan hasta el día de hoy se dieron en la Argentina. Pero también los vecinos Chile, Uruguay y Brasil realizaron avances judiciales o investigaciones para determinar qué ocurrió con prácticas de tortura y desaparición en la década del 70 en esta parte del mundo. Hasta Centroamérica,  mucho más permeable a la influencia norteamericana, también llegó la revisión del pasado reciente y la condena de crímenes contra la humanidad. Fue en el caso de Guatemala, con la condena a genocidio al exdictador  Efraín Ríos Montt. Y también México está viviendo por estos días condenas sociales masivas a prácticas aberrantes como es la desaparición forzada de 43 estudiantes en el estado de Guerrero.

Todas estas situaciones políticas y el mapa en blanco de los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con respecto a la colaboración con acciones de tortura de la CIA no pueden pensarse por separado.

Debe ser también una preocupación para quienes llevaron adelante este tipo de delitos saber que en algunos de los países del Sur existe doctrina jurídica que indica que crímenes como esos son ofensas contra toda la humanidad y que por lo tanto no sólo no prescriben, sino que pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo.

Lo hicieron a partir de las declaraciones en las que Mauricio Macri aludió a la existencia de un “círculo rojo” en el país, que integran personas “del hacer” y “del pensar” entre las que no descartó que estén incluidos los dueños del Grupo Clarín.

A partir de la controversia, los dirigentes del PRO salieron a la prensa a ensayar explicaciones contradictorias, pero en las que en todos los casos minimizaron la situación y se mostraron risueños con respecto a que haya sectores que intenten que la presidenta Cristina Kirchner no termine su mandato. No son los únicos. Periodistas y algunos conductores de programas de entretenimiento también optaron por reírse de esas especulaciones. Analicemos con algunos datos en la mano si el final anticipado de un presidente es una posibilidad real o no en esta región del mundo.

En un estudio de 2008, el politólogo de la Universidad de Oslo Leiv Marsteintredet señaló que desde que comenzó el proceso de redemocratización en América Latina, se registraron “18 casos de interrupciones presidenciales”, fenómeno que comenzó en 1985, cuando Hernán Siles Zuazo renunció y convocó a elecciones anticipadas en Bolivia. La lista se completa de esta manera:

Fernando Collor de Melo (Brasil, 1992), Carlos Andrés Pérez (Venezuela, 1993), Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999) fueron removidos por medio de juicio político. Renunciaron a sus cargos Raúl Alfonsín (Argentina, 1989), Jorge Serrano Elías (Guatemala, 1993), Alberto Fujimori (Perú, 2000), Hugo Bánzer (Bolivia, 2001), Fernando de la Rúa (Argentina, 2001), Gonzalo Sánchez de Lozada (Bolivia, 2003) y Carlos Mesa (Bolivia, 2005). Renunciaron y convocaron a elecciones en forma anticipada, además del boliviano Siles Zuazo, Joaquín Balaguer (República Dominicana, 1996), Valentín Paniagua (Perú, 2001), Eduardo Duhalde (Argentina, 2003), Enrique Rodríguez (Bolivia, 2005). A su vez, fueron declarados incapaces por el Congreso Abdalá Bucaram (Ecuador, 1997) y Lucio Gutiérrez (Ecuador, 2005).

Habría que sumar al listado el golpe contra Manuel Zelaya, en Honduras en 2009, y la remoción de Fernando Lugo, en Paraguay el año pasado, dos episodios en los que se dejó ver la larga mano de los intereses de los Estados Unidos en la región.

En otro estudio publicado en 2008, la politóloga Kathryn Hochstetler (University of New Mexico) realizó una evaluación del período 1978-2003 sólo en Sudamérica. Y determinó que “de los cuarenta presidentes cuyos mandatos terminaron a finales de 2003, dieciséis de ellos (40 %) experimentaron desafíos para continuar en su cargo hasta terminar su mandato y nueve (23 %) terminaron sus mandatos ‘fijos’ antes”. Para Hochstetler, los “desafíos” a los presidentes provienen de protestas callejeras o del Congreso. O de ambos a la vez. Surge del estudio una clave: de los presidentes que enfrentaron fuertes protestas callejeras, sólo uno resistió en su cargo. De aquellos que fueron desafiados en la calle y en el Congreso, fue también uno sólo el que resistió. Y de aquellos a los que el Congreso intentó destituir en soledad, todos lograron permanecer en sus cargos.

Más allá de los detalles y una vez evaluados este tipo de episodios en la región, ¿sigue pareciendo que es como para reírse hablar de finales anticipados de mandatos presidenciales?