El proyecto del Gobierno, entre sus puntos más “destacados”, establece los plazos de las concesiones en 25 años para el petróleo y gas convencional y 35 años para el no convencional, pudiendo las empresas pedir prórroga de 10 años más en ambos casos. Asimismo dispone un tope de 12%  para el cobro de regalías (que se pueden reducir a 5% si la autoridad provincial o nacional lo dispone) y, en caso de prórroga, se establece un porcentaje del 18%. También se baja el piso para entrar al “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” (decreto 929/13) a 250 millones de dólares en 3 años, cuando aquel decreto establecía U$S 1.000 millones en 5 años. Una vez cumplidos esos 3 años, se permite exportar con 0% de alícuota un 20% de lo producido en el caso del petróleo y gas convencional y no convencional, y un 60% del “off shore”.

Además, el proyecto oficial plantea la prórroga de jurisdicción a los tribunales de Estados Unidos y Francia ante eventuales litigios entre las partes. Es decir, podrán ser futuros Griesa los que tengan en sus manos la resolución de los mismos. Una vez más, el gobierno resuelve la disyuntiva “patria o buitres” en favor de los “buitres”.

Si, como todo indica, se termina sancionando esta nueva ley de hidrocarburos, el Congreso Nacional estaría generalizando y transformando en nuevo marco legal el acuerdo entreguista sellado en el 2013 con la norteamericana Chevron para el yacimiento Loma Campana, en la formación Vaca Muerta. Acuerdo que se votó en la Legislatura de Neuquén bajo una dura represión del gobierno del MPN a quienes se manifestaban en contra del mismo, con un herido de bala de plomo.  Por haber sido parte de aquella movilización le iniciaron una causa penal a nuestro diputado provincial del PTS y el Frente de Izquierda Raúl Godoy.

En oposición al proyecto de ley oficial, desde el PTS elaboramos un proyecto de ley alternativo, acompañado por el resto de los diputados del FIT Pablo López y Néstor Pitrola, en el cual proponemos la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo la administración de los trabajadores.

Nuestro proyecto se propone derogar toda la legislación vigente en materia de hidrocarburos, incluyendo el andamiaje legal que permitió la privatización de YPF en los 90’ y que fue acompañado por Kirchner y los gobernadores de las provincias petroleras, y anular las actuales concesiones a empresas privadas. Se crea la empresa 100% estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), expropiando toda la estructura, bienes muebles e inmuebles de todos los procesos relacionados con la industria hidocarburífera, y se establece el control obrero sobre la exploración, extracción, producción, refinación, transporte, almacenamiento, comercialización y toda actividad relacionada con los hidrocarburos. A tal fin proponemos la creación de un Consejo General de la Industria Hidrocarburífera encargado de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas al sector, donde también tengan participación representantes de pueblos originarios, ambientalistas y profesionales de las universidades públicas.

Y en nuestro proyecto somos claros en relación a la utilización del “fracking” como método de extracción de gas y petróleo, prohibiéndolo en todo el territorio nacional. Empresas como Chevron o Total vienen a nuestro país a utilizar un método altamente contaminante que ha sido prohibido en sus países de origen, tanto en Francia como en varios Estados de Norteamérica.

Este es el único proyecto presentado desde la oposición en el Congreso en relación al debate de una nueva ley de hidrocarburos, y desde el PTS pelearemos porque sea tratado conjuntamente con el proyecto del oficialismo.

Si tenemos en cuenta que hoy en la Argentina la mitad de los asalariados percibe menos de cuatro mil pesos mensuales, que casi el 80% de los jubilados gana la mínima de 2.800, que las asignaciones por hijo son de 460 pesos y que todos los que viven de su trabajo perdieron en los últimos tres meses alrededor del 20% de su poder de compra por la imparable inflación, podemos decir que el sueldo de los diputados es una verdadera provocación. Esta se agrava porque el anuncio se hace en las vísperas del inicio de las paritarias, a las que tanto los empresarios como el Gobierno buscan poner un techo para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.

Una de las primeras que se vienen es la de los docentes. Una maestra que tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la provincia de Buenos Aires, con nueve años de antigüedad, percibe hoy 3.835 de bolsillo por cargo, el 7,67 % de lo que a partir de febrero va a pasar a cobrar un diputado. ¿Por qué un diputado -por no hablar del resto de los funcionarios políticos- se lleva por mes trece veces más de lo que se lleva una maestra de grado? Uno de los ejes de nuestra campaña electoral en Mendoza fue “que todo funcionario político gane lo mismo que un docente”, y así debe ser.

La explicación de semejante dislate es sencilla. Se premia a los políticos para perpetuar este sistema de explotación en el que, una vez más, buscan que la crisis la paguemos los trabajadores, ahora con tarifazos, inflación y “cepo” salarial. Para garantizar normas y fallos favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, operadores de bolsa, terratenientes y multinacionales es necesaria una buena paga.

Como nos comprometimos públicamente, la dieta que percibiremos es de 8.500 pesos, que es lo que hoy se calcula que cuesta una canasta familiar. El resto va a un fondo para promover y apoyar las luchas de los trabajadores y sectores populares. En las últimas semanas ya aportamos varios pasajes aéreos para la campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras, Santa Cruz, condenados a perpetua en un juicio viciado y nulo, por ser parte de una lucha hace seis años contra el impuesto al salario. Diez mil pesos para apoyar la lucha de los municipales del departamento de Lavalle, Mendoza, que consiguieron el pase a planta permanente de más de trescientos contratados en forma precaria. Los jóvenes trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Liliana SRL recibieron también un aporte de otros diez mil pesos. Periódicamente publicaremos en la página de mi partido, el PTS, en qué invertimos el resto de la dieta que no nos corresponde.

Asimismo, vamos a promover un proyecto de ley para que todo funcionario político no pueda percibir más de lo que gana un docente, repitiendo la experiencia que ya hizo con la banca del FIT en Neuquén nuestro compañero Raúl Godoy el año pasado junto con los sindicatos docentes. Como dijimos, el abultado dinero que perciben los funcionarios políticos tiene un fin, antiobrero, antipopular y antinacional. De ahí la importancia política de este proyecto que, aspiramos, sea tomado por las organizaciones de trabajadores para imponerlo.

Entretanto, lo que tiene planteado la clase trabajadora es la preparación de un plan de lucha nacional para recuperar el salario perdido e imponer un mínimo de 8.500 pesos para todos, indexado en forma automática trimestralmente según la inflación. Las direcciones oficiales del movimiento obrero que no están con el Gobierno buscan el apoyo de otros políticos patronales como Massa o Scioli que, paradójicamente, comparten el programa de “ancla” salarial para los trabajadores.

La izquierda clasista, a la par de su crecimiento electoral, viene avanzando en su inserción en la clase trabajadora. Por eso, desde numerosas comisiones internas de la industria y de los servicios, sindicatos, cuerpos de delegados y seccionales docentes se van a promover encuentros regionales y un gran encuentro nacional para preparar esta lucha, probablemente en marzo. Las bancas del Frente de Izquierda ya están actuando para fortalecer esta perspectiva.

Mendoza no sólo no escapa a estos contrastes sociales y económicos, sino que, por el contrario, los confirma. Según datos surgidos desde la Subsecretaría de Trabajo Provincial, sólo en el Gran Mendoza el empleo informal alcanza a cien mil trabajadores sobre una población económicamente activa (PEA) de trescientos noventa mil. Los datos son contundentes entre los jóvenes del Gran Mendoza: hay más de treinta mil que tienen trabajos precarios y cerca de veinte mil jóvenes que poseen entre dieciséis y veinticinco años no trabajan ni estudian, según indicaba ya una investigación del Observatorio Laboral de la Universidad Nacional de Cuyo en 2011.

El proyecto del PJ y el gobernador Pérez para la juventud, en sintonía con el giro a derecha del kirchnerismo a nivel nacional, es tomar la agenda de la derecha, pidiendo mano dura y apoyando la baja de la edad de imputabilidad. Por su parte, Cobos anticipa su plan de resolver los desequilibrios estructurales del modelo económico haciéndole pagar la crisis a los trabajadores y a la juventud. Sus banderas son la competitividad para los empresarios, ajustar el tipo de cambio, reglas de juego claras para recuperar la inversión extranjera y entrar en los mercados internacionales: todas palabras tras las que se oculta un verdadero plan de ajuste del salario y las condiciones de vida de los trabajadores.

Ante esta realidad y en medio del escenario electoral, la simpatía por el Frente de Izquierda (FIT) en Mendoza no para de crecer luego del tercer puesto que obtuvimos en las PASO, con casi el 8% de los votos, especialmente entre los jóvenes de entre dieciocho y treinta años. Refleja a un sector juvenil harto de la precarización laboral, de la elitización de la educación, de las inmensas dificultades para acceder a una vivienda. Una juventud cansada de los partidos tradicionales del régimen, de que gobiernen los mismos de siempre y que comienza a referenciarse con el FIT buscando una salida.

Contra estos proyectos, conquistan la simpatía de amplias franjas de los trabajadores y de la juventud las propuestas de acabar con los privilegios de la casta política que gobierna a favor de los capitalistas, proponiendo que los diputados y todos los funcionarios políticos ganen el mismo salario que una maestra; también la propuesta de anular las leyes de flexibilización laboral neoliberales. Para la juventud no proponemos mano dura, sino acabar con el trabajo precario, por el acceso a la vivienda y por una jornada laboral reducida con igual salario para todos los jóvenes que quieran estudiar; porque les decimos NO a la megaminería contaminante y a las redes de trata; porque planteamos el aumento del presupuesto para salud y educación en base a impuestos a las grandes fortunas. Estas son algunas de nuestras principales propuestas.

Desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el FIT nos proponemos acceder a puestos legislativos para plantar una voz de denuncia de las políticas de los capitalistas y alentar desde esa tribuna la movilización de los trabajadores y de la juventud. Un gran ejemplo en este sentido ha sido el del diputado del PTS en el FIT Raúl Godoy en la Legislatura neuquina, denunciando la entrega del petróleo a Chevron y llamando a la movilización para enfrentar esta política.