Según informaciones periodísticas, a mediados de mayo de este año las suspensiones en la industria automotriz llegan a 14 mil trabajadores en estas condiciones, y a cada momento llegan noticias de nuevos recortes, despidos, suspensiones y retiros voluntarios. Estamos hablando de grandes empresas multinacionales que vienen gozando de enormes beneficios y subsidios por parte del Estado nacional y que han obtenido millonarias ganancias en los últimos años, siendo por ejemplo 2013 el año en que registraron ventas récord y enormes ganancias. Como dijo la propia Presidenta de la Nación, son parte de la clase social que “se la llevó en pala” en la última década.

Volkswagen, Citröen, Peugeot, Iveco, Fiat, Renault, Valeo, Montich, Gestamp, Ingenio Ledesma, Delphi, Calsa, Conmeca, son algunas de las empresas que ya están aplicando esta política contra sus trabajadores y son miles más los que ven en peligro sus empleos tanto del sector automotriz como de sectores que dependen indirectamente de la industria metal mecánica. También la caída de la actividad se traduce en caída de empleos en la construcción.
En la provincia de Córdoba hay casos agudos como el del frigorífico Estancias del Sur con sus casi 500 trabajadores fuera de la planta, recibiendo el 35% de sus haberes o el de Matricería Austral donde más de 400 trabajadores hace 9 meses no pisan la planta de producción. En esa provincia las empresas Fiat, Volkswagen, Renault e Iveco ya están suspendiendo a miles de trabajadores.

En la Provincia de Buenos Aires, Peugeot anunció que cierra un turno en su planta de Villa Bosch y que dejará a 1.200 operarios suspendidos por tiempo indeterminado con reducción salarial al 65%. La autopartista Gestamp despidió a 67 obreros y militarizó la planta de la empresa ubicada en Escobar. Volkswagen de Gral. Pacheco pretende dar de baja a 720 trabajadores que “sobran” y ya dejó en la calle a decenas de trabajadores incluyendo a personal de las empresas tercerizadas que prestan servicios en la planta. Asimismo, avanza con despidos encubiertos bajo la modalidad del retiro voluntario. También en Santa Fe y Mendoza se empiezan a denunciar despidos en las últimas semanas.

Debemos alertar también que, además de estos despidos y suspensiones conocidos por su repercusión mediática, hay miles de trabajadores y trabajadoras de muchísimas ramas de la producción en todo el país que bajo la modalidad de la no renovación de los contratos temporarios -en general de tres meses- han perdido sus empleos. Esta modalidad de despidos invisibilizados es utilizada por grandes multinacionales y agencias de empleos, y se constata con gravedad por ejemplo en industrias como la de la alimentación. Los empresarios aprovechan modalidades de contratación impuestas en los noventa, conocidas entonces como “contratos basura”, para despedir en primer lugar los trabajadores con contratos a plazo, precarios.

Las nuevas suspensiones  y despidos en curso son otro recordatorio de que es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y las cláusulas de flexibilización, que se mantienen en esencia desde los noventa y que durante estos años ha sido usufructuada por las patronales para llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores.

Esta grave situación es acompañada en numerosos casos de ataques contra activistas que se organizan para defender sus derechos. Esto se expresa en despidos y persecución contra representantes sindicales de los trabajadores -de hecho o de derecho- que se ponen al frente de la lucha y que tiene el objetivo de impedir la organización independiente en defensa de los intereses de los trabajadores. Los casos recientes de despidos persecutorios en la empresa Shell de Dock Sud, Liliana SRL de Rosario o las trabajadoras de Jumbo Cencosud (Disco) son una muestra cabal de esto. Los empresarios se ensañan con quienes organizan la resistencia de la clase trabajadora contra las políticas de ajuste, techos salariales, mayor productividad, flexibilización laboral, despidos y suspensiones.

Por eso presentamos el proyecto de ley de prohibición de despidos y suspensiones, porque creemos que ante la gravedad de la situación hay que aplicar una solución que esté a la medida de este avance del capital sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Por eso proponemos  prohibir por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, los despidos sin justa causa o las suspensiones a cualquier trabajador, en relación de dependencia, sean trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual. Una vez más desde las esferas del poder político y económico se pretende que las mayorías nacionales pongan su esfuerzo al servicio de un pequeño grupo privilegiado que vive del trabajo ajeno. No lo podemos permitir.

Al igual que sus mandamases de la UIA, de las asociaciones de banqueros y de la Mesa de Enlace agropecuaria, apoyan acuerdos paritarios que implican una pérdida del salario real para los trabajadores. Para el año en curso se pronostica un aumento inflacionario promedio del 40 %. Las patronales se frotan las manos con acuerdos salariales del 30 % y en cuotas, como los que ya firmaron los dirigentes oficialistas de la UOM y de la UOCRA. Los capitalistas ganan, los trabajadores pierden. Tan sencillo como trágico, si no se lo enfrenta y derrota.

La convergencia política entre el kirchnerismo y la oposición de derecha no se reduce solo a esto. Complementariamente, la presidenta de la Nación habló el primero de marzo de promover una ley antipiquetes, apoyando a Sergio Berni, que se la pasa demonizando a mi persona y a mis compañeros, como el diputado Christian Castillo. Como no podía ser de otra manera, la bancada del PRO aplaudió a rabiar esa parte del discurso. Pocas semanas después, el Frente Renovador de Massa “primereó” al Gobierno y anunció la presentación de un proyecto de cercenamiento del derecho de protesta. Todos estos actores políticos apoyaron el increíble fallo de un juez contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires que intentaba obligar a los maestros a que cesen de ejercer su derecho a la huelga para defender la educación pública. Si aceptáramos que porque se afectan intereses de terceros una huelga es ilegal, quedaría directamente abolido este derecho constitucional, ya que por naturaleza un paro siempre afecta otros derechos.

Es en este marco que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo convocan a un paro nacional para el próximo jueves 10. Los innegables lazos de estos dirigentes con políticos como Massa demuestran que sus intereses están detrás de una sucesión presidencial opuesta a los intereses de los trabajadores. Por eso, a meses de iniciado el ajuste, promueven un paro aislado y “dominguero”.

Por el contrario, los dirigentes antiburocráticos nucleados en el Encuentro Sindical Combativo llaman a un paro activo, con piquetes y movilizaciones, reclamando un verdadero plan de lucha hasta derrotar el plan de ajuste y los tarifazos contra el pueblo. Allí están mis compañeros del PTS como Javier Hermosilla de Kraft, Claudio Dellecarbonara del Subte, Raúl Godoy de Zanon, junto con el “Perro” Santillán, el “Pollo” Sobrero y centenares de referentes que día a día enfrentan a las patronales y a la burocracia sindical en sus lugares de trabajo.

Uno de los puntos que levantan los convocantes al paro es el de la “inseguridad”. En  los últimos días nos fuimos enterando de linchamientos que repudiamos con todas nuestras fuerzas. El tema de la inseguridad debe enfocarse hacia sus verdaderos responsables: la asociación mafiosa entre el poder político, el judicial y las Policías que ampara y alienta el narcotráfico, los desarmaderos, el sistema de robos, la trata de personas. La campaña de oficialistas y de la oposición patronal contra el pequeño delito los oculta y encubre. Rechazamos la persecución y estigmatización de los jóvenes pobres.

Como le dijimos al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el recinto de la Cámara de Diputados, hacemos responsable al Gobierno nacional de cualquier tipo de provocación o represión que viole el legítimo derecho de protesta y movilización que tienen los trabajadores que decidan ir al paro este próximo jueves.

Sobran motivos para parar el 10. Por un salario mínimo equivalente al costo de una canasta familiar, indexado mensualmente según la inflación real. Tres mil pesos de emergencia para todos. Paritarias sin techo. La eliminación del impuesto al salario. La prohibición de los despidos y suspensiones, como sostenemos en el proyecto de ley que presentamos en Diputados. Contra el trabajo en negro, la tercerización y la precarización laboral. Por el triunfo de las luchas de los docentes en nueve provincias. Contra el ajuste y los tarifazos. Por la absolución de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua sin pruebas por haber participado de una pueblada en el marco de un conflicto laboral. Contra la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de los más de cinco mil luchadores populares. Por el rechazo a toda legislación represiva y antihuelga que promueve tanto el oficialismo como la oposición patronal.

El Frente de Izquierda es la única coalición política nacional que apoya y llama a todas las organizaciones sindicales a la huelga, incluyendo aquellas conducidas por dirigentes oficialistas. Los diputados nacionales, provinciales y concejales del FIT de todo el país nos sumamos para, como dijimos en la campaña electoral, fortalecer la lucha de los trabajadores y de la juventud. Para que, esta vez, la crisis la paguen los capitalistas.

Resulta evidente también que el plan del Gobierno para moderar la crisis del “modelo” tiene como principal medida anclar el salario y las jubilaciones con el objetivo de cristalizar la caída del salario real. Un nuevo rostro del progresismo nacional y popular, al que se suma el “éxito” de pagarles 5.000 millones de dólares a los saqueadores de la Repsol, mientras que el precio de las nafta -a diferencia de los salarios- sí puede estar mensualmente indexado, como parte del acuerdo secreto que el Gobierno firmó con la multinacional Chevrón. Entretanto quedó en los arcones del recuerdo aquello de no volver a endeudarse con los organismos de crédito internacionales, y empiezan a hacer “buena letra” también con los números de la inflación a la medida de las exigencias del Club de París y el FMI. El agotamiento estructural del “modelo” es un hecho y la perspectiva realista hacia 2015 es de crisis recurrentes, incluso más agudas.

Los empresarios y los gobiernos nacional y provinciales se ponen de acuerdo para poner un techo en las paritarias para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo en favor de los grandes grupos económicos concentrados, como los sojeros y especuladores financieros. Mientras tanto, y lamentablemente, las centrales sindicales oficialistas y opositoras no ofrecen ninguna salida más que pactos con el Gobierno, inmovilismo y conversaciones con las patronales y sectores políticos ajenos a los intereses de los trabajadores. Cada crisis económica que tuvo la Argentina en los últimos 40 años terminó con un saqueo al nivel de vida de la única clase productora, la clase trabajadora, en favor de un puñado de grandes capitalistas. Otra vez se quiere repetir la película. Pero más que un film es una triste realidad la que debe sufrir el pueblo trabajador si los de arriba se salen con la suya. No lo vamos a permitir.

Desde nuestra banca junto al resto de los compañeros diputados del Frente de Izquierda hemos elaborado un proyecto de ley que propone una serie de medidas de emergencia para enfrentar la crisis. El sentido de este proyecto es poner una línea de defensa al nivel de vida de las mayorías nacionales. Se dispone un aumento de emergencia de $3.000 para todos los asalariados y se establece un salario mínimo de $9.000: ningún trabajador puede percibir menos de lo que hoy cuesta una canasta familiar. Para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, el proyecto establece que todos los salarios se ajustarán mensualmente según la variación que registre el costo de vida. Asimismo se establece como jubilación mínima el 82% del citado salario mínimo.

La suba de las tasas de interés y su consecuente “enfriamiento” de la economía ya provocó suspensiones en numerosas empresas. Asimismo hay decenas de fábricas y establecimientos que comenzaron con despidos. Estos se producen en primer lugar con quienes trabajan con “contratos basura“, una modalidad flexibilizadora que impuso el menemismo y aún hoy, con casi once años de kirchnerismo, sigue vigente. Las patronales simplemente no renuevan el contrato, que en general es por tres meses, y así dejan en la calle a miles de trabajadores sin pagar un centavo de indemnización. También distintos empresarios se están centrando en despedir a aquellos que quieren organizar a sus compañeros para defender sus derechos, despidos discriminatorios e ilegales amparados por la “vista gorda” de los ministerios de Trabajo de Nación y las provincias. En los últimos días estuvimos junto a los trabajadores de Kromberg, de Liliana, de Ecotrans, tres establecimientos que han sufrido numerosos despidos.

Nuestro proyecto plantea prohibir las suspensiones y despidos por el término de 24 meses “tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas” y sostiene que “esta prohibición se aplicará sobre todos los trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sea contratado, becario o monotributista, cualquiera fuera su forma contractual”. Asimismo se plantea la inmediata estatización de toda empresa que cierre, poniéndola bajo la gestión de sus propios trabajadores, como hemos visto con la fábrica de cerámicas Zanon de Neuquén, hoy Fasinpat, Fábrica Sin Patrones.

A partir de nuestra propuesta en la Mesa de Coordinación del Frente de Izquierda se resolvió que este proyecto se presente también en las legislaturas de Neuquén, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Mendoza, allá donde haya legisladores del FIT.
Sabemos que una ley de emergencia de éstas características encontrará la resistencia no sólo de los legisladores oficialistas, sino también de las bancadas que responden a los intereses de los empresarios y banqueros, como la del Frente Renovador y el PRO. En la Santa Fe gobernada por el partido de Hermes Binner, el estado provincial sólo respondió con indiferencia ante los despidos masivos de jóvenes trabajadores en la fábrica de electrodomésticos Liliana SRL. Es por eso que estamos poniendo el proyecto a consideración de todas las organizaciones de trabajadores antiburocráticos y combativos, que el próximo 15 de marzo estarán protagonizando un encuentro nacional en un estadio de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí saldrá la fuerza para imponer ésta medidas de emergencia.