La votación por la afirmativa -sin debate ni discusión- fue casi unánime, incluyendo a la mayoría de los diputados de la UCR, del Frente Renovador y del PRO. Solo siete legisladores de la derecha votaron en contra. A partir de ese día, se montó una insistente campaña en las redes sociales y en diarios como Página/12 para intentar dejar pegados a los diputados del FIT con la derecha más recalcitrante, una verdadera estafa que intenta completar la operación que el oficialismo quiso montar con la media sanción.

La votación del “pañuelo blanco” como “emblema nacional” ha sido el último acto de un proceso de cooptación estatal de históricas y emblemáticas luchadoras como Hebe de Bonafini, y por eso contó con el beneplácito de todos los partidos que garantizaron la impunidad de los genocidas y hasta le dieron centenares de intendentes, funcionarios y embajadores a la dictadura, como la UCR.

La izquierda es el único sector político que puede reivindicar sin fisuras ni contradicciones la historia de lucha intransigente de las Madres contra la represión, la impunidad y la entrega nacional que significa el pago de la deuda externa. Con esa autoridad rechazamos su cooptación, cuya expresión máxima fue el abrazo de Hebe de Bonafini con el genocida Milani, a quien defiende a capa y espada; el cerrado apoyo al procesado Amado Boudou y todas y cada una de las políticas del Gobierno nacional, incluyendo el pago a la Repsol, al Club de París y la negociación con los fondos buitres.

A nadie medianamente informado se le puede esconder que las corrientes políticas de los que integramos el Frente de Izquierda estuvimos con las Madres desde 1977, mientras que los partidos que las denominaban “Las Locas de la Plaza” eran cómplices y partícipes de la dictadura. Junto a ellas, la izquierda rechazó activamente la autoamnistía de Bignone, que intentaba dejar impunes a todos los genocidas -medida apoyada por los candidatos del PJ. Al tiempo estuvimos juntos enfrentando en las calles el Punto Final y la Obediencia Debida votados en pleno por el radicalismo, y luego contra los indultos de Menem.

A la par enfrentamos junto a las Madres la mayoría de las represiones contra el pueblo trabajador ordenadas por los sucesivos Gobiernos constitucionales, y exigimos siempre la libertad de los presos políticos, mientras continuamos sin pausa la lucha por el juicio y castigo a todos los culpables del genocidio. La denuncia a la deuda externa y la lucha por el “no pago” también nos encontró durante décadas en la misma trinchera que las Madres, al igual que las causas de lucha del pueblo trabajador.

Mientras la izquierda siempre estuvo de este lado, las dirigencias de los partidos que el miércoles votaron al pañuelo blanco como emblema estuvieron en la trinchera del poder, la represión y la impunidad. ¿Dónde estaban si no el 20 de diciembre de 2001, cuando la Policía Federal, la misma que hoy reprime a los obreros de EMFER, sacudía a las Madres en la Plaza de Mayo para defender un Gobierno del que fueron parte muchos de los que votaron a favor de este proyecto?

No es ninguna paradoja que quienes nos abstuvimos de esta votación fuimos, en estos seis cortos meses desde que asumimos como diputados, los que llevamos a los pañuelos blancos al Congreso. Compañeras consecuentes con sus convicciones e historia de lucha como Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle participaron de varias audiencias públicas convocadas por los bloques del Frente de Izquierda. La absolución de los petroleros condenados en Las Heras; el repudio a César Milani; el apoyo al proyecto contra la criminalización de la protesta y la extinción de causas y condenas a los luchadores sociales; la solidaridad con la lucha de Alberto Lebbos por justicia para su hija Paulina, son algunas de las actividades que desarrollamos junto a ellas. Y estamos orgullosos de ello.

Un símbolo no puede esconder ni tapar una realidad. No criticamos a aquellos que apoyan este reconocimiento a la histórica lucha de Madres de buena fe. Pero creemos que el mejor homenaje a aquellas bravas Madres que supieron enfrentar de frente al terrorismo de Estado y al pacto de impunidad del PJ y de la UCR es seguir la lucha hoy junto a los trabajadores de Lear y de EMFER, por la destitución de Milani y la disolución del Proyecto X, por el no pago de la deuda externa, por el juicio y castigo a todos los culpables, por la apertura de todos los archivos de la dictadura. Hoy como ayer, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

El secuestro y desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006, a horas de que se conociera la sentencia contra el asesino Miguel Osvaldo Etchecolatz, es una herida abierta que nos muestra claramente la continuidad del aparato represivo de la Bonaerense desde la dictadura hasta hoy. Cuando Julio desapareció por segunda vez, nuestra compañera del CEPRODH, Myriam Bregman y otros organismos de derechos humanos reclamaron saber la cantidad de policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura y que continuaban en funciones. Sabían que allí pueden encontrarse los cómplices, al menos del encubrimiento de su segunda desaparición. La cifra dada a conocer en ese momento es escalofriante: 9.026 (nueve mil veintiséis) policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura militar aún continuaban en funciones al año 2006.

La continuidad de estas patotas capaces de producir un secuestro como el de Jorge Julio López volvió a expresarse tiempo después (10 de diciembre de 2007) cuando a punto de culminar el juicio oral que llevaba adelante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal en su contra, fue encontrado asesinado con cianuro en una dependencia de la Prefectura Naval Argentina, el prefecto Héctor Antonio Febres, represor que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y quien tenía toda la información sobre los bebés nacidos en cautiverio en la ESMA.

Otro ejemplo es la lista de los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia que se hizo pública en febrero del 2010, cuando la revista Veintitrés informó que existían más de 4 mil agentes civiles y militares que prestaron servicios en el máximo organismo de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar. Este documento, que permaneció bajo archivo durante 27 años, reveló que varios de sus miembros ocupaban para esa fecha lugares de importante trascendencia pública como sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos, entre otros. El sindicalista preferido del Gobierno, el burócrata de la UOCRA, Gerardo Martínez, es uno de los incluidos en la lista de agentes de inteligencia del Ejército. César Milani, el represor designado como Cristina Fernández como Jefe del Ejército, es otro de los integrantes de esa nefasta lista del 601.

Y así podemos seguir nombrando ejemplos y denuncias donde sale a la luz que se pueden contar por miles los integrantes de estas fuerzas que fueron parte del genocidio y que hoy siguen en funciones impunemente. Estamos seguros de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad no son reformables ni “depurables”, y que la continuidad de los elementos de la dictadura responde a la impunidad. Con esta certeza de que fue toda la institución, y que transcurridas décadas desde la caída de la dictadura hay miles de asesinos y torturadores en funciones, queremos que el Gobierno informe quiénes son, uno por uno, y entregue las listas completas, lo que permitiría no solo conocer a todos los que actuaron en la dictadura, sino también el destino de los compañeros desaparecidos y de los cientos de niños apropiados.

No se trata de depurar a los destacamentos armados del Estado de los capitalistas, un sinsentido cuando está en su naturaleza salvaguardar este régimen de explotación y miseria y los privilegios de una clase minoritaria que vive del trabajo ajeno. El sentido y objetivo de proyectos como estos es el demostrar como hasta los políticos burgueses más “progresistas”, como los K, al salvaguardar estas instituciones no pueden deshacerse del personal comprometido con la dictadura, ya que esto significaría la baja de la mayoría de los mandos de mayor jerarquía. Ni tampoco quieren. El ascenso de Milani es toda una confesión. A muy pocos días de un nuevo aniversario del golpe genocida, la pelea contra la impunidad y por el juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables está más vigente que nunca. Este 24 de marzo volveremos a movilizarnos para que todos ellos sean condenados, incluidos todos sus cómplices empresariales, civiles y de la burocracia sindical.