El proyecto del Gobierno, entre sus puntos más “destacados”, establece los plazos de las concesiones en 25 años para el petróleo y gas convencional y 35 años para el no convencional, pudiendo las empresas pedir prórroga de 10 años más en ambos casos. Asimismo dispone un tope de 12%  para el cobro de regalías (que se pueden reducir a 5% si la autoridad provincial o nacional lo dispone) y, en caso de prórroga, se establece un porcentaje del 18%. También se baja el piso para entrar al “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” (decreto 929/13) a 250 millones de dólares en 3 años, cuando aquel decreto establecía U$S 1.000 millones en 5 años. Una vez cumplidos esos 3 años, se permite exportar con 0% de alícuota un 20% de lo producido en el caso del petróleo y gas convencional y no convencional, y un 60% del “off shore”.

Además, el proyecto oficial plantea la prórroga de jurisdicción a los tribunales de Estados Unidos y Francia ante eventuales litigios entre las partes. Es decir, podrán ser futuros Griesa los que tengan en sus manos la resolución de los mismos. Una vez más, el gobierno resuelve la disyuntiva “patria o buitres” en favor de los “buitres”.

Si, como todo indica, se termina sancionando esta nueva ley de hidrocarburos, el Congreso Nacional estaría generalizando y transformando en nuevo marco legal el acuerdo entreguista sellado en el 2013 con la norteamericana Chevron para el yacimiento Loma Campana, en la formación Vaca Muerta. Acuerdo que se votó en la Legislatura de Neuquén bajo una dura represión del gobierno del MPN a quienes se manifestaban en contra del mismo, con un herido de bala de plomo.  Por haber sido parte de aquella movilización le iniciaron una causa penal a nuestro diputado provincial del PTS y el Frente de Izquierda Raúl Godoy.

En oposición al proyecto de ley oficial, desde el PTS elaboramos un proyecto de ley alternativo, acompañado por el resto de los diputados del FIT Pablo López y Néstor Pitrola, en el cual proponemos la nacionalización de toda la industria hidrocarburífera bajo la administración de los trabajadores.

Nuestro proyecto se propone derogar toda la legislación vigente en materia de hidrocarburos, incluyendo el andamiaje legal que permitió la privatización de YPF en los 90’ y que fue acompañado por Kirchner y los gobernadores de las provincias petroleras, y anular las actuales concesiones a empresas privadas. Se crea la empresa 100% estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), expropiando toda la estructura, bienes muebles e inmuebles de todos los procesos relacionados con la industria hidocarburífera, y se establece el control obrero sobre la exploración, extracción, producción, refinación, transporte, almacenamiento, comercialización y toda actividad relacionada con los hidrocarburos. A tal fin proponemos la creación de un Consejo General de la Industria Hidrocarburífera encargado de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades relacionadas al sector, donde también tengan participación representantes de pueblos originarios, ambientalistas y profesionales de las universidades públicas.

Y en nuestro proyecto somos claros en relación a la utilización del “fracking” como método de extracción de gas y petróleo, prohibiéndolo en todo el territorio nacional. Empresas como Chevron o Total vienen a nuestro país a utilizar un método altamente contaminante que ha sido prohibido en sus países de origen, tanto en Francia como en varios Estados de Norteamérica.

Este es el único proyecto presentado desde la oposición en el Congreso en relación al debate de una nueva ley de hidrocarburos, y desde el PTS pelearemos porque sea tratado conjuntamente con el proyecto del oficialismo.

La votación por la afirmativa -sin debate ni discusión- fue casi unánime, incluyendo a la mayoría de los diputados de la UCR, del Frente Renovador y del PRO. Solo siete legisladores de la derecha votaron en contra. A partir de ese día, se montó una insistente campaña en las redes sociales y en diarios como Página/12 para intentar dejar pegados a los diputados del FIT con la derecha más recalcitrante, una verdadera estafa que intenta completar la operación que el oficialismo quiso montar con la media sanción.

La votación del “pañuelo blanco” como “emblema nacional” ha sido el último acto de un proceso de cooptación estatal de históricas y emblemáticas luchadoras como Hebe de Bonafini, y por eso contó con el beneplácito de todos los partidos que garantizaron la impunidad de los genocidas y hasta le dieron centenares de intendentes, funcionarios y embajadores a la dictadura, como la UCR.

La izquierda es el único sector político que puede reivindicar sin fisuras ni contradicciones la historia de lucha intransigente de las Madres contra la represión, la impunidad y la entrega nacional que significa el pago de la deuda externa. Con esa autoridad rechazamos su cooptación, cuya expresión máxima fue el abrazo de Hebe de Bonafini con el genocida Milani, a quien defiende a capa y espada; el cerrado apoyo al procesado Amado Boudou y todas y cada una de las políticas del Gobierno nacional, incluyendo el pago a la Repsol, al Club de París y la negociación con los fondos buitres.

A nadie medianamente informado se le puede esconder que las corrientes políticas de los que integramos el Frente de Izquierda estuvimos con las Madres desde 1977, mientras que los partidos que las denominaban “Las Locas de la Plaza” eran cómplices y partícipes de la dictadura. Junto a ellas, la izquierda rechazó activamente la autoamnistía de Bignone, que intentaba dejar impunes a todos los genocidas -medida apoyada por los candidatos del PJ. Al tiempo estuvimos juntos enfrentando en las calles el Punto Final y la Obediencia Debida votados en pleno por el radicalismo, y luego contra los indultos de Menem.

A la par enfrentamos junto a las Madres la mayoría de las represiones contra el pueblo trabajador ordenadas por los sucesivos Gobiernos constitucionales, y exigimos siempre la libertad de los presos políticos, mientras continuamos sin pausa la lucha por el juicio y castigo a todos los culpables del genocidio. La denuncia a la deuda externa y la lucha por el “no pago” también nos encontró durante décadas en la misma trinchera que las Madres, al igual que las causas de lucha del pueblo trabajador.

Mientras la izquierda siempre estuvo de este lado, las dirigencias de los partidos que el miércoles votaron al pañuelo blanco como emblema estuvieron en la trinchera del poder, la represión y la impunidad. ¿Dónde estaban si no el 20 de diciembre de 2001, cuando la Policía Federal, la misma que hoy reprime a los obreros de EMFER, sacudía a las Madres en la Plaza de Mayo para defender un Gobierno del que fueron parte muchos de los que votaron a favor de este proyecto?

No es ninguna paradoja que quienes nos abstuvimos de esta votación fuimos, en estos seis cortos meses desde que asumimos como diputados, los que llevamos a los pañuelos blancos al Congreso. Compañeras consecuentes con sus convicciones e historia de lucha como Nora Cortiñas, Elia Espen y Mirta Baravalle participaron de varias audiencias públicas convocadas por los bloques del Frente de Izquierda. La absolución de los petroleros condenados en Las Heras; el repudio a César Milani; el apoyo al proyecto contra la criminalización de la protesta y la extinción de causas y condenas a los luchadores sociales; la solidaridad con la lucha de Alberto Lebbos por justicia para su hija Paulina, son algunas de las actividades que desarrollamos junto a ellas. Y estamos orgullosos de ello.

Un símbolo no puede esconder ni tapar una realidad. No criticamos a aquellos que apoyan este reconocimiento a la histórica lucha de Madres de buena fe. Pero creemos que el mejor homenaje a aquellas bravas Madres que supieron enfrentar de frente al terrorismo de Estado y al pacto de impunidad del PJ y de la UCR es seguir la lucha hoy junto a los trabajadores de Lear y de EMFER, por la destitución de Milani y la disolución del Proyecto X, por el no pago de la deuda externa, por el juicio y castigo a todos los culpables, por la apertura de todos los archivos de la dictadura. Hoy como ayer, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Según informaciones periodísticas, a mediados de mayo de este año las suspensiones en la industria automotriz llegan a 14 mil trabajadores en estas condiciones, y a cada momento llegan noticias de nuevos recortes, despidos, suspensiones y retiros voluntarios. Estamos hablando de grandes empresas multinacionales que vienen gozando de enormes beneficios y subsidios por parte del Estado nacional y que han obtenido millonarias ganancias en los últimos años, siendo por ejemplo 2013 el año en que registraron ventas récord y enormes ganancias. Como dijo la propia Presidenta de la Nación, son parte de la clase social que “se la llevó en pala” en la última década.

Volkswagen, Citröen, Peugeot, Iveco, Fiat, Renault, Valeo, Montich, Gestamp, Ingenio Ledesma, Delphi, Calsa, Conmeca, son algunas de las empresas que ya están aplicando esta política contra sus trabajadores y son miles más los que ven en peligro sus empleos tanto del sector automotriz como de sectores que dependen indirectamente de la industria metal mecánica. También la caída de la actividad se traduce en caída de empleos en la construcción.
En la provincia de Córdoba hay casos agudos como el del frigorífico Estancias del Sur con sus casi 500 trabajadores fuera de la planta, recibiendo el 35% de sus haberes o el de Matricería Austral donde más de 400 trabajadores hace 9 meses no pisan la planta de producción. En esa provincia las empresas Fiat, Volkswagen, Renault e Iveco ya están suspendiendo a miles de trabajadores.

En la Provincia de Buenos Aires, Peugeot anunció que cierra un turno en su planta de Villa Bosch y que dejará a 1.200 operarios suspendidos por tiempo indeterminado con reducción salarial al 65%. La autopartista Gestamp despidió a 67 obreros y militarizó la planta de la empresa ubicada en Escobar. Volkswagen de Gral. Pacheco pretende dar de baja a 720 trabajadores que “sobran” y ya dejó en la calle a decenas de trabajadores incluyendo a personal de las empresas tercerizadas que prestan servicios en la planta. Asimismo, avanza con despidos encubiertos bajo la modalidad del retiro voluntario. También en Santa Fe y Mendoza se empiezan a denunciar despidos en las últimas semanas.

Debemos alertar también que, además de estos despidos y suspensiones conocidos por su repercusión mediática, hay miles de trabajadores y trabajadoras de muchísimas ramas de la producción en todo el país que bajo la modalidad de la no renovación de los contratos temporarios -en general de tres meses- han perdido sus empleos. Esta modalidad de despidos invisibilizados es utilizada por grandes multinacionales y agencias de empleos, y se constata con gravedad por ejemplo en industrias como la de la alimentación. Los empresarios aprovechan modalidades de contratación impuestas en los noventa, conocidas entonces como “contratos basura”, para despedir en primer lugar los trabajadores con contratos a plazo, precarios.

Las nuevas suspensiones  y despidos en curso son otro recordatorio de que es una cuestión urgente para toda la clase trabajadora pelear por terminar con los contratos “basura”, con el empleo no registrado y las cláusulas de flexibilización, que se mantienen en esencia desde los noventa y que durante estos años ha sido usufructuada por las patronales para llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores.

Esta grave situación es acompañada en numerosos casos de ataques contra activistas que se organizan para defender sus derechos. Esto se expresa en despidos y persecución contra representantes sindicales de los trabajadores -de hecho o de derecho- que se ponen al frente de la lucha y que tiene el objetivo de impedir la organización independiente en defensa de los intereses de los trabajadores. Los casos recientes de despidos persecutorios en la empresa Shell de Dock Sud, Liliana SRL de Rosario o las trabajadoras de Jumbo Cencosud (Disco) son una muestra cabal de esto. Los empresarios se ensañan con quienes organizan la resistencia de la clase trabajadora contra las políticas de ajuste, techos salariales, mayor productividad, flexibilización laboral, despidos y suspensiones.

Por eso presentamos el proyecto de ley de prohibición de despidos y suspensiones, porque creemos que ante la gravedad de la situación hay que aplicar una solución que esté a la medida de este avance del capital sobre la única clase productora de nuestra sociedad. Por eso proponemos  prohibir por veinticuatro (24) meses, tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas, los despidos sin justa causa o las suspensiones a cualquier trabajador, en relación de dependencia, sean trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, contratados, becarios o monotributistas, cualquiera fuera su forma contractual. Una vez más desde las esferas del poder político y económico se pretende que las mayorías nacionales pongan su esfuerzo al servicio de un pequeño grupo privilegiado que vive del trabajo ajeno. No lo podemos permitir.

Al igual que sus mandamases de la UIA, de las asociaciones de banqueros y de la Mesa de Enlace agropecuaria, apoyan acuerdos paritarios que implican una pérdida del salario real para los trabajadores. Para el año en curso se pronostica un aumento inflacionario promedio del 40 %. Las patronales se frotan las manos con acuerdos salariales del 30 % y en cuotas, como los que ya firmaron los dirigentes oficialistas de la UOM y de la UOCRA. Los capitalistas ganan, los trabajadores pierden. Tan sencillo como trágico, si no se lo enfrenta y derrota.

La convergencia política entre el kirchnerismo y la oposición de derecha no se reduce solo a esto. Complementariamente, la presidenta de la Nación habló el primero de marzo de promover una ley antipiquetes, apoyando a Sergio Berni, que se la pasa demonizando a mi persona y a mis compañeros, como el diputado Christian Castillo. Como no podía ser de otra manera, la bancada del PRO aplaudió a rabiar esa parte del discurso. Pocas semanas después, el Frente Renovador de Massa “primereó” al Gobierno y anunció la presentación de un proyecto de cercenamiento del derecho de protesta. Todos estos actores políticos apoyaron el increíble fallo de un juez contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires que intentaba obligar a los maestros a que cesen de ejercer su derecho a la huelga para defender la educación pública. Si aceptáramos que porque se afectan intereses de terceros una huelga es ilegal, quedaría directamente abolido este derecho constitucional, ya que por naturaleza un paro siempre afecta otros derechos.

Es en este marco que Hugo Moyano y Luis Barrionuevo convocan a un paro nacional para el próximo jueves 10. Los innegables lazos de estos dirigentes con políticos como Massa demuestran que sus intereses están detrás de una sucesión presidencial opuesta a los intereses de los trabajadores. Por eso, a meses de iniciado el ajuste, promueven un paro aislado y “dominguero”.

Por el contrario, los dirigentes antiburocráticos nucleados en el Encuentro Sindical Combativo llaman a un paro activo, con piquetes y movilizaciones, reclamando un verdadero plan de lucha hasta derrotar el plan de ajuste y los tarifazos contra el pueblo. Allí están mis compañeros del PTS como Javier Hermosilla de Kraft, Claudio Dellecarbonara del Subte, Raúl Godoy de Zanon, junto con el “Perro” Santillán, el “Pollo” Sobrero y centenares de referentes que día a día enfrentan a las patronales y a la burocracia sindical en sus lugares de trabajo.

Uno de los puntos que levantan los convocantes al paro es el de la “inseguridad”. En  los últimos días nos fuimos enterando de linchamientos que repudiamos con todas nuestras fuerzas. El tema de la inseguridad debe enfocarse hacia sus verdaderos responsables: la asociación mafiosa entre el poder político, el judicial y las Policías que ampara y alienta el narcotráfico, los desarmaderos, el sistema de robos, la trata de personas. La campaña de oficialistas y de la oposición patronal contra el pequeño delito los oculta y encubre. Rechazamos la persecución y estigmatización de los jóvenes pobres.

Como le dijimos al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el recinto de la Cámara de Diputados, hacemos responsable al Gobierno nacional de cualquier tipo de provocación o represión que viole el legítimo derecho de protesta y movilización que tienen los trabajadores que decidan ir al paro este próximo jueves.

Sobran motivos para parar el 10. Por un salario mínimo equivalente al costo de una canasta familiar, indexado mensualmente según la inflación real. Tres mil pesos de emergencia para todos. Paritarias sin techo. La eliminación del impuesto al salario. La prohibición de los despidos y suspensiones, como sostenemos en el proyecto de ley que presentamos en Diputados. Contra el trabajo en negro, la tercerización y la precarización laboral. Por el triunfo de las luchas de los docentes en nueve provincias. Contra el ajuste y los tarifazos. Por la absolución de los petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua sin pruebas por haber participado de una pueblada en el marco de un conflicto laboral. Contra la criminalización de la protesta social y por el desprocesamiento de los más de cinco mil luchadores populares. Por el rechazo a toda legislación represiva y antihuelga que promueve tanto el oficialismo como la oposición patronal.

El Frente de Izquierda es la única coalición política nacional que apoya y llama a todas las organizaciones sindicales a la huelga, incluyendo aquellas conducidas por dirigentes oficialistas. Los diputados nacionales, provinciales y concejales del FIT de todo el país nos sumamos para, como dijimos en la campaña electoral, fortalecer la lucha de los trabajadores y de la juventud. Para que, esta vez, la crisis la paguen los capitalistas.

El secuestro y desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006, a horas de que se conociera la sentencia contra el asesino Miguel Osvaldo Etchecolatz, es una herida abierta que nos muestra claramente la continuidad del aparato represivo de la Bonaerense desde la dictadura hasta hoy. Cuando Julio desapareció por segunda vez, nuestra compañera del CEPRODH, Myriam Bregman y otros organismos de derechos humanos reclamaron saber la cantidad de policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura y que continuaban en funciones. Sabían que allí pueden encontrarse los cómplices, al menos del encubrimiento de su segunda desaparición. La cifra dada a conocer en ese momento es escalofriante: 9.026 (nueve mil veintiséis) policías de la Bonaerense que actuaron en la dictadura militar aún continuaban en funciones al año 2006.

La continuidad de estas patotas capaces de producir un secuestro como el de Jorge Julio López volvió a expresarse tiempo después (10 de diciembre de 2007) cuando a punto de culminar el juicio oral que llevaba adelante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital Federal en su contra, fue encontrado asesinado con cianuro en una dependencia de la Prefectura Naval Argentina, el prefecto Héctor Antonio Febres, represor que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y quien tenía toda la información sobre los bebés nacidos en cautiverio en la ESMA.

Otro ejemplo es la lista de los integrantes del Batallón 601 de Inteligencia que se hizo pública en febrero del 2010, cuando la revista Veintitrés informó que existían más de 4 mil agentes civiles y militares que prestaron servicios en el máximo organismo de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura militar. Este documento, que permaneció bajo archivo durante 27 años, reveló que varios de sus miembros ocupaban para esa fecha lugares de importante trascendencia pública como sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos, entre otros. El sindicalista preferido del Gobierno, el burócrata de la UOCRA, Gerardo Martínez, es uno de los incluidos en la lista de agentes de inteligencia del Ejército. César Milani, el represor designado como Cristina Fernández como Jefe del Ejército, es otro de los integrantes de esa nefasta lista del 601.

Y así podemos seguir nombrando ejemplos y denuncias donde sale a la luz que se pueden contar por miles los integrantes de estas fuerzas que fueron parte del genocidio y que hoy siguen en funciones impunemente. Estamos seguros de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad no son reformables ni “depurables”, y que la continuidad de los elementos de la dictadura responde a la impunidad. Con esta certeza de que fue toda la institución, y que transcurridas décadas desde la caída de la dictadura hay miles de asesinos y torturadores en funciones, queremos que el Gobierno informe quiénes son, uno por uno, y entregue las listas completas, lo que permitiría no solo conocer a todos los que actuaron en la dictadura, sino también el destino de los compañeros desaparecidos y de los cientos de niños apropiados.

No se trata de depurar a los destacamentos armados del Estado de los capitalistas, un sinsentido cuando está en su naturaleza salvaguardar este régimen de explotación y miseria y los privilegios de una clase minoritaria que vive del trabajo ajeno. El sentido y objetivo de proyectos como estos es el demostrar como hasta los políticos burgueses más “progresistas”, como los K, al salvaguardar estas instituciones no pueden deshacerse del personal comprometido con la dictadura, ya que esto significaría la baja de la mayoría de los mandos de mayor jerarquía. Ni tampoco quieren. El ascenso de Milani es toda una confesión. A muy pocos días de un nuevo aniversario del golpe genocida, la pelea contra la impunidad y por el juicio y castigo a todos y cada uno de los responsables está más vigente que nunca. Este 24 de marzo volveremos a movilizarnos para que todos ellos sean condenados, incluidos todos sus cómplices empresariales, civiles y de la burocracia sindical.

Resulta evidente también que el plan del Gobierno para moderar la crisis del “modelo” tiene como principal medida anclar el salario y las jubilaciones con el objetivo de cristalizar la caída del salario real. Un nuevo rostro del progresismo nacional y popular, al que se suma el “éxito” de pagarles 5.000 millones de dólares a los saqueadores de la Repsol, mientras que el precio de las nafta -a diferencia de los salarios- sí puede estar mensualmente indexado, como parte del acuerdo secreto que el Gobierno firmó con la multinacional Chevrón. Entretanto quedó en los arcones del recuerdo aquello de no volver a endeudarse con los organismos de crédito internacionales, y empiezan a hacer “buena letra” también con los números de la inflación a la medida de las exigencias del Club de París y el FMI. El agotamiento estructural del “modelo” es un hecho y la perspectiva realista hacia 2015 es de crisis recurrentes, incluso más agudas.

Los empresarios y los gobiernos nacional y provinciales se ponen de acuerdo para poner un techo en las paritarias para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo en favor de los grandes grupos económicos concentrados, como los sojeros y especuladores financieros. Mientras tanto, y lamentablemente, las centrales sindicales oficialistas y opositoras no ofrecen ninguna salida más que pactos con el Gobierno, inmovilismo y conversaciones con las patronales y sectores políticos ajenos a los intereses de los trabajadores. Cada crisis económica que tuvo la Argentina en los últimos 40 años terminó con un saqueo al nivel de vida de la única clase productora, la clase trabajadora, en favor de un puñado de grandes capitalistas. Otra vez se quiere repetir la película. Pero más que un film es una triste realidad la que debe sufrir el pueblo trabajador si los de arriba se salen con la suya. No lo vamos a permitir.

Desde nuestra banca junto al resto de los compañeros diputados del Frente de Izquierda hemos elaborado un proyecto de ley que propone una serie de medidas de emergencia para enfrentar la crisis. El sentido de este proyecto es poner una línea de defensa al nivel de vida de las mayorías nacionales. Se dispone un aumento de emergencia de $3.000 para todos los asalariados y se establece un salario mínimo de $9.000: ningún trabajador puede percibir menos de lo que hoy cuesta una canasta familiar. Para enfrentar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, el proyecto establece que todos los salarios se ajustarán mensualmente según la variación que registre el costo de vida. Asimismo se establece como jubilación mínima el 82% del citado salario mínimo.

La suba de las tasas de interés y su consecuente “enfriamiento” de la economía ya provocó suspensiones en numerosas empresas. Asimismo hay decenas de fábricas y establecimientos que comenzaron con despidos. Estos se producen en primer lugar con quienes trabajan con “contratos basura“, una modalidad flexibilizadora que impuso el menemismo y aún hoy, con casi once años de kirchnerismo, sigue vigente. Las patronales simplemente no renuevan el contrato, que en general es por tres meses, y así dejan en la calle a miles de trabajadores sin pagar un centavo de indemnización. También distintos empresarios se están centrando en despedir a aquellos que quieren organizar a sus compañeros para defender sus derechos, despidos discriminatorios e ilegales amparados por la “vista gorda” de los ministerios de Trabajo de Nación y las provincias. En los últimos días estuvimos junto a los trabajadores de Kromberg, de Liliana, de Ecotrans, tres establecimientos que han sufrido numerosos despidos.

Nuestro proyecto plantea prohibir las suspensiones y despidos por el término de 24 meses “tanto en el ámbito público como privado o empresas autárquicas” y sostiene que “esta prohibición se aplicará sobre todos los trabajadores registrados, no registrados o registrados irregularmente, sea contratado, becario o monotributista, cualquiera fuera su forma contractual”. Asimismo se plantea la inmediata estatización de toda empresa que cierre, poniéndola bajo la gestión de sus propios trabajadores, como hemos visto con la fábrica de cerámicas Zanon de Neuquén, hoy Fasinpat, Fábrica Sin Patrones.

A partir de nuestra propuesta en la Mesa de Coordinación del Frente de Izquierda se resolvió que este proyecto se presente también en las legislaturas de Neuquén, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Mendoza, allá donde haya legisladores del FIT.
Sabemos que una ley de emergencia de éstas características encontrará la resistencia no sólo de los legisladores oficialistas, sino también de las bancadas que responden a los intereses de los empresarios y banqueros, como la del Frente Renovador y el PRO. En la Santa Fe gobernada por el partido de Hermes Binner, el estado provincial sólo respondió con indiferencia ante los despidos masivos de jóvenes trabajadores en la fábrica de electrodomésticos Liliana SRL. Es por eso que estamos poniendo el proyecto a consideración de todas las organizaciones de trabajadores antiburocráticos y combativos, que el próximo 15 de marzo estarán protagonizando un encuentro nacional en un estadio de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí saldrá la fuerza para imponer ésta medidas de emergencia.

Si tenemos en cuenta que hoy en la Argentina la mitad de los asalariados percibe menos de cuatro mil pesos mensuales, que casi el 80% de los jubilados gana la mínima de 2.800, que las asignaciones por hijo son de 460 pesos y que todos los que viven de su trabajo perdieron en los últimos tres meses alrededor del 20% de su poder de compra por la imparable inflación, podemos decir que el sueldo de los diputados es una verdadera provocación. Esta se agrava porque el anuncio se hace en las vísperas del inicio de las paritarias, a las que tanto los empresarios como el Gobierno buscan poner un techo para cristalizar la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.

Una de las primeras que se vienen es la de los docentes. Una maestra que tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la provincia de Buenos Aires, con nueve años de antigüedad, percibe hoy 3.835 de bolsillo por cargo, el 7,67 % de lo que a partir de febrero va a pasar a cobrar un diputado. ¿Por qué un diputado -por no hablar del resto de los funcionarios políticos- se lleva por mes trece veces más de lo que se lleva una maestra de grado? Uno de los ejes de nuestra campaña electoral en Mendoza fue “que todo funcionario político gane lo mismo que un docente”, y así debe ser.

La explicación de semejante dislate es sencilla. Se premia a los políticos para perpetuar este sistema de explotación en el que, una vez más, buscan que la crisis la paguemos los trabajadores, ahora con tarifazos, inflación y “cepo” salarial. Para garantizar normas y fallos favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, operadores de bolsa, terratenientes y multinacionales es necesaria una buena paga.

Como nos comprometimos públicamente, la dieta que percibiremos es de 8.500 pesos, que es lo que hoy se calcula que cuesta una canasta familiar. El resto va a un fondo para promover y apoyar las luchas de los trabajadores y sectores populares. En las últimas semanas ya aportamos varios pasajes aéreos para la campaña por la absolución de los petroleros de Las Heras, Santa Cruz, condenados a perpetua en un juicio viciado y nulo, por ser parte de una lucha hace seis años contra el impuesto al salario. Diez mil pesos para apoyar la lucha de los municipales del departamento de Lavalle, Mendoza, que consiguieron el pase a planta permanente de más de trescientos contratados en forma precaria. Los jóvenes trabajadores de la fábrica de electrodomésticos Liliana SRL recibieron también un aporte de otros diez mil pesos. Periódicamente publicaremos en la página de mi partido, el PTS, en qué invertimos el resto de la dieta que no nos corresponde.

Asimismo, vamos a promover un proyecto de ley para que todo funcionario político no pueda percibir más de lo que gana un docente, repitiendo la experiencia que ya hizo con la banca del FIT en Neuquén nuestro compañero Raúl Godoy el año pasado junto con los sindicatos docentes. Como dijimos, el abultado dinero que perciben los funcionarios políticos tiene un fin, antiobrero, antipopular y antinacional. De ahí la importancia política de este proyecto que, aspiramos, sea tomado por las organizaciones de trabajadores para imponerlo.

Entretanto, lo que tiene planteado la clase trabajadora es la preparación de un plan de lucha nacional para recuperar el salario perdido e imponer un mínimo de 8.500 pesos para todos, indexado en forma automática trimestralmente según la inflación. Las direcciones oficiales del movimiento obrero que no están con el Gobierno buscan el apoyo de otros políticos patronales como Massa o Scioli que, paradójicamente, comparten el programa de “ancla” salarial para los trabajadores.

La izquierda clasista, a la par de su crecimiento electoral, viene avanzando en su inserción en la clase trabajadora. Por eso, desde numerosas comisiones internas de la industria y de los servicios, sindicatos, cuerpos de delegados y seccionales docentes se van a promover encuentros regionales y un gran encuentro nacional para preparar esta lucha, probablemente en marzo. Las bancas del Frente de Izquierda ya están actuando para fortalecer esta perspectiva.

Del otro lado, los partidos patronales con sus campañas vacuas que en realidad esconden sus verdaderas intenciones para luego del 27 de octubre ajuste contra el pueblo trabajador y represión para quienes salgan a luchar por sus derechos. Las insustanciales campañas de los partidos tradicionales han repetido los viejos versos neoliberales que vienen de los 90. En Mendoza, el PJ y la UCR nos hablan de que la provincia necesita inversores, “seguridad jurídica”, “competitividad” para las empresas y agitan el fantasma de que las ideas de izquierda espantan la inversión. Sin embargo, la empresa Vale dejó en la calle a más de 6 mil trabajadores, chantajeando al Estado con la exigencia de exenciones impositivas para que todos nosotros le paguemos la rentabilidad de la empresa.

El verso ya conocido esconde el mensaje de que el pueblo trabajador debe hacer bien los deberes y seguir aceptando mansamente el trabajo precario, los bajos salarios, la inflación, un esquema impositivo regresivo, la falta de vivienda digna y todos los problemas que se padecen cotidianamente. A esto se suma el clamor de los candidatos patronales que al unísono responden a los grandes problemas sociales con más criminalización de la pobreza y la juventud a través de propuestas como la baja en la edad de imputabilidad. Nos acusan de utópicos y se plantean la falsa idea de una Mendoza conservadora contra la cual no podemos ir, cuando en realidad son ellos los conservadores que forman parte de una casta de políticos profesionales enriquecidos que no vive la realidad del pueblo trabajador.

Sin embargo, las únicas propuestas realistas para terminar con el trabajo precario, combatir la inflación, terminar con los salarios bajos y garantizar salud y educación de calidad para el pueblo trabajador son las que planteamos desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nosotros proponemos anular todas las leyes de flexibilización laboral para terminar en serio con la “herencia menemista”. Contra una casta de políticos profesionales que viven del Estado, por fuera de la realidad del pueblo trabajador, proponemos que todo diputado cobre igual que una maestra o cualquier trabajador. También proponemos un plan de becas para que los hijos de los trabajadores puedan acceder a la educación y la reducción de la jornada laboral para todos los jóvenes que quieran trabajar y estudiar. Muchos plantean la baja de la edad de imputabilidad y la mano dura, nosotros en cambio, queremos que los jóvenes tengan una perspectiva a futuro.

Hoy muchos hablan de frenar la inflación, pero nadie dice cómo hacerlo. Creemos que las grandes cadenas de  supermercados tienen el monopolio para incrementar los precios. Deberían abrirse los libros de contabilidad para ver cuál es la verdadera rentabilidad que tienen. A partir de impuestos a los grandes empresarios se puede, por ejemplo, aumentar presupuesto de la salud pública como hoy reclaman sus trabajadores. Además consideramos que todas aquellas personas que vivan de su salario deben tener un ingreso que cubra el costo de la canasta familiar, hoy en más de $7000. Estas son algunas de las ideas que venimos expresando en nuestra campaña y que se sintetizan en la consigna de llevar por primera vez una voz de los trabajadores y la juventud de Mendoza al Congreso para fortalecer la lucha por estos reclamos.

Nuestra campaña hace pie en la Mendoza profunda que venimos recorriendo día a día y donde la simpatía y el apoyo hacia el Frente de Izquierda han venido creciendo enormemente. La de los trabajadores petroleros de Luján de Cuyo. La Mendoza de trabajadores que dejan la vida en los campos del Cordón del Plata, en la que los jóvenes empiezan a levantar la voz contra el mito de la provincia conservadora como en San Rafael o la Mendoza que cuestiona cada vez más los aparatos de los partidos tradicionales y las consecuencias de años de gobierno del PJ y la UCR.

En las agitaciones callejeras en las plazas departamentales y lugares de trabajo como el Hospital Central y los carriles industriales del Gran Mendoza hemos juntado cientos de fiscales que nos ayudarán en la tarea de defender el voto y evitar el  robo de boleta al Frente de Izquierda. A lo largo y ancho de toda la provincia se desarrollaron debates como en Tunuyán, Maipú, San Martín o San Rafael.

En esta Mendoza profunda reside la fuerza que puede llevar al Frente de Izquierda a realizar una elección histórica. Los políticos de los partidos tradicionales tienen miedo de este apoyo que estamos conquistando. Por eso han llegado las agresiones como ocurrió en Luján, donde matones a sueldo amenazaron con armas de fuego a candidatos de nuestra lista. Queremos darle a la Argentina una alternativa política propia de quienes hacen mover el país: los trabajadores.

Mendoza no sólo no escapa a estos contrastes sociales y económicos, sino que, por el contrario, los confirma. Según datos surgidos desde la Subsecretaría de Trabajo Provincial, sólo en el Gran Mendoza el empleo informal alcanza a cien mil trabajadores sobre una población económicamente activa (PEA) de trescientos noventa mil. Los datos son contundentes entre los jóvenes del Gran Mendoza: hay más de treinta mil que tienen trabajos precarios y cerca de veinte mil jóvenes que poseen entre dieciséis y veinticinco años no trabajan ni estudian, según indicaba ya una investigación del Observatorio Laboral de la Universidad Nacional de Cuyo en 2011.

El proyecto del PJ y el gobernador Pérez para la juventud, en sintonía con el giro a derecha del kirchnerismo a nivel nacional, es tomar la agenda de la derecha, pidiendo mano dura y apoyando la baja de la edad de imputabilidad. Por su parte, Cobos anticipa su plan de resolver los desequilibrios estructurales del modelo económico haciéndole pagar la crisis a los trabajadores y a la juventud. Sus banderas son la competitividad para los empresarios, ajustar el tipo de cambio, reglas de juego claras para recuperar la inversión extranjera y entrar en los mercados internacionales: todas palabras tras las que se oculta un verdadero plan de ajuste del salario y las condiciones de vida de los trabajadores.

Ante esta realidad y en medio del escenario electoral, la simpatía por el Frente de Izquierda (FIT) en Mendoza no para de crecer luego del tercer puesto que obtuvimos en las PASO, con casi el 8% de los votos, especialmente entre los jóvenes de entre dieciocho y treinta años. Refleja a un sector juvenil harto de la precarización laboral, de la elitización de la educación, de las inmensas dificultades para acceder a una vivienda. Una juventud cansada de los partidos tradicionales del régimen, de que gobiernen los mismos de siempre y que comienza a referenciarse con el FIT buscando una salida.

Contra estos proyectos, conquistan la simpatía de amplias franjas de los trabajadores y de la juventud las propuestas de acabar con los privilegios de la casta política que gobierna a favor de los capitalistas, proponiendo que los diputados y todos los funcionarios políticos ganen el mismo salario que una maestra; también la propuesta de anular las leyes de flexibilización laboral neoliberales. Para la juventud no proponemos mano dura, sino acabar con el trabajo precario, por el acceso a la vivienda y por una jornada laboral reducida con igual salario para todos los jóvenes que quieran estudiar; porque les decimos NO a la megaminería contaminante y a las redes de trata; porque planteamos el aumento del presupuesto para salud y educación en base a impuestos a las grandes fortunas. Estas son algunas de nuestras principales propuestas.

Desde el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el FIT nos proponemos acceder a puestos legislativos para plantar una voz de denuncia de las políticas de los capitalistas y alentar desde esa tribuna la movilización de los trabajadores y de la juventud. Un gran ejemplo en este sentido ha sido el del diputado del PTS en el FIT Raúl Godoy en la Legislatura neuquina, denunciando la entrega del petróleo a Chevron y llamando a la movilización para enfrentar esta política.