¿Qué herencia deja el Frente para la Victoria en temas, por ejemplo, como corrupción, eficiencia de Gobierno y calidad del marco regulatorio? El kirchnerismo ha estado en el Gobierno por doce años con mayoría en el Congreso, ¿qué mejoras se perciben en la calidad de Gobierno y administración durante tan larga gestión? El siguiente gráfico (hacer click para expandir) muestra la percepción en control de corrupción, eficiencia de gobierno, calidad regulatoria, imperio e igualdad ante la ley (rule of law), y transparencia y rendición de cuentas (libertad de expresión, representación de los políticos). Los valores pueden oscilar entre -2,5 (peor) y 2,5 (mejor).

Si bien el último dato disponible es al 2013, los valores no dejan de ser representativos, dado que no se han dado importante mejoras en ninguna de estas variables. Los valores del 2013 se contrastan con dos puntos de referencia, el fin del menemismo (1999) y el inicio del kirchnerismo (2003). Dos lecturas se desprenden de estos datos. En primer lugar, doce años de gestión K no dejan una administración con una percepción claramente superior a la del fin del menemismo. Por ejemplo, el fin del mandato K muestra un leve empeoramiento en eficiencia de Gobierno y calidad regulatoria. En otras palabras, Argentina estaría algo mejor regulada por el menemismo, más allá de lo pobre que podamos considerar su desempeño. En segundo lugar, el kirchenismo muestra más empeoramientos que mejoras respecto al 2003.

Eficiencia de Gobierno, calidad regulatoria, y transparencia y rendición de cuentas es donde se ve un mayor retroceso. No hay, sin embargo, significativos avances en otras variables. Estos indicadores, a su vez, no capturan los eventos sucedidos del 2014 a la fecha (Hotesur, ausencia de indicadores de pobreza, fraude en las elecciones de Jujuy, etc.) Tras doce años catalogados como “década ganada”, el kirchnerismo no ha podido mostrar mejoras significativas al público en ninguno de estos indicadores. ¿Dónde han estado los avances en control de la corrupción? ¿Eficiencia de Gobierno o mejoras en el marco regulatorios? Menos aún en transparencia y rendición de cuentas, donde ni siquiera se puede confiar en las variables más elementales del Indec, como inflación.

Entre los países con mejor percepción institucional y de Gobierno se encuentran Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Noruega. Con indicadores similares a los de la gestión K se encuentran países como Armenia, Algeria, Etopía, México, Colombia, Rusia, Ecuador y El Salvador, entre otros. El partido que lleva en estas elecciones a Daniel Scioli muestra serias falencias no solo en materia económica, sino también en materia institucional.

La oposición a las políticas de shock suele basarse en que las mismas imponen un costo innecesario a la sociedad. Bajar el gasto público de golpe, por ejemplo, puede generar desempleo y desaceleración de la actividad económica. Por el otro lado, el gradualismo suele quedar a medio camino y las reformas, al quedar incompletas, son inconsistentes y nuevos problemas económicos aparecen en el mediano plazo. El gradualismo, por lo tanto, busca minimizar los costos sociales y económicos durante la transición. La crítica a las reformas en shock, sin embargo, obvia que las mismas también pueden hacerse con un plan de transición que hace justamente del gradualismo una opción innecesaria. Y dado que, de intentar hacer reformas de manera gradual, se corre el riesgo de que las mismas queden inconclusas, un shock bien planeado sería preferible al gradualismo.

Una analogía puede ilustrar el punto. Una muela que causa dolor es retirada en el momento (shock), no de forma gradual, por el dentista. Si el shock no es una mera medida económica aislada, sino un plan económico cuidadosamente planeado, entones antes de quitar al muela se aplica anestesia o algún calmante. Si el plan de shock no es cuidadosamente planeado y se hace porque la realidad se lo impone al político, entones es como quitar la muela sin anestesia o calmante. El problema que enfrenta la próxima administración no es sólo encarar las reformas apropiadas para Argentina, sino diseñar un claro plan de transición hasta que las reformas hagan efecto. Esto es distinto al gradualismo donde las reformas se hacen lento, paso a paso, esperando que sus efectos se materialicen gradualmente.

Hay, por lo tanto, dos tipos de políticas de shock. Las que poseen un plan de transición (plan bien diseñadas) y las que no (plan mal diseñadas.) La crisis del 2001 dejó impregnado en la opinión pública que un ajuste fiscal y cambios fuertes (shocks) implican altos costos económicos y sociales. Sin embargo, el manejo que hizo la política Argentina podría ser ejemplo de haber hecho todo lo importante mal: (1) pesificación asimétrica, (2) corralito y corralón, (3) aumento de impuestos, (4) creación de nuevos impuestos, (5) evitar un ajuste racional del gasto público cayendo en default, (6) congelar tarifas sin un plan de salida subsidiando a la oferta en lugar de la demanda, etc. A su vez, estas medidas fueron impuestas por la realidad; Ricardo López Murphy tuvo que renunciar por proponer un ajuste fiscal notablemente inferior y más ordenado que el que se terminó realizando por persistir en el mismo camino de desequilibrios económicos y fiscales.

Las políticas de shock se inspiran en el caso del milagro alemán, donde Ludwig Erhard tuvo un papel central. Luego de fracasos en la administración por parte de los aliados de la economía alemana, Erhard lleva adelante una reforma monetaria dando fin al Reichmark para dar origen al marco alemán. El mismo día que se anuncia esta medida se informa la eliminación de los controles de precios y la flexibilización de los programas de racionamiento en contra de las recomendaciones de Estados Unidos y los aliados. Estas reformas fueron el origen del milagro alemán, cuya economía ya se encontraba en recuperación para cuando el Plan Marshall entró en vigencia.

Chile (1975) y Bolivia (1985) son otros dos conocidos ejemplos de políticas de shock. Chile abre su economía a inversores externos llevando a los productores locales a competir en igualdad de condiciones con el mercado externo. Estas reformas pueden haber sido llevadas a cabo durante el gobierno de Pinochet, pero el resultado fue estabilizar la economía en el corto plazo y un ritmo de crecimiento de su economía mayor al de países vecinos en el mediano y largo plazo. En Bolivia las reformas que pusieron fin a la hiperinflación se llevaron adelante en los primeros 100 días de gobierno por Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre otras medidas, Lozada liberó el tipo de cambio, eliminó los controles de precios y subsidios a empresas públicas, redujo en dos tercios los empleados públicos de empresas estatales en el sector energético, y negoció un canje de deuda con el FMI. En sólo unos meses la hiperinflación cayó a valores en torno al 15% anual. Si bien se percibe un aumento en la tasa de desempleo, este indicador ya tenía una tendencia creciente desde 1978. A estos casos podría agregarse que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reduce el gasto público en términos del PBI del 80% al 30% en 3 años, junto a una desregulación general de la economía, sin producir una recesión ni aumento del desempleo (ver : Alto gasto público: ¿callejón sin salida?).

El caso de Polonia (1989) luego de la caída de la Unión Soviética presenta resultados más ambiguos. En el caso polaco, sin embargo, si bien se eliminaron regulaciones y control de precios, no se avanzó de manera decidida en la privatización de empresas públicas. Una cuestión central en un país satélite de la Unión Soviética. No obstante se redujo la tasa de inflación y se redujeron faltantes de productos. En el mediano y largo plazo Polonia incrementó el ritmo de crecimiento de su economía.

Los casos exitosos de shock muestran que las medidas económicas no fueron tomadas de modo aislado, sino que se implementaron planes integrales. Por ejemplo, una política de shock no se limita a levantar el cepo de un día para el otro, sino que tiene que estar acompañada de una serie de medidas que todas juntas conforman un plan. En contra ejemplo de las políticas de shock se puede mencionar a China, que ha llevado adelante reformas graduales. Y si bien los resultados no son negables, tampoco se puede ignorar la gran cantidad de ciudadanos chinos que siguen viviendo en pobres condiciones de vida por no llevar adelante las reformas a todo el país en lugar de concentrarlas principalmente en la zona costera de China.

Discutir políticas de shock versus gradualismo es útil en la medida que esto implique un plan de transición para navegar las reformas que tarde o temprano van a tener que hacerse, especialmente en lo que respecta desequilibrios fiscales. Si en lugar de medidas aisladas lo que hay es un plan completo de reforma, entonces correr el riesgo de dejar las reformas a medio hacer al elegir el camino del gradualismo parece ser un riesgo innecesario. Es decir, si su dentista es un estadista y le aplica un calmante, ¿para qué quitar la muela gradualmente en lugar de hacerlo en el momento?

Es importante aclarar que la emisión para financiar al sector público no es igual a la expansión de la base monetaria. Que la emisión para financiar al sector público en el primer bimestre del 2015 haya sido 4.60 veces superior a la del 2014 no quiere decir que la base monetaria se esté expandiendo a ese ritmo. Financiar al sector público es uno de diversos motivos por los cuales la base monetaria puede expandirse o contraerse. El BCRA puede emitir pesos para financiar al tesoro y luego quitarlos de circulación minimizando el impacto sobre la base monetaria y sobre el nivel de precios. Por ejemplo, el BCRA emite pesos, se los entrega al Tesoro. El Tesoro los gasta y luego el BCRA los compra (quita del mercado) vendiendo LEBACS en el mercado financiero. De este modo se financia al tesoro al mismo tiempo que se restringe la expansión monetaria.

La base monetaria puede variar por 5 motivos: (1) compra de USD (divisas), (2) financiar al sector publico (Tesoro, etc.), (3) Pases financieros (operaciones con entidades financieras), (4) venta y compra de LEBACS (y NOBACS) y (5) otras operaciones. Cada uno de estos componentes puede ser positivo (expansión de la base monetaria) o negativo (contracción de la base monetaria). El neto de los cinco factores coincide con la expansión total de la base monetaria. El siguiente cuadro muestra desde el 2009 en adelante la expansión de la base monetaria (Exp. BM) junto a sus diversos componentes (en millones de pesos). Se ve que la emisión para financiar al sector público crece vigorosamente. De allí que se sostenga que la inflación tiene una explicación fiscal o se debe al déficit del tesoro y que a veces se confunda emisión para para financiar al tesoro con expansión de la base monetaria.

En el 2013 se aprecia un significativo salto en la emisión para financiar al sector público (alrededor de 2/3 ocurre en los últimos cuatro meses del año) al punto tal que supera a la expansión total de la base monetaria. El BCRA minimizó el impacto sobre la base monetaria vendiendo USD en el mercado. Ese año el BCRA perdió unos 12.700 miles de millones de USD en reservas; cuatro veces más que en el 2012. Con la salida de Marcó del Pont de la presidencia del BCRA y la llegada de Fábrega se cambia de política y en lugar de vender USD para minimizar el impacto sobre la base monetaria, se pasa a vender LEBACS. La velocidad a la que se perdían reservas en el 2013 no era sostenible. En el 2013, el BCRA pedía pesos contra la entrega de USD a cambio de expectativas de una devaluación (que ocurrió a principios del 2014). En el 2014 el BCRA pide pesos a cambio de altas tasas de interés; las LEBACS rinden entre 26% y 29%. Con un tipo de cambio que se devalúa a un ritmo menor, se puede obtener una ganancia financiera invirtiendo en LEBACS para luego comprar más dólares (si se recibe la autorización correspondiente). El siguiente gráfico muestra impacto sobre la deuda en LEBACS del BCRA.

El BCRA se enfrenta con un dilema al momento de decidir financiar al sector público. Si no se quitan los pesos emitidos de circulación, entonces los pesos que se utilizan para comprar bienes y servicios aceleran la inflación y los pesos que se utilizan para comprar USD afectan a la cotización del dólar blue; es decir, lo que no va a inflación va a tipo de cambio blue. Si el BCRA quiere evitar (o minimizar) el impacto sobre la inflación, entonces debe emitir LEBACS y quitar pesos del mercado financiero. Esto disminuye los ahorros (locales) disponibles al sector privado a la vez que eleva las tasas de interés. Las LEBACS (que no duran más de un año) están rindiendo entre 26% y 29%.

No es casualidad que el resultado sea una desaceleración y hasta caída de la actividad económica. Así como el ritmo de pérdida de reservas del 2013 no era sostenible, la emisión de LEBACS también tiene un límite. Este límite, sin embargo, es más difícil de identificar. Pero lo cierto es que eventualmente, el BCRA debe devolver el capital más el interés que el mercado asigna a las LEBACS. Una abultada emisión de LEBACS, por lo tanto, sugiere futuras presiones inflacionarias si la deuda en LEBACS se paga con emisión monetaria; menos inflación hoy a expensas de más inflación en el futuro.

¿Qué puede suceder con la emisión para financiar al sector público y la emisión de LEBACS para los próximos diez meses del 2015? Veamos un escenario, sencillo, para ilustrar la preocupación por la acelerada emisión para financiar al sector público en el primer bimestre.

• A fines de febrero, la emisión para financiar al sector público llegó a los 22.000 miles de millones de pesos.
• Ignorando que este es un año de elecciones donde el gasto público tiende a ser mayor, si se repite la misma emisión para financiar al tesoro que en el 2014, entonces el 2015 termina con una emisión total de 353.400 miles de millones de pesos para financiar al tesoro; más del doble que el año pasado (161.500 miles de millones de pesos).
• Si en el 2015 la base monetaria se expande un 22% (similar a los dos últimos años), entonces el BCRA debe absorber unos 251.620 miles de millones de pesos extra; 2.60 veces la absorción realizada con LEBACS en el 2014.
• Si las LEBACS rinden un 25%, entonces es necesario emitir 100$ en LEBACS por cada 80$ a quitar del mercado.
• El stock de LEBACS en pesos a fines del 2014 es de 320.100 miles de millones de pesos.
• Por lo tanto, la deuda en LEBACS se duplica en un sólo año.
• Esto implica nuevos intereses por 62.905 miles de millones de pesos.

Las preocupaciones no solo son fundadas, sino que no es del todo claro que este panorama sea consistente con una desaceleración de la inflación en el mediano plazo.

El kirchnerismo ha hecho ya una costumbre del vicio de subestimar los recursos que tendrá a disposición. Dado que en el presupuesto se define cómo deben asignarse los recursos, subestimar los mismos genera recursos ociosos que el Gobierno luego utiliza a discreción (facilitado por la delegación año tras año de facultades en la Ley de Emergencia Económica.) El uso discrecional de recursos termina siendo un caldo de cultivo para la corrupción dado que el uso de fondos no está pre definido. No sorprende que a este gobierno no le falten serias sospechas de corrupción.

Los errores de cálculo del Gobierno no son menores, como lo señala un informe reproducido por Infobae.  Por ejemplo, en el 2014 se estimó un crecimiento del PBI del 6.2% mientras que la economía se contrajo un 1.6%. Un “error” de 7.8 puntos. Las estimaciones de inflación, basadas en el Indec, claramente se encuentran también fuertemente sesgadas. Al subestimar la inflación, los ingresos tributarios que dependen de valores de mercado se ven subestimados. Para ser un gobierno al que tan fácil le resulta criticar las estimaciones económicas de privados y dar lecciones de economía en foros internacionales, las dificultades para estimar a tan sólo un año variables centrales del país son preocupantes. Imagine que este tipo de errores son crónicamente cometidos por un piloto; ¿qué tan seguro se sentiría viajando en el avión de este piloto? Al ver los repetidos errores en las proyecciones de los distintos presupuestos, sumada a la delicada situación económica y social, es lícito preguntarse si el kirchnerismo está capacitado para manejar la economía del país. La sociedad y la dirigencia política en particular deben tener presente que legitimidad y capacidad de gestión son dos cosas distintas y que ninguna implica la otra.

Al mirar el presupuesto para el 2015 resaltan algunas inconsistencias así como algunas lecturas de cómo se utilizan los fondos públicos. Veamos tres inconsistencias y una lectura que surge del uso de fondos públicos.

Inflación: el gobierno estima una inflación del 15% (o del 1.2% anual) para el 2015. Las estimaciones privadas se encuentran en un 40% (la más alta desde la diciembre del 2001). Esto quiere decir que la tasa de inflación mensual debe bajar  de un 2.8% a un 1.2% mensual. ¿Dónde está el plan anti-inflacionario que va a lograr bajar la inflación a la mitad en el plazo de un año? ¿Está dispuesto el gobierno a reducir la financiación del BCRA y por lo tanto el gasto lo necesario para reducir la emisión monetaria al punto de cortar la inflación a la mitad? ¿O el gobierno piensa “bajar” la inflación bajando el indicador IPCNu?

Tipo de Cambio: el gobierno estima un tipo de cambio de 9.50 a fin del 2015. El gobierno también asume que la inflación a fin del 2014 será del 21.3%. La inflación oficial acumulada en lo que va del año es del 18.2% (lo que quiere decir que la inflación sólo será de un 3% en los últimos cuatro meses del año.) El gobierno también asume que en el 2015 el tipo de cambio evoluciona igual que la inflación. Esto es inconsistente con asumir que en lo que queda del 2014 el tipo de cambio caerá de 8.40 a 8.20 cuando aún queda sumar en el 2014 un 3% de inflación según lo asumido en el presupuesto. Si de aquí en adelante la inflación (oficial) evoluciona según el presupuesto (como se asume para el 2015), entonces el tipo de cambio debe ubicarse en 8.70, no en 8.20. Si en cambio la inflación de aquí a fin de año evoluciona al mismo ritmo que la inflación que ha tenido en el 2014, entonces a fin de año el tipo de cambio oficial debe ubicarse en 9.10. Se abren, entonces, dos posibilidades. Para mantener un tipo de cambio a fin del 2015 de 9.50 la inflación anual debe ser del 9.7% o 4.3% según el tipo de cambio a fin del 2014 sea del 8.7 o 9.1 respectivamente. Notablemente menor al 15% asumido por el gobierno. Si en cambio mantenemos el supuesto del 15% de inflación, entonces el tipo de cambio debe aumentar en el 2015 de 8.7 a 10.00 o de 9.10 a 10.47. En otras palabras, sin una apreciación del peso de 8.40 a 8.20 (recordemos que estamos en un contexto con una inflación interanual del 40%) los supuestos del presupuesto no son consistentes entre sí.

Déficit fiscal: los datos de déficit fiscal, central en todo proyecto de presupuesto, también presentan inconsistencias. El presupuesto asume un incremento nominal del 28% en los recursos tributarios. Esto implica un aumento del 7% por arriba de la inflación asumida en el presupuesto o un 12% por debajo de una inflación del 40%. O el gobierno está sumiendo un fuerte aumento impositivo o está admitiendo una notable caída en términos reales de los recursos tributarios. El gasto corriente muestra un aumento del 18.5%, pasando de 920.000 a fines del 2014 a 1.090.000 millones de pesos a fines del 2015. Desde el 2008 el aumento nominal del gasto corriente no baja del 27% anual. Sin embargo, si asumimos que el gasto corriente evoluciona en lo que resta del 2014 al mismo ritmo promedio que los últimos tres años, entonces a fines del 2014 se ubicará en 1.040.000 millones de pesos, 13% más del estimado en el presupuesto. Si el gobierno mantiene un 18.5% de incremento del gasto corriente, entonces a fin de año el gasto corriente se ubica en 1.230.000 millones de pesos llevando el déficit financiero estimado de 49.600 millones a 190.000 millones; casi cuatro veces el déficit financiero estimado en el presupuesto. Es decir, el gobierno está sobrestimando recursos ociosos al subestimar gastos más que subestimar ingresos. La estimación de la cuenta ahorro también muestra que las transferencias del BCRA y ANSES (rentas de la propiedad) estarían creciendo un 25% respecto al 2014. Otro dato que se contradice con una estimación a la baja de la inflación. Si descontamos este “maquillaje contable”, entonces el déficit financiero del presupuesto 2015 asciende a 205.440 millones de pesos en lugar de los asumidos 49.600 millones de pesos. Este número, que no corrige por transferencias del BCRA y ANSES, es mayor al déficit del 2014 neto del “maquillaje financiero.”

Como se puede apreciar, el presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso adolece no sólo de serias inconsistencias, sino de supuestos irreales. Lamentablemente esto ya es costumbre en el kirchnerismo.

La estructura de gastos también deja extraer algunas conclusiones que no estarían recibiendo la atención debida. Mientras Seguridad se lleva un 5.5% del presupuesto, los servicios sociales representan el 59% del total del gasto público, del cual el 70% se destina a seguridad social. Estos programas sociales se iniciaron como necesarios paliativos en la crisis del 2001. ¿Por qué siguen creciendo luego de una década, la “década ganada” según el oficialismo? El hecho de que aún hoy se necesite asignar tantos recursos a seguridad social muestra que los distintos planes sociales han sido mal diseñados o por lo menos mal aplicados. Un plan social exitoso no es aquel que crece en recursos porque cada vez hay más necesidad del mismo. Por el contrario, un plan social exitoso es aquel que logra reinserción en el mercado laboral llevando a la extinción de dichos programas. Quiero ser claro en que no estoy sosteniendo que no sean necesarios planes sociales, basta con mirar los indicadores de pobreza como los estimados por la UCA. Lo que sí estoy sugiriendo es que la mala aplicación o el mal diseño de los planes sociales que no logran reinserción laboral son parte importante del ya casi descontrolado déficit fiscal en el que se encuentra el Estado. Los dirigentes políticos se deben un serio debate sobre cómo reformar la estructura y gastos del Estado para lograr una transición de un esquema insostenible a uno virtuoso.

Descontando las transferencia que recibe el Tesoro por parte del BCRA (y ANSES, etc.), el déficit financiero de mayo se ubicó en unos 1.150 millones de pesos acumulando un total de 48.400 millones de pesos entre enero y mayo del 2014. En el 2013, este nivel de déficit acumulado se cruzó “recién” en el mes de septiembre. En el 2011 y en el 2012 se lo cruzó en diciembre. El déficit financiero acumulado a mayo del 2014 es mayor al déficit anual total en los años anteriores al 2011. El déficit acumulado a mayo 2014 es casi 2.5 veces el de mayo 2013.

Los datos ingresos son reveladores. Excepto “rentas de la propiedad” (transferencias del BCRA, ANSES, etc.), la recaudación cayó en términos reales respecto a mayo del 2013 (con una inflación para el período de 39.9% según el IPC congreso). Las transferencias del BCRA y ANSES crecieron en términos reales un 1638%. El resultado de esta emisión monetaria para financiar al tesoro compensa la caída real de los ingresos tributarios manteniendo los ingresos corrientes constantes en términos reales. Los egresos también son reveladores. Los únicos que han aumentado en términos reales fueron las transferencias y el rubro “otros” (mientras las transferencias al sector privado aumentaron, las transferencias al sector público disminuyeron).

Es decir, el Tesoro tiene una fuerte necesidad de recurrir al BCRA para financiar el insostenible nivel de gasto a la par que el aumento en términos reales se va en transferencias (por ejemplo subsidios) al sector privado en lugar de asignarse a los servicios que le corresponde brindar al estado como mantener la ley y el orden (seguridad y justicia.) ¿Si la infraestructura Argentina está tan bien y nunca se ha invertido tanto como en la década ganada, por qué tantas transferencias al sector privado? Es claro que el problema del gasto público es doble. Por un lado la asignación del gasto público es ineficiente; el gobierno kirchnerista gasta mal. Por otro lado un nivel de gasto excesivamente alto. Bajo la falsa ilusión de que el gasto público es intrínsecamente virtuoso y el gasto privado es naturalmente malo o hasta inmoral, se ha llegado a niveles insostenibles de gasto difíciles de corregir.

Sin embargo, lo preocupante no es sólo el nivel de gasto (ya de por sí un problema serio), es la aceleración del deterioro fiscal que se ve en el 2014. No sólo mayo muestra un déficit acumulado alto respecto a años anteriores, sino que mes a mes la emisión monetaria necesaria para financiar el déficit proyectado a fin de año aumenta por tercer mes consecutivo. En el siguiente gráfico vemos el déficit proyectado de mayo a fin de año. La proyección es simple, asume que cada mes el déficit en promedio evoluciona igual a como lo hizo en los dos últimos años. Junio es el mes con mayor deterioro fiscal en al menos los dos últimos años; 85% y 65% para el 2013 y el 2014. Para el 2015, entonces, el gráfico asume un deterioro fiscal del 75% (promedio de junio de los dos últimos años.) El deterioro de la actividad económica, pagos al Club de Paris, y la extensión de programas sociales los (ni-ni) pueden hacer de este un escenario conservador.

Si el déficit financiero proyectado se financia con emisión monetaria, entonces la expansión de la base monetaria llega a un 77%, que equivale a 7.4% mensual. El mismo ejercicio con datos a marzo daba una expansión de la base monetaria equivalente mensual del 6.3%. En abril 6.7%. Como vemos, en mayo saltó a 7.4% mensual. Para poner estos números en perspectiva, podemos pensar que si la inflación mensual ronda el 2%, entonces la expansión monetaria ronda también el 2% mensual (más allá de las insistencias del oficialismo, esto es justamente lo que los números muestran.) La presión inflacionaria, por lo tanto, puede pasar de un 2% mensual a un 7% mensual (lo que equivale a un 125% anual) si asumimos que la demanda de dinero ni la producción caen (de nuevo, dos supuestos “optimistas”)

¿Qué tan exagerado es este escenario? En economía las proyecciones son muy elusivas. Es práctica habitual estimar distintos escenarios y ver si los resultados más o menos se repiten. Algunos colegas (Roberto Cachanosky y Agustín Monteverde) llegaron a resultados similares con supuestos distintos. Más allá de si la expansión de base monetaria tiene que ser 77%, 60%, u 80% para financiar el déficit de mayo a diciembre, lo importante es que desde distintos ángulos el panorama fiscal se ve el mismo empeoramiento fiscal. Al gasto público y el subsecuente déficit, responsabilidad última del Congreso Nacional, se encuentra nuevamente fuera de control. La sociedad aún espera del arco opositor un serio planteo sobre cómo solucionar este serio problema. Los problemas económicos no se resuelven ni con promesas ni con buenas intenciones, se resuelven con una administración eficiente y buenas políticas económicas. La situación fiscal argentina es exactamente la opuesta.

Según los datos informados, el superávit primario fue de unos 3.570 millones de pesos gracias a un récord de transferencias en concepto de “rentas de la propiedad” (principalmente el BCRA) por unos 12.900 millones. Sin esta “contabilidad creativa”, el resultado primario cae a un déficit de -9.330 millones de pesos. Si a este déficit le restamos los costos financieros netos (pago y cobro de intereses), el resultado financiero cae a -17.300 millones de pesos. El resultado financiero para enero y febrero fue de -6.200 y -9.500 millones de pesos respectivamente. Esto quiere decir que el resultado acumulado para el primer trimestre es de -33.300 millones. En el 2012 y en el 2013 el deficit fiscal sobre el PBI (base 2004) fue de 3.1% y 3.7%.

Podemos estimar un valor de PBI para el primer trimestre del 2014 usando la variación (trimestre contra trimestre) promedio de distintos indicadores de actividad [EMAE, EMI, ISAC, IGA(OJF), IPI(OJF), e IPI(FIEL)]. El resultado de este ejercicio es un déficit fiscal para el primer trimestre del 2014 por 1.2% del PBI. De mantenerse esta relación, el deficit fiscal a fin del 2014 sería de un 4.6%. Casi un punto más que el año pasado.

De los datos fiscales se desprenden otros dos datos curiosos. En primer lugar, el único ingreso que creció en términos reales fue el de “rentas de la propiedad”. El resto de los ingresos cayeron en términos reales al crecer menos que la inflación de los últimos 12 meses. Los ingresos tributarios crecieron a un ritmo similar al de la inflación, pero es importante tener presente esto vino acompañado de aumentos impositivos implícitos (por ejemplo al no ajustar mínimos imponibles, no permitir ajuste contable por inflación, etc.) En segundo lugar, la única erogación que creció menos que la inflación es el correspondiente a seguridad social.

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre una desaceleración de la inflación. Esta postura me parece prematura por dos motivos. En primer lugar, es cierto que Fábrega ha reducido la base monetaria (-7.5% para el primer trimestre del 2014) y que esto debería llevar a una reducción en la inflación. Pero no es menos cierto que el déficit fiscal se financia con emisión monetaria. Por lo tanto, un aumento en el déficit fiscal puede llevar nuevamente a una expansión monetaria y a un aceleramiento de la inflación. ¿Cuál puede ser el déficit fiscal a fines del 2014? El siguiente gráfico muestra un simple escenario donde se asume que de abril a diciembre la evolución del déficit es igual a la evolución promedio del 2012 y del 2013. Es decir, es un escenario optimista donde se asume que de aquí en adelante la situación fiscal no es menor ni peor que la de los dos últimos años (en promedio.) Hay, sin embargo, motivos para creer que la situación puede ser peor. Todos los indicadores de actividad económica están dando a la baja, por lo que la recaudación puede desacelerarse (o incluso caer). Hay nuevos planes sociales para los “ni-ni” y el primer pago al Club de París que cae este año. De hecho, los datos de recaudación de abril muestran una desaceleración en términos reales. La línea roja corresponde al déficit acumulado del 2012, la azul a la del 2013, la negra a la del 2014 donde la sección punteada es la proyección a futuro.

En este escenario, el resultado financiero a fin del 2014 es de -290.800 millones de pesos. ¿Qué implica esto para la presión inflacionaria a futuro? En lo que queda del año faltarían financiar unos 256.900 millones de pesos. La base monetaria a fin de marzo se encuentra en unos 349.000 millones. Esto quiere decir que, si el déficit por financiar se suple con emisión monetaria, la base monetaria debe expandirse un notable 74%. Desde el 2006 que la base monetaria no supera una expansión del 40% anual (38% y 22.8% para el 2012 y 2013 respectivamente.) Esto implica una presión inflacionaria del 70% (a distribuirse en varios meses, la expansión monetaria afecta precios con lags importantes.)

El segundo motivo por el cual puede ser prematuro hablar de una desaceleración de la inflación es que, si bien es cierto que la inflación mensual habría caído en los últimos meses, esto bien puede ser un efecto estacional. La inflación Congreso para marzo, abril, y mayo fue de 3.3%, 2.78%, y 2.0% (Elypsis) respectivamente. Sin embargo, desde el 2008 que la inflación de mayo es inferior a la de los dos últimos meses. Por lo tanto, tres meses de tasas decrecientes de inflación no es un signo inequívoco de una inflación que se desacelera. ¿Se desaceleró, acaso, la inflación en los últimos años? Con un 2% de inflación en mayo 2014, la inflación acumulada de los últimos 12 meses es del 40.2%. Este es la máxima inflación de 12 meses desde diciembre 2002 cuando fue del 40.9%. La inflación de mayo contra mayo del 2012 y 2013 fue de 23.2% y 23.3%; sensiblemente menor a la del 40.2% de este año. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, que muestra la inflación de acumulada de 12 meses desde 1998.

Hay, por lo tanto, dos tendencias opuestas respecto a la inflación a futuro. Por un lado, la contracción de la base monetaria llevada adelante por el BCRA en los últimos meses (“ajuste”). Pero por el otro lado se ve un empeoramiento fiscal que, al ser financiado con emisión monetaria, sugiere mayores presiones inflacionarias a futuro. Lamentablemente, el escenario inflacionario lejos de estar claramente controlado, puede mostrar un empeoramiento en los meses por venir (salvo que haya cambios estructurales que reduzcan el nivel de déficit o financiamiento alternativo a la emisión monetaria.) Esta falta de coordinación entre el Tesoro y el BCRA puede resultar en tensiones políticas.

Debería ser evidente para quienes se dicen opositores al modelo que una seria discusión sobre cómo reestructurar (bajar el nivel, no reasignar partidas) el gasto público es importante, por no decir apremiante a medida que pasa el tiempo. Discusión que, ciertamente, no es parte del “profundo” debate político/institucional que ofrece la oposición. Si el arco opositor se niega a revisar gastos de “bajo impacto social” como el Fútbol Para Todos y la deficitaria Aerolíneas Argentinas (y no es que esto alcance para solucionar el problema) van a tener que ser muy creativos para poder solucionar estos desequilibrios. La primera lección de política económica que la oposición debe aprender es que no son las buenas intenciones las que generan buenos resultados económicos, son las consistentes políticas económicas las que generan buenos resultados.

A nivel general las similitudes entre los años previos al Rodrigazo y la actualidad son notables. Para producir un Rodrigazo hay que llevar adelante dos pasos: primero emita dinero a la par que impide que se ajusten los precios. Llámelo precios cuidados, limitar la tensión de precios, combatir la puja distributiva, tarifas sociales, etc. Luego, cuando la situación es impostergable, nombre un nuevo ministro de Economía que deba destapar la olla a presión que se ha recalentado durante tanto tiempo y use su nombre para describir las inevitables consecuencias del problema heredado. Es importante que no se relacionen las inevitables consecuencias sociales de la pobre política económica con su gobierno. Quizás sería más preciso, y justo, hablar de Gerardazo o Peronazo en lugar de Rodrigazo.

El Rodrigazo de 1975 no fue otra cosa que el resultado de una mala política económica y monetaria. Entre 1967 y 1972 (gobierno militar) la inflación anual equivalente fue del 25,6%. Nivel anual similar al que tenemos desde el 2007 (con excepción del 2009.) Cuando Hector Cámpora asume como presidente lo trae a José Gelbard (vinculado al Partido Comunista) como ministro de Economía, quien decide combatir la inflación “cuidando” los precios. Pocas veces tan aplicable la frase “cualquier parecido con la realidad es pura casualidad”. El problema de los controles de precios es que no eliminan la inflación, sino que acumulan presión inflacionaria sobre los precios. Sin control de precios los ajustes se dan a medida que la emisión monetaria llega al mercado. Con controles de precios, los aumentos que se hubiesen realizado paulatinamente se hacen de golpe una vez que se eliminan los controles. Una cosa es dominar la inflación (exceso monetario), muy distinto es eliminar el termómetro que la mide (nivel de precios). Si los precios no surgen de operaciones libres en el mercado, entonces son precios mentirosos que poco informan sobre las necesidades y desequilibrios del mercado.

Luego de la renuncia de Gelbard en 1974, y tras un corto reemplazo por parte de Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo asume como ministro de Economía teniendo que hacerse cargo de liberar los precios. Se podrá discutir si el método que Rodrigo eligió para intentar solucionar el problema era el correcto y si estuvo bien implementado; es sin embargo un acto de negación ignorar la imposible herencia que le dejaron.

Los efectos del Rodrigazo pueden resumirse en cuatro puntos:

• Aumento del 100% de lso costos de servicios y transporte público (tarifas)
• Devaluación del 150% frente al dólar comercial (había un tipo de cambio diferenciado para el sector financiero)
• Aumento de hasta el 180% en los combustibles.
• “Salariazo”

Entre 1876 y 1983 la inflación equivalente anual fue del 166,4%, más de cinco veces la del período 1967-1972 que licuó el “salariazo” disminuyendo el salario real. La CGT reaccionó con la primer huelga general en el gobierno de Perón. El deterioro económico y social fue tal que algunos llegan a sostener que la inflación del 35% mensual que siguió al Rodrigazo fue un factor importante en el golpe militar de 1976.

¿Cómo sería un Kirchnerazo si una medida similar se aplicase mañana? ¿Será Kicillof el próximo Celestino Rodrigo, o quizás el próximo fugaz Gómez Morales?

Entre el 2001 y el 2013 la inflación acumulada fue del 681% mientras que las tarifas aumentaron “sólo” un 144%. Esto quiere decir que las tarifas deben aumentar otro 373% para equiparar el 681% de inflación acumulada. Un valor holgadamente superior al 100% del Rodrigazo. La alta inflación aparentemente reconocida por el nuevo IPC y la política de cuidar precios van en la dirección de aumentar esta brecha.

En cuanto al tipo de cambio, si asumimos en números redondos que 12 pesos por dólar es el tipo de cambio de equilibrio, entonces es necesario devaluar un 50% para llevar el tipo de cambio de 8ARS/1USD a 12ARS/1USD. No es accidente que se haya acelerado el ritmo de devaluación cuando cambió el equipo económico, ni que se haya dejado saltar al tipo de cambio de 6,50 a 8,00 en enero. Que no se levante el cepo cambiario muestra que el nuevo tipo de cambio aún se queda corto respecto a su valor de equilibrio (que seguirá aumentando en la medida que el BCRA emitiendo dinero).

En término tarifarios, entonces, el kirchnerismo estaría generando una situación notablemente más delicada que la del Rodrigazo. En términos de devaluación, el gobierno se encuentra en una mejor situación debido a que viene reconociéndola a un ritmo mayor del que lo hizo con las tarifas de servicios públicos. Es importante tener presente, sin embargo, que solucionar un problema no corrige el otro. Cerrar la brecha cambiaria, por ejemplo, no hace desaparecer el atraso tarifario.

Es muy difícil predecir qué podría suceder de darse un Kirchnerazo de golpe dado que el desenlace depende de qué otras medidas se tomen en paralelo. Por ejemplo, ¿se devalúa y ajustan tarifas y además se levanta el cepo cambiario o se deja el cepo cambiario? ¿Se aumentan los impuestos y expropiaciones o se da marcha atrás con los avances sobre los derechos de propiedad? ¿Cómo se maneja desde el gobierno el inevitable descontento social? Y, no menos importante para el largo plazo, ¿qué explicación se va a dar a la población de la abultada tarifa que se le acaba de pasar? ¿Será culpa del “vil mercado y los poderes internacionales” o en un ataque de honestidad cívica la clase política hará un mea culpa sobre los costos del populismo? Etcétera…

Cuando distintos economistas ofrecemos nuestra opinión de manera cruda y objetiva sin la necesidad de tener que ganar votos, el objetivo no es ser destituyente ni golpista. Al contrario, es motivado por un genuino interés en que la clase política acuse recibo de los serios problemas de los que ellos mismos son causa. Nada agradaría más que explicar las bondades y solidez de la economía Argentina, pero hacer la vista gorda a serios problemas económicos es como el médico que oculta una terrible enfermedad a su paciente porque sólo gusta de dar buenas pero irrelevantes noticias.

Argentina se encuentra, una vez más, transitando una profunda crisis económica. Las débiles instituciones monetarias tienen un rol central en esta problemática. Que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una institución desinteresada, o incapaz, en proteger el poder adquisitivo de la moneda nacional debiera ser una apreciación fuera de discusión. Desde su fundación en 1935 hasta fines del 2013 la inflación equivalente anual fue de un chocante 55%. En promedio, Argentina ha vivido con una inflación del doble a la que los residentes han tenido que soportar en el 2013 que acaba de terminar. En estos 78 años, sólo en 23 ocasiones la inflación fue menor al 10%, en 17 menor al 5%, y un magro 11 veces menor a un 2% (sin contar los años de deflación por crisis y no buena administración monetaria.) En 1935 regía el Peso Moneda Nacional. Hoy, luego de seis cambios monetarios en los cuales se dejaron de lado trece ceros, rige un Peso devaluado sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo. Argentina no posee un banco central meramente ineficiente, posee uno de los peores bancos centrales del mundo. Es este pobre desempeño, y no cuestiones culturales, lo que explica la parcial y desprolija dolarización actual de Argentina.

Sintomático del desinterés del gobierno de turno es agregar insulto al daño al bolsillo de los argentinos negando que la inflación sea un fenómeno monetario, publicando datos oficiales de inflación de muy dudosa credibilidad y reformando la Carta Orgánica del BCRA disminuyendo su responsabilidad institucional en esta materia. La historia monetaria argentina muestra, sin embargo, que sería un error creer que el desmanejo monetario es un problema propio del kirchnerismo. Este movimiento, ya en un ingrato ocaso, es una expresión más de lo peligroso que la dirigencia política Argentina ha sido para la economía de su propio país.

Dada la historia monetaria argentina, la delicada situación económica de los últimos años, y la falta de propuestas de fondo sobre los problemas institucionales, decidimos junto a Adrián Ravier escribir un borrador de reforma monetaria para Argentina que implica cerrar el BCRA y aplicar una dolarización flexible con banca libre. Nuestro documento, debemos aclarar, es poco más que una actualización de la propuesta que Steve Hanke y Kurt Schuler hiciesen para Argentina a fines de la década del noventa sumada alguna influencia del esquema de reforma monetaria de George Selgin para Estados Unidos. Creemos que rechazar un planteo como éste en base a que el BCRA puede hacer una política monetaria eficiente es una expresión de deseo con tenue sustento. Si bien en términos teóricos podemos imaginar un BCRA ideal, el BCRA real es muy distinto al que los argentinos se merecen. Aferrarse al Titanic monetario porque el Titanic es argentino puede ser muy loable para quien defienda el nacionalismo monetario, pero ciertamente es ineficiente en términos económicos y de crecimiento a largo plazo. Si bien es cierto que una reforma monetaria no es suficiente para corregir los problemas económicos y sociales de Argentina, la historia del BCRA sugiere que sí es una reforma necesaria.

Creemos que los problemas monetarios de Argentina no se agotan en una discusión de política monetaria, sino que requieren de una seria revisión a nivel institucional. Sin desconocer que todo esquema monetario posee limitantes, en esta propuesta buscamos desmitificar algunas de las críticas más comunes asociadas a una reforma con estas características esperando que motiven un debate político más amplio al actual. Un debate institucional serio debe cuestionarse premisas, sean éstas correctas o incorrectas. Si bien el documento que compartimos al final de esta nota ofrece una discusión más extensa y detallada, en esta columna sólo quiero referirme brevemente a tres aspectos que consideramos centrales: (1) dolarización flexible, (2) banca libre, y (3) el problema de soberanía monetaria.

Dolarización flexible

Por dolarización suele entenderse utilizar el dólar como moneda en lugar de una moneda nacional. Estrictamente hablando, una economía puede estar “dolarizada” y utilizar una moneda distinta al dólar como puede ser el euro, el real, etcétera. Por flexible queremos indicar que la propuesta no consiste en cambiar el monopolio del peso por el monopolio del dólar. El planteo consiste, en cambio, en dar libertad de elección a los individuos y empresas para que elijan qué moneda utilizar en lugar de que les sea impuesta por el Estado. Dada la demanda de dólares, es de esperar que el primer paso al salir del peso sea hacia el dólar. Pero no hay motivos por los cuales restringirle al mercado la posibilidad de migrar a otra moneda si así lo considera conveniente. En otras palabras, la propuesta sugiere pasar del monopolio del peso a la libre elección monetaria.

Es importante tener presente que existen casos de economías dolarizadas o atadas al dólar que no han caído en desgracia. Hong Kong es, posiblemente, el caso más llamativo. A pesar de lo disminuido de su geografía es una de las economía más competitivas a nivel mundial. Argentina, en cambio, posee recursos naturales y una gran variedad climática empero de lo cual no logra desarrollarse. En oposición a lo que algunos parecen considerar apropiado, la competitividad se obtiene con buena infraestructura, bajos impuestos, y un buen clima de negocios, no con un tipo de cambio devaluado disfrazado con el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. Si devaluando se ganase competitividad, Argentina sería una potencia económica mundial, y no un país con una industria temerosa de competir en igualdad de condiciones en el plano internacional.

Otro caso es el de Ecuador, país que no se caracteriza por una dirigencia política amigable al libre mercado. Ecuador dolarizó su economía en el 2000 y desde entonces ha tenido uno de los períodos monetarios de mayor estabilidad en su historia. Panamá es, también, otro del que no se puede decir que la dolarización haya dañado a su economía. De hecho, Panamá fue un país que a pesar de no tener un banco central, o quizás gracias a ello, se ha recuperado rápidamente de una crisis internacional tan severa como la del 2008. Si bien Argentina posee una economía mayor a la de los países arriba mencionados, su tamaño respecto a la economía de Estados Unidos es similar al de varios estados como Missouri, Connecticut, Louisina y Oregón. No se escuchan voces, sin embargo, sosteniendo que estos estados deben abandonar el dólar y emitir su propia moneda. No hay nada natural ni superior per se en tener una moneda nacional. La estabilidad y desarrollo económico dependen de un sistema monetario estable y confiable, sea éste nacional o no.

Banca libre

Por banca libre entendemos el permiso a los bancos de emitir sus propias notas convertibles contra el dólar o el dinero fiat que consideren apropiado. Esto, que si bien puede parecer una idea extrema en Argentina y que nada tiene que ver con el caso de bonos provinciales como lo fueron los Patacones, no sólo ha sido práctica común en la historia económica, sino que se encuentra hoy día presente en países con buen desarrollo económico como Irlanda, Escocia y Hong Kong. En Escocia, por ejemplo, se estima que el 90% de las notas en circulación son de emisión privada. Hoy dos motivos por los cuales éste es un aspecto cuya importancia no puede exagerarse.

En primer lugar, la emisión privada de notas convertibles contribuye a la estabilidad financiera del sistema al ser una fuente extra de ingresos que permite diversificar el riesgo. A su vez, la competencia del sector puede traducir estos ingresos en beneficios extra a los clientes a través de mejores tasas de interés, servicios, premios, etcétera. Es decir, el señoreaje de la emisión de dinero queda en Argentina en lugar de quedar en la Reserva Federal de Estados Unidos. La ganancia estimada de la emisión de notas privadas para Irlanda y Escocia en el 2005, por ejemplo, llega a un valor de 145$ millones de dólares. Estos ingresos se traducen en puestos de trabajo, inversión, estabilidad financiera, etcétera. En segundo lugar, la posibilidad de emitir notas convertibles contribuye a la estabilidad macroeconómica al dar mayor flexibilidad a la oferta de dinero ante cambios en la demanda de dinero. Los casos históricos comparados de banca libre como el canadiense y el escocés frente a los mal llamados “banca libre” en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente muestran que dichos sistemas (Canadá y Escocia) son más eficientes y estables que aquellos donde existen regulaciones al sistema financiero (Estados Unidos e Inglaterra.) La Reserva Federal y la regulación financiera no pudieron evitar numerosas quiebras de bancos durante la Crisis del 30 en Estados Unidos, mientras que en Canadá, bajo un sistema competitivo y sin banco central, ningún banco debió cerrar sus puertas.

Nótese que esta propuesta no implica una multiplicidad de tipos de cambio o unidades de cuenta dado que cada banco emite su propia nota convertible contra la misma moneda, por ejemplo el dólar. Del mismo modo que puede haber cheques de distintos bancos contra pesos, las notas convertibles de los bancos serán contra otra unidad de cuenta como el dólar, el euro, o la que sea la moneda elegida por el mercado. Los precios de los inmuebles, por ejemplo, pueden estar nominados en dólares indistintamente de cual sea el banco a través del cual se realiza la transacción.

Vale hacer una aclaración más sobre el problema de estabilidad financiera. Es común escuchar decir que la crisis del 2008 muestra que la desregulación del sistema financiero termina en graves problemas económicos. Esta es una afirmación curiosa, dado que el sistema financiero no sólo es el mercado regulado, sino que depende de un monopolio estatal. La crisis del 2008 tuvo poco que ver con fuerzas de mercado y mucho que ver con errores de política monetaria y regulaciones gubernamentales. Es equívoco insistir con una crisis de libre mercado haciendo referencia al 2008 cuando aquella se desató en el mercado menos libre dependiente de monopolios estatales.

¿Soberanía monetaria?

Que la Argentina no debe renunciar a la soberanía monetaria es, quizás, el argumento más repetido contra una propuesta de estas características. Pero entendemos que esto es un mal uso del término soberanía y su uso agrega más confusión que claridad al debate. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, soberanía nacional es la “que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. Ninguno de los países dolarizados arriba mencionados son menos soberanos por elegir libremente usar una moneda como el dólar. Los países de la Zona Euro, por ejemplo, no han renunciado a su soberanía al adoptar el euro. Lo que nosotros proponemos es devolver la soberanía al pueblo reduciendo así la posibilidad de opresión monetaria por parte del Estado argentino. Pero dado el alto poder de destrucción monetario de la clase política Argentina creemos necesario que el BCRA cese sus funciones como emisor de moneda para evitar la tentación política de abusar de esta facultad; 78 años de historia Argentina muestran el débil poder de autocontrol de la política Argentina.

Creemos que es cuestionable una soberanía en la cual el que vive en suelo argentino está sometido a una inflación anual promedio del 55% donde incluso se le prohíbe atesorar en dólares o en la moneda que desee. En una república, como dice ser Argentina en su Constitución Nacional, es el pueblo, no el gobierno, quien ejerce su soberanía a través del Congreso. Limitar el poder de opresión monetaria del estado da más, no menos, soberanía al pueblo.

Reflexiones finales

De poco sirve discutir política económica y monetaria bajo un esquema institucional que impone incentivos contraproducentes a la clase política. Hablar de “planes”, “correcciones al modelo” o de “eficiencia de gestión” son expresiones vacías de propuestas institucionales concretas. Países como Venezuela o Argentina no van a adquirir el nivel desarrollo de países como Suiza, Inglaterra, Alemania o Canadá por mejorar la calidad de gestión; lo que estos países necesitan es mejorar sus instituciones.

Con Ravier esperamos que este documento contribuya a un debate mejor informando y con posiciones más abiertas que la miope visión que se deja ver en parte importante del debate político actual.

Al documento se puede acceder desde este link.

La presión fiscal es el monto de recaudación tributaria sobre el PBI nominal. Es decir, cuánto de los producido durante un año es destinado al pago de impuestos. Generalmente se suele observar la presión fiscal a nivel nación, dejando de lado los niveles sub-nacionales (provincias y municipios). Para obtener una estimación de la presión fiscal total hay que tener en cuenta todos los niveles del gobierno, no sólo el nacional. Es decir, la presión fiscal nacional más la provincial más la municipal. Pero la política monetaria inflacionaria K hace que esto siga siendo incompleto, hay que tener en cuenta también el impuesto inflacionario. Salvo unos pocos países, este último impuesto no legislado prácticamente ya no existe.

La siguiente tabla muestra la presión fiscal desde el año 2000 hasta el 2013 (con datos estimados). Los datos de presión tributaria sub-nacional están tomados de un informe de IARAF. Algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, desde el inicio del ciclo K en el 2003 hasta el 2014 la presión fiscal aumentó de un (ya alto) 26.1% a un asfixiante (por no decir confiscatorio) 44.6%. De estos 18.5 puntos (casi 2 por año), 10.1 ocurrieron desde el 2008 durante el gobierno de CFK. En segundo lugar, se ve que el incremento de la presión fiscal es principalmente determinado a nivel nación. En tercer lugar, el impuesto inflacionario muestra un salto en el 2007, año que coincide con la intervención al INDEC. La única caída sensible se da en el 2009 luego de la crisis financiera del 2008. Para el 2012 el impuesto inflacionario (usando el IPC-congreso) llega a tener la mitad de la presión fiscal que las provincias.

¿Cuál fue el aumento de recaudación en la década K (2004-2013) para cada uno de estos conceptos?

• Nación: 773,8%
• Provincias: 637,8%
• Municipio: 669,1%
• Impuesto inflacionario: 2.886,1%

Esto equivale a un incremento equivalente anual de 27.2%, 24.9%, 25.4%, y 45.9% para Nación, provincias, municipios, e impuesto inflacionario respectivamente.

Cabría, sin embargo, hacer por lo menos otro ajuste más. Así como la poca confianza que genera el INDEC nos lleva a utilizar estimaciones como el IPC-congreso como referente, también debemos ajustar los números de presión fiscal utilizando estimaciones privadas del PBI en lugar de los datos oficiales. Dado que el dato de PBI oficial se encuentra sobredimensionado, la presión fiscal es aún mayor luego de corregir el “error INDEC.” El siguiente gráfico muestra la presión fiscal calculados en la tabla anterior (en negro) junto a los resultados corrigiendo el PBI oficial (en verde) con las estimaciones de Ariel Coremberg para el período 2006-2012.

La diferencia entre las dos series se da a partir del 2007, cuando comienza la intervención del INDEC. Este ajuste sugiere una aceleración aún más marcada de la presión fiscal de la que se observa con datos oficiales, especialmente en el 2012. En este último año la presión fiscal oficial es de 43.1%, mientras que si ajustamos el PBI con las estimaciones de crecimiento de Coremberg la presión fiscal roza el 50% (48.8%).

Unas breves reflexiones finales. En primer lugar, estos números de carga fiscal se encuentran, aún, sub-estimados. Los impuestos se pagan para recibir servicios públicos a cambio, como seguridad, educación, salud, infraestructura de transporte, etc. ¿Cuántos de estos servicios son provistos de manera aceptable por el estado? Cada vez que un residente o una empresa tiene que contratar servicios privados porque los públicos no funcionan está, de hecho, pagando los impuestos que corresponden a estos servicios dos veces. ¿Qué ofrece el gobierno a cambio de tremenda presión fiscal?

En segundo lugar, la estructura y presión impositiva genera dos incentivos perversos. Por el lado del contribuyente, la tentación y hasta la necesidad de tener ingresos en negro, aumentando así la carga tributaria sobre quienes trabajan en blanco. Desde el lado del gobierno, esta es una situación conveniente al momento de inspeccionar a los contribuyentes. Dado que el sistema tributario empuja al contribuyente a estar en falta, un gobierno con un inocultable sesgo autoritario como el K puede utilizar esta situación para presionar al contribuyente. Un sistema tributario complejo puede, además, hacer que uno esté o no en regla dependiendo de la interpretación que el recaudados de impuestos haga del laberinto impositivo argentino. Por ejemplo, es factible que haya gente que no pida devolución de adelantos de ganancias no porque no esté en regla, sino porque no confía en la interpretación que la AFIP pueda hacer de las normas impositivas sobre su persona. El gobierno gusta de generar miedo, en lugar de confianza y cercanía, sobre los ciudadanos que dice proteger.

En tercer lugar, estos niveles de presión tributaria se prestan a ser interpretados como una ruptura del contrato social por parte del gobierno. El pueblo da el monopolio del poder al estado para que garantice la ley y el orden, no para que utilice ese monopolio de la fuerza para imponer una presión fiscal que roza el 50% a cambio de irrisorios servicios públicos. La obligación moral de pagar impuestos es dependiente de las contraprestaciones, transparencia y honestidad del gobierno que los recauda. ¿Con qué autoridad moral el gobierno impone una presión fiscal de niveles asfixiantes cuando los trenes chocan, gente muere en saqueos, y hay cortes de luz porque, según explica el gobierno, hace calor? Por último, viendo la tendencia de la presión fiscal de la última década, no hay que ser muy perspicaz para entender por qué es el gobierno quien habla de la década ganada.

Las reservas

Hay dos maneras de ver las reservas que hay en el BCRA. Las reservas totales y las reservas netas de deudas. Es decir, cuántos de los dólares que posee el BCRA no son deuda de terceros. En mi billetera puedo tener en total unos $150 dólares, $50 de los cuáles son préstamo de un tercero. ¿Cuántos dólares (reservas) tengo, $150 o $100? Al 15 de diciembre, el BCRA tenía unos 30.509 millones de reservas totales. Las reservas netas, luego de descontar los depósitos en dólares (y los Cedines) que el sistema financiero tiene depositado en el BCRA, quedan unos 20.000 millones en reservas. Si además se descuentan otros pasivos como deudas multilaterales y depósitos del gobierno, las reservas netas quedan en unos 16.560 millones (un monto levemente superior al 50% del total de reservas). Este número se reduce a 4.560 millones si se asume que el BCRA seguirá pagando la deuda del Tesoro (12.000 millones de dólares en el 2014) como lo ha hecho en los últimos tiempos (aquí un breve comentario de Guidotti y Nuemeyer.) La fuerte aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial y las medidas para seguir apretando el cepo no son casuales.

El siguiente gráfico muestra la evolución histórica (1998-2013) de las reservas totales y netas del BCRA. En el gráfico se puede apreciar el final del período de la convertibilidad y el aumento de reservas post-crisis 2001. A principios del 2006 se ve una caída producto del pago de la deuda con el FMI por parte del BCRA a cuenta del Tesoro. A principios del 2008, un año luego de la intervención del INDEC y aumento de la inflación, se ve que las reservas netas comienzan a caer. A partir del cepo se ve una caída en tobogán de las reservas totales y una fuerte caída vertical de las reservas netas hacia fines del 2013 marcado en rojo. Es oportuno recordar que es responsabilidad del Tesoro pagar sus propias deudas, y no hacer uso de las reservas del BCRA. El rol del BCRA es proteger el valor de la moneda, no entregar las reservas al Tesoro. Esto es, en definitiva, poner en práctica un impuesto no legislado. Los recursos del gobierno están en el Tesoro, no en los activos del BCRA.

La pérdida de reservas de los últimos tres años fue tan marcada que se retrocedió al nivel de reservas del 2005/2006. De hecho, sólo en el 2013 se perdieron más reservas que por la crisis del 2001. En el 2002 se perdieron unos 9.300 millones de reservas. En el 2011, 2012 y 2013 unos 5.800, 3.100 y 12.800 millones respectivamente. Esto quiere decir que en los últimos 3 años se perdieron un total de 21.700 millones de reservas, más del doble que en el 2002. Hay otra diferencia a tener en cuenta. Mientras que las reservas del 2002 se perdieron como consecuencia de la crisis a fines del 2001, a fines del 2013 la crisis aún no parece haber terminado de desarrollarse. De hecho, más de uno se pregunta cuándo va a venir la crisis como si la economía no estuviese ya prácticamente fuera de control. El siguiente gráfico muestra con una línea en negro el nivel de reservas totales (eje izquierdo) y con barras la variación de reservas totales (eje derecho). La línea roja que marca pérdidas es claramente superior a la del 2001. Las acelerada pérdida de reservas tampoco deja de ser notoria dado que otros bancos centrales no tienen problemas para acumular reservas, por el contrario, tienen dificultades para que no se les aprecie sus propias monedas.

El contexto del 2001 no es el mismo que el del 2013. En el 2001, dada la ley de convertibilidad, el BCRA no podía tocar el tipo de cambio para administrar la demanda y oferta de dólares en el mercado de divisas. Esta sí es una herramienta que posee el BCRA desde la salida de la convertibilidad pero que no ha sabido o no ha querido utilizar eficientemente. El kirchnerismo cometió el mismo error de una política de atraso cambiario que se asigna a la tablita de Martinez de Hoz y a la convertibilidad. Si bien el kirchnerismo gusta de ubicarse en las antípodas de estos gobiernos, en algunos aspectos de política económica las similitudes con gobiernos pasados son llamativas.

El tipo de cambio

El acelerado ritmo de pérdida de reservas llevó al gobierno a actuar sobre el tipo de cambio oficial. Más allá de las repetidas afirmaciones de que este gobierno no va a devaluar, el balance del BCRA muestra que lo hace a un ritmo importante. En el 2008 la devaluación se aceleró de un 2,7% en el 2007 a un 9,6%. Del 2009 al 2012 la devaluación del tipo de cambio oficial fue de 9,9%, 4,7%, 8.2% y 14,3% respectivamente. Estas tasas de devaluación, por cierto importantes, se encuentran por debajo de la inflación (verdadera) anual para el mismo período. Recién en el 2013 la tasa de devaluación se empareja con la tasa de inflación. Al 19 de diciembre, la devaluación acumulada fue del 30%. Parece ser, sin embargo, que devaluar al 30% anual no es suficiente para el BCRA. El siguiente gráfico muestra que las tasas de devaluación anualizadas se aceleraron mes a mes durante el 2013 llegando a un importante 51% en noviembre. En lugar de bajar la inflación, el BCRA prefiere acelerar la tasa de devaluación. Al 19 de diciembre la tasa de devaluación anualizada del mes llega al 120%. Claramente, lo que el gobierno dice y lo que el gobierno hace son dos cosas bien distintas. Estas altas tasas de devaluación también muestran que el gobierno acusa recibo del importante problema que se niega  a reconocer. Si la brecha entre el tipo de cambio oficial y blue fuese trivial, el BCRA no estaría devaluando a un ritmo que supera el 100% anual mientras que intenta bajar al cotización blue como lo ha hecho en las últimas semanas. A pesar de un cepo cambiario cada vez más estricto, restricciones a las importaciones y una acelerada tasa de devaluación, el BCRA no ha podido evitar una notable perdida de reservas. Esto sumado a ya seis años consecutivos de alta inflación. Si existiese tal cosa como la mala praxis en materia de política monetaria, el BCRA sería un caso de estudio.

Adelantos transitorios al Gobierno Nacional

Uno de los puntos más controversiales en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA es la facilidad que se le da al Banco Central para prestar dinero al Tesoro. Dada la alta presión fiscal (nivel récord) y la imposibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales, el gobierno ha optado por confiscar y capturar flujos de fondos (por ejemplos, los fondos previsionales en las AFJP que ahora la ANSES entrega al Tesoro argumentando “inversión social”) y por financiar déficit con emisión monetaria. El balance del BCRA también ofrece una clara muestra de los envíos de recursos que el banco hace al gobierno en concepto de “adelantos transitorios.” Estos adelantos transitorios comenzaron en 2002 por un valor de 3.700 millones de pesos. Al 15 de diciembre del 2013 los adelantos transitorios alcanzaron un valor de 161.800 millones de pesos. Esto equivale a una tasa de crecimiento del 40% anual. Al 15 de diciembre, este concepto representa el 24% del total de activos del BCRA.

Por otro lado, el gobierno también toma recursos del BCRA a cambio de “letras intransferibles”. Estos son bonos que el Tesoro entrega al BCRA pero que el BCRA no puede vender en el mercado en caso de necesitar liquidez. Al 15 de diciembre el 40% de los activos del Banco Central se encuentran “invertidos” en letras intransferibles de un gobierno con serios problemas de déficit fiscal. Los adelantos transitorios y letras intransferibles representan el 63% de los activos del Central.

Base monetaria e inflación

Estos desmanejos monetarios no son gratuitos. De una forma u otra, lo que se hace es convalidar expansión monetaria para financiar el déficit fiscal de un Estado sobredimensionado de dudosa eficiencia. Más allá de que distintos sectores allegados al kirchnerismo insistan en negar que la inflación es un fenómeno monetario, la relación entre expansión monetaria e inflación es innegable. Si bien lo más correcto sería comparar la evolución de agregados monetarios como M2 con el nivel de precios, el siguiente gráfico compara la evolución de base monetaria (lo que el BCRA emite) y el nivel de precios. Para facilitar la comparación, ambas series se encuentran en base 100 para el año 2003. El paralelismo es inocultable. Se ve, también, que salvo el 2002 (por la devaluación) la base monetaria crece antes de que suban los precios. Decir que es el aumento de precios lo que lleva a emisión monetaria no sólo es inconsistente, tampoco se condice con los datos más básicos de la economía argentina.

La situación delicada a la que han llegado el BCRA y la economía argentina se debe a la terquedad política de postergar soluciones de fondo con populismo. La correcciones que hubiesen sido fáciles de llevar a cabo en un período de bonanzas y recuperación económica son aún más difíciles en una economía que amenaza con entrar en estanflación. No sólo hoy día el contexto es menos favorable, sino que las soluciones de fondo necesarias con cada vez más exigentes. Los problemas económicos actuales no son meramente económicos, son síntomas de problemas institucionales más profundos. El acelerado deterioro del balance del BCRA en el 2013 sugieren que posiblemente éste siga siendo un tema de interés en las meses que se avecinan.