¿Qué herencia deja el Frente para la Victoria en temas, por ejemplo, como corrupción, eficiencia de Gobierno y calidad del marco regulatorio? El kirchnerismo ha estado en el Gobierno por doce años con mayoría en el Congreso, ¿qué mejoras se perciben en la calidad de Gobierno y administración durante tan larga gestión? El siguiente gráfico (hacer click para expandir) muestra la percepción en control de corrupción, eficiencia de gobierno, calidad regulatoria, imperio e igualdad ante la ley (rule of law), y transparencia y rendición de cuentas (libertad de expresión, representación de los políticos). Los valores pueden oscilar entre -2,5 (peor) y 2,5 (mejor).

Si bien el último dato disponible es al 2013, los valores no dejan de ser representativos, dado que no se han dado importante mejoras en ninguna de estas variables. Los valores del 2013 se contrastan con dos puntos de referencia, el fin del menemismo (1999) y el inicio del kirchnerismo (2003). Dos lecturas se desprenden de estos datos. En primer lugar, doce años de gestión K no dejan una administración con una percepción claramente superior a la del fin del menemismo. Por ejemplo, el fin del mandato K muestra un leve empeoramiento en eficiencia de Gobierno y calidad regulatoria. En otras palabras, Argentina estaría algo mejor regulada por el menemismo, más allá de lo pobre que podamos considerar su desempeño. En segundo lugar, el kirchenismo muestra más empeoramientos que mejoras respecto al 2003.

Eficiencia de Gobierno, calidad regulatoria, y transparencia y rendición de cuentas es donde se ve un mayor retroceso. No hay, sin embargo, significativos avances en otras variables. Estos indicadores, a su vez, no capturan los eventos sucedidos del 2014 a la fecha (Hotesur, ausencia de indicadores de pobreza, fraude en las elecciones de Jujuy, etc.) Tras doce años catalogados como “década ganada”, el kirchnerismo no ha podido mostrar mejoras significativas al público en ninguno de estos indicadores. ¿Dónde han estado los avances en control de la corrupción? ¿Eficiencia de Gobierno o mejoras en el marco regulatorios? Menos aún en transparencia y rendición de cuentas, donde ni siquiera se puede confiar en las variables más elementales del Indec, como inflación.

Entre los países con mejor percepción institucional y de Gobierno se encuentran Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Noruega. Con indicadores similares a los de la gestión K se encuentran países como Armenia, Algeria, Etopía, México, Colombia, Rusia, Ecuador y El Salvador, entre otros. El partido que lleva en estas elecciones a Daniel Scioli muestra serias falencias no solo en materia económica, sino también en materia institucional.

El kirchnerismo ha hecho ya una costumbre del vicio de subestimar los recursos que tendrá a disposición. Dado que en el presupuesto se define cómo deben asignarse los recursos, subestimar los mismos genera recursos ociosos que el Gobierno luego utiliza a discreción (facilitado por la delegación año tras año de facultades en la Ley de Emergencia Económica.) El uso discrecional de recursos termina siendo un caldo de cultivo para la corrupción dado que el uso de fondos no está pre definido. No sorprende que a este gobierno no le falten serias sospechas de corrupción.

Los errores de cálculo del Gobierno no son menores, como lo señala un informe reproducido por Infobae.  Por ejemplo, en el 2014 se estimó un crecimiento del PBI del 6.2% mientras que la economía se contrajo un 1.6%. Un “error” de 7.8 puntos. Las estimaciones de inflación, basadas en el Indec, claramente se encuentran también fuertemente sesgadas. Al subestimar la inflación, los ingresos tributarios que dependen de valores de mercado se ven subestimados. Para ser un gobierno al que tan fácil le resulta criticar las estimaciones económicas de privados y dar lecciones de economía en foros internacionales, las dificultades para estimar a tan sólo un año variables centrales del país son preocupantes. Imagine que este tipo de errores son crónicamente cometidos por un piloto; ¿qué tan seguro se sentiría viajando en el avión de este piloto? Al ver los repetidos errores en las proyecciones de los distintos presupuestos, sumada a la delicada situación económica y social, es lícito preguntarse si el kirchnerismo está capacitado para manejar la economía del país. La sociedad y la dirigencia política en particular deben tener presente que legitimidad y capacidad de gestión son dos cosas distintas y que ninguna implica la otra.

Al mirar el presupuesto para el 2015 resaltan algunas inconsistencias así como algunas lecturas de cómo se utilizan los fondos públicos. Veamos tres inconsistencias y una lectura que surge del uso de fondos públicos.

Inflación: el gobierno estima una inflación del 15% (o del 1.2% anual) para el 2015. Las estimaciones privadas se encuentran en un 40% (la más alta desde la diciembre del 2001). Esto quiere decir que la tasa de inflación mensual debe bajar  de un 2.8% a un 1.2% mensual. ¿Dónde está el plan anti-inflacionario que va a lograr bajar la inflación a la mitad en el plazo de un año? ¿Está dispuesto el gobierno a reducir la financiación del BCRA y por lo tanto el gasto lo necesario para reducir la emisión monetaria al punto de cortar la inflación a la mitad? ¿O el gobierno piensa “bajar” la inflación bajando el indicador IPCNu?

Tipo de Cambio: el gobierno estima un tipo de cambio de 9.50 a fin del 2015. El gobierno también asume que la inflación a fin del 2014 será del 21.3%. La inflación oficial acumulada en lo que va del año es del 18.2% (lo que quiere decir que la inflación sólo será de un 3% en los últimos cuatro meses del año.) El gobierno también asume que en el 2015 el tipo de cambio evoluciona igual que la inflación. Esto es inconsistente con asumir que en lo que queda del 2014 el tipo de cambio caerá de 8.40 a 8.20 cuando aún queda sumar en el 2014 un 3% de inflación según lo asumido en el presupuesto. Si de aquí en adelante la inflación (oficial) evoluciona según el presupuesto (como se asume para el 2015), entonces el tipo de cambio debe ubicarse en 8.70, no en 8.20. Si en cambio la inflación de aquí a fin de año evoluciona al mismo ritmo que la inflación que ha tenido en el 2014, entonces a fin de año el tipo de cambio oficial debe ubicarse en 9.10. Se abren, entonces, dos posibilidades. Para mantener un tipo de cambio a fin del 2015 de 9.50 la inflación anual debe ser del 9.7% o 4.3% según el tipo de cambio a fin del 2014 sea del 8.7 o 9.1 respectivamente. Notablemente menor al 15% asumido por el gobierno. Si en cambio mantenemos el supuesto del 15% de inflación, entonces el tipo de cambio debe aumentar en el 2015 de 8.7 a 10.00 o de 9.10 a 10.47. En otras palabras, sin una apreciación del peso de 8.40 a 8.20 (recordemos que estamos en un contexto con una inflación interanual del 40%) los supuestos del presupuesto no son consistentes entre sí.

Déficit fiscal: los datos de déficit fiscal, central en todo proyecto de presupuesto, también presentan inconsistencias. El presupuesto asume un incremento nominal del 28% en los recursos tributarios. Esto implica un aumento del 7% por arriba de la inflación asumida en el presupuesto o un 12% por debajo de una inflación del 40%. O el gobierno está sumiendo un fuerte aumento impositivo o está admitiendo una notable caída en términos reales de los recursos tributarios. El gasto corriente muestra un aumento del 18.5%, pasando de 920.000 a fines del 2014 a 1.090.000 millones de pesos a fines del 2015. Desde el 2008 el aumento nominal del gasto corriente no baja del 27% anual. Sin embargo, si asumimos que el gasto corriente evoluciona en lo que resta del 2014 al mismo ritmo promedio que los últimos tres años, entonces a fines del 2014 se ubicará en 1.040.000 millones de pesos, 13% más del estimado en el presupuesto. Si el gobierno mantiene un 18.5% de incremento del gasto corriente, entonces a fin de año el gasto corriente se ubica en 1.230.000 millones de pesos llevando el déficit financiero estimado de 49.600 millones a 190.000 millones; casi cuatro veces el déficit financiero estimado en el presupuesto. Es decir, el gobierno está sobrestimando recursos ociosos al subestimar gastos más que subestimar ingresos. La estimación de la cuenta ahorro también muestra que las transferencias del BCRA y ANSES (rentas de la propiedad) estarían creciendo un 25% respecto al 2014. Otro dato que se contradice con una estimación a la baja de la inflación. Si descontamos este “maquillaje contable”, entonces el déficit financiero del presupuesto 2015 asciende a 205.440 millones de pesos en lugar de los asumidos 49.600 millones de pesos. Este número, que no corrige por transferencias del BCRA y ANSES, es mayor al déficit del 2014 neto del “maquillaje financiero.”

Como se puede apreciar, el presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso adolece no sólo de serias inconsistencias, sino de supuestos irreales. Lamentablemente esto ya es costumbre en el kirchnerismo.

La estructura de gastos también deja extraer algunas conclusiones que no estarían recibiendo la atención debida. Mientras Seguridad se lleva un 5.5% del presupuesto, los servicios sociales representan el 59% del total del gasto público, del cual el 70% se destina a seguridad social. Estos programas sociales se iniciaron como necesarios paliativos en la crisis del 2001. ¿Por qué siguen creciendo luego de una década, la “década ganada” según el oficialismo? El hecho de que aún hoy se necesite asignar tantos recursos a seguridad social muestra que los distintos planes sociales han sido mal diseñados o por lo menos mal aplicados. Un plan social exitoso no es aquel que crece en recursos porque cada vez hay más necesidad del mismo. Por el contrario, un plan social exitoso es aquel que logra reinserción en el mercado laboral llevando a la extinción de dichos programas. Quiero ser claro en que no estoy sosteniendo que no sean necesarios planes sociales, basta con mirar los indicadores de pobreza como los estimados por la UCA. Lo que sí estoy sugiriendo es que la mala aplicación o el mal diseño de los planes sociales que no logran reinserción laboral son parte importante del ya casi descontrolado déficit fiscal en el que se encuentra el Estado. Los dirigentes políticos se deben un serio debate sobre cómo reformar la estructura y gastos del Estado para lograr una transición de un esquema insostenible a uno virtuoso.

El desempleo para los 31 aglomerados urbanos se ubicó en un 8.7%. Si se le suman la subocupación demandante (quienes trabajan pocas horas a la par buscan otros trabajo) se llega a un 14.2%. En el primer cuatrimestre del 2013 el desempleo se ubicaba en el 7.9% llegando al 13.4% si le agregamos la subocupación demandante. Hay otros tres indicadores que muestran problemas en el mercado laboral. En primer lugar el Índice de Demanda Laboral (UTDT) [CABA y GBA] de febrero del 2014 se encuentra un 15% por debajo del mínimo de la crisis del 2001. En segundo lugar el desempleo de largo plazo (desempleo por más de 12 meses) para el 2012 (último dato disponible en el Banco Mundial) es del 27.8%, mientras que para Brasil y México estaba en 14.6% y 1.7%. Esto quiere decir que ya en el 2012 el 27.8% de los desempleados llevaban al menos 12 meses en esa situación. Altas tasas de desempleo de largo plazo pueden indicar aumentos en un desempleo estructural muy difícil de reducir. En tercer lugar, una baja participación laboral. La población económicamente activa se encuentra en torno al 45% de la población en condiciones de trabajar (tasa de actividad en el informe del Indec). Los bajos salarios reales y los distintos subsidios al desempleo atentan contra la oferta de trabajo.

Junto con la inflación, el desempleo debe ser de las condiciones económicas más sensibles para el votante. De allí la importancia que el político suele dar a estos indicadores y su interés en políticas para crear empleo. ¿Cuántas veces el oficialismo y la oposición han hecho referencia a la necesidad de crear puestos de trabajo? ¿Cuántas veces el oficialismo ha puesto el acento en las políticas para crear empleo?

Crear empleo es fácil. Crear valor (trabajo que cree más valor del que consume en el proceso productivo), en cambio, es difícil. Cualquier gobierno puede muy fácilmente crear empleo. Si un país con una economía débil tiene unas 100 personas desempleadas, lo único que debe hacer su dirigencia política es que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de este país ponga en marcha un “plan trabajar” por el cual se contrata a 50 personas para que caven pozos por la mañana y a los otros 50 para que los tapen por la tarde, repitiendo esta tarea todos los días. La tasa de desempleo baja a 0% y el PBI aumenta por el incremento en la producción de pozos. Las estadísticas confirman las políticas keynesianas de gasto público que tanto inspiran al oficialismo (claro, los indicadores económicos están inspirados en esas teorías). El análisis económico, en cambio, sugiere que indistintamente de lo que digan las estadísticas, cavar pozos lejos está de solucionar los problemas económicos del país. Del mismo modo, bajar el desempleo vía empleo público tampoco es solución. 

Supongamos ahora que en lugar de contratar a los desempleados para cavar y tapar pozos se contrata a estos 100 desempleados para producir autos (hace unos días se supo que el equipo económico K le pidió a las automotrices que no lleven adelante despidos y suspensiones laborales). En lugar de imaginar a 100 personas cavando y tapando pozos, tenemos la imagen mental de 100 personas produciendo autos que podemos ver, tocar y usar. Ya no es obvio, como en el caso de los pozos, que la producción de autos sea una medida equivocada. Producir autos, sin embargo, puede ser tan “ridículo” (económicamente hablando) como producir pozos. El valor económico no se encuentra ni en el tamaño ni en las cualidades físicas de lo que se produce, el valor económico es subjetivo y personal, por lo tanto no es susceptible de ser cargado en la planilla Excel de Kicillof y Costa.  Así como los pozos no crean valor económico y por lo tanto no contribuyen al desempeño económico del país, subsidiar la construcción de bienes que no son rentables (¿industria automotriz en Argentina?) es igual de contraproducente. En términos económicos, producir autos que el mercado no está dispuesto a pagar (sin subsidio, protección, etc.) es equivalente a producir pozos. El ejemplo de los pozos apela expresamente al ridículo para separar la ilusión estadística de resultados económicos. Que a los ojos una actividad económica nos parezca rentable de ninguna manera quiere decir que así lo sea.

Los funcionarios públicos suelen caer presa de la ilusión estadística de creer que porque se crea empleo, entonces se crea valor. La relación es la inversa. Es cuando el mercado crea valor que se aumenta la demanda de trabajo y se baja la tasa de desempleo, el trabajo artificial producto de políticas públicas no pueden garantizar la creación de valor. Lamentablemente los políticos que se arrogan el decidir el destino económico del país se dejan llevar por el valor del índice de desempleo y no por si el trabajo creado por sus políticas públicas crea o consume valor que otros producen. Que el trabajo que vemos creado por las políticas públicas no sea visualmente “ridículo” no quiere decir que las políticas públicas sean exitosas.

El rol del Estado no es crear valor. El rol del Estado es mantener la ley y el orden; que es para lo que está institucional y estructuralmente preparado. Si el Estado protege instituciones de mercado, entonces no tendrá que apelar a ilusiones estadísticas para esconder el desempleo bajo la alfombra de series económicas. El bajo desempleo en Japón, por ejemplo, no se debe al éxito de sus “planes trabajar”, se debe al desarrollo económico sustentado sobre un marco institucional más serio y consistente que el Argentino.

La presión fiscal es el monto de recaudación tributaria sobre el PBI nominal. Es decir, cuánto de los producido durante un año es destinado al pago de impuestos. Generalmente se suele observar la presión fiscal a nivel nación, dejando de lado los niveles sub-nacionales (provincias y municipios). Para obtener una estimación de la presión fiscal total hay que tener en cuenta todos los niveles del gobierno, no sólo el nacional. Es decir, la presión fiscal nacional más la provincial más la municipal. Pero la política monetaria inflacionaria K hace que esto siga siendo incompleto, hay que tener en cuenta también el impuesto inflacionario. Salvo unos pocos países, este último impuesto no legislado prácticamente ya no existe.

La siguiente tabla muestra la presión fiscal desde el año 2000 hasta el 2013 (con datos estimados). Los datos de presión tributaria sub-nacional están tomados de un informe de IARAF. Algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, desde el inicio del ciclo K en el 2003 hasta el 2014 la presión fiscal aumentó de un (ya alto) 26.1% a un asfixiante (por no decir confiscatorio) 44.6%. De estos 18.5 puntos (casi 2 por año), 10.1 ocurrieron desde el 2008 durante el gobierno de CFK. En segundo lugar, se ve que el incremento de la presión fiscal es principalmente determinado a nivel nación. En tercer lugar, el impuesto inflacionario muestra un salto en el 2007, año que coincide con la intervención al INDEC. La única caída sensible se da en el 2009 luego de la crisis financiera del 2008. Para el 2012 el impuesto inflacionario (usando el IPC-congreso) llega a tener la mitad de la presión fiscal que las provincias.

¿Cuál fue el aumento de recaudación en la década K (2004-2013) para cada uno de estos conceptos?

• Nación: 773,8%
• Provincias: 637,8%
• Municipio: 669,1%
• Impuesto inflacionario: 2.886,1%

Esto equivale a un incremento equivalente anual de 27.2%, 24.9%, 25.4%, y 45.9% para Nación, provincias, municipios, e impuesto inflacionario respectivamente.

Cabría, sin embargo, hacer por lo menos otro ajuste más. Así como la poca confianza que genera el INDEC nos lleva a utilizar estimaciones como el IPC-congreso como referente, también debemos ajustar los números de presión fiscal utilizando estimaciones privadas del PBI en lugar de los datos oficiales. Dado que el dato de PBI oficial se encuentra sobredimensionado, la presión fiscal es aún mayor luego de corregir el “error INDEC.” El siguiente gráfico muestra la presión fiscal calculados en la tabla anterior (en negro) junto a los resultados corrigiendo el PBI oficial (en verde) con las estimaciones de Ariel Coremberg para el período 2006-2012.

La diferencia entre las dos series se da a partir del 2007, cuando comienza la intervención del INDEC. Este ajuste sugiere una aceleración aún más marcada de la presión fiscal de la que se observa con datos oficiales, especialmente en el 2012. En este último año la presión fiscal oficial es de 43.1%, mientras que si ajustamos el PBI con las estimaciones de crecimiento de Coremberg la presión fiscal roza el 50% (48.8%).

Unas breves reflexiones finales. En primer lugar, estos números de carga fiscal se encuentran, aún, sub-estimados. Los impuestos se pagan para recibir servicios públicos a cambio, como seguridad, educación, salud, infraestructura de transporte, etc. ¿Cuántos de estos servicios son provistos de manera aceptable por el estado? Cada vez que un residente o una empresa tiene que contratar servicios privados porque los públicos no funcionan está, de hecho, pagando los impuestos que corresponden a estos servicios dos veces. ¿Qué ofrece el gobierno a cambio de tremenda presión fiscal?

En segundo lugar, la estructura y presión impositiva genera dos incentivos perversos. Por el lado del contribuyente, la tentación y hasta la necesidad de tener ingresos en negro, aumentando así la carga tributaria sobre quienes trabajan en blanco. Desde el lado del gobierno, esta es una situación conveniente al momento de inspeccionar a los contribuyentes. Dado que el sistema tributario empuja al contribuyente a estar en falta, un gobierno con un inocultable sesgo autoritario como el K puede utilizar esta situación para presionar al contribuyente. Un sistema tributario complejo puede, además, hacer que uno esté o no en regla dependiendo de la interpretación que el recaudados de impuestos haga del laberinto impositivo argentino. Por ejemplo, es factible que haya gente que no pida devolución de adelantos de ganancias no porque no esté en regla, sino porque no confía en la interpretación que la AFIP pueda hacer de las normas impositivas sobre su persona. El gobierno gusta de generar miedo, en lugar de confianza y cercanía, sobre los ciudadanos que dice proteger.

En tercer lugar, estos niveles de presión tributaria se prestan a ser interpretados como una ruptura del contrato social por parte del gobierno. El pueblo da el monopolio del poder al estado para que garantice la ley y el orden, no para que utilice ese monopolio de la fuerza para imponer una presión fiscal que roza el 50% a cambio de irrisorios servicios públicos. La obligación moral de pagar impuestos es dependiente de las contraprestaciones, transparencia y honestidad del gobierno que los recauda. ¿Con qué autoridad moral el gobierno impone una presión fiscal de niveles asfixiantes cuando los trenes chocan, gente muere en saqueos, y hay cortes de luz porque, según explica el gobierno, hace calor? Por último, viendo la tendencia de la presión fiscal de la última década, no hay que ser muy perspicaz para entender por qué es el gobierno quien habla de la década ganada.

Las reservas

Hay dos maneras de ver las reservas que hay en el BCRA. Las reservas totales y las reservas netas de deudas. Es decir, cuántos de los dólares que posee el BCRA no son deuda de terceros. En mi billetera puedo tener en total unos $150 dólares, $50 de los cuáles son préstamo de un tercero. ¿Cuántos dólares (reservas) tengo, $150 o $100? Al 15 de diciembre, el BCRA tenía unos 30.509 millones de reservas totales. Las reservas netas, luego de descontar los depósitos en dólares (y los Cedines) que el sistema financiero tiene depositado en el BCRA, quedan unos 20.000 millones en reservas. Si además se descuentan otros pasivos como deudas multilaterales y depósitos del gobierno, las reservas netas quedan en unos 16.560 millones (un monto levemente superior al 50% del total de reservas). Este número se reduce a 4.560 millones si se asume que el BCRA seguirá pagando la deuda del Tesoro (12.000 millones de dólares en el 2014) como lo ha hecho en los últimos tiempos (aquí un breve comentario de Guidotti y Nuemeyer.) La fuerte aceleración de la devaluación del tipo de cambio oficial y las medidas para seguir apretando el cepo no son casuales.

El siguiente gráfico muestra la evolución histórica (1998-2013) de las reservas totales y netas del BCRA. En el gráfico se puede apreciar el final del período de la convertibilidad y el aumento de reservas post-crisis 2001. A principios del 2006 se ve una caída producto del pago de la deuda con el FMI por parte del BCRA a cuenta del Tesoro. A principios del 2008, un año luego de la intervención del INDEC y aumento de la inflación, se ve que las reservas netas comienzan a caer. A partir del cepo se ve una caída en tobogán de las reservas totales y una fuerte caída vertical de las reservas netas hacia fines del 2013 marcado en rojo. Es oportuno recordar que es responsabilidad del Tesoro pagar sus propias deudas, y no hacer uso de las reservas del BCRA. El rol del BCRA es proteger el valor de la moneda, no entregar las reservas al Tesoro. Esto es, en definitiva, poner en práctica un impuesto no legislado. Los recursos del gobierno están en el Tesoro, no en los activos del BCRA.

La pérdida de reservas de los últimos tres años fue tan marcada que se retrocedió al nivel de reservas del 2005/2006. De hecho, sólo en el 2013 se perdieron más reservas que por la crisis del 2001. En el 2002 se perdieron unos 9.300 millones de reservas. En el 2011, 2012 y 2013 unos 5.800, 3.100 y 12.800 millones respectivamente. Esto quiere decir que en los últimos 3 años se perdieron un total de 21.700 millones de reservas, más del doble que en el 2002. Hay otra diferencia a tener en cuenta. Mientras que las reservas del 2002 se perdieron como consecuencia de la crisis a fines del 2001, a fines del 2013 la crisis aún no parece haber terminado de desarrollarse. De hecho, más de uno se pregunta cuándo va a venir la crisis como si la economía no estuviese ya prácticamente fuera de control. El siguiente gráfico muestra con una línea en negro el nivel de reservas totales (eje izquierdo) y con barras la variación de reservas totales (eje derecho). La línea roja que marca pérdidas es claramente superior a la del 2001. Las acelerada pérdida de reservas tampoco deja de ser notoria dado que otros bancos centrales no tienen problemas para acumular reservas, por el contrario, tienen dificultades para que no se les aprecie sus propias monedas.

El contexto del 2001 no es el mismo que el del 2013. En el 2001, dada la ley de convertibilidad, el BCRA no podía tocar el tipo de cambio para administrar la demanda y oferta de dólares en el mercado de divisas. Esta sí es una herramienta que posee el BCRA desde la salida de la convertibilidad pero que no ha sabido o no ha querido utilizar eficientemente. El kirchnerismo cometió el mismo error de una política de atraso cambiario que se asigna a la tablita de Martinez de Hoz y a la convertibilidad. Si bien el kirchnerismo gusta de ubicarse en las antípodas de estos gobiernos, en algunos aspectos de política económica las similitudes con gobiernos pasados son llamativas.

El tipo de cambio

El acelerado ritmo de pérdida de reservas llevó al gobierno a actuar sobre el tipo de cambio oficial. Más allá de las repetidas afirmaciones de que este gobierno no va a devaluar, el balance del BCRA muestra que lo hace a un ritmo importante. En el 2008 la devaluación se aceleró de un 2,7% en el 2007 a un 9,6%. Del 2009 al 2012 la devaluación del tipo de cambio oficial fue de 9,9%, 4,7%, 8.2% y 14,3% respectivamente. Estas tasas de devaluación, por cierto importantes, se encuentran por debajo de la inflación (verdadera) anual para el mismo período. Recién en el 2013 la tasa de devaluación se empareja con la tasa de inflación. Al 19 de diciembre, la devaluación acumulada fue del 30%. Parece ser, sin embargo, que devaluar al 30% anual no es suficiente para el BCRA. El siguiente gráfico muestra que las tasas de devaluación anualizadas se aceleraron mes a mes durante el 2013 llegando a un importante 51% en noviembre. En lugar de bajar la inflación, el BCRA prefiere acelerar la tasa de devaluación. Al 19 de diciembre la tasa de devaluación anualizada del mes llega al 120%. Claramente, lo que el gobierno dice y lo que el gobierno hace son dos cosas bien distintas. Estas altas tasas de devaluación también muestran que el gobierno acusa recibo del importante problema que se niega  a reconocer. Si la brecha entre el tipo de cambio oficial y blue fuese trivial, el BCRA no estaría devaluando a un ritmo que supera el 100% anual mientras que intenta bajar al cotización blue como lo ha hecho en las últimas semanas. A pesar de un cepo cambiario cada vez más estricto, restricciones a las importaciones y una acelerada tasa de devaluación, el BCRA no ha podido evitar una notable perdida de reservas. Esto sumado a ya seis años consecutivos de alta inflación. Si existiese tal cosa como la mala praxis en materia de política monetaria, el BCRA sería un caso de estudio.

Adelantos transitorios al Gobierno Nacional

Uno de los puntos más controversiales en la reforma de la Carta Orgánica del BCRA es la facilidad que se le da al Banco Central para prestar dinero al Tesoro. Dada la alta presión fiscal (nivel récord) y la imposibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales, el gobierno ha optado por confiscar y capturar flujos de fondos (por ejemplos, los fondos previsionales en las AFJP que ahora la ANSES entrega al Tesoro argumentando “inversión social”) y por financiar déficit con emisión monetaria. El balance del BCRA también ofrece una clara muestra de los envíos de recursos que el banco hace al gobierno en concepto de “adelantos transitorios.” Estos adelantos transitorios comenzaron en 2002 por un valor de 3.700 millones de pesos. Al 15 de diciembre del 2013 los adelantos transitorios alcanzaron un valor de 161.800 millones de pesos. Esto equivale a una tasa de crecimiento del 40% anual. Al 15 de diciembre, este concepto representa el 24% del total de activos del BCRA.

Por otro lado, el gobierno también toma recursos del BCRA a cambio de “letras intransferibles”. Estos son bonos que el Tesoro entrega al BCRA pero que el BCRA no puede vender en el mercado en caso de necesitar liquidez. Al 15 de diciembre el 40% de los activos del Banco Central se encuentran “invertidos” en letras intransferibles de un gobierno con serios problemas de déficit fiscal. Los adelantos transitorios y letras intransferibles representan el 63% de los activos del Central.

Base monetaria e inflación

Estos desmanejos monetarios no son gratuitos. De una forma u otra, lo que se hace es convalidar expansión monetaria para financiar el déficit fiscal de un Estado sobredimensionado de dudosa eficiencia. Más allá de que distintos sectores allegados al kirchnerismo insistan en negar que la inflación es un fenómeno monetario, la relación entre expansión monetaria e inflación es innegable. Si bien lo más correcto sería comparar la evolución de agregados monetarios como M2 con el nivel de precios, el siguiente gráfico compara la evolución de base monetaria (lo que el BCRA emite) y el nivel de precios. Para facilitar la comparación, ambas series se encuentran en base 100 para el año 2003. El paralelismo es inocultable. Se ve, también, que salvo el 2002 (por la devaluación) la base monetaria crece antes de que suban los precios. Decir que es el aumento de precios lo que lleva a emisión monetaria no sólo es inconsistente, tampoco se condice con los datos más básicos de la economía argentina.

La situación delicada a la que han llegado el BCRA y la economía argentina se debe a la terquedad política de postergar soluciones de fondo con populismo. La correcciones que hubiesen sido fáciles de llevar a cabo en un período de bonanzas y recuperación económica son aún más difíciles en una economía que amenaza con entrar en estanflación. No sólo hoy día el contexto es menos favorable, sino que las soluciones de fondo necesarias con cada vez más exigentes. Los problemas económicos actuales no son meramente económicos, son síntomas de problemas institucionales más profundos. El acelerado deterioro del balance del BCRA en el 2013 sugieren que posiblemente éste siga siendo un tema de interés en las meses que se avecinan.

No es casualidad que la inflación haya comenzado a identificarse como un problema serio alrededor del 2007, justamente cuando hay un quiebre en el comportamiento de la base monetaria y cuando comienza la intervención del INDEC. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la inflación depende de la oferta monetaria total, de la cual la base monetaria (lo que imprime el BCRA) es sólo una parte. El total de dinero que se puede utilizar en el mercado es la base monetaria más depósitos creados en el sistema bancario (lo que los bancos prestan luego de mantener un monto en reservas). Si, por ejemplo, una persona deposita $100 físicos en el banco y el banco mantiene $10 en reservas para hacer frente a retiros y presta los $90 a otra persona, entonces estas dos personas pueden gastar juntas un total de $190 por más que la “base monetaria” sea sólo de $100. De todas maneras, los datos de expansión de base monetaria muestran una correlación llamativa con las tasas de inflación. El siguiente listado muestra la expansión monetaria anual junto a la inflación anual desde el 2007 en adelante.

2007: expansión monetaria = 24.0%, inflación congreso = 25.7%
2008: expansión monetaria = 10.2%, inflación congreso = 23.0%
2009: expansión monetaria = 11.8%, inflación congreso = 14.8%
2010: expansión monetaria = 31.1%, inflación congreso = 27.9%
2011: expansión monetaria = 39.0%, inflación congreso = 22.8%
2012: expansión monetaria = 37.9%, inflación congreso = 25.1%
2013: expansión monetaria = 24.5%, inflación congreso = 25.0% (datos anualizados)

Si bien es cierto que en los años 2008, 2009 y 2013 el ritmo de expansión monetaria disminuyó pero las tasas de inflación se mantuvieron estables (especialmente en el 2008 y en el 2013), no es menos cierto que hay una llamativa correlación entre expansión monetaria e inflación. Es importante tener en cuenta que la relación entre excesos monetarios y movimientos en el nivel de precios no es automática. La tasa de inflación no sólo depende de la oferta de dinero, también depende de la demanda de dinero y del nivel de producto; por lo que la inflación puede ser algo mayor o menor a la expansión monetaria. Al movimientos de estas otras variables hay que sumarle el rezago que la expansión monetaria puede tener sobre el nivel de precios. Los efectos de la expansión monetaria pueden demorarse varios meses, incluso más de un año, en llegar al nivel de precios. Por eso no es sorpresa que la inflación caiga en el 2009 pero no en el 2008 ni en el 2013, que es cuando se disminuye el ritmo de expansión monetaria. Igual que la ley de gravedad, las leyes económicas ignoran la existencia de calendarios anuales. No hay motivos por los cuales asumir que una expansión de, por ejemplo, 30% de oferta monetaria deba aumentar los precios en la misma proporción en el mismo año y no parte en el año corriente y parte en el año siguiente. ¿Rechazaríamos la idea de que la emisión genera inflación si la base monetaria se expande un 30% el 31 de diciembre afectando a los precios al año siguiente?

Si tomamos el período 2007-2013 como uno sólo, vemos que la expansión anual promedio de la base monetaria es del 25,2% y la inflación congreso promedio anual para el mismo período es de 23%. Si bien correlación no es causalidad, es difícil ignorar la relación entre ambas variables. Decir, entonces, que debido a que en un año puntual que elegimos arbitrariamente la inflación se mantuvo constante a pesar de una reducción en el ritmo de expansión monetaria no es argumento sólido de que la emisión monetaria no genera inflación. Es quedarse con el árbol y perderse el bosque. Es todo el período, no algunos años, lo que hay que analizar.

También se sostiene que países como Estados Unidos han expandido su oferta monetaria tanto o más que Argentina sin sufrir inflación. Esto tampoco es un misterio. La inflación depende de aumentos en agregados monetarios como M2 (base monetaria más depósitos a la vista, etcétera) que representan la totalidad de la oferta. Si comparamos, entonces, el M2 de Argentina y Estados Unidos vemos que se comportan de manera muy diferente. La diferencia fundamental es que, dada la crisis financiera de Estados Unidos, la expansión de base monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) es mantenida como reservas por parte de los bancos comerciales en lugar de ser volcada al mercado. Más precisamente, la Fed le paga intereses a los bancos por mantener reservas depositadas en la misma Fed. Por ejemplo, la Fed emite 100 USD y se los presta a un banco. El banco deposita los 100 USD en la Fed y cobra intereses. De este modo, la Fed expande la base monetaria sin afectar sensiblemente M2. ¿Por qué hace esto la Fed? Entre otros motivos, porque a diferencia del BCRA, los directores de la Fed sí creen que la expansión monetaria genera inflación.

El siguiente gráfico muestra la evolución de M2 entre el 2007 y el 2012 para Argentina y Estados Unidos. Las series están indexadas en 100 para el año 2007. De este modo se puede apreciar fácilmente la expansión acumulada durante este período. Entre el 2007 y el 2012, en Estados Unidos la oferta monetaria total (M2) se expandió a un ritmo promedio anual del 7%, mientras que en Argentina lo hizo a un promedio anual del 26% (ignorando el salto al final de la serie.) No es casualidad ni misterio, por lo tanto, que en Estados Unidos no haya signos de alta inflación pero sí los haya en Argentina. Los datos duros que se usan para criticar la idea de que la expansión monetaria genera inflación se ablandan rápidamente si observamos las series económicas con mayor cuidado.

La relación entre cambios en la oferta monetaria e inflación no deberían ser sorpresa. El dinero no deja de ser otro bien en el mercado, y como tal también posee un precio. El precio del dinero es su poder adquisitivo, que es la inversa del nivel de precios (1/P). Supongamos que el Sr. A da 2 manzanas (m) al Sr. B a cambio de una naranja (n). Para el Sr. A, comprar una naranja tiene un precio de 2 manzanas por una naranja (p = 2m/1n). Para el Sr. B, el precio de una manzana es media naranja, es decir, 1/p. Exactamente lo mismo sucede con intercambios monetarios; quien compra un bien a cambio de dinero opera con una contraparte que compra dinero vendiendo bienes (por más que luego utilice el dinero para comprar otros bienes y servicios.) El “precio de los bienes y servicios producidos en una economía” es el nivel de precios P, y el precio del dinero es, por lo tanto, 1/P (cuántos de estos bienes y servicios compra una unidad monetaria.)

Un aumento en la oferta de dinero lleva a una reducción en su precio (poder adquisitivo), igual que sucede con cualquier bien en la economía. Una caída en el precio del dinero es una disminución de 1/P, lo cual sucede cuando aumenta P, es decir, cuando hay inflación. Negar la relación entre oferta y demanda de dinero por un lado e inflación por el otro no es otra cosa que negar la ley de demanda y oferta. Negar la relación entre oferta monetaria e inflación es, en resumen, negar el análisis económico al fenómeno inflacionario.

El problema del cepo es que no soluciona el problema de fondo. El dólar oficial se encuentra artificialmente barato, lo que hace que su oferta (por exportaciones, etcétera) sea menor y que su demanda (para importaciones, atesoramiento, etcétera) sea mayor. El desequilibrio es la pérdida de reservas resultante. Parte importante de este problema es la precaria situación energética a la que se ha llegado luego de diez años de kirchnerismo. Ante este panorama, la pregunta de si se puede salir del cepo y cómo hacerlo se ha escuchado con mayor frecuencia en los últimos días. Una política para salir del cepo tiene que hacer frente a por lo menos tres problemas.

En primer lugar, el desvío del tipo de cambio oficial respecto al tipo de cambio real. En la medida que el tipo de cambio oficial mantenga un precio de dólar barato, la oferta no podrá satisfacer a la demanda en  el mercado de cambios. Esto no es otra cosa que la interacción entre demanda y oferta. La Argentina está en un típico problema de atraso cambiario. La política cambiaria K ha sido similar a la tablita de Martinez de Hoz; ajustar el tipo de cambio por debajo de la inflación.

Si uno estima el tipo de cambio del 2007 (cuando se interviene el INDEC) en adelante por la inflación verdadera de Argentina menos la americana, a fin del 2012 el tipo de cambio debería estar alrededor de los 12 pesos. Es decir, el mercado blue se encuentra más cerca de un tipo de cambio de equilibrio que el tipo de cambio del BCRA. Esto no quiere decir que la solución sea una devaluación. De poco sirven la devaluaciones que buscan evitar cambios de fondo en la economía del país. Las economías son más competitivas frente al mundo cuando el sector productivo es competitivo, no cuando el BCRA devalúa artificialmente el tipo de cambio bajo el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. En lo que va del 2013, el BCRA devaluó el peso alrededor de un 25% (en términos anuales), tasa similar a la inflación anual. Este es un ritmo de devaluación, llevado adelante por el kirchnerismo, por más que el gobierno niegue sus propias políticas.

En segundo lugar, es indispensable dar fin a la inflación, ya entre las mayores a nivel mundial. La diferencia entre una inflación del 2% y una del 25% no es meramente de valores. Con una inflación del 25%, el peso puede ser medio de pago, pero deja de ser una eficiente unidad de cuenta y definitivamente deja de ser un medio para atesorar valor. Esto quiere decir que mientras el peso puede ser un medio de pago no es dinero propiamente dicho. Si el atesoramiento de valor (ahorrar) no es posible, entonces la demanda de tenencia de pesos colapsa. Esto quiere decir que todo peso que no se necesita para transacciones (compras de cada mes como ir al supermercado, pagar impuestos, etcétera) se utiliza para comprar bienes y dólares, pero no se ahorra. El aumento en consumo no se debe a las bondades del modelo kirchnerista, se debe a la destrucción del peso como reserva de valor. Ante la inevitable pérdida de riqueza, mejor comprar un televisor plasma o cambiar el auto que ahorrando en pesos. En el segundo caso se pierde valor pero al menos se disfruta de un nuevo bien adquirido. El desafío del BCRA no es sólo bajar la inflación, es volver a generar la confianza en la gente que el peso ha vuelto a ser dinero, lo que incluye ser un medio viable y confiable para atesorar valor. En  el centro de estos problemas se encuentra el déficit fiscal, el cual el BCRA financia al mismo tiempo que se deslinda del problema inflacionario. Una actitud que va en contra la credibilidad necesaria para recuperar la seguridad en el peso.

En tercer lugar, hay un serio problema de confianza. El dinero fiat como el peso (dinero no convertible) obtiene su valor de la confianza que el mercado tenga en el BCRA. Cuando el BCRA no es confiable, entonces comienza a haber una preocupación por las reservas, dado que sin cepo cambiario el mercado puede rápidamente cambiar el peso por otra moneda más dura. Pero si el BCRA fuese confiable nadie estaría preocupado por el nivel de reservas. ¿Quién se preocupa, acaso, por las reservas de la Reserva Federal de Estados Unidos? No va a ser fácil eliminar la preocupación por las reservas en un país con un historial único de inflación y un presidente del BCRA que niega que la inflación sea su responsabilidad. ¿Cómo creer la palabra a un gobierno que insiste con publicar las irreales cifras del INDEC (sólo por dar el ejemplo más claro)? El gobierno argentino es considerado, doméstica e internacionalmente, un mentiroso crónico. ¿Cómo creerle a un mentiroso crónico? El kirchnerismo es un movimiento sin credibilidad. ¿Le creería a usted a Cristina Kirchner si le dice por cadena nacional que le promete proteger el valor del peso secundada por funcionarios como Boudou, Moreno, Kicillof, Pimpi Colombo, Marcó del Pont, Abal Medina, etcétera? El problema del kirchnerismo no es sólo su rechazo a un problema inocultable, sino que han dilapidado la credibilidad necesaria para que las medidas que debería tomar sean creíbles.

El kirchnerismo ha hecho a la sombra de los otros poderes del Estado un gran daño social y económico. Pero el mayor golpe que han dado al país es el daño institucional. Sin embargo, al votar la estatización de las AFJP y la expropiación de YPF, la oposición es tan responsable del deterioro institucional del país como el kirchnerismo. El problema de una parte importante de la oposición es que ha dañado también su propia credibilidad. La confianza, el respeto a la clase política, las instituciones formales e informales, etcétera, se construyen con mucho esfuerzo y tiempo. Es muy fácil, sin embargo, echar por tierra tanto trabajo. Está confundida la oposición si cree que los problemas del kirchnerismo se solucionan mejorando la gestión pero sin un serio cambio de actitud hacia el problema institucional y revisión de las políticas de fondo. Solucionar el problema del cepo cambiario requiere más que medidas económicas consistentes, requiere de una credibilidad y prestigio institucional que ni el oficialismo ni la oposición se han preocupado por cuidar. Solucionar los problemas económicos del país va a ser más difícil de lo necesario.

El problema de la inflación no reconocida no es menor. Si ya de por sí es esto una cuestión seria, los “errores” en la medición de la inflación afectan a otros indicadores claves como el PBI real sobre el cual se construye el relato oficialista del crecimiento a tasas chinas. No es casualidad que el Banco Mundial haya dejado de publicar no sólo los datos de inflación, sino también los del PBI real desde el 2007 en adelante. Dado que representantes del oficialismo, por ejemplo, Insaurralde, reconocen que la inflación no es la del Indec, es de interés preguntarse qué sucedería con el PBI real si ajustamos la cifras oficiales del Indec por las tasas anuales de inflación publicadas por el Congreso. En esta ocasión quiero comparar tres series: (1) el PBI real [oficial], (2) el PBI real [no oficial] –corregido por Inflación Congreso– y (3) cuál hubiese sido el PBI real si la dirigencia política nos hubiese ahorrado la recesión de 1997 que culminó en la crisis del 2001.

El siguiente gráfico muestra el PBI real [oficial] (línea negra), el PBI real [no oficial] (línea negra punteada) y el cuál hubiese sido el PBI real de ahorrarnos la crisis del 2001. Esta última serie se encuentra en azul punteado y asume que Argentina converge a la misma tasa de crecimiento que el resto del mundo en 2003. Es decir, la economía de Argentina no es ni más ni menos pujante que la del resto del mundo.

Si bien el ajuste por Inflación Congreso no deja de tener imprecisiones, el resultado que se ve en el gráfico ofrece algunas reflexiones. En primer lugar, le llevó diez años al PBI oficial volver a cuál hubiese sido su valor sin la crisis fiscal del 2001. Las crisis no sólo son caras en términos económicos, también lo son en tiempo. Diez años que, por cierto, nadie puede devolver a los argentinos. En segundo lugar, una gran parte de las “tasas chinas” fueron en realidad recuperación económica, no crecimiento genuinamente hablando. Crecimiento económico es aumentar la capacidad productiva, no agotar la capacidad ociosa recuperando el terreno perdido. El faltante de energía, por ejemplo, es un claro signo de la falta de crecimiento genuino. Es difícil por parte del oficialismo sostener que se han logrado maravillas económicas que al final de cuentas dependen en gran medida de una recuperación económica que muestra dificultades a la hora de transformarse en crecimiento sostenido. Con esto no quiero decir que no haya habido nada de crecimiento económico, pero sí notar que obviar el peso que tiene la recuperación luego de una fuerte crisis fácilmente puede llevar a vender relatos que no son tales. En tercer lugar, el gráfico también muestra que al ajustar el PBI por la Inflación Congreso aún no hemos vuelto a los valores del PBI real en que Argentina podría haber estado transitando hace ya más de 10 años.

Dado que la diferencia entre el PBI real [oficial] y el PBI real [no oficial] no es menor, vale la pena comparar las tasas de crecimiento anuales de cada serie para tener una idea resumida de cuál ha sido la performance Argentina al ajustar los datos oficiales por la Inflación Congreso. Los siguientes puntos muestran la tasa de crecimiento anual del PBI mundial, del PBI real [oficial] y del PBI real [no oficial]:

· PBI real Mundial (1997 – 2012): 2,6%

· PBI real Argentina [no oficial] (1997 – 2012): 0,8%

· PBI real Argentina [no oficial] (2002 – 2007): 6,8%

· PBI real Argentina [no oficial] (2002 – 2012): 2,9%

· PBI real Argentina [no oficial] (2007 – 2012): -0,8%

Algunas conclusiones a resaltar. Para el período 1997 – 2012 Argentina ha crecido a un ritmo menor que el resto del mundo incluso habiendo tenido altas tasas de crecimiento/recuperación para el período 2002 – 2007. Esto quiere decir que en términos relativos, Argentina se ha vuelto a los ojos del mudo, un país más pobre, no un país más rico. Es flaco consuelo sostener que se ha crecido algo cuando el resto del mundo puede hacerlo varias veces más rápido. Sólo en el período 2002 – 2012 Argentina muestra una tasa de crecimiento similar a la del resto del mundo (cuya tasa es la misma que en el período 1997 – 2012.) Una magra superioridad de 0,3% difícilmente pueda ser un buen respaldo del relato oficialista. Finalmente, para el período que se inicia con la intervención del Indec en el 2007 se ve una tasa de crecimiento negativa (esto se debe a una caída en el PBI [no oficial] en el 2012.) El paso del 6,8% para el período 2002 – 2007 al -0,8% para el período 2007 – 2012 muestra que el modelo K no fue otra cosa que un proyecto populista financiado con viento de cola, inflación e hipotecando crecimiento a futuro. La alta inflación da por tierra con el relato de la década ganada. El -0,8% para el período 2007 – 2012 coincide con el -0,9% de crecimiento negativo de la década perdida del gobierno de Alfonsín (1983-1989.) Es decir, el kirchnerismo ya ha producido un lustro perdido. ¿Qué va a hacer con los dos años que aún tiene por delante?

Por un lado, el oficialismo tiene un diagnóstico errado de sus propios logros económicos. Por otro lado, Argentina arrastra problemas de fondo que trascienden al kirchnerismo. El gobierno de Alfonsín, el de Menem y el kirchnerista están marcados por el mismo problema: déficit fiscal. Lo que ha cambiado es el modo de financiar los déficits, no el problema de fondo. La oposición, que dice ofrecer una alternativa distinta al kirchnerismo, debería trabajar junta, en lugar de separada, para asegurarse que crisis como la del 2001 no se repitan y Argentina no siga atrasándose respecto al resto los países. Mientras la clase política siga utilizando los déficits fiscales para financiar proyectos políticos de corto plazo, cambiarán los nombres del oficialismo de turno, pero los problema de fondo seguirán sin resolverse y las comparaciones entre Argentina y países como Australia y Canadá seguirán siendo desafortunados deslices en lugar de comentarios serios.