A principios de la década del 90 Argentina implementa la Ley de Convertibilidad. Esta normativa fijaba el tipo de cambio en un peso por un dólar y le indicaba (con cierta flexibilidad) al Banco Central que sólo podría emitir pesos si entraban los dólares correspondientes. Bajo este esquema, Argentina no podía monetizar su déficit como había hecho en los 80 bajo el gobierno radical de Alfonsín y el gobierno de Menem recurrió a la deuda en dólares y así poder emitir los pesos necesarios para financiar el déficit fiscal de su gobierno. Ahora bien, esta nueva deuda que se emite en los 90 se hace en un contexto de una Argentina que ya había entrado en default seis veces desde su independencia de España y con una seguridad jurídica cuestionable. Con el ahorro interno destruido por años de alta inflación en los 80 (y décadas anteriores), Argentina debe recurrir a fondos internacionales y se ve en la necesidad de “importar” credibilidad jurídica al emitir sus bonos (voluntariamente) bajo jurisdicción NY. De haber una disputa con sus acreedores, Argentina acepta acatar los fallos de las cortes de justicia de New York. Si Argentina se hubiese preocupado a lo largo de su historia por construir un historial de seriedad institucional, no hubiese sido necesario emitir deuda bajo jurisdicción NY. Nadie le quitó soberanía jurídica, fueron los sucesivos gobiernos argentinos quienes devaluaron sus propias instituciones.

El contrato de estos bonos tenía otras dos características importantes. La incorporación de la cláusula pari passu y la ausencia de la collective action clause (cláusula de acción colectiva). La cláusula pari passu sostiene que Argentina acepta tratar a todos sus acreedores en igualdad de condiciones (especialmente en lo que respecta pagos de cupones y capital de bonos.) La collective action clause indica que de haber un canje de deuda, si un cierto porcentaje de acreedores acepta la reestructuración, entonces automáticamente los acreedores que no aceptan las nuevas condiciones (los “holdouts”) deben aceptar los nuevos bonos. Cuando Argentina entra en default a fines del 2001, lo hace con bonos que ya incluían la cláusula pari pass y que no requerían una acción colectiva por parte de sus acreedores.

Bajo el contrato que la misma Argentina ofreció en sus bonos, al voluntariamente no incorporar la collective action clause, cualquier acreedor tiene derecho a cobrar el 100% del bono sin importar si el 99.9% restante de los acreedores decidieron entrar al canje de deuda en default. Esto es, justamente, lo que sucedió. Cuando Argentina ofrece el canje de deuda de sus bonos en default, los “holdouts” hicieron saber que bajo el contrato de los bonos argentinos ellos seguían con el derecho de cobrar el 100% de los bonos bajo igualdad de condiciones respecto a quienes sí deciden entrar al canje de deuda (pari passu.) Es decir, no se puede pagar a los “holdins” sin pagar a los “holdouts” de acuerdo al prosepecto de los mismos bonos argentinos. Podría decirse que el Juez Griesa tuvo que hacer poco más que leer el contrato que la misma Argentina ofreció a sus acreedores. El gobierno de los Kirchner, en una muestra más de su desprecio por las instituciones, decidió ignorar a los holdouts al punto de borrarlos como acreedores en sus informes oficiales (uno de los motivos por los cuales el nivel de deuda sobre PBI de Argentina es menor al real.) Doce años después del default el gobierno choca con la realidad al tener todas las instancias judiciales agotadas en su contra.

Mucho se ha dicho sobre como el fallo del Juez Griesa daña la seguridad jurídica de bonos soberanos y reestructuraciones. Si hay algo que el fallo de Griesa hace es ofrecer seguridad jurídica bajo legislación NY. Es más fácil encontrar acreedores dispuestos a comprar bonos bajo legislación NY dado que ningún país puede usar como excusa un default para incumplir sus contratos. Quienes critican el fallo de Griesa argumentando que va a ser más difícil emitir deuda parecen olvidar el rol que la seguridad jurídica tiene en las transacciones de crédito. El problema no es el fallo de Griesa, el problema es que Argentina decidió dejar de lado la collective action clause y, una vez más, descuidar sus cuentas fiscales. Los default no pueden ser usados como herramienta política para ignorar contratos a gusto y conveniencia. De hecho, los países emergentes deberían agradecer el fallo del Juez Griesa dado que esto les permite endeudarse a tasas menores dado que este fallo ofrece una seguridad jurídica que estos países no siempre pueden o no quieren ofrecer. Un fallo favorable para Argentina hubiese implicado avalar que un país violase sus propios contratos.

Se argumenta, también, que el fallo es injusto dada la alta rentabilidad que los holdouts estarían recibiendo si Argentina decide honrar sus deudas en lugar de entrar nuevamente en default. Esto se debe a que fondos de inversión compraron estos bonos a precios bajos y estarían recibiendo el 100% de lo adeudado (más punitorios.) Sin embargo, como veíamos arriba, el fallo no hace más que seguir la letra del contrato. El precio al que se compra un bono no tiene trascendencia alguna sobre el fallo. Si Argentina debe o no pagar sus deudas no depende de a qué precios se compran sus bonos en el mercado secundario. Indistintamente del precio de mercado, Argentina debe pagar el 100% del valor de los bonos del mismo modo que usted debe pagar el 100% de sus cheques indistintamente de quien los tiene o a qué precios se han vendido en el mercado secundario. La alta rentabilidad de los bonos argentinos no son una muestra de la explotación financiera de “malvados” capitales internacionales sobre una pobre víctima emergente (Argentina). La alta rentabilidad refleja el alto riesgo país de invertir en nuestro país. Quienes entraron al canje decidieron reducir los montos a cobrar a cambio de lo que consideraron una mayor certeza sobre el pago de la deuda. Quienes decidieron no entrar al canje decidieron mantener un título por el 100% de lo prestado a cambio de mayor riesgo y llevar al país a juicio. El juez Griesa podría haber fallado tanto a favor como en contra de Argentina. Los “holdouts” apostaron y ganaron; podrían haber perdido. Es un error conceptual y casi un desprecio institucional-jurídico sostener que la  alta rentabilidad implica un alto riesgo y eso le da permiso a Argentina (o a cualquier país) para no pagar sus deudas una vez agotadas las instancias judiciales.

Estas aclaraciones también muestran que, de hecho, el país no salió de su default en el 2001 más allá del supuesto “mejor canje de deuda” del 2005. Dada la presencia del pari passu y la ausencia del collective clause action, Argentina no logró reestructurar satisfactoriamente su deuda y por lo tanto nunca salió del default. Fue gracias al “stay” del Juez Griesa que Argentina pudo seguir pagando a los acreedores que entraron al canje sin tener que pagar los holdouts. De hecho, no ha vuelto a emitir deuda internacional luego del 2001; en parte por el juicio con los holdouts aún abierto. Fue el gobierno de Chávez quien prestó a tasas muy altas (tasas usureras, dirían los críticos de los holdouts) a la administración Kirchner.

Podemos reducir la complejidad del caso a una analogía de menor escala. Intente explicarle a su banco que debido a que usted malgastó sus ingresos por más de una década tiene entonces el derecho a no devolver el prestamos hipotecario con el que compró su casa. Cuando el banco lo lleve a juicio por no pagar su hipoteca, intente explicarle al juez que usted es una pobre víctima de malvados fondos buitres explotadores representados por su banco y que usted tiene el derecho a ignorar a sus acreedores porque fue usted quien entro en default al ser incapaz de mantener el más elemental equilibrio fiscal y fue usted quien opto por dejar de lado lacollective clause action. Cuando el juez le falle en contra, intente explicarle al mundo entero en solicitadas de diarios internacionales como el fallo del juez es una injusticia que pone en peligro el mercado bancario internacional. Intente ahora justificar la postura del gobierno argentino.

En lo que respecta al problema económico, una década de consumo de stock de capital, ya con varios años de alta inflación y un asistencialismo fuera de control no hacen más que acumular tensiones que pueden estallar en modos y momentos inesperados. No es fácil saber cuál va a ser la gota que rebalse el vaso. La inflación no es sólo un impuesto, es un impuesto que recae con mayor incidencia sobre los más necesitados. Son las clases medias y altas las que tienen mayor facilidad de acceso a distintas alternativas para cubrirse de la inflación. Los sectores más golpeados, sin embargo, ven desaparecer sus posibilidades de movilidad social frente a sus ojos. La década ganada produjo la ilusión de crecimiento a tasas chinas a base de consumo de stock de capital en lugar de a base de inversiones de largo plazo. Los trenes chocan, las rutas están rotas, la telefonía fija está comenzando a funcionar mejor que la móvil, faltante de energía, son síntomas claros de consumo de stock de capital. El kirchnerismo hipotecó el futuro a expensas de financiar una fiesta de corto plazo y parte importante de la sociedad confundió la fiesta con genuino progreso económico.

En lo que respecta al problema político, tanto el oficialismo como la oposición cargan pesadas responsabilidades. Ambos han faltado, a mi entender, a sus funciones y obligaciones de servidores públicos. Las transgresiones institucionales del oficialismo, demasiado numerosas para recordar, no hacen más que predicar con el ejemplo el robo, la expropiación y el desinterés hacia la propiedad del prójimo al presentarlas como aceptables actitudes Nac&Pop. Si el gobierno se da el lujo de ignorar los fallos de la Corte Suprema de Justicia (cuando le conviene), de expropiar de manera inconstitucional, de intimidar desde la cadena oficial y con personajes como Guillermo Moreno y la AFIP, ¿por qué ha de aplicar una moral distinta al ciudadano a pié? Para bien y también para mal, la autoridad moral del gobierno es guía de parte importante de la sociedad. Los saqueos fueron la moral del “vamos por todo” puesta en práctica. La doble moral del oficialismo debería avergonzar al kirchnerista más radicalizado. Mientras se dedican días de duelo por la muerte de un dictador anacrónico como Hugo Chávez, Cristina Kirchner decide bailar al compás de cumbias y cacerolas a la par que argentinos eran saqueados y morían de manera innecesaria. Si los muertos no le importan a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿por qué ha de importarle al policía mal pago? De ninguna manera estoy diciendo que la actitud de las fuerzas de seguridad haya sido aceptable. Tal concepción es imposible de aceptar cuando en una república el contrato social consiste en entregar las armas a las fuerzas de seguridad para que nos protejan a cambio del pago de impuestos. Que tal cosa haya sucedido habla, justamente, de la ruptura institucional en la que se encuentra el país. Ni el kirchnerismo ni la oposición pueden, sin embargo, hacer ajena a ellos mismos las críticas bien levantadas contra la actitud de las fuerzas de seguridad. El poder político, tanto como las armas, pueden ser utilizadas para levantarse contra el pueblo.

Este kirchnerismo de doble moral y discurso adaptado a las conveniencias ha crecido a la sombra de una oposición que le permitió llegar a ser lo que es. Es cierto que en la medida que la oposición no es mayoría posee límites a los frenos institucionales que puede poner a un gobierno de inocultable sesgo autoritario, pero no es menos cierto que es la misma oposición que acompañó con su voto expropiaciones como las de las AFJP y Repsol-YPF entre otras iniciativas. Algunos opositores confesaron votar a favor de expropiaciones por lo que dice el corazón y no lo que indica la razón. ¿No es esto, acaso, un mensaje similar al de obediencia debida de Pichetto? Ya sea que el voto, a sabiendas erróneo, se hace por un corazón nacionalista o un corazón partidario, el daño institucional es ineludible. La oposición parece estar jugando la peligrosa apuesta de que el “vamos por todo” continúe hasta el 2015 con la esperanza de que el gobierno no tenga más remedio que hacerse cargo de los ajustes y costos políticos necesarios. El costo de esta apuesta política recae en el ciudadano, como si las muertes en saqueos y repetidos accidentes en trenes no fuesen lo suficientemente explícitos de quien paga la factura del juego político. No deja de ser, incluso, una apuesta que me cuesta entender. Los últimos días muestran que el gobierno prefiere dejar un país en llamas a hacerse cargo de sus propios errores. Mientras el gobierno de Cristina Kirchner bate récords de causales de juicio político, la oposición habla de dialogo con un gobierno que ofrece menos retorno que una pared de concreto. Ser políticamente correcto pero institucionalmente irresponsable no deja de ser signo de una clase política corrupta en sus principios institucionales. La oposición da la sensación de estar institucionalmente tan confundida como el oficialismo si cree que una elección da inmunidad institucional frente a los ciudadanos y sus pares.

Por último, pero no por ello menos importante, el factor cultural también ha jugado un rol central. Los saqueos no son nuevos, son parte de la cultura Argentina. ¿No es saqueo al pueblo una carga tributaria récord sin contraprestaciones? ¿No es saqueo acaso una inflación descontrolada por un gobierno que le falta a la verdad en la cara al ciudadano (incluido su votante) la negar el problema? ¿No es saqueo que el gobierno le de beneficios al pseudo-empresariado del país cargando así sobre las libertades y bolsillo del consumidor? Este saqueo institucional es manifestación de las preferencias políticas del votante medio, o al menos de una parte importante de la sociedad. La misma sociedad Argentina no deja de tener parte de responsabilidad al apropiar y cultivar una cultura de “vivir del otro.”

Una sociedad que sospecha en lugar de admirar al empresario exitoso difícilmente disfrute de una cultura emprendedora. En su clásico “El Estado”, Frederic Bastiat decía que el “Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a expensas uno del otro.” En Argentina se ha hecho de esto una máxima. ¿Cuántos Argentinos se creen con derecho a recibir por parte del estado fondos provenientes del prójimo? ¿No es esto usar la fuerza del estado para saquear la propiedad de terceros? Lamentablemente esta concepción es insostenible como filosofía de vida en sociedad y cuando los recursos escasean pasa a imperar la ley de la selva sobre el estado de derecho. La sociedad argentina se debe una seria mirada interna en su responsabilidad de demandar y fomentar populismo por parte de una dirigencia política dispuesta a proveerla, después de todo es el mismo ciudadano, no el político, quien debe afrontar el costo. Esto no debe entenderse como una excusa a la clase política cuyo deber es proteger las instituciones y no permitir que el voto de la mayoría sea herramienta de expropiación de la minoría. La desidia política de confundir democracia ilimitada con democracia limitada por los principios republicanos llevan un rol protagónico en los tristes eventos de días anteriores.