Distintos funcionarios del Gobierno han sido explícitos en sostener que el déficit fiscal es un problema serio a resolver y que es además el origen de las altas tasas de inflación que se iniciaron en el 2007. El problema madre de los desequilibrios económicos en Argentina son los déficits fiscales.

Solucionar el problema del déficit fiscal en Argentina, sin embargo, no es una mera cuestión de cerrar números. En primer lugar, el tamaño del déficit, 9% del PBI, muestra que el desequilibrio entre ingresos fiscales y gastos del Tesoro no es menor; la estructura de ingresos y la de gastos se encuentran en niveles distintos. En segundo lugar, la presión fiscal consolidada supera el 40% del PBI; es decir, no hay margen para subir impuestos, por lo que es necesario revisar los gastos. En tercer lugar, el nivel de gasto es insostenible. Si con una presión fiscal del 40% del PBI el déficit se encuentra en torno al 9% del PBI, es claro que el Estado se halla sobredimensionado.

Esto indica que el problema a resolver no se soluciona con ajustes marginales; es necesario bajar ambos, los impuestos y el gasto público. Corregir un déficit fiscal de 9% del PBI con una presión fiscal superior al 40% del PBI no es otra cosa que cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado en Argentina. De 1960 a la fecha el Tesoro ha tenido superávit sólo cinco o seis años. Los déficits fiscales son comunes a los distintos Gobiernos que hemos tenido hasta la fecha (Arturo Illia, Gobierno militar, Domingo Perón, Isabel Perón, Gobierno militar, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner). El problema del déficit fiscal en Argentina no es, entonces, un problema de gobiernos, es un problema de estructura del Estado. El desafío de Cambiemos no es terminar con un déficit fiscal, sino terminar con el ciclo de déficits fiscales.

Resolver este problema requiere cuestionarse cuál debe ser el papel del Estado. Este es el debate ausente hasta el momento. ¿Debe ser el Estado fuente del masivo empleo público en el que se ha transformado? ¿Debe el Estado ser fuente de una creciente e impagable asistencia social, o debe generar las condiciones para que dicha asistencia se vuelva innecesaria? ¿Debe el Estado ser protector de sectores industriales y empresariales (por ejemplo, en Tierra del Fuego), o debe garantizar un marco competitivo donde sea el consumidor quien elija cómo consumir? ¿Es necesario que el Estado provea servicios como Fútbol para Todos y Aerolíneas Argentinas, o debería garantizar las condiciones para que estos y otros servicios sean provistos por el mercado? En resumen, Argentina tiene un Estado que quiere hacer mucho y estar presente en todo lo que pueda, en lugar de un aparato estatal que garantice la propiedad privada y haga cumplir los contratos para que sean las personas quienes provean sus propios bienes y servicios. ¿Debe el Estado garantizar un ambiente de libre mercado, o debe ser el Gran Hermano que todo lo observa y todo lo regula (como ejemplifica la reacción ante el desembarco de Uber hace pocos días)? Argentina parece tener la ilusión de querer vivir con el nivel de riqueza de las economías más libres del mundo, al mismo tiempo que es una de las economías menos libres del mundo.

El problema no es que el Estado gasta mal, el problema es que gasta demasiado por estar sobredimensionado. El Estado argentino actual es impagable, con o sin arreglo con los holdouts, del mismo modo que quien no es millonario no puede vivir como tal, con o sin una tarjeta de crédito. Mientras en Argentina no se replantee cuál ha de ser el papel del Estado, los desequilibrios económicos seguirán apareciendo de forma cíclica como lo han hecho en el último medio siglo.

Podemos dividir el efecto de las elecciones presidenciales en dos. Por un lado, el efecto político. El triunfo de Macri implica nada menos que poner fin al proyecto Argenzuela del peronismo en su versión k. El PRO-Cambiemos no sólo ganó la Presidencia, sino que mantuvo la Capital Federal y ganó la provincia de Buenos Aires. El potencial político de haber ganado estos tres distritos no es menor. El PRO-Cambiemos tiene una oportunidad única de desmantelar el clientelismo político de la provincia de Buenos Aries que tanto daño le ha hecho al país.

Por el otro lado, se encuentran los cambios económicos. Si separamos los cambios económicos de los cambios políticos, las decisiones tomadas hasta el momento no son necesariamente tan prometedoras. Es cierto que salir del cepo, devaluar el tipo de cambio, revisar tarifas y retenciones era algo necesario. Es decir, de haber ganado Daniel Scioli, hubiese hecho más o menos lo mismo (según expresiones del mismo equipo de Scioli). También es cierto que estas medidas eran o impostergables o fueron fuertes promesas de campaña. Si bien esto no quita mérito a las medidas tomadas, sí ofrece contexto. Hasta el momento, el PRO-Cambiemos no ha dado a conocer un claro plan de cómo piensan solucionar el mayor problema económico de Argentina: el déficit fiscal. Aunque es cierto que se han informado metas de reducción del déficit, lo que no se ha informado es cómo se va a reducir dicho déficit. Es decir, no se han presentado qué decisiones y políticas van a tomarse para eliminar este problema. Es difícil confiar en un plan que no se conoce. Esta falta de información produce incertidumbre que no contribuye a reactivar la economía del país.

En primer lugar, no es clara cuál es la visión de mercado que el PRO-Cambiemos tiene para el país. El PRO se identifica como un movimiento sin ideologías. Esto es peligroso si por falta de ideología se entiende falta de principios, donde lo que reina es el pragmatismo. Por ejemplo, intentar nombrar jueces por decretos de necesidad y urgencia (DNU) a los pocos días de haber asumido la Presidencia con una campaña donde se hablaba de volver a los principios republicanos. La potestad de nombrar jueces es para cuando el Congreso no está en sesión y no es posible reunir a los representantes en tiempo. Esta restricción, pensada para cuando había que trasladarse a caballo, difícilmente aplica en el siglo XXI.

En nombre del pragmatismo, el PRO-Cambiemos puede verse tentado, por ejemplo, a obligar a los supermercados a informar sus precios en un determinado sitio web de cierta manera. Es decir, desde el Gobierno se les impone a los supermercados cuál debe ser su marketing de precios. En Twitter, Miguel Braun sostuvo que el Presidente “le pidió a los supermercados que pongan sus precios online”. Lo cierto es que, de no publicar los precios, según se informa en distintos medios, los supermercados serán multados. Curioso uso del término pedir, cuando lo que Macri está haciendo es imponer u obligar a los supermercados. Curiosa actitud de un Gobierno que se dice republicano. Un mercado competitivo, al menos a mi juicio, es aquel libre de regulaciones, con libre entrada y salida de productores y con impuestos razonables indistintamente de la cantidad de oferentes, no aquel donde se obliga a informar precios de una determinada manera. Existen mercados muy competitivos con pocos oferentes (como es el caso de bienes network, por ejemplo, el software).

Gente del PRO también ha definido a este movimiento como un partido de izquierda. Ivan Petrella sostuvo que en Estados Unidos el PRO estaría a la izquierda del partido demócrata (es decir, a la izquierda de Hillary Clinton y Bernie Sanders). Jaime Durán Barba, por su lado, sostuvo que Macri se encuentra a la izquierda de Cristina Kirchner, quien sería alguien de ultraderecha. Por su lado, el ministro de economía Alfonso Prat-Gay se ha referido a precios de libre mercado de manera peyorativa al hablar de la ley de la selva. Modales aparte, es una expresión digna de un Axel Kicillof o de un Guillermo Moreno. Por su lado, Rogelio Frigerio habla del PRO como un partido desarrollista (sea lo que sea que eso quiere decir en concreto).

De las medidas tomadas tampoco se desprende que el PRO-Cambiemos tenga una visión pro libre mercado, dado que las principales medidas que se han eran necesarias dada a situación heredada. De hecho, no se le conocen a este partido ni expresiones ni medidas que sean inequívocamente pro libre mercado. Dado que el PRO-Cambiamos no ha hecho explícita su visión de cuál debe ser el marco económico del país, todo queda en sujeto a especulación.

En segundo lugar, esta falta de definición respecto a cómo solucionar el déficit fiscal se lee como una política económica gradual. Parecería que la alternativa, el shock, es cuando se implementan reformas de un día para el otro. Esto es incorrecto. Nadie puede esperar que un Gobierno haga lo imposible en 24 horas. En resumen, el problema no es no hacer lo imposible, sino hacer mal lo posible. Una reforma de shock consiste básicamente en presentar un plan integral de manera clara y ponerlo en marcha lo más rápido posible, lo cual por supuesto puede llevar tiempo. No informar cuál es el plan económico, si es que efectivamente hay uno, sólo contribuye a aumentar la incertidumbre y a incrementar las posibilidades de fracaso. En cambio, informar un plan en detalle y de manera clara alinea expectativas y los agentes económicos no tienen que estar adivinando si el Gobierno va a reducir el déficit fiscal u obligar a los supermercados a informar precios en un sitio web. ¿El PRO-Cambiemos tiene un plan integral que aplica de manera gradual, sin informar al público cuál es el plan, o toma medidas de manera improvisada según van apareciendo temas en agenda? Si hay un plan integral, ¿por qué no se lo informa? ¿Acaso el Gobierno no confía en su propia visión de país?

En tercer lugar, según palabras de Prat-Gay el PRO-Cambiemos parece guiase por la idea de que reducir más agresivamente el déficit fiscal implica un ajuste social. El ajuste social, sin embargo, hace años que ocurre. Si traducimos lo que Prat-Gay está diciendo, el mensaje es que el ajuste lo va a seguir haciendo el privado, no el sector público. La presión fiscal y la inflación destruyen tantos puestos de trabajo como empleados públicos innecesarios se mantienen a costa del contribuyente. Usted, lector, es quien va a perder su puesto de trabajo para seguir manteniendo un Estado sobredimensionado. Pero si usted pierde su trabajo, eso no es ajuste social, sí lo es si lo pierde un empleado público. Parece ser que no todos los trabajadores están en igualdad de condiciones, algunos parecen ser más importantes que otros. Es erróneo, si no tendencioso, dar a entender a la opinión pública que el dilema es entre ajuste o no ajuste, cuando el verdadero dilema es si el ajuste lo va a hacer finalmente el Estado (que es quien después de todo tiene déficit) o si se va a seguir exprimiendo como limón al contribuyente que carga con impuestos asfixiantes. ¿Por cuántos años ha mantenido el contribuyente a un Estado ineficiente y sobredimensionado? ¿Se votó a Cambiemos o a Continuemos?

Igual de tendencioso es cuando distintos funcionarios del Gobierno se expresan de manera tal que se da a entender que el problema de los altos precios de los alimentos se encuentra en los comerciantes y no en la política monetaria heredada. Con una inflación entre el 20% y el 30%, el único responsable de la suba de precios es el Banco Central. En un país que necesita unión social y sanar divisiones sociales, ciertas expresiones del PRO-Cambiemos parecen alentar la división de consumidor contra comerciante en lugar de unir a los argentinos.

Hace años que el PRO se prepara para ser Gobierno. Es de esperar que en todo este tiempo haya desarrollado un plan económico en el caso de asumir. Las expresiones y las medidas tomadas en estos dos meses, sin embargo, no permiten deducir cuáles son los lineamientos generales de dicho plan. Esto no hace más que alimentar lo que el historiador y economista Robert Bob Higgs llama “incertidumbre de régimen”. ¿Va a ser un kirchnerismo light, como algunos sospechan, o va a ser un movimiento pro libre mercado, como algunos de sus defensores esperan? El no saber en qué tipo de Argentina se va vivir, kirchnerismo light o libre comercio con apertura al mundo, pone un freno a las inversiones de largo plazo, dado que no se saben cuáles van a ser las reglas de juego. Dados los triunfos en las últimas elecciones, el PRO tiene la oportunidad de ser el autor de la versión argentina del milagro alemán, o bien pasar a la historia como otra oportunidad perdida en la larga lista de Gobiernos que dejaron pasar dicha oportunidad.

¿Qué herencia deja el Frente para la Victoria en temas, por ejemplo, como corrupción, eficiencia de Gobierno y calidad del marco regulatorio? El kirchnerismo ha estado en el Gobierno por doce años con mayoría en el Congreso, ¿qué mejoras se perciben en la calidad de Gobierno y administración durante tan larga gestión? El siguiente gráfico (hacer click para expandir) muestra la percepción en control de corrupción, eficiencia de gobierno, calidad regulatoria, imperio e igualdad ante la ley (rule of law), y transparencia y rendición de cuentas (libertad de expresión, representación de los políticos). Los valores pueden oscilar entre -2,5 (peor) y 2,5 (mejor).

Si bien el último dato disponible es al 2013, los valores no dejan de ser representativos, dado que no se han dado importante mejoras en ninguna de estas variables. Los valores del 2013 se contrastan con dos puntos de referencia, el fin del menemismo (1999) y el inicio del kirchnerismo (2003). Dos lecturas se desprenden de estos datos. En primer lugar, doce años de gestión K no dejan una administración con una percepción claramente superior a la del fin del menemismo. Por ejemplo, el fin del mandato K muestra un leve empeoramiento en eficiencia de Gobierno y calidad regulatoria. En otras palabras, Argentina estaría algo mejor regulada por el menemismo, más allá de lo pobre que podamos considerar su desempeño. En segundo lugar, el kirchenismo muestra más empeoramientos que mejoras respecto al 2003.

Eficiencia de Gobierno, calidad regulatoria, y transparencia y rendición de cuentas es donde se ve un mayor retroceso. No hay, sin embargo, significativos avances en otras variables. Estos indicadores, a su vez, no capturan los eventos sucedidos del 2014 a la fecha (Hotesur, ausencia de indicadores de pobreza, fraude en las elecciones de Jujuy, etc.) Tras doce años catalogados como “década ganada”, el kirchnerismo no ha podido mostrar mejoras significativas al público en ninguno de estos indicadores. ¿Dónde han estado los avances en control de la corrupción? ¿Eficiencia de Gobierno o mejoras en el marco regulatorios? Menos aún en transparencia y rendición de cuentas, donde ni siquiera se puede confiar en las variables más elementales del Indec, como inflación.

Entre los países con mejor percepción institucional y de Gobierno se encuentran Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Noruega. Con indicadores similares a los de la gestión K se encuentran países como Armenia, Algeria, Etopía, México, Colombia, Rusia, Ecuador y El Salvador, entre otros. El partido que lleva en estas elecciones a Daniel Scioli muestra serias falencias no solo en materia económica, sino también en materia institucional.

Lo primero a tener en cuenta es que no es lo mismo criticar al kirchnerismo per se que criticar el autoritarismo y malas políticas económicas, sean o no del kirchnerismo. Las transgresiones institucionales y el destrozo económico que este movimiento ha hecho es igual de criticable cuando es llevado adelante por la oposición. Si Macri, Massa, o Scioli hubiesen sido gobierno estos 10 años y hubiesen hecho exactamente lo mismo, entonces serían igual de cuestionables. Estando a cargo del Poder Ejecutivo y con una notable presencia en ambas cámaras del Congreso es lógico que la mayor cantidad de críticas de los últimos años haya recaído sobre el kirchnerismo y que esto comience a cambiar a medida que distintos grupos opositores comienzan a ganar espacio. Para dar un ejemplo concreto. Que Scioli o Macri, por ejemplo, utilicen bienes del Estado (es decir, de la gente) para promocionar sus respectivos partidos es tan reprochable como cuando lo hace el kirchnerismo. 

En segundo lugar, puede que sea tarea del político confundir a la gente, pero ciertamente no es la tarea del economista como economista (a diferencia del economista que se dedica a la política.) El deterioro fiscal es un problema que no se puede ignorar. Con una presión tributaria récord y el acceso a los mercados internacionales cerrados, es inevitable que una reducción del déficit debe venir por el lado de un recorte de gasto público (también en niveles récord.) Escuchar a los candidatos opositores hablar del futuro del país obviando este fundamental problema es preocupante. Es una ilusión errada o una falta de honestidad hacia el electorado hacerle creer que este problema no es serio o mágicamente se arregla luego del cambio de gobierno. ¿Dónde están los planes de reforma fiscal que vayan a poner fin al déficit estructural del país? ¿Qué hacen los economistas de la oposición que aún no se conocen planes concretos? Macri, por ejemplo, puede prometer la mayor obra de infraestructura del país si es elegido presidente, pero ésta es no es una promesa creíble sin un plan de equilibrio fiscal. ¿Dónde está ese plan? La misma pregunta recae sobre los otros presidenciables. ¿Dónde está el plan, concreto, para reducir el déficit fiscal y poner fin a la inflación? ¿O sólo nos vamos a enterar de sus planes, si es que tienen uno, luego de las elecciones?

En tercer lugar, se desdibujan los límites que cada partido o candidato opositor está dispuesto a cruzar para obtener el poder cuando los distintos postulantes caen en prácticas similares a las del kirchnerismo. ¿Cuánto vale la promesa de respeto por las instituciones de un Scioli, un Massa, o un Cobos, que han sido parte central del kirchnerismo? No es que el kirchnerismo se volvió autoritario de golpe justo luego que ellos hicieron un paso al costado, el kirchnerismo siempre lo fue. Quién no podía ver los sesgos autoritarios y anti-republicanos del kirchnerismo en sus inicios bien haría en retirarse de la política en lugar de tener a millones de Argentinos a merced de sus decisiones políticas. ¿Cuál es el límite, por ejemplo del PRO, en la búsqueda de votos cuando muestra decisiones de corte populista o intervencionistas?

Con estos comentarios no quiero decir que no se entienda la lógica de búsqueda de votos (median voter theorem 101), pero eso no quiere decir que no se deba medir con la misma vara a todos los opositores. ¿Acaso para el opositor el fin justifica los medios y él no debe ser criticado cuando hace cosas similares al kirchnerismo?

Se podrá argumentar que las circunstancias son excepcionales dado el nivel de autoritarismo del kirchnerismo. Pero ese no es el punto.

En primer lugar, si el político opositor realmente cree estar a la altura de las circunstancias, entonces no debe comportarse como un seguidor de encuestas y ser un verdadero líder de opinión pública. Si la oposición va a ser seguidora de encuestas, entonces es indistinto a quien se vota. Mal que le pese a la oposición, el kirchnerismo ha sido mejor líder político (que su liderazgo no lleve a buen puerto es otro tema).

En segundo lugar, recuerdo que cuando el kirchnerismo estaba en sus inicios varios cuestionaban su sesgo autoritario. Las respuestas generales eran que esas “pequeñas” transgresiones no justificaban la reacción “exagerada” de los críticos, después de todo veníamos de una seria crisis económica. El tiempo le dio la razón a los que “exageraban.” ¿Vamos a cometer el mismo error?

El kirchnerismo ha hecho ya una costumbre del vicio de subestimar los recursos que tendrá a disposición. Dado que en el presupuesto se define cómo deben asignarse los recursos, subestimar los mismos genera recursos ociosos que el Gobierno luego utiliza a discreción (facilitado por la delegación año tras año de facultades en la Ley de Emergencia Económica.) El uso discrecional de recursos termina siendo un caldo de cultivo para la corrupción dado que el uso de fondos no está pre definido. No sorprende que a este gobierno no le falten serias sospechas de corrupción.

Los errores de cálculo del Gobierno no son menores, como lo señala un informe reproducido por Infobae.  Por ejemplo, en el 2014 se estimó un crecimiento del PBI del 6.2% mientras que la economía se contrajo un 1.6%. Un “error” de 7.8 puntos. Las estimaciones de inflación, basadas en el Indec, claramente se encuentran también fuertemente sesgadas. Al subestimar la inflación, los ingresos tributarios que dependen de valores de mercado se ven subestimados. Para ser un gobierno al que tan fácil le resulta criticar las estimaciones económicas de privados y dar lecciones de economía en foros internacionales, las dificultades para estimar a tan sólo un año variables centrales del país son preocupantes. Imagine que este tipo de errores son crónicamente cometidos por un piloto; ¿qué tan seguro se sentiría viajando en el avión de este piloto? Al ver los repetidos errores en las proyecciones de los distintos presupuestos, sumada a la delicada situación económica y social, es lícito preguntarse si el kirchnerismo está capacitado para manejar la economía del país. La sociedad y la dirigencia política en particular deben tener presente que legitimidad y capacidad de gestión son dos cosas distintas y que ninguna implica la otra.

Al mirar el presupuesto para el 2015 resaltan algunas inconsistencias así como algunas lecturas de cómo se utilizan los fondos públicos. Veamos tres inconsistencias y una lectura que surge del uso de fondos públicos.

Inflación: el gobierno estima una inflación del 15% (o del 1.2% anual) para el 2015. Las estimaciones privadas se encuentran en un 40% (la más alta desde la diciembre del 2001). Esto quiere decir que la tasa de inflación mensual debe bajar  de un 2.8% a un 1.2% mensual. ¿Dónde está el plan anti-inflacionario que va a lograr bajar la inflación a la mitad en el plazo de un año? ¿Está dispuesto el gobierno a reducir la financiación del BCRA y por lo tanto el gasto lo necesario para reducir la emisión monetaria al punto de cortar la inflación a la mitad? ¿O el gobierno piensa “bajar” la inflación bajando el indicador IPCNu?

Tipo de Cambio: el gobierno estima un tipo de cambio de 9.50 a fin del 2015. El gobierno también asume que la inflación a fin del 2014 será del 21.3%. La inflación oficial acumulada en lo que va del año es del 18.2% (lo que quiere decir que la inflación sólo será de un 3% en los últimos cuatro meses del año.) El gobierno también asume que en el 2015 el tipo de cambio evoluciona igual que la inflación. Esto es inconsistente con asumir que en lo que queda del 2014 el tipo de cambio caerá de 8.40 a 8.20 cuando aún queda sumar en el 2014 un 3% de inflación según lo asumido en el presupuesto. Si de aquí en adelante la inflación (oficial) evoluciona según el presupuesto (como se asume para el 2015), entonces el tipo de cambio debe ubicarse en 8.70, no en 8.20. Si en cambio la inflación de aquí a fin de año evoluciona al mismo ritmo que la inflación que ha tenido en el 2014, entonces a fin de año el tipo de cambio oficial debe ubicarse en 9.10. Se abren, entonces, dos posibilidades. Para mantener un tipo de cambio a fin del 2015 de 9.50 la inflación anual debe ser del 9.7% o 4.3% según el tipo de cambio a fin del 2014 sea del 8.7 o 9.1 respectivamente. Notablemente menor al 15% asumido por el gobierno. Si en cambio mantenemos el supuesto del 15% de inflación, entonces el tipo de cambio debe aumentar en el 2015 de 8.7 a 10.00 o de 9.10 a 10.47. En otras palabras, sin una apreciación del peso de 8.40 a 8.20 (recordemos que estamos en un contexto con una inflación interanual del 40%) los supuestos del presupuesto no son consistentes entre sí.

Déficit fiscal: los datos de déficit fiscal, central en todo proyecto de presupuesto, también presentan inconsistencias. El presupuesto asume un incremento nominal del 28% en los recursos tributarios. Esto implica un aumento del 7% por arriba de la inflación asumida en el presupuesto o un 12% por debajo de una inflación del 40%. O el gobierno está sumiendo un fuerte aumento impositivo o está admitiendo una notable caída en términos reales de los recursos tributarios. El gasto corriente muestra un aumento del 18.5%, pasando de 920.000 a fines del 2014 a 1.090.000 millones de pesos a fines del 2015. Desde el 2008 el aumento nominal del gasto corriente no baja del 27% anual. Sin embargo, si asumimos que el gasto corriente evoluciona en lo que resta del 2014 al mismo ritmo promedio que los últimos tres años, entonces a fines del 2014 se ubicará en 1.040.000 millones de pesos, 13% más del estimado en el presupuesto. Si el gobierno mantiene un 18.5% de incremento del gasto corriente, entonces a fin de año el gasto corriente se ubica en 1.230.000 millones de pesos llevando el déficit financiero estimado de 49.600 millones a 190.000 millones; casi cuatro veces el déficit financiero estimado en el presupuesto. Es decir, el gobierno está sobrestimando recursos ociosos al subestimar gastos más que subestimar ingresos. La estimación de la cuenta ahorro también muestra que las transferencias del BCRA y ANSES (rentas de la propiedad) estarían creciendo un 25% respecto al 2014. Otro dato que se contradice con una estimación a la baja de la inflación. Si descontamos este “maquillaje contable”, entonces el déficit financiero del presupuesto 2015 asciende a 205.440 millones de pesos en lugar de los asumidos 49.600 millones de pesos. Este número, que no corrige por transferencias del BCRA y ANSES, es mayor al déficit del 2014 neto del “maquillaje financiero.”

Como se puede apreciar, el presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso adolece no sólo de serias inconsistencias, sino de supuestos irreales. Lamentablemente esto ya es costumbre en el kirchnerismo.

La estructura de gastos también deja extraer algunas conclusiones que no estarían recibiendo la atención debida. Mientras Seguridad se lleva un 5.5% del presupuesto, los servicios sociales representan el 59% del total del gasto público, del cual el 70% se destina a seguridad social. Estos programas sociales se iniciaron como necesarios paliativos en la crisis del 2001. ¿Por qué siguen creciendo luego de una década, la “década ganada” según el oficialismo? El hecho de que aún hoy se necesite asignar tantos recursos a seguridad social muestra que los distintos planes sociales han sido mal diseñados o por lo menos mal aplicados. Un plan social exitoso no es aquel que crece en recursos porque cada vez hay más necesidad del mismo. Por el contrario, un plan social exitoso es aquel que logra reinserción en el mercado laboral llevando a la extinción de dichos programas. Quiero ser claro en que no estoy sosteniendo que no sean necesarios planes sociales, basta con mirar los indicadores de pobreza como los estimados por la UCA. Lo que sí estoy sugiriendo es que la mala aplicación o el mal diseño de los planes sociales que no logran reinserción laboral son parte importante del ya casi descontrolado déficit fiscal en el que se encuentra el Estado. Los dirigentes políticos se deben un serio debate sobre cómo reformar la estructura y gastos del Estado para lograr una transición de un esquema insostenible a uno virtuoso.

El Déficit Fiscal

Lamentablemente el problema de la deuda pública y el juicio con los holdouts (peyorativamente llamados fondos “buitre”, cuando en realidad son “fondos de inversión de riesgo”) es convenientemente tratado por la clase política como si fuese algo caído del cielo. No hay bonos (deuda) que pagar sin déficit fiscal. Y el déficit fiscal se debe a un insostenible nivel de gasto público proveniente de una clase política adicta al clientelismo político y al populismo. No existe tal cosa como el populismo (clientelismo político) bueno y malo, en todas sus versiones el populismo generan más costos que beneficios. Son los representantes del pueblo en el Congreso quienes firman los presupuestos deficitarios y les cabe a ellos, por lo tanto, la responsabilidad de los desequilibrios fiscales. En una República, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto que los representantes del pueblo le envían en forma de ley. La clase política, sin embargo, parece guiarse más por una ciega ideología nacionalista que por la racionalidad que sus cargos requiere. El siguiente gráfico muestra el déficit financiero (déficit total) del gobierno desde la vuelta de la democracia hasta el 2013.

El gráfico deja apreciar algunos detalles importantes. Se ve que la norma durante más de treinta años fue la de déficit, no la de una administración responsable. Es claro al ver el gráfico que culpar del posible default a fondos de inversión roza lo infantil. Tener un presupuesto equilibrado no es de izquierda ni de derecha, es del más elemental sentido común de administración pública. Se aprecia, también, que en la década del 90 el aumento de déficit (y por lo tanto de deuda pública) comienza en 1993 durante el primer mandato de Menem. Esto también muestra que el problema en la década del 90 no fue el “1 a 1″ en sí, sino el llevar la deuda a niveles insostenibles. De allí el default en el 2001 y la devaluación que licuaron el gasto público produciendo un superávit más accidental que planeado. El gráfico también nos muestra que Néstor Kirchner heredó este superávit accidental y que la tendencia en su mandato fue a empeorar el resultado fiscal de manera consistente. Tendencia que Cristina Kirchner continuó también de manera consistente. En otras palabras, Cristina Kirchner es una continuación de Néstor Kirchner. Sostener que Néstor Kirchner se preocupaba por tener un superávit fiscal se contradice con la tendencia decreciente del gráfico.

En términos del PBI del 2013, lo que el gobierno debe pagar a los holdouts (1500 millones de USD) es medio punto del PBI. Si se suman los 15.000 millones de USD que eventualmente podrían sumarse, se llega a 5% del PBI. Con Alfonsín el déficit llegó a 8 puntos del PBI (el mayor desde la vuelta a la democracia). Con Menem el déficit llegó a casi 5 puntos del PBI. De la Rúa lo llevó a 7 puntos del PBI. Cristina Kirchner ya lo tiene casi en 5 puntos del PBI. Si la clase política sintiese el mismo rechazo a estos niveles de déficit que le tiene al pago que debe hacer a los houldouts Argentina sería un país mucho más estable. La clase política escapa a su responsabilidad haciendo mal uso de términos como “neoliberalismo” para desviar la atención del insostenible déficit fiscal en los 90 o de “fondos buitres” durante el Kirchnerismo. Problema similar pueden estar en el futuro del país los políticos insisten en buscar excusas para evitar hacer frente al problema de insostenible gasto público.

Los dos Defaults

El potencial default al que se enfrenta Argentina tiene una diferencia fundamental con el del 2001 que no debe pasar desapercibida. De no pagar, Argentina entraría en un doble default. Por un lado el no pago de deuda. Por otro lado, a falta de mejor nombre, en un “default institucional” al decidir ignorar la sentencia de la corte de justicia a la que Argentina voluntariamente eligió someterse. Luego de la crisis del 2001 el país se vio en la necesidad de importar seguridad jurídica para tener algo de credibilidad dado que la seguridad jurídica del país no es confiable. De entrar en default (o intentar un cambio de jurisdicción), Argentina estaría unilateralmente saliéndose de la legislación NY. En el 2001 Argentina podía ofrecer la legislación NY (o la de Londres, por ejemplo), como alternativa a la local. Pero si Argentina decide ignorar los fallos del juez Griesa, ¿qué puede ofrecer a cambio de la justicia local la próxima vez que quiera pedir crédito en los mercados internacionales? Es por esto que Argentina se enfrenta a algo más que un default de deuda pública.

Un litigio como en el que se encuentra Argentina requiere que las partes voluntariamente acepten y cumplan las sentencias. No existe una policía internacional que haga cumplir los fallos del juez como es el caso de la justicia local de cada país a través de la fuerzas policiales. De allí la importancia que tiene que Argentina sea respetuosa de las instituciones. En un picado de fútbol entre vecinos de barrio, donde la AFA no puede hacer cumplir los fallos del referee, aquel que no sigue las reglas del juego e ignora las faltas cuando le conviene, difícilmente sea nuevamente invitado al próximo picado.

Esto dista de ser una diferencia menor. Si un país entra en default, pero respeta las instituciones, entonces es posible negociar una salida y hacer un canje de deuda. El problema se soluciona en el corto plazo. Pero si un país decide abiertamente ignorar las instituciones y la legislación a la que voluntariamente se somete, no puede solucionar la falta de credibilidad “negociando” dado que la credibilidad institucional de un país no se puede comprar. Al costo de corto plazo de tener que renegociar una deuda en default, Argentina estaría sumando un costo de largo plazo al mostrar que ante la posibilidad de pagar y negociar, decide no hacerlo con argumentos considerados muy poco serios fuera de la militancia Kirchnerista.

Esperemos que la cordura y la racionalidad, que tan esquiva la resulta al Kirchnerismo, ilumine esta última etapa de gobierno. Los Argentinos ya han tenido que hacerse cargo de demasiados desequilibrios fiscales para sumar problemas innecesarios

Según los datos informados, el superávit primario fue de unos 3.570 millones de pesos gracias a un récord de transferencias en concepto de “rentas de la propiedad” (principalmente el BCRA) por unos 12.900 millones. Sin esta “contabilidad creativa”, el resultado primario cae a un déficit de -9.330 millones de pesos. Si a este déficit le restamos los costos financieros netos (pago y cobro de intereses), el resultado financiero cae a -17.300 millones de pesos. El resultado financiero para enero y febrero fue de -6.200 y -9.500 millones de pesos respectivamente. Esto quiere decir que el resultado acumulado para el primer trimestre es de -33.300 millones. En el 2012 y en el 2013 el deficit fiscal sobre el PBI (base 2004) fue de 3.1% y 3.7%.

Podemos estimar un valor de PBI para el primer trimestre del 2014 usando la variación (trimestre contra trimestre) promedio de distintos indicadores de actividad [EMAE, EMI, ISAC, IGA(OJF), IPI(OJF), e IPI(FIEL)]. El resultado de este ejercicio es un déficit fiscal para el primer trimestre del 2014 por 1.2% del PBI. De mantenerse esta relación, el deficit fiscal a fin del 2014 sería de un 4.6%. Casi un punto más que el año pasado.

De los datos fiscales se desprenden otros dos datos curiosos. En primer lugar, el único ingreso que creció en términos reales fue el de “rentas de la propiedad”. El resto de los ingresos cayeron en términos reales al crecer menos que la inflación de los últimos 12 meses. Los ingresos tributarios crecieron a un ritmo similar al de la inflación, pero es importante tener presente esto vino acompañado de aumentos impositivos implícitos (por ejemplo al no ajustar mínimos imponibles, no permitir ajuste contable por inflación, etc.) En segundo lugar, la única erogación que creció menos que la inflación es el correspondiente a seguridad social.

Mucho se ha dicho en las últimas semanas sobre una desaceleración de la inflación. Esta postura me parece prematura por dos motivos. En primer lugar, es cierto que Fábrega ha reducido la base monetaria (-7.5% para el primer trimestre del 2014) y que esto debería llevar a una reducción en la inflación. Pero no es menos cierto que el déficit fiscal se financia con emisión monetaria. Por lo tanto, un aumento en el déficit fiscal puede llevar nuevamente a una expansión monetaria y a un aceleramiento de la inflación. ¿Cuál puede ser el déficit fiscal a fines del 2014? El siguiente gráfico muestra un simple escenario donde se asume que de abril a diciembre la evolución del déficit es igual a la evolución promedio del 2012 y del 2013. Es decir, es un escenario optimista donde se asume que de aquí en adelante la situación fiscal no es menor ni peor que la de los dos últimos años (en promedio.) Hay, sin embargo, motivos para creer que la situación puede ser peor. Todos los indicadores de actividad económica están dando a la baja, por lo que la recaudación puede desacelerarse (o incluso caer). Hay nuevos planes sociales para los “ni-ni” y el primer pago al Club de París que cae este año. De hecho, los datos de recaudación de abril muestran una desaceleración en términos reales. La línea roja corresponde al déficit acumulado del 2012, la azul a la del 2013, la negra a la del 2014 donde la sección punteada es la proyección a futuro.

En este escenario, el resultado financiero a fin del 2014 es de -290.800 millones de pesos. ¿Qué implica esto para la presión inflacionaria a futuro? En lo que queda del año faltarían financiar unos 256.900 millones de pesos. La base monetaria a fin de marzo se encuentra en unos 349.000 millones. Esto quiere decir que, si el déficit por financiar se suple con emisión monetaria, la base monetaria debe expandirse un notable 74%. Desde el 2006 que la base monetaria no supera una expansión del 40% anual (38% y 22.8% para el 2012 y 2013 respectivamente.) Esto implica una presión inflacionaria del 70% (a distribuirse en varios meses, la expansión monetaria afecta precios con lags importantes.)

El segundo motivo por el cual puede ser prematuro hablar de una desaceleración de la inflación es que, si bien es cierto que la inflación mensual habría caído en los últimos meses, esto bien puede ser un efecto estacional. La inflación Congreso para marzo, abril, y mayo fue de 3.3%, 2.78%, y 2.0% (Elypsis) respectivamente. Sin embargo, desde el 2008 que la inflación de mayo es inferior a la de los dos últimos meses. Por lo tanto, tres meses de tasas decrecientes de inflación no es un signo inequívoco de una inflación que se desacelera. ¿Se desaceleró, acaso, la inflación en los últimos años? Con un 2% de inflación en mayo 2014, la inflación acumulada de los últimos 12 meses es del 40.2%. Este es la máxima inflación de 12 meses desde diciembre 2002 cuando fue del 40.9%. La inflación de mayo contra mayo del 2012 y 2013 fue de 23.2% y 23.3%; sensiblemente menor a la del 40.2% de este año. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico, que muestra la inflación de acumulada de 12 meses desde 1998.

Hay, por lo tanto, dos tendencias opuestas respecto a la inflación a futuro. Por un lado, la contracción de la base monetaria llevada adelante por el BCRA en los últimos meses (“ajuste”). Pero por el otro lado se ve un empeoramiento fiscal que, al ser financiado con emisión monetaria, sugiere mayores presiones inflacionarias a futuro. Lamentablemente, el escenario inflacionario lejos de estar claramente controlado, puede mostrar un empeoramiento en los meses por venir (salvo que haya cambios estructurales que reduzcan el nivel de déficit o financiamiento alternativo a la emisión monetaria.) Esta falta de coordinación entre el Tesoro y el BCRA puede resultar en tensiones políticas.

Debería ser evidente para quienes se dicen opositores al modelo que una seria discusión sobre cómo reestructurar (bajar el nivel, no reasignar partidas) el gasto público es importante, por no decir apremiante a medida que pasa el tiempo. Discusión que, ciertamente, no es parte del “profundo” debate político/institucional que ofrece la oposición. Si el arco opositor se niega a revisar gastos de “bajo impacto social” como el Fútbol Para Todos y la deficitaria Aerolíneas Argentinas (y no es que esto alcance para solucionar el problema) van a tener que ser muy creativos para poder solucionar estos desequilibrios. La primera lección de política económica que la oposición debe aprender es que no son las buenas intenciones las que generan buenos resultados económicos, son las consistentes políticas económicas las que generan buenos resultados.

El siguiente gráfico muestra la evolución del PBI real en Estados Unidos [eje izquierdo] y el nivel de gasto público sobre el PBI (%) [eje derecho] para el período 1929-1960. En 1940 el gasto público se encontraba en el 22% del PBI. En tan sólo cuatro años llegó a representar el 82% del PBI. El gasto público muestra una caída libre hasta el 25% del PBI. El gasto público se redujo en términos absolutos en un 75%.

Si nos atenemos a lo que el discurso oficialista (y de no pocos opositores) dan a entender sobre los problemas de recortar el gasto público, entonces deberíamos observar una profunda y extensa crisis. Sin embargo, lo que se observa es que del pico (1944) al piso (1947) el PBI real se contrajo en un 13.4%, lo que equivale a una caída equivalente de 3.5% por año. En 1948 el PBI real creció un 4.1%. ¿Cómo es posible que un colapso de tal magnitud en el gasto público en relación al PBI no resultase en un colapso económico y, que de hecho, la economía americana se haya recuperado sin apelar a fuertes políticas de gasto público?

Hay tres características a tener en cuenta durante el período de la Segunda Guerra Mundial: (1) La participación del gasto público muestra un acelerado incremento, (2) el nivel de desempleo era artificialmente bajo dado el llamado a la ciudadanía al servicio militar, y (3) la economía se encontraba bajo un virtual planeamiento central que determinaba qué, cómo, cuándo, y a qué precio se debía producir. Así, como estas tres características tomaron forma al entrar Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, estas tres características también se vieron modificadas al salir de la guerra. Es decir, la caída del gasto público no fue lo único que cambió en la economía pos-guerra.

Si bien es cierto que entre 1945 y 1948 hay un aumento en la tasa de desempleo, no es menos cierto que el desempleo no superó el 3.9% (1946). Una tasa de desempleo lejos de mostrar serios problemas en el mercado laboral. Para fines de 1946, 10 millones de veteranos habían encontrado trabajo en un contexto de baja de gasto público y de desregulación económica. Este paradójico resultado suele intentar explicarse de dos maneras: (1) reducción en la oferta laboral femenina que se había incrementado durante la guerra, (2) un importante número de veteranos se inscribieron como alumnos en distintas universidad, por lo que no cuentan como personas desempleadas.

Ninguna de estas tres explicaciones, sin embargo, se ajusta a los hechos. El número de mujeres en la fuerza laboral pasó de 14.5 millones en 1941 a 19.4 millones en 1944 para caer a 16.9 millones en 1947. Movimientos que no pueden explicar la baja tasa de desempleo del 3.8%. A este resultado hay que sumarle que un gran número de plantas que empleaban cerraron al reducirse el gasto público, por lo que la población femenina también debió encontrar nuevos puestos de trabajo. Luego de la guerra, unos 800.00 conscriptos se anotaron en programas universitarios. Si los 800.000 veteranos fuesen contados como desempleados, la tasa de desempleo sería tan solo 1.4% superior.

La economía americana, sin embargo, no se encontraba sólo frente a un escenario de colapso de gasto público, el gobierno federal debía hacer frente a un abultado déficit fiscal. El gobierno federal pasó de un déficit de 32.1 miles de millones de USD a un superávit de 2.4 miles de millones en 1947. De hecho, los ingresos del gobierno federal no se vieron fuertemente afectados lo que indica que la actividad económica no se vio afectada por la reducción del gasto público. En 1945 se registraron ingresos por 41.5 miles de millones de USD, en 1946 y 1947 los ingresos fueron de 39.5 y 42.8  miles de millones de USD respectivamente. Es decir, la reducción de gasto público no sólo produjo fuentes de empleo suficientes como para mantener bajas las tasas de desempleo, sino que al no afectarse la actividad económica se pasó de un escenario deficitario a un escenario superavitario.

Para entender como es posible juntar una reducción del gasto público con un buen desempeño económico es necesario tener presente que el  gobierno americano no se limitó a reducir el nivel de gasto público de un 80% del PBI a un 25% en un reducido lapso de tiempo. Estados Unidos también dio decidida marcha atrás con regulaciones y controles de precios. Una economía con un alto gasto público puede resultar en economías anémicas dado el alto nivel de recursos que deben destinarse a gasto público y no a consumo e inversiones privadas. Una economía con precios regulados es incapaz de invertir de manera eficiente, dado que los empresarios se encuentran ante precios mentirosos en lugar de precios que reflejen de manera fiel las preferencias de los consumidores. A veces lo mejor que puede hacer el gobierno para mejorar la economía de un país es simplemente hacer un paso al costado y dejar al mercado operar. Poco pueden aportar ministros con escasa o nula experiencia de mercado frente a empresarios e inversores que arriesgan su capital en lugar del dinero del contribuyente.

El retorno a una economía de mercado con precios libres, junto a una fuerte reducción del gasto público, puso a disposición del mercado insumos y factores de producción que se pudieron utilizar para crear valor en lugar de satisfacer las necesidades bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Si bien sería iluso negar que Argentina no pueda corregir sus desequilibrios fiscales sin afectar la economía, sería igual de iluso plantarse en no ver soluciones porque la clase política (gobierno y opositores) no es lo suficientemente patriota como para reducir su gasto público y dar lugar a que sea el mercado el que genere puestos de trabajo productivo en lugar de planes públicos que generan trabajo improductivo. No es cierto que los ajustes fiscales son siempre salvajes, desalmados y con un inevitable colapso económico como resultado. Si hay algo que a la economía Argentina le sobra es ajuste sobre los sectores más necesitados. Inflación, cepo cambiario, cierre de importaciones, falta de inversión en infraestructura no es otra cosa que un ajuste que afecta en mayor medida a los más necesitados. Si hay algo que a la Argentina le falta es un mercado libre que permita la creación de valor en lugar de una economía que debe mantener a un insaciable aparato populista.

El problema del cepo es que no soluciona el problema de fondo. El dólar oficial se encuentra artificialmente barato, lo que hace que su oferta (por exportaciones, etcétera) sea menor y que su demanda (para importaciones, atesoramiento, etcétera) sea mayor. El desequilibrio es la pérdida de reservas resultante. Parte importante de este problema es la precaria situación energética a la que se ha llegado luego de diez años de kirchnerismo. Ante este panorama, la pregunta de si se puede salir del cepo y cómo hacerlo se ha escuchado con mayor frecuencia en los últimos días. Una política para salir del cepo tiene que hacer frente a por lo menos tres problemas.

En primer lugar, el desvío del tipo de cambio oficial respecto al tipo de cambio real. En la medida que el tipo de cambio oficial mantenga un precio de dólar barato, la oferta no podrá satisfacer a la demanda en  el mercado de cambios. Esto no es otra cosa que la interacción entre demanda y oferta. La Argentina está en un típico problema de atraso cambiario. La política cambiaria K ha sido similar a la tablita de Martinez de Hoz; ajustar el tipo de cambio por debajo de la inflación.

Si uno estima el tipo de cambio del 2007 (cuando se interviene el INDEC) en adelante por la inflación verdadera de Argentina menos la americana, a fin del 2012 el tipo de cambio debería estar alrededor de los 12 pesos. Es decir, el mercado blue se encuentra más cerca de un tipo de cambio de equilibrio que el tipo de cambio del BCRA. Esto no quiere decir que la solución sea una devaluación. De poco sirven la devaluaciones que buscan evitar cambios de fondo en la economía del país. Las economías son más competitivas frente al mundo cuando el sector productivo es competitivo, no cuando el BCRA devalúa artificialmente el tipo de cambio bajo el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. En lo que va del 2013, el BCRA devaluó el peso alrededor de un 25% (en términos anuales), tasa similar a la inflación anual. Este es un ritmo de devaluación, llevado adelante por el kirchnerismo, por más que el gobierno niegue sus propias políticas.

En segundo lugar, es indispensable dar fin a la inflación, ya entre las mayores a nivel mundial. La diferencia entre una inflación del 2% y una del 25% no es meramente de valores. Con una inflación del 25%, el peso puede ser medio de pago, pero deja de ser una eficiente unidad de cuenta y definitivamente deja de ser un medio para atesorar valor. Esto quiere decir que mientras el peso puede ser un medio de pago no es dinero propiamente dicho. Si el atesoramiento de valor (ahorrar) no es posible, entonces la demanda de tenencia de pesos colapsa. Esto quiere decir que todo peso que no se necesita para transacciones (compras de cada mes como ir al supermercado, pagar impuestos, etcétera) se utiliza para comprar bienes y dólares, pero no se ahorra. El aumento en consumo no se debe a las bondades del modelo kirchnerista, se debe a la destrucción del peso como reserva de valor. Ante la inevitable pérdida de riqueza, mejor comprar un televisor plasma o cambiar el auto que ahorrando en pesos. En el segundo caso se pierde valor pero al menos se disfruta de un nuevo bien adquirido. El desafío del BCRA no es sólo bajar la inflación, es volver a generar la confianza en la gente que el peso ha vuelto a ser dinero, lo que incluye ser un medio viable y confiable para atesorar valor. En  el centro de estos problemas se encuentra el déficit fiscal, el cual el BCRA financia al mismo tiempo que se deslinda del problema inflacionario. Una actitud que va en contra la credibilidad necesaria para recuperar la seguridad en el peso.

En tercer lugar, hay un serio problema de confianza. El dinero fiat como el peso (dinero no convertible) obtiene su valor de la confianza que el mercado tenga en el BCRA. Cuando el BCRA no es confiable, entonces comienza a haber una preocupación por las reservas, dado que sin cepo cambiario el mercado puede rápidamente cambiar el peso por otra moneda más dura. Pero si el BCRA fuese confiable nadie estaría preocupado por el nivel de reservas. ¿Quién se preocupa, acaso, por las reservas de la Reserva Federal de Estados Unidos? No va a ser fácil eliminar la preocupación por las reservas en un país con un historial único de inflación y un presidente del BCRA que niega que la inflación sea su responsabilidad. ¿Cómo creer la palabra a un gobierno que insiste con publicar las irreales cifras del INDEC (sólo por dar el ejemplo más claro)? El gobierno argentino es considerado, doméstica e internacionalmente, un mentiroso crónico. ¿Cómo creerle a un mentiroso crónico? El kirchnerismo es un movimiento sin credibilidad. ¿Le creería a usted a Cristina Kirchner si le dice por cadena nacional que le promete proteger el valor del peso secundada por funcionarios como Boudou, Moreno, Kicillof, Pimpi Colombo, Marcó del Pont, Abal Medina, etcétera? El problema del kirchnerismo no es sólo su rechazo a un problema inocultable, sino que han dilapidado la credibilidad necesaria para que las medidas que debería tomar sean creíbles.

El kirchnerismo ha hecho a la sombra de los otros poderes del Estado un gran daño social y económico. Pero el mayor golpe que han dado al país es el daño institucional. Sin embargo, al votar la estatización de las AFJP y la expropiación de YPF, la oposición es tan responsable del deterioro institucional del país como el kirchnerismo. El problema de una parte importante de la oposición es que ha dañado también su propia credibilidad. La confianza, el respeto a la clase política, las instituciones formales e informales, etcétera, se construyen con mucho esfuerzo y tiempo. Es muy fácil, sin embargo, echar por tierra tanto trabajo. Está confundida la oposición si cree que los problemas del kirchnerismo se solucionan mejorando la gestión pero sin un serio cambio de actitud hacia el problema institucional y revisión de las políticas de fondo. Solucionar el problema del cepo cambiario requiere más que medidas económicas consistentes, requiere de una credibilidad y prestigio institucional que ni el oficialismo ni la oposición se han preocupado por cuidar. Solucionar los problemas económicos del país va a ser más difícil de lo necesario.

Qué no sucedió

Lo primero que hay que tener en cuenta respecto al cierre de gobierno es que, de hecho, no cerró. Como ejemplifica Ben Powell (Texas Tech University) en una columna el Huffington Post, si McDonalds suspende (no despide) al 40% de su personal no relacionado a la confección de comida y deja de entregar juguetes en la conocida Cajita Feliz difícilmente se hable del “Cierre de McDonalds”. El mal llamado “cierre de gobierno” consiste en la suspensión temporal de las actividades “no esenciales” de gobierno (como el personal no relacionado a la comida en McDondalds), que son todas aquellas actividades que no dependen de funcionarios con nombramiento constitucional y sus delegados directos. Por ejemplo, un juez es una figura constitucional. El juez y sus asistentes de primera línea deben seguir trabajando. Ni Obama ni los senadores y diputados dejaron de trabajar durante el “cierre de gobierno”. Distinto es el caso de parques públicos y algunas agencias de gobierno. Es decir, aquellas actividades que no definen al gobierno son las que queda en suspenso. Por ejemplo, la agencia recaudadora de impuestos sigue funcionando, Estados Unidos no se retiró de zonas con actividad militar, etcétera.

Lo segundo a tener en cuenta son los incentivos de cada partido político en esta disputa presupuestaria. Ni los demócratas ni los republicanos tienen incentivos a disminuir el nivel de gasto público; cada uno propone reducir el gasto en los programas del otro partido, no en los propios. Para el político, cuanto mayor es su presupuesto mejor, más puede gastar y hacer a los ojos de su electorado. De hecho, el actual cierre de gobierno no es el primero en la historia de Estados Unidos. En el 2011 hubo una discusión similar, en aquel momento denominada “Fiscal Cliff” (precipicio fiscal) que también involucraba una extensión del techo de deuda. En aquel momento no se llegó a un “cierre” de gobierno, sino que se acordó posponer el problema por dos años. Dos años más tarde el problema vuelve a surgir como “cierre de gobierno”. Lo que se vio en las últimas semanas fue un manejo político, por parte de ambos partidos, del “cierre de gobierno” y de la “amenaza de default” para obtener votos por sobre el otro partido. Los sectores más radicales del Partido Republicano (el Tea Party) encontraron en el Obamacare la herramienta para presionar por una reducción del gasto público. Obama y los demócratas pueden presentarse como víctimas exagerando las consecuencias de un cierre de gobierno y la inevitabilidad de un default. Así y todo, en ningún momento Obama tuvo la bajeza de acusar ni a los republicanos ni a prensa crítica de golpistas. Al mismo tiempo, el Tea Party se pone en una situación donde republicanos y demócratas pueden señalarlos como los causantes del problema distrayendo la atención sobre el verdadero problema: el nivel de gasto y deuda pública.

Lo tercero a tener en cuenta es que la amenaza del default americano no era creíble. Lo que estaba en discusión era una extensión del límite de deuda, no una cancelación de toda la deuda. Si el gobierno no puede emitir más deuda, aún puede continuar haciendo un roll-over de la deuda actual con nueva deuda y reasignar partidas para cubrir la diferencia de ser necesario. En otras palabras, pedir una extensión de deuda es como pedir una extensión en la tarjeta de crédito. Que el banco no nos otorgue una extensión en nuestra tarjeta de crédito no quiere decir que automáticamente entramos en default con el banco, sólo quiere decir que no podemos aumentar el nivel de deuda. No se puede pagar el saldo deudor en una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito de manera indefinida. Exagerar el default y sus consecuencias cumplió más el rol de presión política sobre los republicanos que el ser una descripción cierta de lo que estaba por venir. De hecho, el precio de los bonos americanos no colapsó a pesar de que a horas del día D del default aún no había acuerdo. Es decir, el mercado no le creó a Obama que el default estaba a la vuelta de la esquina.

¿Cuál es el problema?

El problema en Estados Unidos no es otro que el de un alto nivel de gasto público y endeudamiento, que actualmente se encuentra alrededor del 100% sobre el PBI (se suele considerar como alto endeudamiento un nivel superior al 60%). Manejar los números del gobierno americano no es fácil debido a su dimensión. Es más sencillo entender la dimensión del problema si reducimos la escala de gasto al de una familiar promedio. Con el tamaño del gobierno americano en esta nueva escala, tenemos que en el año 2010, un año antes del “Fiscal Cliff”, el gobierno federal estaba teniendo ingresos por $58.000 al año, el nivel de gasto público era de $75.000 y la deuda en la tarjeta de crédito alcanzaba los $327.000. Claramente los números no cierran. Cuando el gobierno envía el presupuesto al Congreso pidiendo una extensión del límite de deuda, es como si esta familia se acercase a su banco pidiendo una extensión en el límite de su tarjeta de crédito. Para convencer al banco el gobierno ofrece un “ajuste” del gasto que lleva el gasto de $75.000 a $73.000. Claramente esto no soluciona el problema. Así es como dos años después el mismo problema vuelve a aparecer aún con más dramatismo.

Si bien la discusión de las últimas semanas osciló entre republicanos y demócratas, donde unos serían los buenos y los otros serían los malos, lo cierto es que ambos partidos comparten la responsabilidad de la delicada situación fiscal que atraviesa EEUU. En los últimos 40 años el límite de deuda se corrió alrededor de 39 veces. Eso no es un límite de deuda, es una puerta giratoria. El límite de deuda es utilizado como una herramienta de potencial presión política, no como un límite de deuda propiamente dicho. El mismo Obama se oponía a extender el límite de deuda cuando estaba en el Congreso y el gobierno estaba en manos de los republicanos. El inicio del siglo XXI muestra una tendencia clara. El gasto nominal promedio por año de Bush (hijo) fue un 60% superior al gasto nominal anual promedio del gobierno de Clinton. A su vez, el gasto promedio nominal anual del Gobierno de Obama es un 32% superior al gasto nominal promedio de Bush. Esto quiere decir que, en promedio, Obama está gastando en términos nominales un 110% más que Clinton por año. Dejando de lado la discusión de si incluso el gasto durante el gobierno de Clinton no podría haber sido menor, ¿qué impide al gobierno americano volver al nivel de gasto de Clinton? No se puede decir que el gobierno de Clinton haya sido un cataclismo económico de pobre performance (también es cierto que Clinton heredó los buenos resultados de políticas económicas de gobiernos anteriores.) Es cierto que el cambio de siglo estuvo signado por la crisis dotcom y el atentado terrorista 9/11, pero no es menos cierto que estos eventos ocurrieron hace más de 10 años. Tiempo más que suficiente para corregir el rumbo.

Los republicanos y demócratas acordaron una extensión presupuestaria y de gasto de deuda hasta principios del 2014. Es decir, un cuarto intermedio que (convenientemente) termina luego de las fiestas de Navidad y Año nuevo. El problema está lejos de solucionarse, no sólo porque el acuerdo no hace más que comprar tiempo, sino porque no se atacan los problemas de fondo. El gasto público de Estados Unidos puede dividirse en dos grandes grupos, el gasto público obligatorio y el discrecional. El gasto obligatorio es aquel que responde a obligaciones ya comprometidas, como el Social Security, créditos fiscales, pago de intereses de deuda, etcétera. El gasto discrecional es el que se elige en cada año fiscal (partidas para programas de agricultura, agencias, etcétera). Si el gobierno eliminase todo el gasto discrecional, quedándose únicamente con el gasto ya comprometido, aún los recursos tributarios se quedan cortos. Es decir, el gobierno americano actualmente es incapaz de hacer frente al gasto ya comprometido sin incurrir en mayor deuda pública. Este no es un problema que se corrija con reducciones puntuales de gasto público, sino con un rediseño del gobierno americano y su estructura de gasto, que no es otra cosa que una discusión sobre cuál es el rol del gobierno. Los años que vienen (¿décadas?) van a requerir difíciles decisiones por parte del gobierno americano. Lo que se está viendo en Estados Unidos y Europa en los últimos años no es otra cosa que síntomas del quiebre del Estado de Bienestar.