Pero antes de hablar de Grecia, es imperativa una breve aclaración para entender algunos de los eventos en torno a esta crisis. En economía se suele separar los conceptos de déficit y déficit estructural. El déficit estructural es el resultado fiscal en equilibrio. Es decir, sin el efecto de ciclos y fluctuaciones económicas. El déficit comprende al déficit estructural, más las oscilaciones fiscales que ocurren cada año. Si el presupuesto se encuentra en equilibrio estructural, entonces los superávit y déficit de cada año se cancelan y tienen como resultado un presupuesto balanceado en el mediano y largo plazo. El problema no es el déficit en sí, sino el déficit estructural (crónico).

La crisis del 2008 afectó seriamente las proyecciones de la economía griega, que posee un historial de abultados déficits estructurales y por lo tanto un alto nivel de endeudamiento (mayor al promedio de la Eurozona). La deuda griega perdió el investment grade y por lo tanto Grecia quedó fuera de los mercados financieros para cubrir su crónico déficit fiscal. Al ser parte de la Eurozona, Grecia no puede emitir euros para financiar su déficit, por lo que debe recurrir al mercado de deuda. Con las puertas del mercado financiero cerradas, Grecia hubiese tenido que afrontar una decisión similar a la actual (poner sus finanzas en orden o caer en default). Sin embargo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional [la Troika] extendieron un préstamo de salvataje a la economía helena. El salvataje debía cubrir las necesidades financieras de Grecia entre mayo del 2010 y junio del 2013. Este préstamo, sin embargo, fue condicional a que Grecia equilibrase su presupuesto (el programa de “austeridad”). Si los gobiernos europeos iban a dar recursos de sus contribuyentes al gobierno griego, entonces el gobierno griego debía poner sus cuentas en orden y dejar de gastar por encima de sus recursos.

A los pocos meses fue claro que el préstamo se había quedado corto en menos de la mitad de los recursos necesarios. En parte por la lentitud de Grecia en cumplir con las condiciones del préstamo y reducir las necesidades de financiamiento. En febrero del 2012 un segundo préstamo fue aprobado con vencimiento en diciembre del 2013. Es en este segundo acuerdo donde los bancos comerciales debieron aceptar una quita del 53,5 % del valor nominal de la deuda griega.

Estos dos préstamos no fueron suficientes. En diciembre del 2012 la Troika extendió a Grecia un tercer préstamo para cubrir necesidades de financiamiento del período que va de enero a marzo del 2015. Pero hacia finales del 2013 Grecia comenzó a mostrar mejores indicadores económicos. Si bien aún el presupuesto es deficitario, el cálculo del déficit estructural (de equilibrio) arroja superávit para el 2013 y el 2014, la economía comienza a crecer nuevamente y el desempleo cae. Gracias a estos resultados Grecia pudo volver a emitir deuda en el mercado financiero y así cubrir el “déficit cíclico” del 2014. El gráfico muestra el déficit y el déficit estructural griego (en % de PBI). Se aprecia el superávit estructural en el 2013 y 2014. Pero también se observa que si bien la crisis del 2008 tuvo un impacto internacional, el resultado fiscal griego comenzó a empeorar antes del 2008. Es decir, a Grecia tampoco se le cayó el mundo encima.

Pero eventos políticos empeoraron el escenario económico. En diciembre del 2014 el Parlamento griego llamó prematuramente a elecciones y Syriza, el partido de izquierda, ganó las elecciones con la promesa de rechazar el plan de austeridad. Alexis Tsipras fue electo Primer Ministro. En una reacción que difícilmente resulte sorprendente, la Troika dejó en suspenso la ayuda financiera hasta que el nuevo Gobierno griego acepte las condiciones del acuerdo o se firmen nuevas condiciones. No obstante, la Troika extendió el vencimiento del acuerdo para dar tiempo a las nuevas negociaciones. La decisión de Syriza y la reacción de la Troika dejó a Grecia nuevamente fuera del mercado financiero.

El 26 de junio Grecia se retiró de las negociaciones y al día siguiente Tsipras anunció un referéndum para decidir si Grecia aceptaba o no las condiciones del préstamo financiero. El referéndum tenía fecha 5 de julio, luego del vencimiento del acuerdo financiero. El resto de los países europeos ratificaron la fecha de vencimiento del acuerdo al 30 de junio. Sin un acuerdo financiero y con un default en puertas, una corrida bancaria llevó al gobierno de Tsipras a instaurar un corralito, lo que limitó las extracciones bancarias y los giros bancarios al exterior.

A menos que a último momento la Troika decida extender nuevamente la ayuda financiera a Grecia, el pueblo heleno se va a tener que enfrentar a dos decisiones: aceptar las condiciones del préstamo y poner las finanzas públicas en orden o defaultear la deuda, posiblemente salir del euro y reintroducir una moneda local (por ejemplo, el dracma). Ninguna de estas alternativas es atractiva a corto plazo. Grecia dejó pasar demasiado tiempo para solucionar sus problemas fiscales sin tener que pasar por estos sobresaltos. Como Argentina en el 2001, el ajuste fiscal es inevitable. Grecia debe decidir si este será de manera ordenada o como resultado de un default. Luego de que la clase política dirigente rechazase el plan de López Murphy, el ajuste fiscal que siguió fue mayor en magnitud y desordenado. Esperemos que Grecia se inspire correctamente del caso Argentina y no siga los pasos equivocados que nos llevaron a la delicada situación económica actual.

La oposición a las políticas de shock suele basarse en que las mismas imponen un costo innecesario a la sociedad. Bajar el gasto público de golpe, por ejemplo, puede generar desempleo y desaceleración de la actividad económica. Por el otro lado, el gradualismo suele quedar a medio camino y las reformas, al quedar incompletas, son inconsistentes y nuevos problemas económicos aparecen en el mediano plazo. El gradualismo, por lo tanto, busca minimizar los costos sociales y económicos durante la transición. La crítica a las reformas en shock, sin embargo, obvia que las mismas también pueden hacerse con un plan de transición que hace justamente del gradualismo una opción innecesaria. Y dado que, de intentar hacer reformas de manera gradual, se corre el riesgo de que las mismas queden inconclusas, un shock bien planeado sería preferible al gradualismo.

Una analogía puede ilustrar el punto. Una muela que causa dolor es retirada en el momento (shock), no de forma gradual, por el dentista. Si el shock no es una mera medida económica aislada, sino un plan económico cuidadosamente planeado, entones antes de quitar al muela se aplica anestesia o algún calmante. Si el plan de shock no es cuidadosamente planeado y se hace porque la realidad se lo impone al político, entones es como quitar la muela sin anestesia o calmante. El problema que enfrenta la próxima administración no es sólo encarar las reformas apropiadas para Argentina, sino diseñar un claro plan de transición hasta que las reformas hagan efecto. Esto es distinto al gradualismo donde las reformas se hacen lento, paso a paso, esperando que sus efectos se materialicen gradualmente.

Hay, por lo tanto, dos tipos de políticas de shock. Las que poseen un plan de transición (plan bien diseñadas) y las que no (plan mal diseñadas.) La crisis del 2001 dejó impregnado en la opinión pública que un ajuste fiscal y cambios fuertes (shocks) implican altos costos económicos y sociales. Sin embargo, el manejo que hizo la política Argentina podría ser ejemplo de haber hecho todo lo importante mal: (1) pesificación asimétrica, (2) corralito y corralón, (3) aumento de impuestos, (4) creación de nuevos impuestos, (5) evitar un ajuste racional del gasto público cayendo en default, (6) congelar tarifas sin un plan de salida subsidiando a la oferta en lugar de la demanda, etc. A su vez, estas medidas fueron impuestas por la realidad; Ricardo López Murphy tuvo que renunciar por proponer un ajuste fiscal notablemente inferior y más ordenado que el que se terminó realizando por persistir en el mismo camino de desequilibrios económicos y fiscales.

Las políticas de shock se inspiran en el caso del milagro alemán, donde Ludwig Erhard tuvo un papel central. Luego de fracasos en la administración por parte de los aliados de la economía alemana, Erhard lleva adelante una reforma monetaria dando fin al Reichmark para dar origen al marco alemán. El mismo día que se anuncia esta medida se informa la eliminación de los controles de precios y la flexibilización de los programas de racionamiento en contra de las recomendaciones de Estados Unidos y los aliados. Estas reformas fueron el origen del milagro alemán, cuya economía ya se encontraba en recuperación para cuando el Plan Marshall entró en vigencia.

Chile (1975) y Bolivia (1985) son otros dos conocidos ejemplos de políticas de shock. Chile abre su economía a inversores externos llevando a los productores locales a competir en igualdad de condiciones con el mercado externo. Estas reformas pueden haber sido llevadas a cabo durante el gobierno de Pinochet, pero el resultado fue estabilizar la economía en el corto plazo y un ritmo de crecimiento de su economía mayor al de países vecinos en el mediano y largo plazo. En Bolivia las reformas que pusieron fin a la hiperinflación se llevaron adelante en los primeros 100 días de gobierno por Gonzalo Sánchez de Lozada. Entre otras medidas, Lozada liberó el tipo de cambio, eliminó los controles de precios y subsidios a empresas públicas, redujo en dos tercios los empleados públicos de empresas estatales en el sector energético, y negoció un canje de deuda con el FMI. En sólo unos meses la hiperinflación cayó a valores en torno al 15% anual. Si bien se percibe un aumento en la tasa de desempleo, este indicador ya tenía una tendencia creciente desde 1978. A estos casos podría agregarse que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reduce el gasto público en términos del PBI del 80% al 30% en 3 años, junto a una desregulación general de la economía, sin producir una recesión ni aumento del desempleo (ver : Alto gasto público: ¿callejón sin salida?).

El caso de Polonia (1989) luego de la caída de la Unión Soviética presenta resultados más ambiguos. En el caso polaco, sin embargo, si bien se eliminaron regulaciones y control de precios, no se avanzó de manera decidida en la privatización de empresas públicas. Una cuestión central en un país satélite de la Unión Soviética. No obstante se redujo la tasa de inflación y se redujeron faltantes de productos. En el mediano y largo plazo Polonia incrementó el ritmo de crecimiento de su economía.

Los casos exitosos de shock muestran que las medidas económicas no fueron tomadas de modo aislado, sino que se implementaron planes integrales. Por ejemplo, una política de shock no se limita a levantar el cepo de un día para el otro, sino que tiene que estar acompañada de una serie de medidas que todas juntas conforman un plan. En contra ejemplo de las políticas de shock se puede mencionar a China, que ha llevado adelante reformas graduales. Y si bien los resultados no son negables, tampoco se puede ignorar la gran cantidad de ciudadanos chinos que siguen viviendo en pobres condiciones de vida por no llevar adelante las reformas a todo el país en lugar de concentrarlas principalmente en la zona costera de China.

Discutir políticas de shock versus gradualismo es útil en la medida que esto implique un plan de transición para navegar las reformas que tarde o temprano van a tener que hacerse, especialmente en lo que respecta desequilibrios fiscales. Si en lugar de medidas aisladas lo que hay es un plan completo de reforma, entonces correr el riesgo de dejar las reformas a medio hacer al elegir el camino del gradualismo parece ser un riesgo innecesario. Es decir, si su dentista es un estadista y le aplica un calmante, ¿para qué quitar la muela gradualmente en lugar de hacerlo en el momento?

Hay dos cuestiones a tener en cuenta respecto al que el conflicto con los holdouts se soluciona luego del 2014. En primer lugar, si bien es cierto que a fin de año vence la famosa cláusula RUFO, también es verdad que esta cláusula no aplica al juicio que supervisa el Juez Thomas Giresa. Basta con leer la cláusula en el prospecto de deuda para ver lo explícita que es al misma en cuanto a que se requiere de acuerdos voluntarios, no cumplimientos de sentencias firmas que son no voluntarias por definición (páginas S-18 y S-69-70).

Es oportuno recordar además que el pago en efectivo a los holdouts representaba un monto menor del gasto público y que difícilmente pueda interpretarse como una negociación. Que la cláusula RUFO venza a fin de año, entonces, no implica que el Gobierno vaya a poner fin a este conflicto que ya lleva unos 13 años. En segundo lugar, si bien la administración nacional ha hecho explícitas las intenciones de solucionar el conflicto en el 2015, no es menos cierto que estas expresiones sugieren que el Gobierno ofrecerá una quita similar a la ofrecida a los holdings. Esta propuesta ya fue rechazada por los holdouts, quienes tienen un fallo firme a su favor con todas las instancias judiciales agotadas. Argentina no tiene que negociar con los holdouts, simplemente tiene que acatar el fallo que le exige cumplir con sus propios compromisos.

No obstante, si el conflicto llega a un rápido fin a principios del próximo año, es dudoso que sea suficiente para atraer inversiones de largo plazo al país. Por un lado están los recursos a los que puede acceder el Ejecutivo, por el otro la llegada de capital al mercado. Hay dos motivos por los cuales un gobierno puede no tener acceso al mercado de crédito internacional (sin sufrir un serio premium en la tasa de interés): porque está en default o porque no se tiene confianza en el país. Cuando los mismos que participaron del canje luego del default 2001 sugieren iniciarle jucio a los holdouts en lugar de acatar el fallo judicial, se hace lo contrario a generar confianza. Argentina se presenta al mundo como un país que no quiere pagar sus deudas, independientemente de cuál sea el presidente de turno (desde la Segunda Guerra Mundial Argentina estuvo en default o con deuda bajo reestructuración el 50% del tiempo.)

En lo que respecta a inversiones, el hecho de que Argentina salga del default no implica que la economía del país cambie dramáticamente sus perspectivas a futuro. Salir del default es un requisito necesario pero no suficiente para que Argentina sea un destino atractivo para inversiones de largo plazo. ¿Acaso las bajas inversiones extranjeras en el país se deben sólo al default? El cepo cambiario, una presión fiscal asfixiante, un elevado déficit fiscal, un marco regulatorio que hace de Argentina una de las economías menos libres del mundo, etc., son todos factores que no contribuyen a hacer al país un destino atractivo ni a empresarios extranjeros ni locales que deciden invertir en el exterior para proteger sus ahorros de la dirigencia política argentina.

Lo que sí puede suceder es que se facilite la llegada de capitales de corto plazo. Los llamados capitales especulativos que buscan obtener una renta al comprar barato y vender caro y no por administrar actividades productivas. Si, por ejemplo, se cree que las empresas nacionales están baratas dado que luego del kirchnerismo se espera alguna mejora institucional, se puede invertir en el 2015 y vender la posición luego del cambio de gobierno. Por lo tanto, una entrada de dólares en la transición de la salida del kirchnerismo no implicaría que se estén expandiendo las inversiones de largo plazo en el país.

El 2015 va a ser un año que requiera atención en ver qué es lo que los candidatos presidenciales tienen para decir sobre la reformas que el país necesita. Así como prestar atención a las cosas que deberían decir pero callan.

Las consecuencias del default económico posiblemente sean un agravamiento general del ya delicado cuadro económico del país. Para un gobierno al que tan fácil le resulta apartarse de la transparencia, el ‘Griesafault’ puede ser usado como excusa para justificar los magros resultados económicos de modelo K, profundizado por el ministro Kicillof y su equipo. Créditos (externos) al sector privado se verán reducidos, si no eliminados. Las provincias, también con una importante falta de disciplina fiscal, se verán imposibilitadas de emitir bonos para financiar su déficit, o deberán hacerlo a tasas muy altas. En un cuadro de default, los prestamistas institucionales no utilizan el crédito de sus depositantes para financiar países en default. Si bien es cierto que se habla del nuevo default, lo cierto es que Argentina no terminó de arreglar con sus acreedores luego del 2001. Por eso había un juicio abierto y por eso el país tenía limitado el acceso a créditos internacionales. De hecho, el gobierno de los Kirchner se financió con fondos de Venezuela a tasas “buitre”. El canje no pudo haber sido el “más exitoso” de la historia por el simple motivo de que el canje nunca terminó. Ignorar a los holdouts (que, guste o no, están en su derecho de no aceptar una quita como la ofrecida por Argentina), como ahora es claro, dista de ser una solución a problemas de deuda externa.

Pero este proyecto de ley también implica un default institucional. Esto es un aspecto novedoso respecto a defaults anteriores. Si bien este default es menos explosivo que el del 2001, el daño institucional, cuyas consecuencias son de largo plazo, puede ser más graves que el beneficio económico de corto plazo de no pagar a los holdouts. Dado que, para ofrecer seguridad jurídica, Argentina voluntariamente aceptó someterse a legislación internacional en la emisión de deuda, rechazar el fallo de Griesa implica renunciar a ofrecer un marco jurídico que dé la confianza en el país que su dirigencia política no sabe o no puede dar. En definitiva, lo que Argentina (gobernada por el kirchnerismo) le está diciendo al mundo es que el país paga sus deudas si quiere, como quiere, y donde quiere. La semántica y el relato político pueden adornar pero no cambiar este mensaje. Si Argentina rechaza la legislación NY, ¿por qué no va a rechazar las otras jurisdicciones internacionales donde ya ha emitido deuda? ¿Y desde cuándo la justicia Argentina ofrece mayor seguridad a los acreedores que las cortes internacionales bajo la cual se suelen emitir títulos de deuda (¿cuántos otros países emiten sus bonos bajo legislación Argentina?). El mundo es mucho más grande que Argentina y no faltan alternativas más atractivas para inversiones de largo plazo. Son, justamente, los fondos ‘buitre’ (como se dice desde el gobierno) o “capitales especulativos,” quienes prestan a países en serios problemas.

Argentina parece tener una debilidad por maltratar a sus acreedores. Desde su independencia, pasó el 36% del tiempo con su deuda en default o en proceso de reestructuración. Desde la Segunda Guerra Mundial, este número se eleva a un 52%. Algunos sugieren que esto no es grave, que Brasil, por ejemplo entró en default más veces que España. Esta comparación olvida que lo importante no es sólo cuántas veces se entra en default, sino cuanto tiempo se está en default o con deuda en reestructuración. Desde su independencia, Brasil ha estado en default o con deuda en reestructuración un 25% del tiempo. Este número cae a un 17% desde la Segunda Guerra Mundial; contra un 36% y un 52% de Argentina respectivamente.

El problema del deterioro institucional es que las instituciones no pueden ni construirse ni repararse en un taller como se puede hacer con un auto. Los problemas económicos e institucionales que el kirchnerismo está dejando de herencia no se arreglan con buenos modales políticos, se arreglan con decisiones firmes y difíciles, pero necesarias. El gobierno hace un cálculo equivocado al creer que al cambiar la jurisdicción de pago tiene poco que perder (sea este el motivo final o no de este proyecto de ley). El riesgo país, el riesgo de lidiar con un país con una dirigencia política como la de Argentina, puede verse afectado por un largo plazo que no justifica seguir dañando lo que queda de prestigio Argentina a nivel internacional. Cuando el dueño de un comercio se vea sin acceso a crédito o deba afrontar altas tasas de interés en su banco, viéndose forzado a cerrar o despedir personal, va a estar pagando el costo de no “ajustar” un 1% de la recaudación fiscal utilizada en clientelismo político que podría haber sido destinada a evitar el default.

A principios de la década del 90 Argentina implementa la Ley de Convertibilidad. Esta normativa fijaba el tipo de cambio en un peso por un dólar y le indicaba (con cierta flexibilidad) al Banco Central que sólo podría emitir pesos si entraban los dólares correspondientes. Bajo este esquema, Argentina no podía monetizar su déficit como había hecho en los 80 bajo el gobierno radical de Alfonsín y el gobierno de Menem recurrió a la deuda en dólares y así poder emitir los pesos necesarios para financiar el déficit fiscal de su gobierno. Ahora bien, esta nueva deuda que se emite en los 90 se hace en un contexto de una Argentina que ya había entrado en default seis veces desde su independencia de España y con una seguridad jurídica cuestionable. Con el ahorro interno destruido por años de alta inflación en los 80 (y décadas anteriores), Argentina debe recurrir a fondos internacionales y se ve en la necesidad de “importar” credibilidad jurídica al emitir sus bonos (voluntariamente) bajo jurisdicción NY. De haber una disputa con sus acreedores, Argentina acepta acatar los fallos de las cortes de justicia de New York. Si Argentina se hubiese preocupado a lo largo de su historia por construir un historial de seriedad institucional, no hubiese sido necesario emitir deuda bajo jurisdicción NY. Nadie le quitó soberanía jurídica, fueron los sucesivos gobiernos argentinos quienes devaluaron sus propias instituciones.

El contrato de estos bonos tenía otras dos características importantes. La incorporación de la cláusula pari passu y la ausencia de la collective action clause (cláusula de acción colectiva). La cláusula pari passu sostiene que Argentina acepta tratar a todos sus acreedores en igualdad de condiciones (especialmente en lo que respecta pagos de cupones y capital de bonos.) La collective action clause indica que de haber un canje de deuda, si un cierto porcentaje de acreedores acepta la reestructuración, entonces automáticamente los acreedores que no aceptan las nuevas condiciones (los “holdouts”) deben aceptar los nuevos bonos. Cuando Argentina entra en default a fines del 2001, lo hace con bonos que ya incluían la cláusula pari pass y que no requerían una acción colectiva por parte de sus acreedores.

Bajo el contrato que la misma Argentina ofreció en sus bonos, al voluntariamente no incorporar la collective action clause, cualquier acreedor tiene derecho a cobrar el 100% del bono sin importar si el 99.9% restante de los acreedores decidieron entrar al canje de deuda en default. Esto es, justamente, lo que sucedió. Cuando Argentina ofrece el canje de deuda de sus bonos en default, los “holdouts” hicieron saber que bajo el contrato de los bonos argentinos ellos seguían con el derecho de cobrar el 100% de los bonos bajo igualdad de condiciones respecto a quienes sí deciden entrar al canje de deuda (pari passu.) Es decir, no se puede pagar a los “holdins” sin pagar a los “holdouts” de acuerdo al prosepecto de los mismos bonos argentinos. Podría decirse que el Juez Griesa tuvo que hacer poco más que leer el contrato que la misma Argentina ofreció a sus acreedores. El gobierno de los Kirchner, en una muestra más de su desprecio por las instituciones, decidió ignorar a los holdouts al punto de borrarlos como acreedores en sus informes oficiales (uno de los motivos por los cuales el nivel de deuda sobre PBI de Argentina es menor al real.) Doce años después del default el gobierno choca con la realidad al tener todas las instancias judiciales agotadas en su contra.

Mucho se ha dicho sobre como el fallo del Juez Griesa daña la seguridad jurídica de bonos soberanos y reestructuraciones. Si hay algo que el fallo de Griesa hace es ofrecer seguridad jurídica bajo legislación NY. Es más fácil encontrar acreedores dispuestos a comprar bonos bajo legislación NY dado que ningún país puede usar como excusa un default para incumplir sus contratos. Quienes critican el fallo de Griesa argumentando que va a ser más difícil emitir deuda parecen olvidar el rol que la seguridad jurídica tiene en las transacciones de crédito. El problema no es el fallo de Griesa, el problema es que Argentina decidió dejar de lado la collective action clause y, una vez más, descuidar sus cuentas fiscales. Los default no pueden ser usados como herramienta política para ignorar contratos a gusto y conveniencia. De hecho, los países emergentes deberían agradecer el fallo del Juez Griesa dado que esto les permite endeudarse a tasas menores dado que este fallo ofrece una seguridad jurídica que estos países no siempre pueden o no quieren ofrecer. Un fallo favorable para Argentina hubiese implicado avalar que un país violase sus propios contratos.

Se argumenta, también, que el fallo es injusto dada la alta rentabilidad que los holdouts estarían recibiendo si Argentina decide honrar sus deudas en lugar de entrar nuevamente en default. Esto se debe a que fondos de inversión compraron estos bonos a precios bajos y estarían recibiendo el 100% de lo adeudado (más punitorios.) Sin embargo, como veíamos arriba, el fallo no hace más que seguir la letra del contrato. El precio al que se compra un bono no tiene trascendencia alguna sobre el fallo. Si Argentina debe o no pagar sus deudas no depende de a qué precios se compran sus bonos en el mercado secundario. Indistintamente del precio de mercado, Argentina debe pagar el 100% del valor de los bonos del mismo modo que usted debe pagar el 100% de sus cheques indistintamente de quien los tiene o a qué precios se han vendido en el mercado secundario. La alta rentabilidad de los bonos argentinos no son una muestra de la explotación financiera de “malvados” capitales internacionales sobre una pobre víctima emergente (Argentina). La alta rentabilidad refleja el alto riesgo país de invertir en nuestro país. Quienes entraron al canje decidieron reducir los montos a cobrar a cambio de lo que consideraron una mayor certeza sobre el pago de la deuda. Quienes decidieron no entrar al canje decidieron mantener un título por el 100% de lo prestado a cambio de mayor riesgo y llevar al país a juicio. El juez Griesa podría haber fallado tanto a favor como en contra de Argentina. Los “holdouts” apostaron y ganaron; podrían haber perdido. Es un error conceptual y casi un desprecio institucional-jurídico sostener que la  alta rentabilidad implica un alto riesgo y eso le da permiso a Argentina (o a cualquier país) para no pagar sus deudas una vez agotadas las instancias judiciales.

Estas aclaraciones también muestran que, de hecho, el país no salió de su default en el 2001 más allá del supuesto “mejor canje de deuda” del 2005. Dada la presencia del pari passu y la ausencia del collective clause action, Argentina no logró reestructurar satisfactoriamente su deuda y por lo tanto nunca salió del default. Fue gracias al “stay” del Juez Griesa que Argentina pudo seguir pagando a los acreedores que entraron al canje sin tener que pagar los holdouts. De hecho, no ha vuelto a emitir deuda internacional luego del 2001; en parte por el juicio con los holdouts aún abierto. Fue el gobierno de Chávez quien prestó a tasas muy altas (tasas usureras, dirían los críticos de los holdouts) a la administración Kirchner.

Podemos reducir la complejidad del caso a una analogía de menor escala. Intente explicarle a su banco que debido a que usted malgastó sus ingresos por más de una década tiene entonces el derecho a no devolver el prestamos hipotecario con el que compró su casa. Cuando el banco lo lleve a juicio por no pagar su hipoteca, intente explicarle al juez que usted es una pobre víctima de malvados fondos buitres explotadores representados por su banco y que usted tiene el derecho a ignorar a sus acreedores porque fue usted quien entro en default al ser incapaz de mantener el más elemental equilibrio fiscal y fue usted quien opto por dejar de lado lacollective clause action. Cuando el juez le falle en contra, intente explicarle al mundo entero en solicitadas de diarios internacionales como el fallo del juez es una injusticia que pone en peligro el mercado bancario internacional. Intente ahora justificar la postura del gobierno argentino.

El Déficit Fiscal

Lamentablemente el problema de la deuda pública y el juicio con los holdouts (peyorativamente llamados fondos “buitre”, cuando en realidad son “fondos de inversión de riesgo”) es convenientemente tratado por la clase política como si fuese algo caído del cielo. No hay bonos (deuda) que pagar sin déficit fiscal. Y el déficit fiscal se debe a un insostenible nivel de gasto público proveniente de una clase política adicta al clientelismo político y al populismo. No existe tal cosa como el populismo (clientelismo político) bueno y malo, en todas sus versiones el populismo generan más costos que beneficios. Son los representantes del pueblo en el Congreso quienes firman los presupuestos deficitarios y les cabe a ellos, por lo tanto, la responsabilidad de los desequilibrios fiscales. En una República, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto que los representantes del pueblo le envían en forma de ley. La clase política, sin embargo, parece guiarse más por una ciega ideología nacionalista que por la racionalidad que sus cargos requiere. El siguiente gráfico muestra el déficit financiero (déficit total) del gobierno desde la vuelta de la democracia hasta el 2013.

El gráfico deja apreciar algunos detalles importantes. Se ve que la norma durante más de treinta años fue la de déficit, no la de una administración responsable. Es claro al ver el gráfico que culpar del posible default a fondos de inversión roza lo infantil. Tener un presupuesto equilibrado no es de izquierda ni de derecha, es del más elemental sentido común de administración pública. Se aprecia, también, que en la década del 90 el aumento de déficit (y por lo tanto de deuda pública) comienza en 1993 durante el primer mandato de Menem. Esto también muestra que el problema en la década del 90 no fue el “1 a 1″ en sí, sino el llevar la deuda a niveles insostenibles. De allí el default en el 2001 y la devaluación que licuaron el gasto público produciendo un superávit más accidental que planeado. El gráfico también nos muestra que Néstor Kirchner heredó este superávit accidental y que la tendencia en su mandato fue a empeorar el resultado fiscal de manera consistente. Tendencia que Cristina Kirchner continuó también de manera consistente. En otras palabras, Cristina Kirchner es una continuación de Néstor Kirchner. Sostener que Néstor Kirchner se preocupaba por tener un superávit fiscal se contradice con la tendencia decreciente del gráfico.

En términos del PBI del 2013, lo que el gobierno debe pagar a los holdouts (1500 millones de USD) es medio punto del PBI. Si se suman los 15.000 millones de USD que eventualmente podrían sumarse, se llega a 5% del PBI. Con Alfonsín el déficit llegó a 8 puntos del PBI (el mayor desde la vuelta a la democracia). Con Menem el déficit llegó a casi 5 puntos del PBI. De la Rúa lo llevó a 7 puntos del PBI. Cristina Kirchner ya lo tiene casi en 5 puntos del PBI. Si la clase política sintiese el mismo rechazo a estos niveles de déficit que le tiene al pago que debe hacer a los houldouts Argentina sería un país mucho más estable. La clase política escapa a su responsabilidad haciendo mal uso de términos como “neoliberalismo” para desviar la atención del insostenible déficit fiscal en los 90 o de “fondos buitres” durante el Kirchnerismo. Problema similar pueden estar en el futuro del país los políticos insisten en buscar excusas para evitar hacer frente al problema de insostenible gasto público.

Los dos Defaults

El potencial default al que se enfrenta Argentina tiene una diferencia fundamental con el del 2001 que no debe pasar desapercibida. De no pagar, Argentina entraría en un doble default. Por un lado el no pago de deuda. Por otro lado, a falta de mejor nombre, en un “default institucional” al decidir ignorar la sentencia de la corte de justicia a la que Argentina voluntariamente eligió someterse. Luego de la crisis del 2001 el país se vio en la necesidad de importar seguridad jurídica para tener algo de credibilidad dado que la seguridad jurídica del país no es confiable. De entrar en default (o intentar un cambio de jurisdicción), Argentina estaría unilateralmente saliéndose de la legislación NY. En el 2001 Argentina podía ofrecer la legislación NY (o la de Londres, por ejemplo), como alternativa a la local. Pero si Argentina decide ignorar los fallos del juez Griesa, ¿qué puede ofrecer a cambio de la justicia local la próxima vez que quiera pedir crédito en los mercados internacionales? Es por esto que Argentina se enfrenta a algo más que un default de deuda pública.

Un litigio como en el que se encuentra Argentina requiere que las partes voluntariamente acepten y cumplan las sentencias. No existe una policía internacional que haga cumplir los fallos del juez como es el caso de la justicia local de cada país a través de la fuerzas policiales. De allí la importancia que tiene que Argentina sea respetuosa de las instituciones. En un picado de fútbol entre vecinos de barrio, donde la AFA no puede hacer cumplir los fallos del referee, aquel que no sigue las reglas del juego e ignora las faltas cuando le conviene, difícilmente sea nuevamente invitado al próximo picado.

Esto dista de ser una diferencia menor. Si un país entra en default, pero respeta las instituciones, entonces es posible negociar una salida y hacer un canje de deuda. El problema se soluciona en el corto plazo. Pero si un país decide abiertamente ignorar las instituciones y la legislación a la que voluntariamente se somete, no puede solucionar la falta de credibilidad “negociando” dado que la credibilidad institucional de un país no se puede comprar. Al costo de corto plazo de tener que renegociar una deuda en default, Argentina estaría sumando un costo de largo plazo al mostrar que ante la posibilidad de pagar y negociar, decide no hacerlo con argumentos considerados muy poco serios fuera de la militancia Kirchnerista.

Esperemos que la cordura y la racionalidad, que tan esquiva la resulta al Kirchnerismo, ilumine esta última etapa de gobierno. Los Argentinos ya han tenido que hacerse cargo de demasiados desequilibrios fiscales para sumar problemas innecesarios

El término neoliberal suele asociarse al Consenso de Washington (¿qué más oportuno para los críticos que la “receta neoliberal” se haya cocinado en Washington, capital del “Imperio Capitalista”?) El Consenso de Washington se resumen en los siguientes diez puntos:

1. Discplina fiscal, evitando abultados déficits fiscales respecto al PBI;
2. Redireccionamiento del gasto público, desde subsidios (indiscriminados) hacia la provisión en áreas clave para el crecimiento y sectores de bajos ingresos (educación, salud, infraestructura, etcétera);
3. Reforma impositiva, aumentando la base imponible pero con tasas marginales moderadas;
4. Tasas de interés determinadas por el mercado y (moderadamente) positivas en términos reales;
5. Tipo de cambio competitivo;
6. Liberalización del comercio (externo): liberalizar las importaciones, con particular énfasis en la eliminación de restricciones cualitativas. Cualquier protección debe ser en base a tasas bajas y relativamente uniformes;
7. Liberalización de las inversiones extranjeras directas;
8. Privatización de empresas estatales;
9. Desregulación: eliminar las regulaciones que impidan al entrada o restrinjan la competencia, excepto para aquellos casos con justificación de seguridad, medio ambiente, protección al consumidor y una supervisión prudencial del sistema financiero;
10. Protección legal de los derechos de propiedad.

Para sostener que Argentina sufrió de neoliberalismo durante los 90, entonces tendrían que haberse aplicado todos, o una clara mayoría, de estos diez puntos. Ese, sin embargo, no fue el caso. Varios puntos centrales del Consenso de Washington estuvieron ausentes, o en clara diferencia a lo que la “receta” sugiere.

El primer punto de estabilidad fiscal fue un ingrediente claramente ausente en una década marcada por déficits fiscales. Esta ausencia, vale aclarar, fue acompañada con el visto bueno de varios acreedores internacionales. De haberse aplicado el punto de disciplina fiscal, la abultada deuda pública no hubiese culminado en un default del cual aún hoy no se termina de salir. Los déficits fiscales no fueron accidentales, el gasto público creció un 90.7% entre 1991 y el 2001. El stock de deuda externa sobre el ingreso nacional pasó del 35.6% en 1991 a un 56.9% en el 2001. No se puede afirmar que Argentina haya cumplido con el primer punto sobre déficit fiscal, clave para la estabilidad económica. El equilibrio fiscal no es una actitud de derecha ni de izquierda, ni de liberales ni de socialistas, es una medida de sentido común económico.

La política de “tipo de cambio competitivo” no es otra cosa que tener una moneda devaluada que facilite las exportaciones al resto del mundo. Esta es una política con buena llegada en varios sectores del país. Dado que el sector industrial no es competitivo por sí mismo (en parte por las regulaciones económicas y las presiones sindicales), se recurre a políticas de moneda devaluada para facilitarle el acceso a mercados externos. Esto genera rentabilidades ficticias, no reales, que tarde o temprano hay que afrontar. Hacer uso de un tipo de cambio devaluado para beneficiar el sector exportador a expensas del importador ciertamente no califica como una actitud de libre mercado.

Desde el punto de vista del gobierno (especialmente del banco central), un tipo de cambio devaluado ayuda a acumular divisas provenientes de saldos comerciales favorables y hacer frente a la deuda pública. Sin embargo, justamente una de las críticas a la economía de los ’90 (especialmente en los últimos años) es el del atraso cambiario, que significa lo opuesto a tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio competitivo no sólo estuvo ausente en los ’90, sino que es una política defendida por más de un “crítico de las políticas neoliberales”.

La apertura comercial, otro punto fuertemente asociado a la década del ’90, también presenta dificultades. La política comercial consistió en una reducción de tasas con sesgo en favor del Mercosur. Sin embargo, el promedio arancelario en Argentina (14%) era tres veces superior al de los países más libres del mundo. La apertura comercial no fue de la magnitud que los críticos suelen implicar (las importaciones no superaron el 13% del PBI en los años de mayores importaciones), sino que el sesgo hacia zonas particulares como el Mercosur produce “desvíos de comercio” que mal-asignan recursos económicos: se compra y se vende ineficientemente. El Mercosur es un ejercicio de proteccionismo ampliado, no un ejercicio de apertura comercial en conjunto con los socios comerciales. Apertura comercial y proteccionismo ampliado no deben confundirse.

Uno de los puntos más sensibles es el de las privatizaciones, al punto tal que a veces pareciera ser que esto es suficiente para justificas el calificativo de neoliberal ignorando los otros 9 puntos. Las privatizaciones, sin embargo, tampoco estuvieron ausentes de diferencias con el recetario neoliberal. Si bien es cierto que se privatizaron un número importante de empresas públicas, eso no quiere decir que todas las privatizaciones hayan sido bien hechas ni que detrás de las privatizaciones no se hayan impuesto fuertes regulaciones que restringen fuertemente a los nuevos actores privados.

En el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, se dividió el mercado en dos grandes monopolios por varios años. Crear estos mercados cautivos fue necesario para encontrar algún inversor dispuesto a pagar algo por ENTEL. Las privatizaciones no son en sí pro mercado si se realizan bajo regulaciones que restringen la competencia entre actores privados. Los monopolios artificiales no son parte de las políticas neoliberales, sino que son políticas en contra del espíritu de libre mercado. Las privatizaciones no estuvieron inspiradas en principios neoliberales, sino en la necesidad de financiar al Tesoro Nacional, tanto mediante la venta de activos como de la recaudación impositiva de sus actividades. Si bien uno es libre de identificar el término neoliberal con cualquier tipo de privatización, en tal caso ya no se puede asociar al término “neoliberalismo” con el de “libre mercado”.

Otro ejemplo recurrente es el de las AFJP. Sin embrago, las regulaciones impuestas al sector por parte del gobierno forzaron a las AFJP a invertir en títulos públicos de un gobierno crónicamente deficitario. Al 2001, el 70% de los fondos en las AFJP estaban destinados a títulos asociados al gobierno. Si las AFJP hubiesen sido libres de administrar sus propias carteras de inversión, el default argentino les hubiese afectado en menor medida. Las AFJP no colapsaron por sí mismas, sino que fueron arrastradas por la irresponsabilidad fiscal de los ’90.

Más allá de las regulaciones asociadas a las privatizaciones, otras interferencias clave en el mercado no fueron eliminadas, siendo la legislación laboral una de las principales. Las regulaciones en sectores claves del mercado hacen difícil de defender un claro proceso de desregulación durante los ’90.

Otro punto discutible es el de la reforma impositiva. De hecho, hubo aumentos impositivos en 1995, 1996 y 1998 (más tarde Machinea también subiría los impuestos durante el Gobierno de Fernando de la Rúa acelerando la caída de la actividad económica).

Tenemos, entonces, por lo menos 6 de los 10 puntos de la receta neoliberal que no se cumplieron. Otras cuestiones como redireccionamiento del gasto públicos, tasas de interés de mercado, libre entrada de inversión externa directa y defensa de la propiedad privada pueden ser más discutibles. Pero si asumimos que estos 4 puntos se cumplieron perfectamente, tenemos sólo 4 de los 10 puntos del Consenso de Washington presente durante la década del ’90.

En la medida que el crítico entienda por neoliberalismo los 10 puntos del Consenso de Washington, y no que haga uso del término como comodín para ahorrarse el trabajo de tener que sustentar su crítica, entonces no puede sostener que esa fue la política imperante durante los ’90 cuando en el mejor de los casos se aplicó el 40%. (Aún espero ver en alguna de las tantas entrevistas televisivas donde se menciona el supuesto neoliberalismo del ’90 que el entrevistador le pregunte al crítico qué entiende por neoliberalismo, y que luego le pregunte cuántos de esos puntos el país de hecho cumplió.) La dirigencia política que está a cargo del destino futuro del país se debe un análisis más cuidadoso y racional, y menos pasional e ideologizado sobre las políticas pasadas.

Una aclaración final es necesaria. Señalar que el crítico se equivoca al calificar de neoliberal a la Argentina de los ’90 no es en sí una defensa de la política económica de los ’90 ni de la receta neoliberal. Simplemente se señala la inconsistencia de asociar el neoliberalismo (y por añadidura al liberalismo) a una época en la que no se aplicó. Pero para que la crítica produzca resultados debe estar correctamente planteada. Definir el futuro del país en base a un período mal analizado difícilmente lleve a buen puerto. Como todas las presidencias, la del menemismo tuvo aciertos y desaciertos; para identificar a cada uno de ellos es necesario dejar de usar el término neoliberal como calificativo y discutir los aciertos y desaciertos de las distintas medidas libre de prejuicios.

Sostener que Argentina fue un país neoliberal durante los 90 porque tuvo más grados de libertad respecto al gobierno de Alfonsín es quedarse con el árbol y perderse el bosque. El problema no fue el neoliberalismo que no se aplicó, sino el equilibrio fiscal y el libre mercado que no tuvieron cabida.