El kirchnerismo ha hecho ya una costumbre del vicio de subestimar los recursos que tendrá a disposición. Dado que en el presupuesto se define cómo deben asignarse los recursos, subestimar los mismos genera recursos ociosos que el Gobierno luego utiliza a discreción (facilitado por la delegación año tras año de facultades en la Ley de Emergencia Económica.) El uso discrecional de recursos termina siendo un caldo de cultivo para la corrupción dado que el uso de fondos no está pre definido. No sorprende que a este gobierno no le falten serias sospechas de corrupción.

Los errores de cálculo del Gobierno no son menores, como lo señala un informe reproducido por Infobae.  Por ejemplo, en el 2014 se estimó un crecimiento del PBI del 6.2% mientras que la economía se contrajo un 1.6%. Un “error” de 7.8 puntos. Las estimaciones de inflación, basadas en el Indec, claramente se encuentran también fuertemente sesgadas. Al subestimar la inflación, los ingresos tributarios que dependen de valores de mercado se ven subestimados. Para ser un gobierno al que tan fácil le resulta criticar las estimaciones económicas de privados y dar lecciones de economía en foros internacionales, las dificultades para estimar a tan sólo un año variables centrales del país son preocupantes. Imagine que este tipo de errores son crónicamente cometidos por un piloto; ¿qué tan seguro se sentiría viajando en el avión de este piloto? Al ver los repetidos errores en las proyecciones de los distintos presupuestos, sumada a la delicada situación económica y social, es lícito preguntarse si el kirchnerismo está capacitado para manejar la economía del país. La sociedad y la dirigencia política en particular deben tener presente que legitimidad y capacidad de gestión son dos cosas distintas y que ninguna implica la otra.

Al mirar el presupuesto para el 2015 resaltan algunas inconsistencias así como algunas lecturas de cómo se utilizan los fondos públicos. Veamos tres inconsistencias y una lectura que surge del uso de fondos públicos.

Inflación: el gobierno estima una inflación del 15% (o del 1.2% anual) para el 2015. Las estimaciones privadas se encuentran en un 40% (la más alta desde la diciembre del 2001). Esto quiere decir que la tasa de inflación mensual debe bajar  de un 2.8% a un 1.2% mensual. ¿Dónde está el plan anti-inflacionario que va a lograr bajar la inflación a la mitad en el plazo de un año? ¿Está dispuesto el gobierno a reducir la financiación del BCRA y por lo tanto el gasto lo necesario para reducir la emisión monetaria al punto de cortar la inflación a la mitad? ¿O el gobierno piensa “bajar” la inflación bajando el indicador IPCNu?

Tipo de Cambio: el gobierno estima un tipo de cambio de 9.50 a fin del 2015. El gobierno también asume que la inflación a fin del 2014 será del 21.3%. La inflación oficial acumulada en lo que va del año es del 18.2% (lo que quiere decir que la inflación sólo será de un 3% en los últimos cuatro meses del año.) El gobierno también asume que en el 2015 el tipo de cambio evoluciona igual que la inflación. Esto es inconsistente con asumir que en lo que queda del 2014 el tipo de cambio caerá de 8.40 a 8.20 cuando aún queda sumar en el 2014 un 3% de inflación según lo asumido en el presupuesto. Si de aquí en adelante la inflación (oficial) evoluciona según el presupuesto (como se asume para el 2015), entonces el tipo de cambio debe ubicarse en 8.70, no en 8.20. Si en cambio la inflación de aquí a fin de año evoluciona al mismo ritmo que la inflación que ha tenido en el 2014, entonces a fin de año el tipo de cambio oficial debe ubicarse en 9.10. Se abren, entonces, dos posibilidades. Para mantener un tipo de cambio a fin del 2015 de 9.50 la inflación anual debe ser del 9.7% o 4.3% según el tipo de cambio a fin del 2014 sea del 8.7 o 9.1 respectivamente. Notablemente menor al 15% asumido por el gobierno. Si en cambio mantenemos el supuesto del 15% de inflación, entonces el tipo de cambio debe aumentar en el 2015 de 8.7 a 10.00 o de 9.10 a 10.47. En otras palabras, sin una apreciación del peso de 8.40 a 8.20 (recordemos que estamos en un contexto con una inflación interanual del 40%) los supuestos del presupuesto no son consistentes entre sí.

Déficit fiscal: los datos de déficit fiscal, central en todo proyecto de presupuesto, también presentan inconsistencias. El presupuesto asume un incremento nominal del 28% en los recursos tributarios. Esto implica un aumento del 7% por arriba de la inflación asumida en el presupuesto o un 12% por debajo de una inflación del 40%. O el gobierno está sumiendo un fuerte aumento impositivo o está admitiendo una notable caída en términos reales de los recursos tributarios. El gasto corriente muestra un aumento del 18.5%, pasando de 920.000 a fines del 2014 a 1.090.000 millones de pesos a fines del 2015. Desde el 2008 el aumento nominal del gasto corriente no baja del 27% anual. Sin embargo, si asumimos que el gasto corriente evoluciona en lo que resta del 2014 al mismo ritmo promedio que los últimos tres años, entonces a fines del 2014 se ubicará en 1.040.000 millones de pesos, 13% más del estimado en el presupuesto. Si el gobierno mantiene un 18.5% de incremento del gasto corriente, entonces a fin de año el gasto corriente se ubica en 1.230.000 millones de pesos llevando el déficit financiero estimado de 49.600 millones a 190.000 millones; casi cuatro veces el déficit financiero estimado en el presupuesto. Es decir, el gobierno está sobrestimando recursos ociosos al subestimar gastos más que subestimar ingresos. La estimación de la cuenta ahorro también muestra que las transferencias del BCRA y ANSES (rentas de la propiedad) estarían creciendo un 25% respecto al 2014. Otro dato que se contradice con una estimación a la baja de la inflación. Si descontamos este “maquillaje contable”, entonces el déficit financiero del presupuesto 2015 asciende a 205.440 millones de pesos en lugar de los asumidos 49.600 millones de pesos. Este número, que no corrige por transferencias del BCRA y ANSES, es mayor al déficit del 2014 neto del “maquillaje financiero.”

Como se puede apreciar, el presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso adolece no sólo de serias inconsistencias, sino de supuestos irreales. Lamentablemente esto ya es costumbre en el kirchnerismo.

La estructura de gastos también deja extraer algunas conclusiones que no estarían recibiendo la atención debida. Mientras Seguridad se lleva un 5.5% del presupuesto, los servicios sociales representan el 59% del total del gasto público, del cual el 70% se destina a seguridad social. Estos programas sociales se iniciaron como necesarios paliativos en la crisis del 2001. ¿Por qué siguen creciendo luego de una década, la “década ganada” según el oficialismo? El hecho de que aún hoy se necesite asignar tantos recursos a seguridad social muestra que los distintos planes sociales han sido mal diseñados o por lo menos mal aplicados. Un plan social exitoso no es aquel que crece en recursos porque cada vez hay más necesidad del mismo. Por el contrario, un plan social exitoso es aquel que logra reinserción en el mercado laboral llevando a la extinción de dichos programas. Quiero ser claro en que no estoy sosteniendo que no sean necesarios planes sociales, basta con mirar los indicadores de pobreza como los estimados por la UCA. Lo que sí estoy sugiriendo es que la mala aplicación o el mal diseño de los planes sociales que no logran reinserción laboral son parte importante del ya casi descontrolado déficit fiscal en el que se encuentra el Estado. Los dirigentes políticos se deben un serio debate sobre cómo reformar la estructura y gastos del Estado para lograr una transición de un esquema insostenible a uno virtuoso.

La presión fiscal es el monto de recaudación tributaria sobre el PBI nominal. Es decir, cuánto de los producido durante un año es destinado al pago de impuestos. Generalmente se suele observar la presión fiscal a nivel nación, dejando de lado los niveles sub-nacionales (provincias y municipios). Para obtener una estimación de la presión fiscal total hay que tener en cuenta todos los niveles del gobierno, no sólo el nacional. Es decir, la presión fiscal nacional más la provincial más la municipal. Pero la política monetaria inflacionaria K hace que esto siga siendo incompleto, hay que tener en cuenta también el impuesto inflacionario. Salvo unos pocos países, este último impuesto no legislado prácticamente ya no existe.

La siguiente tabla muestra la presión fiscal desde el año 2000 hasta el 2013 (con datos estimados). Los datos de presión tributaria sub-nacional están tomados de un informe de IARAF. Algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, desde el inicio del ciclo K en el 2003 hasta el 2014 la presión fiscal aumentó de un (ya alto) 26.1% a un asfixiante (por no decir confiscatorio) 44.6%. De estos 18.5 puntos (casi 2 por año), 10.1 ocurrieron desde el 2008 durante el gobierno de CFK. En segundo lugar, se ve que el incremento de la presión fiscal es principalmente determinado a nivel nación. En tercer lugar, el impuesto inflacionario muestra un salto en el 2007, año que coincide con la intervención al INDEC. La única caída sensible se da en el 2009 luego de la crisis financiera del 2008. Para el 2012 el impuesto inflacionario (usando el IPC-congreso) llega a tener la mitad de la presión fiscal que las provincias.

¿Cuál fue el aumento de recaudación en la década K (2004-2013) para cada uno de estos conceptos?

• Nación: 773,8%
• Provincias: 637,8%
• Municipio: 669,1%
• Impuesto inflacionario: 2.886,1%

Esto equivale a un incremento equivalente anual de 27.2%, 24.9%, 25.4%, y 45.9% para Nación, provincias, municipios, e impuesto inflacionario respectivamente.

Cabría, sin embargo, hacer por lo menos otro ajuste más. Así como la poca confianza que genera el INDEC nos lleva a utilizar estimaciones como el IPC-congreso como referente, también debemos ajustar los números de presión fiscal utilizando estimaciones privadas del PBI en lugar de los datos oficiales. Dado que el dato de PBI oficial se encuentra sobredimensionado, la presión fiscal es aún mayor luego de corregir el “error INDEC.” El siguiente gráfico muestra la presión fiscal calculados en la tabla anterior (en negro) junto a los resultados corrigiendo el PBI oficial (en verde) con las estimaciones de Ariel Coremberg para el período 2006-2012.

La diferencia entre las dos series se da a partir del 2007, cuando comienza la intervención del INDEC. Este ajuste sugiere una aceleración aún más marcada de la presión fiscal de la que se observa con datos oficiales, especialmente en el 2012. En este último año la presión fiscal oficial es de 43.1%, mientras que si ajustamos el PBI con las estimaciones de crecimiento de Coremberg la presión fiscal roza el 50% (48.8%).

Unas breves reflexiones finales. En primer lugar, estos números de carga fiscal se encuentran, aún, sub-estimados. Los impuestos se pagan para recibir servicios públicos a cambio, como seguridad, educación, salud, infraestructura de transporte, etc. ¿Cuántos de estos servicios son provistos de manera aceptable por el estado? Cada vez que un residente o una empresa tiene que contratar servicios privados porque los públicos no funcionan está, de hecho, pagando los impuestos que corresponden a estos servicios dos veces. ¿Qué ofrece el gobierno a cambio de tremenda presión fiscal?

En segundo lugar, la estructura y presión impositiva genera dos incentivos perversos. Por el lado del contribuyente, la tentación y hasta la necesidad de tener ingresos en negro, aumentando así la carga tributaria sobre quienes trabajan en blanco. Desde el lado del gobierno, esta es una situación conveniente al momento de inspeccionar a los contribuyentes. Dado que el sistema tributario empuja al contribuyente a estar en falta, un gobierno con un inocultable sesgo autoritario como el K puede utilizar esta situación para presionar al contribuyente. Un sistema tributario complejo puede, además, hacer que uno esté o no en regla dependiendo de la interpretación que el recaudados de impuestos haga del laberinto impositivo argentino. Por ejemplo, es factible que haya gente que no pida devolución de adelantos de ganancias no porque no esté en regla, sino porque no confía en la interpretación que la AFIP pueda hacer de las normas impositivas sobre su persona. El gobierno gusta de generar miedo, en lugar de confianza y cercanía, sobre los ciudadanos que dice proteger.

En tercer lugar, estos niveles de presión tributaria se prestan a ser interpretados como una ruptura del contrato social por parte del gobierno. El pueblo da el monopolio del poder al estado para que garantice la ley y el orden, no para que utilice ese monopolio de la fuerza para imponer una presión fiscal que roza el 50% a cambio de irrisorios servicios públicos. La obligación moral de pagar impuestos es dependiente de las contraprestaciones, transparencia y honestidad del gobierno que los recauda. ¿Con qué autoridad moral el gobierno impone una presión fiscal de niveles asfixiantes cuando los trenes chocan, gente muere en saqueos, y hay cortes de luz porque, según explica el gobierno, hace calor? Por último, viendo la tendencia de la presión fiscal de la última década, no hay que ser muy perspicaz para entender por qué es el gobierno quien habla de la década ganada.