La economía argentina se encuentra en una seria crisis. Posiblemente una de las más severas de su historia. El 2014 cerró con una inflación que roza el 40%, 10 puntos superior a la del 2013. Los indicadores de actividad económica más importante vienen mostrando hace meses valores negativos, es decir, menor actividad económica. El BCRA se encuentra con serios problemas de reservas que sólo puede maquillar contablemente, sumado a un Patrimonio Neto que bien puede ser considerado negativo y con dos tercios de sus activos invertidos en deuda al Tesoro Nacional. Un Tesoro Nacional que posiblemente cierre el 2014 con un déficit fiscal en torno al 6.5% del PBI (con estimaciones privadas de producto). La infraestructura del país se encuentra “atada con alambres”. Argentina sigue en default y a medida que pasan los días se confirma que el argumento de la RUFO era una excusa para no saldar las deudas pendientes y no una verdadera causa. Sumado a esto, la aceleración de la deuda llevando a que caigan los canjes del 2005 y el 2010 no son escenarios a descartar. El listado de problemas podría seguir. Estos son todos síntomas de una economía que ya se encuentra en crisis, no de una economía que va a entrar en crisis. A las crisis económicas no se llega sólo con explosiones económicas como fue la del 2001, puede ser el resultado de un largo y manso recorrido hasta la misma.

Pero nada de esto ya parece importar luego del fallecimiento del fiscal Nisman. Nada desnuda más la importancia de las instituciones, en repetidas ocasiones mencionada en este espacio. Si bien pueden darse crisis económicas causadas por factores estrictamente económicos, la de Argentina es una crisis económica originada por problemas institucionales. El deterioro institucional ha llegado al punto tal de encontrar una muerte rodeada de demasiadas dudas de un fiscal federal a cargo de una de las causas más importantes, si no la más importante del país. En otros países, esto hubiese producido la caída de varios ministros, si no del gobierno entero, a través de los canales institucionales correspondientes. En Argentina, en cambio, vimos serias contradicciones y una pobre actuación del oficialista Frente para la Victoria. Unas inexplicables cartas de la Presidente en Facebook, dos presentaciones del Partido Justicialista que es mejor olvidar, una cadena nacional que ha dejado mucho que desear, sin olvidar el uso de la cuenta oficial en Twitter de la Casa Rosada para informar sobre el paradero de un ciudadano argentino que dejó el país por temor a su propia vida. Una mención de condolencias por parte del Poder Ejecutivo aún brilla por su ausencia. ¿Qué autoridad moral le queda a la gestión de Cristina Kirchner sobre este tema?

¿Cómo se llegó a una situación donde lo que sucedió con Nisman fue posible? ¿Acaso el kirchnerismo no dio acabadas muestras de deterioro institucional desde sus inicios?

¿Cómo es posible que de hecho suceda? ¿Era algo así factible diez años atrás? Más allá de la notoriedad del caso Nisman, ¿fue el primero?, ¿será el último?

¿Cómo es posible que las instituciones republicanas no reaccionen fuertemente ante los hechos ocurridos? Es que en Argentina ya no hay instituciones propiamente dichas, lo que hay son personas con más o menos poder.

La oposición, por su lado, está más preocupada por no aparecer en escena y dejar sólo al gobierno frente al caso Nisman que mostrar un frente común que brinde algo de certeza a futuro. El dirchnerimo debe dejar el poder en diciembre (que nunca pareció estar tan lejos). Ciertamente la oposición no debe inmiscuirse en la investigación de la muerte de Nisman, pero asumiendo que el kirchnerimo deja le poder en diciembre del 2015, ¿qué futuro le depara al país? ¿Cómo será la nueva Argentina post-K? No hay ningún indicio claro proveniente ni siquiera de los presidenciables. Frases hechas como “continuar con lo bueno y cambiar lo malo” carecen de contenido concreto. En los 80 Alfonsín decía que con la democracia se come, se educa, etc., pero dejó el país con un cuadro hiperinflacionario, problemas de deuda y una economía cerrada. Hablar de “esperanza, fuerza, y convicción” como si fuese una frase mágica es, básicamente, lo mismo.

En países con instituciones republicanas sólidas no hacen falta casos como los de la muerte de Nisman para enviar fuerte señales a la dirigencia política de que deben corregir sus acciones. Escándalos sexuales, de evasión impositiva, o algún acto menor de corrupción pueden dar por terminada carreras políticas. ¿Acaso una aventura con alguna amante, o la evasión de algún que otro millón de dólares, o un acuerdo con algún empresario amigo del poder es tan dañino para la economía en su conjunto? La respuesta bien puede ser negativa. Las aventuras románticas de un presidente nula influencia pueden tener en sus decisiones como jefe de Estado.

Estos casos, sin embargo, juegan el rol de señales de alarma sobre problemas que sí son más serios pero inobservables al menos hasta que es demasiado tarde. Distintos estudios sostienen que los altos cargos políticos son proclives a ser ocupados por personas sin empatía hacia terceros. Estas personalidades ven a terceros como medios para alcanzar sus propios fines, en lugar de ver a la política como un medio para mejorar la vida de terceros. ¿No suena acaso familiar a la política argentina, donde la “borocotización” es una norma cada vez que conviene? ¿O donde el discurso del día se ajusta según indiquen las encuestas del día? Si un Presidente, por ejemplo, es descubierto con una amante con las implicancias que eso implica para su pareja y familia, ¿qué empatía le espera al resto de la población?

El riesgo de dar la suma del poder público a alguien que daña a sus seres más cercanos puede ser muy grande. Quizás esta persona no tiene problema ni siente reparos en someter a su población a faltantes de medicamentos, alimentos, pobreza, etc. Quizás esta persona no tiene problemas en avanzar sobre la propiedad privada de terceros. Y quizás esta persona tampoco tenga problema o reparos en utilizar la fuerza del Estado para hacer desaparecer personas o que las mismas sean encontradas sin vida (por acción u omisión). Quizás para cuando el perfil de este dirigente político (que siempre se presenta como el iluminado y salvador) sea obvio ya será demasiado tarde.

Las manifestaciones en la vía pública (algunas con alcance internacional) que la sociedad Argentina ha realizado en los últimos años no son sólo una muestra del rechazo a un partido político que hace uso y abuso del poder del Estado, es también un síntoma de la ausencia de una dirigencia política que canalice este rechazo. El rol de la democracia y la república es poner límites al poder, no permitir el abuso del Presidente de turno.

El Déficit Fiscal

Lamentablemente el problema de la deuda pública y el juicio con los holdouts (peyorativamente llamados fondos “buitre”, cuando en realidad son “fondos de inversión de riesgo”) es convenientemente tratado por la clase política como si fuese algo caído del cielo. No hay bonos (deuda) que pagar sin déficit fiscal. Y el déficit fiscal se debe a un insostenible nivel de gasto público proveniente de una clase política adicta al clientelismo político y al populismo. No existe tal cosa como el populismo (clientelismo político) bueno y malo, en todas sus versiones el populismo generan más costos que beneficios. Son los representantes del pueblo en el Congreso quienes firman los presupuestos deficitarios y les cabe a ellos, por lo tanto, la responsabilidad de los desequilibrios fiscales. En una República, el Poder Ejecutivo ejecuta el presupuesto que los representantes del pueblo le envían en forma de ley. La clase política, sin embargo, parece guiarse más por una ciega ideología nacionalista que por la racionalidad que sus cargos requiere. El siguiente gráfico muestra el déficit financiero (déficit total) del gobierno desde la vuelta de la democracia hasta el 2013.

El gráfico deja apreciar algunos detalles importantes. Se ve que la norma durante más de treinta años fue la de déficit, no la de una administración responsable. Es claro al ver el gráfico que culpar del posible default a fondos de inversión roza lo infantil. Tener un presupuesto equilibrado no es de izquierda ni de derecha, es del más elemental sentido común de administración pública. Se aprecia, también, que en la década del 90 el aumento de déficit (y por lo tanto de deuda pública) comienza en 1993 durante el primer mandato de Menem. Esto también muestra que el problema en la década del 90 no fue el “1 a 1″ en sí, sino el llevar la deuda a niveles insostenibles. De allí el default en el 2001 y la devaluación que licuaron el gasto público produciendo un superávit más accidental que planeado. El gráfico también nos muestra que Néstor Kirchner heredó este superávit accidental y que la tendencia en su mandato fue a empeorar el resultado fiscal de manera consistente. Tendencia que Cristina Kirchner continuó también de manera consistente. En otras palabras, Cristina Kirchner es una continuación de Néstor Kirchner. Sostener que Néstor Kirchner se preocupaba por tener un superávit fiscal se contradice con la tendencia decreciente del gráfico.

En términos del PBI del 2013, lo que el gobierno debe pagar a los holdouts (1500 millones de USD) es medio punto del PBI. Si se suman los 15.000 millones de USD que eventualmente podrían sumarse, se llega a 5% del PBI. Con Alfonsín el déficit llegó a 8 puntos del PBI (el mayor desde la vuelta a la democracia). Con Menem el déficit llegó a casi 5 puntos del PBI. De la Rúa lo llevó a 7 puntos del PBI. Cristina Kirchner ya lo tiene casi en 5 puntos del PBI. Si la clase política sintiese el mismo rechazo a estos niveles de déficit que le tiene al pago que debe hacer a los houldouts Argentina sería un país mucho más estable. La clase política escapa a su responsabilidad haciendo mal uso de términos como “neoliberalismo” para desviar la atención del insostenible déficit fiscal en los 90 o de “fondos buitres” durante el Kirchnerismo. Problema similar pueden estar en el futuro del país los políticos insisten en buscar excusas para evitar hacer frente al problema de insostenible gasto público.

Los dos Defaults

El potencial default al que se enfrenta Argentina tiene una diferencia fundamental con el del 2001 que no debe pasar desapercibida. De no pagar, Argentina entraría en un doble default. Por un lado el no pago de deuda. Por otro lado, a falta de mejor nombre, en un “default institucional” al decidir ignorar la sentencia de la corte de justicia a la que Argentina voluntariamente eligió someterse. Luego de la crisis del 2001 el país se vio en la necesidad de importar seguridad jurídica para tener algo de credibilidad dado que la seguridad jurídica del país no es confiable. De entrar en default (o intentar un cambio de jurisdicción), Argentina estaría unilateralmente saliéndose de la legislación NY. En el 2001 Argentina podía ofrecer la legislación NY (o la de Londres, por ejemplo), como alternativa a la local. Pero si Argentina decide ignorar los fallos del juez Griesa, ¿qué puede ofrecer a cambio de la justicia local la próxima vez que quiera pedir crédito en los mercados internacionales? Es por esto que Argentina se enfrenta a algo más que un default de deuda pública.

Un litigio como en el que se encuentra Argentina requiere que las partes voluntariamente acepten y cumplan las sentencias. No existe una policía internacional que haga cumplir los fallos del juez como es el caso de la justicia local de cada país a través de la fuerzas policiales. De allí la importancia que tiene que Argentina sea respetuosa de las instituciones. En un picado de fútbol entre vecinos de barrio, donde la AFA no puede hacer cumplir los fallos del referee, aquel que no sigue las reglas del juego e ignora las faltas cuando le conviene, difícilmente sea nuevamente invitado al próximo picado.

Esto dista de ser una diferencia menor. Si un país entra en default, pero respeta las instituciones, entonces es posible negociar una salida y hacer un canje de deuda. El problema se soluciona en el corto plazo. Pero si un país decide abiertamente ignorar las instituciones y la legislación a la que voluntariamente se somete, no puede solucionar la falta de credibilidad “negociando” dado que la credibilidad institucional de un país no se puede comprar. Al costo de corto plazo de tener que renegociar una deuda en default, Argentina estaría sumando un costo de largo plazo al mostrar que ante la posibilidad de pagar y negociar, decide no hacerlo con argumentos considerados muy poco serios fuera de la militancia Kirchnerista.

Esperemos que la cordura y la racionalidad, que tan esquiva la resulta al Kirchnerismo, ilumine esta última etapa de gobierno. Los Argentinos ya han tenido que hacerse cargo de demasiados desequilibrios fiscales para sumar problemas innecesarios

En lo que respecta al problema económico, una década de consumo de stock de capital, ya con varios años de alta inflación y un asistencialismo fuera de control no hacen más que acumular tensiones que pueden estallar en modos y momentos inesperados. No es fácil saber cuál va a ser la gota que rebalse el vaso. La inflación no es sólo un impuesto, es un impuesto que recae con mayor incidencia sobre los más necesitados. Son las clases medias y altas las que tienen mayor facilidad de acceso a distintas alternativas para cubrirse de la inflación. Los sectores más golpeados, sin embargo, ven desaparecer sus posibilidades de movilidad social frente a sus ojos. La década ganada produjo la ilusión de crecimiento a tasas chinas a base de consumo de stock de capital en lugar de a base de inversiones de largo plazo. Los trenes chocan, las rutas están rotas, la telefonía fija está comenzando a funcionar mejor que la móvil, faltante de energía, son síntomas claros de consumo de stock de capital. El kirchnerismo hipotecó el futuro a expensas de financiar una fiesta de corto plazo y parte importante de la sociedad confundió la fiesta con genuino progreso económico.

En lo que respecta al problema político, tanto el oficialismo como la oposición cargan pesadas responsabilidades. Ambos han faltado, a mi entender, a sus funciones y obligaciones de servidores públicos. Las transgresiones institucionales del oficialismo, demasiado numerosas para recordar, no hacen más que predicar con el ejemplo el robo, la expropiación y el desinterés hacia la propiedad del prójimo al presentarlas como aceptables actitudes Nac&Pop. Si el gobierno se da el lujo de ignorar los fallos de la Corte Suprema de Justicia (cuando le conviene), de expropiar de manera inconstitucional, de intimidar desde la cadena oficial y con personajes como Guillermo Moreno y la AFIP, ¿por qué ha de aplicar una moral distinta al ciudadano a pié? Para bien y también para mal, la autoridad moral del gobierno es guía de parte importante de la sociedad. Los saqueos fueron la moral del “vamos por todo” puesta en práctica. La doble moral del oficialismo debería avergonzar al kirchnerista más radicalizado. Mientras se dedican días de duelo por la muerte de un dictador anacrónico como Hugo Chávez, Cristina Kirchner decide bailar al compás de cumbias y cacerolas a la par que argentinos eran saqueados y morían de manera innecesaria. Si los muertos no le importan a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ¿por qué ha de importarle al policía mal pago? De ninguna manera estoy diciendo que la actitud de las fuerzas de seguridad haya sido aceptable. Tal concepción es imposible de aceptar cuando en una república el contrato social consiste en entregar las armas a las fuerzas de seguridad para que nos protejan a cambio del pago de impuestos. Que tal cosa haya sucedido habla, justamente, de la ruptura institucional en la que se encuentra el país. Ni el kirchnerismo ni la oposición pueden, sin embargo, hacer ajena a ellos mismos las críticas bien levantadas contra la actitud de las fuerzas de seguridad. El poder político, tanto como las armas, pueden ser utilizadas para levantarse contra el pueblo.

Este kirchnerismo de doble moral y discurso adaptado a las conveniencias ha crecido a la sombra de una oposición que le permitió llegar a ser lo que es. Es cierto que en la medida que la oposición no es mayoría posee límites a los frenos institucionales que puede poner a un gobierno de inocultable sesgo autoritario, pero no es menos cierto que es la misma oposición que acompañó con su voto expropiaciones como las de las AFJP y Repsol-YPF entre otras iniciativas. Algunos opositores confesaron votar a favor de expropiaciones por lo que dice el corazón y no lo que indica la razón. ¿No es esto, acaso, un mensaje similar al de obediencia debida de Pichetto? Ya sea que el voto, a sabiendas erróneo, se hace por un corazón nacionalista o un corazón partidario, el daño institucional es ineludible. La oposición parece estar jugando la peligrosa apuesta de que el “vamos por todo” continúe hasta el 2015 con la esperanza de que el gobierno no tenga más remedio que hacerse cargo de los ajustes y costos políticos necesarios. El costo de esta apuesta política recae en el ciudadano, como si las muertes en saqueos y repetidos accidentes en trenes no fuesen lo suficientemente explícitos de quien paga la factura del juego político. No deja de ser, incluso, una apuesta que me cuesta entender. Los últimos días muestran que el gobierno prefiere dejar un país en llamas a hacerse cargo de sus propios errores. Mientras el gobierno de Cristina Kirchner bate récords de causales de juicio político, la oposición habla de dialogo con un gobierno que ofrece menos retorno que una pared de concreto. Ser políticamente correcto pero institucionalmente irresponsable no deja de ser signo de una clase política corrupta en sus principios institucionales. La oposición da la sensación de estar institucionalmente tan confundida como el oficialismo si cree que una elección da inmunidad institucional frente a los ciudadanos y sus pares.

Por último, pero no por ello menos importante, el factor cultural también ha jugado un rol central. Los saqueos no son nuevos, son parte de la cultura Argentina. ¿No es saqueo al pueblo una carga tributaria récord sin contraprestaciones? ¿No es saqueo acaso una inflación descontrolada por un gobierno que le falta a la verdad en la cara al ciudadano (incluido su votante) la negar el problema? ¿No es saqueo que el gobierno le de beneficios al pseudo-empresariado del país cargando así sobre las libertades y bolsillo del consumidor? Este saqueo institucional es manifestación de las preferencias políticas del votante medio, o al menos de una parte importante de la sociedad. La misma sociedad Argentina no deja de tener parte de responsabilidad al apropiar y cultivar una cultura de “vivir del otro.”

Una sociedad que sospecha en lugar de admirar al empresario exitoso difícilmente disfrute de una cultura emprendedora. En su clásico “El Estado”, Frederic Bastiat decía que el “Estado es la gran entidad ficticia por la que todos buscan vivir a expensas uno del otro.” En Argentina se ha hecho de esto una máxima. ¿Cuántos Argentinos se creen con derecho a recibir por parte del estado fondos provenientes del prójimo? ¿No es esto usar la fuerza del estado para saquear la propiedad de terceros? Lamentablemente esta concepción es insostenible como filosofía de vida en sociedad y cuando los recursos escasean pasa a imperar la ley de la selva sobre el estado de derecho. La sociedad argentina se debe una seria mirada interna en su responsabilidad de demandar y fomentar populismo por parte de una dirigencia política dispuesta a proveerla, después de todo es el mismo ciudadano, no el político, quien debe afrontar el costo. Esto no debe entenderse como una excusa a la clase política cuyo deber es proteger las instituciones y no permitir que el voto de la mayoría sea herramienta de expropiación de la minoría. La desidia política de confundir democracia ilimitada con democracia limitada por los principios republicanos llevan un rol protagónico en los tristes eventos de días anteriores.

El problema del cepo es que no soluciona el problema de fondo. El dólar oficial se encuentra artificialmente barato, lo que hace que su oferta (por exportaciones, etcétera) sea menor y que su demanda (para importaciones, atesoramiento, etcétera) sea mayor. El desequilibrio es la pérdida de reservas resultante. Parte importante de este problema es la precaria situación energética a la que se ha llegado luego de diez años de kirchnerismo. Ante este panorama, la pregunta de si se puede salir del cepo y cómo hacerlo se ha escuchado con mayor frecuencia en los últimos días. Una política para salir del cepo tiene que hacer frente a por lo menos tres problemas.

En primer lugar, el desvío del tipo de cambio oficial respecto al tipo de cambio real. En la medida que el tipo de cambio oficial mantenga un precio de dólar barato, la oferta no podrá satisfacer a la demanda en  el mercado de cambios. Esto no es otra cosa que la interacción entre demanda y oferta. La Argentina está en un típico problema de atraso cambiario. La política cambiaria K ha sido similar a la tablita de Martinez de Hoz; ajustar el tipo de cambio por debajo de la inflación.

Si uno estima el tipo de cambio del 2007 (cuando se interviene el INDEC) en adelante por la inflación verdadera de Argentina menos la americana, a fin del 2012 el tipo de cambio debería estar alrededor de los 12 pesos. Es decir, el mercado blue se encuentra más cerca de un tipo de cambio de equilibrio que el tipo de cambio del BCRA. Esto no quiere decir que la solución sea una devaluación. De poco sirven la devaluaciones que buscan evitar cambios de fondo en la economía del país. Las economías son más competitivas frente al mundo cuando el sector productivo es competitivo, no cuando el BCRA devalúa artificialmente el tipo de cambio bajo el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. En lo que va del 2013, el BCRA devaluó el peso alrededor de un 25% (en términos anuales), tasa similar a la inflación anual. Este es un ritmo de devaluación, llevado adelante por el kirchnerismo, por más que el gobierno niegue sus propias políticas.

En segundo lugar, es indispensable dar fin a la inflación, ya entre las mayores a nivel mundial. La diferencia entre una inflación del 2% y una del 25% no es meramente de valores. Con una inflación del 25%, el peso puede ser medio de pago, pero deja de ser una eficiente unidad de cuenta y definitivamente deja de ser un medio para atesorar valor. Esto quiere decir que mientras el peso puede ser un medio de pago no es dinero propiamente dicho. Si el atesoramiento de valor (ahorrar) no es posible, entonces la demanda de tenencia de pesos colapsa. Esto quiere decir que todo peso que no se necesita para transacciones (compras de cada mes como ir al supermercado, pagar impuestos, etcétera) se utiliza para comprar bienes y dólares, pero no se ahorra. El aumento en consumo no se debe a las bondades del modelo kirchnerista, se debe a la destrucción del peso como reserva de valor. Ante la inevitable pérdida de riqueza, mejor comprar un televisor plasma o cambiar el auto que ahorrando en pesos. En el segundo caso se pierde valor pero al menos se disfruta de un nuevo bien adquirido. El desafío del BCRA no es sólo bajar la inflación, es volver a generar la confianza en la gente que el peso ha vuelto a ser dinero, lo que incluye ser un medio viable y confiable para atesorar valor. En  el centro de estos problemas se encuentra el déficit fiscal, el cual el BCRA financia al mismo tiempo que se deslinda del problema inflacionario. Una actitud que va en contra la credibilidad necesaria para recuperar la seguridad en el peso.

En tercer lugar, hay un serio problema de confianza. El dinero fiat como el peso (dinero no convertible) obtiene su valor de la confianza que el mercado tenga en el BCRA. Cuando el BCRA no es confiable, entonces comienza a haber una preocupación por las reservas, dado que sin cepo cambiario el mercado puede rápidamente cambiar el peso por otra moneda más dura. Pero si el BCRA fuese confiable nadie estaría preocupado por el nivel de reservas. ¿Quién se preocupa, acaso, por las reservas de la Reserva Federal de Estados Unidos? No va a ser fácil eliminar la preocupación por las reservas en un país con un historial único de inflación y un presidente del BCRA que niega que la inflación sea su responsabilidad. ¿Cómo creer la palabra a un gobierno que insiste con publicar las irreales cifras del INDEC (sólo por dar el ejemplo más claro)? El gobierno argentino es considerado, doméstica e internacionalmente, un mentiroso crónico. ¿Cómo creerle a un mentiroso crónico? El kirchnerismo es un movimiento sin credibilidad. ¿Le creería a usted a Cristina Kirchner si le dice por cadena nacional que le promete proteger el valor del peso secundada por funcionarios como Boudou, Moreno, Kicillof, Pimpi Colombo, Marcó del Pont, Abal Medina, etcétera? El problema del kirchnerismo no es sólo su rechazo a un problema inocultable, sino que han dilapidado la credibilidad necesaria para que las medidas que debería tomar sean creíbles.

El kirchnerismo ha hecho a la sombra de los otros poderes del Estado un gran daño social y económico. Pero el mayor golpe que han dado al país es el daño institucional. Sin embargo, al votar la estatización de las AFJP y la expropiación de YPF, la oposición es tan responsable del deterioro institucional del país como el kirchnerismo. El problema de una parte importante de la oposición es que ha dañado también su propia credibilidad. La confianza, el respeto a la clase política, las instituciones formales e informales, etcétera, se construyen con mucho esfuerzo y tiempo. Es muy fácil, sin embargo, echar por tierra tanto trabajo. Está confundida la oposición si cree que los problemas del kirchnerismo se solucionan mejorando la gestión pero sin un serio cambio de actitud hacia el problema institucional y revisión de las políticas de fondo. Solucionar el problema del cepo cambiario requiere más que medidas económicas consistentes, requiere de una credibilidad y prestigio institucional que ni el oficialismo ni la oposición se han preocupado por cuidar. Solucionar los problemas económicos del país va a ser más difícil de lo necesario.