Es importante aclarar que la emisión para financiar al sector público no es igual a la expansión de la base monetaria. Que la emisión para financiar al sector público en el primer bimestre del 2015 haya sido 4.60 veces superior a la del 2014 no quiere decir que la base monetaria se esté expandiendo a ese ritmo. Financiar al sector público es uno de diversos motivos por los cuales la base monetaria puede expandirse o contraerse. El BCRA puede emitir pesos para financiar al tesoro y luego quitarlos de circulación minimizando el impacto sobre la base monetaria y sobre el nivel de precios. Por ejemplo, el BCRA emite pesos, se los entrega al Tesoro. El Tesoro los gasta y luego el BCRA los compra (quita del mercado) vendiendo LEBACS en el mercado financiero. De este modo se financia al tesoro al mismo tiempo que se restringe la expansión monetaria.

La base monetaria puede variar por 5 motivos: (1) compra de USD (divisas), (2) financiar al sector publico (Tesoro, etc.), (3) Pases financieros (operaciones con entidades financieras), (4) venta y compra de LEBACS (y NOBACS) y (5) otras operaciones. Cada uno de estos componentes puede ser positivo (expansión de la base monetaria) o negativo (contracción de la base monetaria). El neto de los cinco factores coincide con la expansión total de la base monetaria. El siguiente cuadro muestra desde el 2009 en adelante la expansión de la base monetaria (Exp. BM) junto a sus diversos componentes (en millones de pesos). Se ve que la emisión para financiar al sector público crece vigorosamente. De allí que se sostenga que la inflación tiene una explicación fiscal o se debe al déficit del tesoro y que a veces se confunda emisión para para financiar al tesoro con expansión de la base monetaria.

En el 2013 se aprecia un significativo salto en la emisión para financiar al sector público (alrededor de 2/3 ocurre en los últimos cuatro meses del año) al punto tal que supera a la expansión total de la base monetaria. El BCRA minimizó el impacto sobre la base monetaria vendiendo USD en el mercado. Ese año el BCRA perdió unos 12.700 miles de millones de USD en reservas; cuatro veces más que en el 2012. Con la salida de Marcó del Pont de la presidencia del BCRA y la llegada de Fábrega se cambia de política y en lugar de vender USD para minimizar el impacto sobre la base monetaria, se pasa a vender LEBACS. La velocidad a la que se perdían reservas en el 2013 no era sostenible. En el 2013, el BCRA pedía pesos contra la entrega de USD a cambio de expectativas de una devaluación (que ocurrió a principios del 2014). En el 2014 el BCRA pide pesos a cambio de altas tasas de interés; las LEBACS rinden entre 26% y 29%. Con un tipo de cambio que se devalúa a un ritmo menor, se puede obtener una ganancia financiera invirtiendo en LEBACS para luego comprar más dólares (si se recibe la autorización correspondiente). El siguiente gráfico muestra impacto sobre la deuda en LEBACS del BCRA.

El BCRA se enfrenta con un dilema al momento de decidir financiar al sector público. Si no se quitan los pesos emitidos de circulación, entonces los pesos que se utilizan para comprar bienes y servicios aceleran la inflación y los pesos que se utilizan para comprar USD afectan a la cotización del dólar blue; es decir, lo que no va a inflación va a tipo de cambio blue. Si el BCRA quiere evitar (o minimizar) el impacto sobre la inflación, entonces debe emitir LEBACS y quitar pesos del mercado financiero. Esto disminuye los ahorros (locales) disponibles al sector privado a la vez que eleva las tasas de interés. Las LEBACS (que no duran más de un año) están rindiendo entre 26% y 29%.

No es casualidad que el resultado sea una desaceleración y hasta caída de la actividad económica. Así como el ritmo de pérdida de reservas del 2013 no era sostenible, la emisión de LEBACS también tiene un límite. Este límite, sin embargo, es más difícil de identificar. Pero lo cierto es que eventualmente, el BCRA debe devolver el capital más el interés que el mercado asigna a las LEBACS. Una abultada emisión de LEBACS, por lo tanto, sugiere futuras presiones inflacionarias si la deuda en LEBACS se paga con emisión monetaria; menos inflación hoy a expensas de más inflación en el futuro.

¿Qué puede suceder con la emisión para financiar al sector público y la emisión de LEBACS para los próximos diez meses del 2015? Veamos un escenario, sencillo, para ilustrar la preocupación por la acelerada emisión para financiar al sector público en el primer bimestre.

• A fines de febrero, la emisión para financiar al sector público llegó a los 22.000 miles de millones de pesos.
• Ignorando que este es un año de elecciones donde el gasto público tiende a ser mayor, si se repite la misma emisión para financiar al tesoro que en el 2014, entonces el 2015 termina con una emisión total de 353.400 miles de millones de pesos para financiar al tesoro; más del doble que el año pasado (161.500 miles de millones de pesos).
• Si en el 2015 la base monetaria se expande un 22% (similar a los dos últimos años), entonces el BCRA debe absorber unos 251.620 miles de millones de pesos extra; 2.60 veces la absorción realizada con LEBACS en el 2014.
• Si las LEBACS rinden un 25%, entonces es necesario emitir 100$ en LEBACS por cada 80$ a quitar del mercado.
• El stock de LEBACS en pesos a fines del 2014 es de 320.100 miles de millones de pesos.
• Por lo tanto, la deuda en LEBACS se duplica en un sólo año.
• Esto implica nuevos intereses por 62.905 miles de millones de pesos.

Las preocupaciones no solo son fundadas, sino que no es del todo claro que este panorama sea consistente con una desaceleración de la inflación en el mediano plazo.

Es por esto que el populismo a su vez encuentra puntos de coincidencia con la izquierda (socialismo) y con la derecha (fascismo). ¿Es el kirchnerismo socialismo o fascismo? ¿O acaso tiene actitudes y políticas de ambos? De allí que proyectos populistas sean calificados por algunos como socialismo aplicado y por otros como un tipo de fascismo.

Las cuatro etapas identificadas por estos autores son las siguientes:

Etapa 1

En los primero años, el diagnóstico de los políticos populistas es reivindicado. Las políticas macroeconómicas muestran exitosos resultados, aumento del PBI, baja del desempleo, incrementos del salario real, etc. La inflación se mantiene bajo control en base a regulaciones, capacidad ociosa, e importaciones financiadas con las reservas del Banco Central.

Etapa 2

Comienzan a aparecer cuellos de botella. En parte debido a la política de incentivar el consumo (descuidando las inversiones), la escasez de dólares, y la eliminación de stocks y capacidad ociosa. Un reacomodamiento de precios relativos, como una devaluación o controles de capital y del tipo de cambio comienza a ser necesario. El gobierno intenta, pero falla, en controlar el aumento de los ingresos reales y del gasto público. La economía en negro o informal comienza a crecer y el déficit fiscal empeora notablemente debido a los subsidios otorgados a bienes de consumo y el mercado de divisas (tipo de cambio.)

Etapa 3

Serios faltantes, aceleración de la inflación, y un evidente atraso cambiario llevan a una fuga de capitales y a una desmonetización de la moneda local de la economía. La caída en la recaudación por una menor actividad económica y el aumento en los subsidios empeoran aún mas el cuadro de déficit fiscal. El gobierno intenta cortar subsidios y devaluar un ritmo más acelerado la moneda. Los salarios reales caen y comienzan a aparecer signos de inestabilidad política. Es fracaso del proyecto populista es claro.

Etapa 4

Un nuevo gobierno lleva a delante ajustes “ortodoxos” , posiblemente bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los salarios reales siguen cayendo llegando a un nivel inferior al que se encontraban al inicio del proyecto populista. Esta caída del salario real (que no comienza con la reforma ortodoxa) se debe a que las políticas económicas del proyecto populista llevan a una disminución en las inversiones, depreciación del capital invertido, y a la fuga de capitales. El capital (financiero) se mueve de un país a otro más fácil que el trabajo. El menor capital per capita producto de las políticas populistas son la razón de la caída de los salarios reales.

Si bien Dornbusch y Edwards describen estas cuatro etapas en 1990, el paralelismo con el kirchnerismo es notable. Es que los populismos pueden cambiar los relatos, simbologías, y manera de presentar sus políticas de acuerdo a lo que en cada caso particular sea más apropiado para el proyecto. Algunos países, por ejemplo, tienen el Ministerio de la Felicidad. Otros tienen la Secretaria de Pensamiento Nacional. ¿Acaso se puede hablar de serias diferencias? Parece ser claro que el kirchnerismo se encuentra en la tercer etapa. ¿Serán las próximas elecciones presidenciales la puerta a la cuarta etapa? ¿Cuántas veces ya vivió Argentina este ciclo?

Si ben la descripción de las etapas es lo suficientemente clara y el paralelismo con el kirchnerismo evidente, hay algunas aclaraciones pertinentes por hacer. En primer lugar, según Dornbusch y Edwards, la cuarta etapa pone de manifiesto la caída de los salarios reales, pero no los produce. El llamado “sinceramiento de la economía.” El político populista, en cambio, utiliza la cuarta etapa como chivo expiatorio a quien culpar por los efectos de sus propias políticas para atraer votantes en las próximas elecciones sosteniendo que “con mi gobierno esto no pasaba.”

En segundo lugar, no es sorpresa que los populismos surjan luego de crisis económicas. No sólo porque brindan la oportunidad de seducir al electorado con teorías conspirativas (utilizar un grano de verdad para crear una gran falsedad), sino porque las crisis brindan las condiciones ideales para la primer etapa, donde se puede poner en marcha una “fiesta de consumo” aprovechando que la capacidad ociosa pone distancia a los cuellos de botella. De este modo se confunde recuperación económica con genuino crecimiento económico.

En tercer lugar, especialmente en los países con instituciones débiles y donde el populismo se encuentra presente en más de un partido político, el proyecto populista de turno culmina cuando se “choca con la realidad,” no cuando las instituciones ponen límites a la administración de turno. El gobierno de Menem, por ejemplo, que siguió al populismo de Ricardo Alfonsín, hizo reformas económicas más por necesidad que por convicción (sobre qué tan neoliberal fueron de hecho sus reformas ver esta nota en Infobae). No es casualidad que se identifique a la llegada del populismo peronista (que influye a más de un partido) como el inicio del retraso argentino respecto al mundo. La secuencia de caídas de ingresos reales de ciclo en ciclo mencionado en la cuarta etapa.

Por último, no es que el modelo económico bajo el populismo se agota, como si el mismo fuese consistente, pero llega un momento en que hay que cambiarlo. Por el contrario, el modelo económico nunca debió ser aplicado. Lo que se agota es el maquillaje del deterioro económico, no las supuestas virtudes del modelo. Dicho de otra manera, el problema no es identificar el momento correcto en el cual cambiar de modelo, el problema es identificar el correcto modelo de entrada. Aquel que hay que cuidar, pero no controlar abusivamente porque el modelo es consistente en sí mismo y por lo tanto evoluciona pero no se agota.

Hay dos cuestiones a tener en cuenta respecto al que el conflicto con los holdouts se soluciona luego del 2014. En primer lugar, si bien es cierto que a fin de año vence la famosa cláusula RUFO, también es verdad que esta cláusula no aplica al juicio que supervisa el Juez Thomas Giresa. Basta con leer la cláusula en el prospecto de deuda para ver lo explícita que es al misma en cuanto a que se requiere de acuerdos voluntarios, no cumplimientos de sentencias firmas que son no voluntarias por definición (páginas S-18 y S-69-70).

Es oportuno recordar además que el pago en efectivo a los holdouts representaba un monto menor del gasto público y que difícilmente pueda interpretarse como una negociación. Que la cláusula RUFO venza a fin de año, entonces, no implica que el Gobierno vaya a poner fin a este conflicto que ya lleva unos 13 años. En segundo lugar, si bien la administración nacional ha hecho explícitas las intenciones de solucionar el conflicto en el 2015, no es menos cierto que estas expresiones sugieren que el Gobierno ofrecerá una quita similar a la ofrecida a los holdings. Esta propuesta ya fue rechazada por los holdouts, quienes tienen un fallo firme a su favor con todas las instancias judiciales agotadas. Argentina no tiene que negociar con los holdouts, simplemente tiene que acatar el fallo que le exige cumplir con sus propios compromisos.

No obstante, si el conflicto llega a un rápido fin a principios del próximo año, es dudoso que sea suficiente para atraer inversiones de largo plazo al país. Por un lado están los recursos a los que puede acceder el Ejecutivo, por el otro la llegada de capital al mercado. Hay dos motivos por los cuales un gobierno puede no tener acceso al mercado de crédito internacional (sin sufrir un serio premium en la tasa de interés): porque está en default o porque no se tiene confianza en el país. Cuando los mismos que participaron del canje luego del default 2001 sugieren iniciarle jucio a los holdouts en lugar de acatar el fallo judicial, se hace lo contrario a generar confianza. Argentina se presenta al mundo como un país que no quiere pagar sus deudas, independientemente de cuál sea el presidente de turno (desde la Segunda Guerra Mundial Argentina estuvo en default o con deuda bajo reestructuración el 50% del tiempo.)

En lo que respecta a inversiones, el hecho de que Argentina salga del default no implica que la economía del país cambie dramáticamente sus perspectivas a futuro. Salir del default es un requisito necesario pero no suficiente para que Argentina sea un destino atractivo para inversiones de largo plazo. ¿Acaso las bajas inversiones extranjeras en el país se deben sólo al default? El cepo cambiario, una presión fiscal asfixiante, un elevado déficit fiscal, un marco regulatorio que hace de Argentina una de las economías menos libres del mundo, etc., son todos factores que no contribuyen a hacer al país un destino atractivo ni a empresarios extranjeros ni locales que deciden invertir en el exterior para proteger sus ahorros de la dirigencia política argentina.

Lo que sí puede suceder es que se facilite la llegada de capitales de corto plazo. Los llamados capitales especulativos que buscan obtener una renta al comprar barato y vender caro y no por administrar actividades productivas. Si, por ejemplo, se cree que las empresas nacionales están baratas dado que luego del kirchnerismo se espera alguna mejora institucional, se puede invertir en el 2015 y vender la posición luego del cambio de gobierno. Por lo tanto, una entrada de dólares en la transición de la salida del kirchnerismo no implicaría que se estén expandiendo las inversiones de largo plazo en el país.

El 2015 va a ser un año que requiera atención en ver qué es lo que los candidatos presidenciales tienen para decir sobre la reformas que el país necesita. Así como prestar atención a las cosas que deberían decir pero callan.

A principios de la década del 90 Argentina implementa la Ley de Convertibilidad. Esta normativa fijaba el tipo de cambio en un peso por un dólar y le indicaba (con cierta flexibilidad) al Banco Central que sólo podría emitir pesos si entraban los dólares correspondientes. Bajo este esquema, Argentina no podía monetizar su déficit como había hecho en los 80 bajo el gobierno radical de Alfonsín y el gobierno de Menem recurrió a la deuda en dólares y así poder emitir los pesos necesarios para financiar el déficit fiscal de su gobierno. Ahora bien, esta nueva deuda que se emite en los 90 se hace en un contexto de una Argentina que ya había entrado en default seis veces desde su independencia de España y con una seguridad jurídica cuestionable. Con el ahorro interno destruido por años de alta inflación en los 80 (y décadas anteriores), Argentina debe recurrir a fondos internacionales y se ve en la necesidad de “importar” credibilidad jurídica al emitir sus bonos (voluntariamente) bajo jurisdicción NY. De haber una disputa con sus acreedores, Argentina acepta acatar los fallos de las cortes de justicia de New York. Si Argentina se hubiese preocupado a lo largo de su historia por construir un historial de seriedad institucional, no hubiese sido necesario emitir deuda bajo jurisdicción NY. Nadie le quitó soberanía jurídica, fueron los sucesivos gobiernos argentinos quienes devaluaron sus propias instituciones.

El contrato de estos bonos tenía otras dos características importantes. La incorporación de la cláusula pari passu y la ausencia de la collective action clause (cláusula de acción colectiva). La cláusula pari passu sostiene que Argentina acepta tratar a todos sus acreedores en igualdad de condiciones (especialmente en lo que respecta pagos de cupones y capital de bonos.) La collective action clause indica que de haber un canje de deuda, si un cierto porcentaje de acreedores acepta la reestructuración, entonces automáticamente los acreedores que no aceptan las nuevas condiciones (los “holdouts”) deben aceptar los nuevos bonos. Cuando Argentina entra en default a fines del 2001, lo hace con bonos que ya incluían la cláusula pari pass y que no requerían una acción colectiva por parte de sus acreedores.

Bajo el contrato que la misma Argentina ofreció en sus bonos, al voluntariamente no incorporar la collective action clause, cualquier acreedor tiene derecho a cobrar el 100% del bono sin importar si el 99.9% restante de los acreedores decidieron entrar al canje de deuda en default. Esto es, justamente, lo que sucedió. Cuando Argentina ofrece el canje de deuda de sus bonos en default, los “holdouts” hicieron saber que bajo el contrato de los bonos argentinos ellos seguían con el derecho de cobrar el 100% de los bonos bajo igualdad de condiciones respecto a quienes sí deciden entrar al canje de deuda (pari passu.) Es decir, no se puede pagar a los “holdins” sin pagar a los “holdouts” de acuerdo al prosepecto de los mismos bonos argentinos. Podría decirse que el Juez Griesa tuvo que hacer poco más que leer el contrato que la misma Argentina ofreció a sus acreedores. El gobierno de los Kirchner, en una muestra más de su desprecio por las instituciones, decidió ignorar a los holdouts al punto de borrarlos como acreedores en sus informes oficiales (uno de los motivos por los cuales el nivel de deuda sobre PBI de Argentina es menor al real.) Doce años después del default el gobierno choca con la realidad al tener todas las instancias judiciales agotadas en su contra.

Mucho se ha dicho sobre como el fallo del Juez Griesa daña la seguridad jurídica de bonos soberanos y reestructuraciones. Si hay algo que el fallo de Griesa hace es ofrecer seguridad jurídica bajo legislación NY. Es más fácil encontrar acreedores dispuestos a comprar bonos bajo legislación NY dado que ningún país puede usar como excusa un default para incumplir sus contratos. Quienes critican el fallo de Griesa argumentando que va a ser más difícil emitir deuda parecen olvidar el rol que la seguridad jurídica tiene en las transacciones de crédito. El problema no es el fallo de Griesa, el problema es que Argentina decidió dejar de lado la collective action clause y, una vez más, descuidar sus cuentas fiscales. Los default no pueden ser usados como herramienta política para ignorar contratos a gusto y conveniencia. De hecho, los países emergentes deberían agradecer el fallo del Juez Griesa dado que esto les permite endeudarse a tasas menores dado que este fallo ofrece una seguridad jurídica que estos países no siempre pueden o no quieren ofrecer. Un fallo favorable para Argentina hubiese implicado avalar que un país violase sus propios contratos.

Se argumenta, también, que el fallo es injusto dada la alta rentabilidad que los holdouts estarían recibiendo si Argentina decide honrar sus deudas en lugar de entrar nuevamente en default. Esto se debe a que fondos de inversión compraron estos bonos a precios bajos y estarían recibiendo el 100% de lo adeudado (más punitorios.) Sin embargo, como veíamos arriba, el fallo no hace más que seguir la letra del contrato. El precio al que se compra un bono no tiene trascendencia alguna sobre el fallo. Si Argentina debe o no pagar sus deudas no depende de a qué precios se compran sus bonos en el mercado secundario. Indistintamente del precio de mercado, Argentina debe pagar el 100% del valor de los bonos del mismo modo que usted debe pagar el 100% de sus cheques indistintamente de quien los tiene o a qué precios se han vendido en el mercado secundario. La alta rentabilidad de los bonos argentinos no son una muestra de la explotación financiera de “malvados” capitales internacionales sobre una pobre víctima emergente (Argentina). La alta rentabilidad refleja el alto riesgo país de invertir en nuestro país. Quienes entraron al canje decidieron reducir los montos a cobrar a cambio de lo que consideraron una mayor certeza sobre el pago de la deuda. Quienes decidieron no entrar al canje decidieron mantener un título por el 100% de lo prestado a cambio de mayor riesgo y llevar al país a juicio. El juez Griesa podría haber fallado tanto a favor como en contra de Argentina. Los “holdouts” apostaron y ganaron; podrían haber perdido. Es un error conceptual y casi un desprecio institucional-jurídico sostener que la  alta rentabilidad implica un alto riesgo y eso le da permiso a Argentina (o a cualquier país) para no pagar sus deudas una vez agotadas las instancias judiciales.

Estas aclaraciones también muestran que, de hecho, el país no salió de su default en el 2001 más allá del supuesto “mejor canje de deuda” del 2005. Dada la presencia del pari passu y la ausencia del collective clause action, Argentina no logró reestructurar satisfactoriamente su deuda y por lo tanto nunca salió del default. Fue gracias al “stay” del Juez Griesa que Argentina pudo seguir pagando a los acreedores que entraron al canje sin tener que pagar los holdouts. De hecho, no ha vuelto a emitir deuda internacional luego del 2001; en parte por el juicio con los holdouts aún abierto. Fue el gobierno de Chávez quien prestó a tasas muy altas (tasas usureras, dirían los críticos de los holdouts) a la administración Kirchner.

Podemos reducir la complejidad del caso a una analogía de menor escala. Intente explicarle a su banco que debido a que usted malgastó sus ingresos por más de una década tiene entonces el derecho a no devolver el prestamos hipotecario con el que compró su casa. Cuando el banco lo lleve a juicio por no pagar su hipoteca, intente explicarle al juez que usted es una pobre víctima de malvados fondos buitres explotadores representados por su banco y que usted tiene el derecho a ignorar a sus acreedores porque fue usted quien entro en default al ser incapaz de mantener el más elemental equilibrio fiscal y fue usted quien opto por dejar de lado lacollective clause action. Cuando el juez le falle en contra, intente explicarle al mundo entero en solicitadas de diarios internacionales como el fallo del juez es una injusticia que pone en peligro el mercado bancario internacional. Intente ahora justificar la postura del gobierno argentino.

Argentina se encuentra, una vez más, transitando una profunda crisis económica. Las débiles instituciones monetarias tienen un rol central en esta problemática. Que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una institución desinteresada, o incapaz, en proteger el poder adquisitivo de la moneda nacional debiera ser una apreciación fuera de discusión. Desde su fundación en 1935 hasta fines del 2013 la inflación equivalente anual fue de un chocante 55%. En promedio, Argentina ha vivido con una inflación del doble a la que los residentes han tenido que soportar en el 2013 que acaba de terminar. En estos 78 años, sólo en 23 ocasiones la inflación fue menor al 10%, en 17 menor al 5%, y un magro 11 veces menor a un 2% (sin contar los años de deflación por crisis y no buena administración monetaria.) En 1935 regía el Peso Moneda Nacional. Hoy, luego de seis cambios monetarios en los cuales se dejaron de lado trece ceros, rige un Peso devaluado sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo. Argentina no posee un banco central meramente ineficiente, posee uno de los peores bancos centrales del mundo. Es este pobre desempeño, y no cuestiones culturales, lo que explica la parcial y desprolija dolarización actual de Argentina.

Sintomático del desinterés del gobierno de turno es agregar insulto al daño al bolsillo de los argentinos negando que la inflación sea un fenómeno monetario, publicando datos oficiales de inflación de muy dudosa credibilidad y reformando la Carta Orgánica del BCRA disminuyendo su responsabilidad institucional en esta materia. La historia monetaria argentina muestra, sin embargo, que sería un error creer que el desmanejo monetario es un problema propio del kirchnerismo. Este movimiento, ya en un ingrato ocaso, es una expresión más de lo peligroso que la dirigencia política Argentina ha sido para la economía de su propio país.

Dada la historia monetaria argentina, la delicada situación económica de los últimos años, y la falta de propuestas de fondo sobre los problemas institucionales, decidimos junto a Adrián Ravier escribir un borrador de reforma monetaria para Argentina que implica cerrar el BCRA y aplicar una dolarización flexible con banca libre. Nuestro documento, debemos aclarar, es poco más que una actualización de la propuesta que Steve Hanke y Kurt Schuler hiciesen para Argentina a fines de la década del noventa sumada alguna influencia del esquema de reforma monetaria de George Selgin para Estados Unidos. Creemos que rechazar un planteo como éste en base a que el BCRA puede hacer una política monetaria eficiente es una expresión de deseo con tenue sustento. Si bien en términos teóricos podemos imaginar un BCRA ideal, el BCRA real es muy distinto al que los argentinos se merecen. Aferrarse al Titanic monetario porque el Titanic es argentino puede ser muy loable para quien defienda el nacionalismo monetario, pero ciertamente es ineficiente en términos económicos y de crecimiento a largo plazo. Si bien es cierto que una reforma monetaria no es suficiente para corregir los problemas económicos y sociales de Argentina, la historia del BCRA sugiere que sí es una reforma necesaria.

Creemos que los problemas monetarios de Argentina no se agotan en una discusión de política monetaria, sino que requieren de una seria revisión a nivel institucional. Sin desconocer que todo esquema monetario posee limitantes, en esta propuesta buscamos desmitificar algunas de las críticas más comunes asociadas a una reforma con estas características esperando que motiven un debate político más amplio al actual. Un debate institucional serio debe cuestionarse premisas, sean éstas correctas o incorrectas. Si bien el documento que compartimos al final de esta nota ofrece una discusión más extensa y detallada, en esta columna sólo quiero referirme brevemente a tres aspectos que consideramos centrales: (1) dolarización flexible, (2) banca libre, y (3) el problema de soberanía monetaria.

Dolarización flexible

Por dolarización suele entenderse utilizar el dólar como moneda en lugar de una moneda nacional. Estrictamente hablando, una economía puede estar “dolarizada” y utilizar una moneda distinta al dólar como puede ser el euro, el real, etcétera. Por flexible queremos indicar que la propuesta no consiste en cambiar el monopolio del peso por el monopolio del dólar. El planteo consiste, en cambio, en dar libertad de elección a los individuos y empresas para que elijan qué moneda utilizar en lugar de que les sea impuesta por el Estado. Dada la demanda de dólares, es de esperar que el primer paso al salir del peso sea hacia el dólar. Pero no hay motivos por los cuales restringirle al mercado la posibilidad de migrar a otra moneda si así lo considera conveniente. En otras palabras, la propuesta sugiere pasar del monopolio del peso a la libre elección monetaria.

Es importante tener presente que existen casos de economías dolarizadas o atadas al dólar que no han caído en desgracia. Hong Kong es, posiblemente, el caso más llamativo. A pesar de lo disminuido de su geografía es una de las economía más competitivas a nivel mundial. Argentina, en cambio, posee recursos naturales y una gran variedad climática empero de lo cual no logra desarrollarse. En oposición a lo que algunos parecen considerar apropiado, la competitividad se obtiene con buena infraestructura, bajos impuestos, y un buen clima de negocios, no con un tipo de cambio devaluado disfrazado con el eufemismo de “tipo de cambio competitivo”. Si devaluando se ganase competitividad, Argentina sería una potencia económica mundial, y no un país con una industria temerosa de competir en igualdad de condiciones en el plano internacional.

Otro caso es el de Ecuador, país que no se caracteriza por una dirigencia política amigable al libre mercado. Ecuador dolarizó su economía en el 2000 y desde entonces ha tenido uno de los períodos monetarios de mayor estabilidad en su historia. Panamá es, también, otro del que no se puede decir que la dolarización haya dañado a su economía. De hecho, Panamá fue un país que a pesar de no tener un banco central, o quizás gracias a ello, se ha recuperado rápidamente de una crisis internacional tan severa como la del 2008. Si bien Argentina posee una economía mayor a la de los países arriba mencionados, su tamaño respecto a la economía de Estados Unidos es similar al de varios estados como Missouri, Connecticut, Louisina y Oregón. No se escuchan voces, sin embargo, sosteniendo que estos estados deben abandonar el dólar y emitir su propia moneda. No hay nada natural ni superior per se en tener una moneda nacional. La estabilidad y desarrollo económico dependen de un sistema monetario estable y confiable, sea éste nacional o no.

Banca libre

Por banca libre entendemos el permiso a los bancos de emitir sus propias notas convertibles contra el dólar o el dinero fiat que consideren apropiado. Esto, que si bien puede parecer una idea extrema en Argentina y que nada tiene que ver con el caso de bonos provinciales como lo fueron los Patacones, no sólo ha sido práctica común en la historia económica, sino que se encuentra hoy día presente en países con buen desarrollo económico como Irlanda, Escocia y Hong Kong. En Escocia, por ejemplo, se estima que el 90% de las notas en circulación son de emisión privada. Hoy dos motivos por los cuales éste es un aspecto cuya importancia no puede exagerarse.

En primer lugar, la emisión privada de notas convertibles contribuye a la estabilidad financiera del sistema al ser una fuente extra de ingresos que permite diversificar el riesgo. A su vez, la competencia del sector puede traducir estos ingresos en beneficios extra a los clientes a través de mejores tasas de interés, servicios, premios, etcétera. Es decir, el señoreaje de la emisión de dinero queda en Argentina en lugar de quedar en la Reserva Federal de Estados Unidos. La ganancia estimada de la emisión de notas privadas para Irlanda y Escocia en el 2005, por ejemplo, llega a un valor de 145$ millones de dólares. Estos ingresos se traducen en puestos de trabajo, inversión, estabilidad financiera, etcétera. En segundo lugar, la posibilidad de emitir notas convertibles contribuye a la estabilidad macroeconómica al dar mayor flexibilidad a la oferta de dinero ante cambios en la demanda de dinero. Los casos históricos comparados de banca libre como el canadiense y el escocés frente a los mal llamados “banca libre” en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente muestran que dichos sistemas (Canadá y Escocia) son más eficientes y estables que aquellos donde existen regulaciones al sistema financiero (Estados Unidos e Inglaterra.) La Reserva Federal y la regulación financiera no pudieron evitar numerosas quiebras de bancos durante la Crisis del 30 en Estados Unidos, mientras que en Canadá, bajo un sistema competitivo y sin banco central, ningún banco debió cerrar sus puertas.

Nótese que esta propuesta no implica una multiplicidad de tipos de cambio o unidades de cuenta dado que cada banco emite su propia nota convertible contra la misma moneda, por ejemplo el dólar. Del mismo modo que puede haber cheques de distintos bancos contra pesos, las notas convertibles de los bancos serán contra otra unidad de cuenta como el dólar, el euro, o la que sea la moneda elegida por el mercado. Los precios de los inmuebles, por ejemplo, pueden estar nominados en dólares indistintamente de cual sea el banco a través del cual se realiza la transacción.

Vale hacer una aclaración más sobre el problema de estabilidad financiera. Es común escuchar decir que la crisis del 2008 muestra que la desregulación del sistema financiero termina en graves problemas económicos. Esta es una afirmación curiosa, dado que el sistema financiero no sólo es el mercado regulado, sino que depende de un monopolio estatal. La crisis del 2008 tuvo poco que ver con fuerzas de mercado y mucho que ver con errores de política monetaria y regulaciones gubernamentales. Es equívoco insistir con una crisis de libre mercado haciendo referencia al 2008 cuando aquella se desató en el mercado menos libre dependiente de monopolios estatales.

¿Soberanía monetaria?

Que la Argentina no debe renunciar a la soberanía monetaria es, quizás, el argumento más repetido contra una propuesta de estas características. Pero entendemos que esto es un mal uso del término soberanía y su uso agrega más confusión que claridad al debate. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, soberanía nacional es la “que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. Ninguno de los países dolarizados arriba mencionados son menos soberanos por elegir libremente usar una moneda como el dólar. Los países de la Zona Euro, por ejemplo, no han renunciado a su soberanía al adoptar el euro. Lo que nosotros proponemos es devolver la soberanía al pueblo reduciendo así la posibilidad de opresión monetaria por parte del Estado argentino. Pero dado el alto poder de destrucción monetario de la clase política Argentina creemos necesario que el BCRA cese sus funciones como emisor de moneda para evitar la tentación política de abusar de esta facultad; 78 años de historia Argentina muestran el débil poder de autocontrol de la política Argentina.

Creemos que es cuestionable una soberanía en la cual el que vive en suelo argentino está sometido a una inflación anual promedio del 55% donde incluso se le prohíbe atesorar en dólares o en la moneda que desee. En una república, como dice ser Argentina en su Constitución Nacional, es el pueblo, no el gobierno, quien ejerce su soberanía a través del Congreso. Limitar el poder de opresión monetaria del estado da más, no menos, soberanía al pueblo.

Reflexiones finales

De poco sirve discutir política económica y monetaria bajo un esquema institucional que impone incentivos contraproducentes a la clase política. Hablar de “planes”, “correcciones al modelo” o de “eficiencia de gestión” son expresiones vacías de propuestas institucionales concretas. Países como Venezuela o Argentina no van a adquirir el nivel desarrollo de países como Suiza, Inglaterra, Alemania o Canadá por mejorar la calidad de gestión; lo que estos países necesitan es mejorar sus instituciones.

Con Ravier esperamos que este documento contribuya a un debate mejor informando y con posiciones más abiertas que la miope visión que se deja ver en parte importante del debate político actual.

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Según el argumento de los grupos concentrados, hay grandes empresas que al tener poder monopólico aumentan los precios buscando capturar mayores rentas siendo el verdadero origen del flagelo de la inflación. De este modo, el kirchnerismo puede al mismo tiempo argumentar que ellos no son responsables de la alta inflación quitando el foco de atención del banco central y presentarse como los protectores del consumidor frente al gran empresario. Cuando el asalariado ve sus ahorros derretirse a un ritmo del 25% debe agradecer al gobierno el hacer todo lo posible por ayudarlo en lugar de responsabilizarlo por este problema. ¿Pueden, sin embargo, los grupos concentrados producir inflación?

En primer lugar, es importante distinguir entre monopolios naturales y monopolios legales o artificiales. El monopolio legal no es otra cosa que el resultado de la escasez que hay en el mundo de recursos productivos. Dado que los recursos son escasos, es posible que en ciertos mercados no haya lugar para más de un productor (especialmente cuando los costos fijos de operar son altos). Por ejemplo, no siempre es eficiente tener dos tendidos de cañerías para proveer agua o gas dado que no hay suficientes recursos para hacer esto de manera rentable, o dos líneas de tren en paralelo. Hay otro usos alternativos más importantes que una segunda cañería o dos trenes haciendo exactamente el mismo recorrido. Supongamos por un momento que la tesis de los grupos concentrados es correcta y estas empresas monopólicas pueden aumentar los precios un 25% sin perder clientes. El resultado ha de ser un notable incremento en la rentabilidad, lo cual atrae competidores al sector en busca de estas altas rentas. Ahora sí sería posible, por ejemplo, instalar una segunda red de cañerías.

Los monopolios legales o artificiales son distintos. En este caso el poder monopólico proviene de un beneficio que el estado otorga a algunos productores en particular. Al no permitir la competencia, el estado permite que los productores beneficiados ofrezcan sus productos a precios mayores a expensas del consumidor. El monopolista legal no debe temer perder el mercado frente a la competencia y por lo tanto no tiene incentivos para mantener sus precios en niveles competitivos ni ofrecer productos de calidad. Es decir, en la medida que la tesis kirchnerista de los grupos concentrados sea cierta, la solución es muy fácil, eliminar las regulaciones y favorecer un ambiente competitivo. Tengo mis dudas de que el Kirchnerismo y los que mantienen esta posición lo hagan de manera consistente.

El problema es que los grupos concentrados pueden, a lo sumo, tener un efecto de única vez en los precios relativos, pero no en el nivel de precios. Lo que esta explicación olvida es de dónde proviene el dinero para pagar aumentos de precios del 25% anual. La siguiente tabla muestra una situación inicial, Caso 1, donde hay dos bienes, uno monopólico y otro competitivo. Los dos bienes se producen en la misma cantidad y tienen el mismo precio. La tabla también muestra la oferta de dinero del mercado, la demanda de dinero y el circulante que los consumidores destinan a la compra de estos dos bienes. La última columna muestra el nivel de precios en cada caso. ¿Qué sucede si el productor del bien monopólico decide ejercer su poder de grupo concentrado y aumenta el precio un 25%, llevándolo de 100$ a 125$?

Asumiendo (1) que la cantidad de dinero no varía (dado que no es causa de la inflación según la teoría de los grupos concentrados), (2) que el monto total de dinero (40.000$) usado para comprar estos bienes tampoco varía y (3) que la cantidad consumida del bien monopólico no varía (lo cual es muy poco realista), entonces pueden suceder dos cosas. En el Caso 2, reducen su consumo del bien competitivo que mantiene su precio constante en 100$. En elCaso 3 el productor del bien competitivo reduce el precio a 75$ para mantener la venta de unidades constante en 200. En el Caso 1 el precio relativo de bien monopólico (pBP) respecto al bien competitivo (pBC) es pBM/pBC = 1. En el caso 2 y caso 3 el precio relativo cambia a 1.25 y 1.66 respectivamente.

¿Cómo hace el productor competitivo para subir también sus precios un 25% y no perder clientes si los consumidores no tienen más dinero para gastar? No es posible gastar el dinero que no existe, por lo que no es posible tener un aumento generalizado del nivel de precios sin un aumento en la cantidad de dinero (o una disminución en la demanda de dinero). Siguiendo el argumento de los “grupos concentrados”, estos productores podrán a lo sumo cambiar el precio relativo de sus bienes respecto a otros en el mercado, pero no pueden afectar el nivel de precios. Es importante recordar que el nivel de precios es la inversa del precio del dinero, por lo que depende de la demanda y oferta de dinero, no de la estructura de mercado que define precios relativos, no su nivel. Distintos niveles de precios pueden tener los mismos precios relativos. Esta explicación confunde, en definitiva, precios relativos con nivel de precios. Los cambios que muestra la tabla son de una única vez, el productor monopólico no puede aumentar su precios un 25% cada año sin perder consumidores. No es, en definitiva, algo que pueda suceder permanentemente.

El único caso en que el nivel de precios muestra una variación es cuanto se reduce la cantidad producida del bien competitivo. Lo realista, sin embargo, es asumir que también hay una reducción en el consumo del bien monopólico. Es decir, en términos reales el PBI disminuye. Es porque hay menos bienes respecto a la cantidad de dinero que el nivel de precios sube de 100 a 114 (menos que el 25% del bien monopólico). En el caso 3, el nivel de precios se mantiene constante, lo que quiere decir que el problema es un cambio de precios relativos, no de nivel de precios, el aumento en el precio del bien monopólico produce una disminución en la demanda del bien competitivo. La realidad, por supuesto, será una combinación de los casos 2 y 3 y alguna reducción en la demanda del bien monopólico.

Se podrá argumentar que los grupos concentrados producen bienes que deben ser utilizados para producir una gran cantidad de bienes, transfiriendo así el aumento de precios al resto de la economía. Si el precio de la energía sube, entonces el precio de todos los bienes que se producen haciendo uso de energía también suben. Esta explicación adolece de varios problemas. En primer lugar, en Argentina las tarifas están reguladas, por lo que es difícil aplicar este caso. En segundo lugar, desde la llamada “revolución marginal” en economía es claro que son los precios finales los que determinan los costos de producción, no los costos de producción los que determinan los precios de consumo. Así como en Astronomía el ver a los planetas y estrellas girar alrededor de la Tierra llevó a creer que la Tierra era el centro del Universo, en economía hay que tener cuidado de no caer en el efecto visual de creer que los costos determinan precios finales. La revolución marginal fue a la economía lo que la revolución copernicana fue a la Astronomía. En tercer lugar, esta explicación asume como punto de partida aquello mismo que debe explicar: un aumento de precios. Asumir la inflación para explicar la inflación no es una argumento válido para decir que este no es un problema monetario.

Una vez despojada de la retórica kirchnerista, y analizando el argumento de los grupos concentrados con mayor cuidado, vemos que en definitiva es necesaria una expansión monetaria para que los precios suban constantemente. Podría decirse, que algo de verdad esta teoría tiene. En definitiva la inflación es el resultado de un monopolista estatal en particular: el banco central. De poco sirve hacer la vista gorda al origen del problema esperando que desaparezca por arte de magia o mediante anacrónicos controles de precios.

No es casualidad que la inflación haya comenzado a identificarse como un problema serio alrededor del 2007, justamente cuando hay un quiebre en el comportamiento de la base monetaria y cuando comienza la intervención del INDEC. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la inflación depende de la oferta monetaria total, de la cual la base monetaria (lo que imprime el BCRA) es sólo una parte. El total de dinero que se puede utilizar en el mercado es la base monetaria más depósitos creados en el sistema bancario (lo que los bancos prestan luego de mantener un monto en reservas). Si, por ejemplo, una persona deposita $100 físicos en el banco y el banco mantiene $10 en reservas para hacer frente a retiros y presta los $90 a otra persona, entonces estas dos personas pueden gastar juntas un total de $190 por más que la “base monetaria” sea sólo de $100. De todas maneras, los datos de expansión de base monetaria muestran una correlación llamativa con las tasas de inflación. El siguiente listado muestra la expansión monetaria anual junto a la inflación anual desde el 2007 en adelante.

2007: expansión monetaria = 24.0%, inflación congreso = 25.7%
2008: expansión monetaria = 10.2%, inflación congreso = 23.0%
2009: expansión monetaria = 11.8%, inflación congreso = 14.8%
2010: expansión monetaria = 31.1%, inflación congreso = 27.9%
2011: expansión monetaria = 39.0%, inflación congreso = 22.8%
2012: expansión monetaria = 37.9%, inflación congreso = 25.1%
2013: expansión monetaria = 24.5%, inflación congreso = 25.0% (datos anualizados)

Si bien es cierto que en los años 2008, 2009 y 2013 el ritmo de expansión monetaria disminuyó pero las tasas de inflación se mantuvieron estables (especialmente en el 2008 y en el 2013), no es menos cierto que hay una llamativa correlación entre expansión monetaria e inflación. Es importante tener en cuenta que la relación entre excesos monetarios y movimientos en el nivel de precios no es automática. La tasa de inflación no sólo depende de la oferta de dinero, también depende de la demanda de dinero y del nivel de producto; por lo que la inflación puede ser algo mayor o menor a la expansión monetaria. Al movimientos de estas otras variables hay que sumarle el rezago que la expansión monetaria puede tener sobre el nivel de precios. Los efectos de la expansión monetaria pueden demorarse varios meses, incluso más de un año, en llegar al nivel de precios. Por eso no es sorpresa que la inflación caiga en el 2009 pero no en el 2008 ni en el 2013, que es cuando se disminuye el ritmo de expansión monetaria. Igual que la ley de gravedad, las leyes económicas ignoran la existencia de calendarios anuales. No hay motivos por los cuales asumir que una expansión de, por ejemplo, 30% de oferta monetaria deba aumentar los precios en la misma proporción en el mismo año y no parte en el año corriente y parte en el año siguiente. ¿Rechazaríamos la idea de que la emisión genera inflación si la base monetaria se expande un 30% el 31 de diciembre afectando a los precios al año siguiente?

Si tomamos el período 2007-2013 como uno sólo, vemos que la expansión anual promedio de la base monetaria es del 25,2% y la inflación congreso promedio anual para el mismo período es de 23%. Si bien correlación no es causalidad, es difícil ignorar la relación entre ambas variables. Decir, entonces, que debido a que en un año puntual que elegimos arbitrariamente la inflación se mantuvo constante a pesar de una reducción en el ritmo de expansión monetaria no es argumento sólido de que la emisión monetaria no genera inflación. Es quedarse con el árbol y perderse el bosque. Es todo el período, no algunos años, lo que hay que analizar.

También se sostiene que países como Estados Unidos han expandido su oferta monetaria tanto o más que Argentina sin sufrir inflación. Esto tampoco es un misterio. La inflación depende de aumentos en agregados monetarios como M2 (base monetaria más depósitos a la vista, etcétera) que representan la totalidad de la oferta. Si comparamos, entonces, el M2 de Argentina y Estados Unidos vemos que se comportan de manera muy diferente. La diferencia fundamental es que, dada la crisis financiera de Estados Unidos, la expansión de base monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) es mantenida como reservas por parte de los bancos comerciales en lugar de ser volcada al mercado. Más precisamente, la Fed le paga intereses a los bancos por mantener reservas depositadas en la misma Fed. Por ejemplo, la Fed emite 100 USD y se los presta a un banco. El banco deposita los 100 USD en la Fed y cobra intereses. De este modo, la Fed expande la base monetaria sin afectar sensiblemente M2. ¿Por qué hace esto la Fed? Entre otros motivos, porque a diferencia del BCRA, los directores de la Fed sí creen que la expansión monetaria genera inflación.

El siguiente gráfico muestra la evolución de M2 entre el 2007 y el 2012 para Argentina y Estados Unidos. Las series están indexadas en 100 para el año 2007. De este modo se puede apreciar fácilmente la expansión acumulada durante este período. Entre el 2007 y el 2012, en Estados Unidos la oferta monetaria total (M2) se expandió a un ritmo promedio anual del 7%, mientras que en Argentina lo hizo a un promedio anual del 26% (ignorando el salto al final de la serie.) No es casualidad ni misterio, por lo tanto, que en Estados Unidos no haya signos de alta inflación pero sí los haya en Argentina. Los datos duros que se usan para criticar la idea de que la expansión monetaria genera inflación se ablandan rápidamente si observamos las series económicas con mayor cuidado.

La relación entre cambios en la oferta monetaria e inflación no deberían ser sorpresa. El dinero no deja de ser otro bien en el mercado, y como tal también posee un precio. El precio del dinero es su poder adquisitivo, que es la inversa del nivel de precios (1/P). Supongamos que el Sr. A da 2 manzanas (m) al Sr. B a cambio de una naranja (n). Para el Sr. A, comprar una naranja tiene un precio de 2 manzanas por una naranja (p = 2m/1n). Para el Sr. B, el precio de una manzana es media naranja, es decir, 1/p. Exactamente lo mismo sucede con intercambios monetarios; quien compra un bien a cambio de dinero opera con una contraparte que compra dinero vendiendo bienes (por más que luego utilice el dinero para comprar otros bienes y servicios.) El “precio de los bienes y servicios producidos en una economía” es el nivel de precios P, y el precio del dinero es, por lo tanto, 1/P (cuántos de estos bienes y servicios compra una unidad monetaria.)

Un aumento en la oferta de dinero lleva a una reducción en su precio (poder adquisitivo), igual que sucede con cualquier bien en la economía. Una caída en el precio del dinero es una disminución de 1/P, lo cual sucede cuando aumenta P, es decir, cuando hay inflación. Negar la relación entre oferta y demanda de dinero por un lado e inflación por el otro no es otra cosa que negar la ley de demanda y oferta. Negar la relación entre oferta monetaria e inflación es, en resumen, negar el análisis económico al fenómeno inflacionario.

El problema de la inflación no reconocida no es menor. Si ya de por sí es esto una cuestión seria, los “errores” en la medición de la inflación afectan a otros indicadores claves como el PBI real sobre el cual se construye el relato oficialista del crecimiento a tasas chinas. No es casualidad que el Banco Mundial haya dejado de publicar no sólo los datos de inflación, sino también los del PBI real desde el 2007 en adelante. Dado que representantes del oficialismo, por ejemplo, Insaurralde, reconocen que la inflación no es la del Indec, es de interés preguntarse qué sucedería con el PBI real si ajustamos la cifras oficiales del Indec por las tasas anuales de inflación publicadas por el Congreso. En esta ocasión quiero comparar tres series: (1) el PBI real [oficial], (2) el PBI real [no oficial] –corregido por Inflación Congreso– y (3) cuál hubiese sido el PBI real si la dirigencia política nos hubiese ahorrado la recesión de 1997 que culminó en la crisis del 2001.

El siguiente gráfico muestra el PBI real [oficial] (línea negra), el PBI real [no oficial] (línea negra punteada) y el cuál hubiese sido el PBI real de ahorrarnos la crisis del 2001. Esta última serie se encuentra en azul punteado y asume que Argentina converge a la misma tasa de crecimiento que el resto del mundo en 2003. Es decir, la economía de Argentina no es ni más ni menos pujante que la del resto del mundo.

Si bien el ajuste por Inflación Congreso no deja de tener imprecisiones, el resultado que se ve en el gráfico ofrece algunas reflexiones. En primer lugar, le llevó diez años al PBI oficial volver a cuál hubiese sido su valor sin la crisis fiscal del 2001. Las crisis no sólo son caras en términos económicos, también lo son en tiempo. Diez años que, por cierto, nadie puede devolver a los argentinos. En segundo lugar, una gran parte de las “tasas chinas” fueron en realidad recuperación económica, no crecimiento genuinamente hablando. Crecimiento económico es aumentar la capacidad productiva, no agotar la capacidad ociosa recuperando el terreno perdido. El faltante de energía, por ejemplo, es un claro signo de la falta de crecimiento genuino. Es difícil por parte del oficialismo sostener que se han logrado maravillas económicas que al final de cuentas dependen en gran medida de una recuperación económica que muestra dificultades a la hora de transformarse en crecimiento sostenido. Con esto no quiero decir que no haya habido nada de crecimiento económico, pero sí notar que obviar el peso que tiene la recuperación luego de una fuerte crisis fácilmente puede llevar a vender relatos que no son tales. En tercer lugar, el gráfico también muestra que al ajustar el PBI por la Inflación Congreso aún no hemos vuelto a los valores del PBI real en que Argentina podría haber estado transitando hace ya más de 10 años.

Dado que la diferencia entre el PBI real [oficial] y el PBI real [no oficial] no es menor, vale la pena comparar las tasas de crecimiento anuales de cada serie para tener una idea resumida de cuál ha sido la performance Argentina al ajustar los datos oficiales por la Inflación Congreso. Los siguientes puntos muestran la tasa de crecimiento anual del PBI mundial, del PBI real [oficial] y del PBI real [no oficial]:

· PBI real Mundial (1997 – 2012): 2,6%

· PBI real Argentina [no oficial] (1997 – 2012): 0,8%

· PBI real Argentina [no oficial] (2002 – 2007): 6,8%

· PBI real Argentina [no oficial] (2002 – 2012): 2,9%

· PBI real Argentina [no oficial] (2007 – 2012): -0,8%

Algunas conclusiones a resaltar. Para el período 1997 – 2012 Argentina ha crecido a un ritmo menor que el resto del mundo incluso habiendo tenido altas tasas de crecimiento/recuperación para el período 2002 – 2007. Esto quiere decir que en términos relativos, Argentina se ha vuelto a los ojos del mudo, un país más pobre, no un país más rico. Es flaco consuelo sostener que se ha crecido algo cuando el resto del mundo puede hacerlo varias veces más rápido. Sólo en el período 2002 – 2012 Argentina muestra una tasa de crecimiento similar a la del resto del mundo (cuya tasa es la misma que en el período 1997 – 2012.) Una magra superioridad de 0,3% difícilmente pueda ser un buen respaldo del relato oficialista. Finalmente, para el período que se inicia con la intervención del Indec en el 2007 se ve una tasa de crecimiento negativa (esto se debe a una caída en el PBI [no oficial] en el 2012.) El paso del 6,8% para el período 2002 – 2007 al -0,8% para el período 2007 – 2012 muestra que el modelo K no fue otra cosa que un proyecto populista financiado con viento de cola, inflación e hipotecando crecimiento a futuro. La alta inflación da por tierra con el relato de la década ganada. El -0,8% para el período 2007 – 2012 coincide con el -0,9% de crecimiento negativo de la década perdida del gobierno de Alfonsín (1983-1989.) Es decir, el kirchnerismo ya ha producido un lustro perdido. ¿Qué va a hacer con los dos años que aún tiene por delante?

Por un lado, el oficialismo tiene un diagnóstico errado de sus propios logros económicos. Por otro lado, Argentina arrastra problemas de fondo que trascienden al kirchnerismo. El gobierno de Alfonsín, el de Menem y el kirchnerista están marcados por el mismo problema: déficit fiscal. Lo que ha cambiado es el modo de financiar los déficits, no el problema de fondo. La oposición, que dice ofrecer una alternativa distinta al kirchnerismo, debería trabajar junta, en lugar de separada, para asegurarse que crisis como la del 2001 no se repitan y Argentina no siga atrasándose respecto al resto los países. Mientras la clase política siga utilizando los déficits fiscales para financiar proyectos políticos de corto plazo, cambiarán los nombres del oficialismo de turno, pero los problema de fondo seguirán sin resolverse y las comparaciones entre Argentina y países como Australia y Canadá seguirán siendo desafortunados deslices en lugar de comentarios serios.