Para la clase capitalista si los salarios acompañan todo esto, nada habrá tenido sentido. Es decir, se pretende una reorganización económica donde el “ancla” antiinflacionaria sean precisamente los salarios y jubilaciones, y con ellos un enfriamiento de la economía que evite una híper. Algo que ya empezó con el “amesetamiento” de la actividad económica, como resultado de una caída del Mercosur, del cepo cambiario y de importaciones, y el deterioro del poder adquisitivo en 2013.

Por otro lado, este ajuste se hace cada día más difícil hacerlo en cuotas. Lavagna, referente económico de Massa, ha dicho “el rodrigazo en cuotas no funciona”. González Fraga, el ex presidente del Banco Central radical, es más preciso e indica que hay que partir de una devaluación importante para después hacer “flotar” el tipo de cambio. Remes Lenicoff, el ex ministro de Duhalde, puso hace un mes el tipo de cambio oficial “lógico” en ocho pesos.

Es decir, se está discutiendo y preparando un rodrigazo, que en resumen significa un golpe de tipo de cambio, precios y tarifas, contra el salario. Cuando los precios aumentaron un 100%, Isabel Perón fijó un tope en paritarias de 45%. Por ello, estalló la huelga general de junio-julio de 1975.

Para la clase obrera es un momento decisivo. Así lo ha interpretado la burocracia sindical. Todas sus alas discuten, finamente, cómo evitar la reacción obrera que puede hacer saltar por el aire todo el giro kirchnerista que capitanea Kicillof: pacto Chevron, resarcimiento a Repsol, pagos al Ciadi, negociación con el Club de París y el FMI. El giro al capital financiero, luego de vaciar el Banco Central y el ANSES, el pase de facturas a los trabajadores ante el fracaso de la montaña de subsidios a las privatizadas.

Todas las alas de la burocracia aportan a la discusión de la “gobernabilidad” (que se haría contra los trabajadores). Hasta sueñan con la “unidad”. Moyano y Barrionuevo, los anti-K, acordaron un plenario cuyos ejes son la “paz social” y la “unidad del movimiento obrero”, la “inflación y la seguridad” y, al final de todo eso, “paritarias libres”, algo imposible si empezamos por la paz social.

Massa y su referente Héctor Daer, que no rompe con la CGT oficial, han ido más lejos, buscando liderar una alternativa política en el país. Primero, paritarias ya, en enero, para los docentes, para cerrar urgente y no llegar a marzo discutiendo con los docentes en las aulas. Algo que Scioli agarró más rápido que corriendo convocando la mesa salarial.

Pero Daer dio una pauta estratégica. Propone que, al contrario de lo que siempre se hace, se convoque al Consejo del Salario antes de paritarias, para que sea el elemento “ordenador” de las paritarias. El porcentaje resuelto entre las patronales con las centrales amigas, con presidencia de Tomada y Cristina, sería la pauta salarial para todas las paritarias. Si arreglan con Moyano y Barrionuevo, los convocan también.

Como dijo un burócrata “nadie quiere ser la UOCRA de 1975″, que junto a un puñado de gremios firmó la pauta de Isabel y quedaron colgados del pincel. Toda una línea la de Massa y Daer para que el conjunto de la burocracia arregle el salario y deje las manos libres al gobierno para ajustar luego de los convenios.

Para ello están anudando acuerdos “puente” hasta marzo, en bajos porcentajes, mientras se arma el paquete final. Pereyra, el moyanista de petroleros, acordó el 13% marcado por Galuccio hasta marzo. Incluso, los porcentajes finales podrían no ser tan bajos, porque luego la burguesía y el gobierno los absorben mediante la devaluación y aumentos posteriores a la paritaria. Lo importante no son tanto los importes o porcentajes como la relación que haya entre inflación real y salarios.

Para que todo funcione se prepara también un índice de costo de vida que habría llevado la incidencia del transporte y servicios del 8 al 2% en la canasta, de manera que el nuevo IPC modere el verdadero impacto del tarifazo en marcha. Si las paritarias nunca fueron libres -recordemos los topes de Moyano-, ahora lo serían menos que nunca. Lógicamente, el armado es precario, con una burocracia atomizada y un gobierno sin autoridad política y sin un referente claro de la oposición 2015. El movimiento obrero tiene por delante un enorme desafío.

Desde luego, desplegar un programa es clave. Los 8.500 pesos de mínimo deben ser acompañados con la indexación trimestral bajo control obrero, porque en un escenario como el actual, importa tanto el importe de arranque como el mecanismo para evitar la confiscación inflacionaria posterior. Por supuesto, la asamblea y los reclamos paritarios votados en ellas son la vía para disputar a las burocracias el control del proceso. La burocracia pro-K del sindicato aceitero de San Lorenzo acaba de quebrar la paritaria de la Federación que reclama 9.797 pesos de mínimo, aceptando un acuerdo puente por el 16,5% hasta marzo inclusive, la línea de la Unión Industrial.

Más temprano que tarde, el movimiento obrero estará en la necesidad de una respuesta de conjunto ante un golpe de conjunto. Por ello consideramos apropiado a la etapa que se abre el planteo de un Congreso de Delegados de Base, electos por asamblea de todo el movimiento obrero, de los sindicatos, las CGT y CTA, para discutir el salario y las paritarias, las jubilaciones y un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis.

Se trata de un planteo que atiende la necesidad de una intervención del movimiento obrero en la crisis y da un método para quebrar el cepo de la burocracia. Nos da, además, una guía para convocatorias y autoconvocatorias de delegados y activistas en gremios y zonas que apunten al planteo general. Que no pase el rodrigazo que preparan la patronal y sus partidos políticos.

El disparador para abordar esta temática fue el propio Indec, que registró un alarmante 34,5% de trabajo informal, un aumento respecto de mediciones anteriores. Se trata de 4,3 millones de trabajadores no registrados. Si sumamos los 600 mil tercerizados, los trabajadores por agencias de trabajo temporario, los contratados y monotributistas que son, en realidad, asalariados disimulados -especialmente en el Estado-, más becarios, pasantes y otras modalidades “noventistas” de estos días, la mitad de la fuerza de trabajo argentina está precarizada. Ese era el número de trabajadores en negro en medio de la catástrofe devaluatoria 2002/3.

Otra faceta de esta década “negra” es el componente negro del salario, cuestión que se extiende tanto al ámbito privado como al estatal. Gran parte del sueldo de los 800 mil docentes está formado por cifras “no remunerativas” y “no bonificables”, dos variedades del negro salarial. Precisamente, los 150 mil docentes universitarios dieron un gran salto cuando conquistaron el blanqueo por medio de la gran huelga general de 2005; no obstante, no se cumplieron los compromisos de incorporación de los ad honorem y éstos siguen siendo más de 20 mil.

Esta geografía del mercado laboral argentino es la que garantiza que el 50% de la fuerza laboral gane menos de 3.800 pesos, el 40% de una canasta familiar bien medida. En resumen, la década “ganada” se basó en el fraude laboral, el trabajo en negro y la precarización, garantizando una colosal recomposición de la tasa de ganancias y explotación capitalista.

Dentro de este universo se encuentra el trabajo esclavo y la trata con ese destino, estimada en 30 mil trabajadores en la Capital y cifras muy superiores en la provincia. Pero, como se aprecia, no se trata de un rayo en cielo sereno, sino de la manifestación más extrema de la flexibilización laboral que agravó la explotación social en las últimas décadas. La exteriorización del fenómeno por parte de algunas ONG no ahorran la tarea de intervención del movimiento obrero para terminar con esta barbarie.

De cara a esta realidad, los anuncios oficiales son irrelevantes. Lanzarían brigadas de delegados de los aparatos gremiales para acompañar a los ¡400! inspectores del ministerio que controlan la registración laboral. Además, plantearán para los evasores de las leyes laborales una controvertida inscripción en el Veraz, que no aceptan ni burócratas ni empresarios.

Pero esos 400 inspectores están ellos mismos, en su mayoría, precarizados: de los 4.000 empleados del Ministerio de Trabajo, ATE denuncia que 2.700 están con contratos o monotributos, el peor de todos los fraudes laborales. Por el lado de los sindicatos es aún peor. En gremios como gráficos o metalúrgicos, los “asesores” sindicales de las secretarías gremiales hacen la vista gorda en empresas sin afiliados al sindicato, sin delegados y donde impera la ley de la estancia, trabajo negro incluido. Este es uno de los motivos que lleva a que más del 80% de las empresas no tengan delegados en el país con más tradición de organización sindical fabril de toda América.

La burocracia de los Caló, los Gerardo Martínez y los Venegas es socia estratégica del trabajo en negro y de la precarización laboral, desde que ella misma es titular de empresas tercerizadas como Unión del Mercosur de Pedraza u All Clean de Sergio Sasia, su sucesor en la Unión Ferroviaria. La burocracia es socia en el puerto de Mar del Plata, donde el 60% de los trabajadores son conchabados en falsas cooperativas.

Revertir esta década “en negro” no podrá resolverse con un proyecto de ley, puesto que el trabajo en negro ya está prohibido. Es una tarea integral de organización del movimiento obrero, unificándolo por encima de las diferencias internas agravadas en la década K, organizando a la juventud precarizada, con comités de empresa electos por los trabajadores para su blanqueo -haya o no sindicalización previa-, dando estabilidad laboral a los trabajadores en negro que denuncien su situación y sindicalizándolos al mismo tiempo.

Estas tareas se combinan con la expulsión de la burocracia sindical, factor de contención de las tendencias de lucha y organización del movimiento obrero. Sólo tres sectores -construcción, Uatre y empleo doméstico- concentran un tercio de la fuerza laboral en negro. El Sitraic, en la construcción, es una punta de lanza para revertir este flagelo. Debe establecerse la vigencia del convenio principal en cada lugar de trabajo, para terminar con la tercerización. Todo contratado debe pasar a planta. También para esta lucha es necesario un bloque del Frente de Izquierda en el Congreso.