Desde luego en medio de estas contradicciones está el impuesto a las ganancias sobre los salarios que disparó el paro nacional y que está en la base del “engorde” de los reclamos de ciertas burocracias como la de Maturano de la Fraternidad. Esto se aprecia en los acuerdos petroleros de Pereyra que pactó tres cuotas de $7000 exceptuadas de ganancias. La excepción sean tal vez los aceiteros que fijaron una canasta familiar en la cifra exacta de $14931, surgida de los estudios de la Universidad de Rosario y el plenario de delegados del subte que votó, a instancias del clasismo, un pliego paritario para recuperar el salario y al mismo tiempo un bono compensatorio de ganancias. La radicalización de Daer, al menos en las cifras, viene de atrás y se explica por su debilitamiento en la base del gremio.

Scioli y los gobernadores habían logrado cerrar las paritarias docentes con menos paros que otros años, Caló, Cavalieri, Gerardo Martínez, están prestos a firmar los topes oficiales y todos ellos se apoyan, como otras burocracias menores, por caso gráficos, plásticos o textiles en la recesión industrial que atraviesa una nueva ola de suspensiones y quiebras.

Pero el escenario de la inflación no ha cedido a pesar de la recesión. Todas las mediciones ubican la inflación arriba del 2% mensual lo cual es una enormidad y la canasta de pobreza que mide la CABA alcanzó los $6000 cuando la mitad de los trabajadores ganan menos de $5500 según el INDEC. Convenios como el de la UOM, comercio, construcción o UPCN, los grandes gremios, se alejan cada vez más de la canasta familiar.

El paro nacional mostró el alcance de la inquietud en el movimiento obrero y al mismo tiempo la necesidad de un programa y una acción de conjunto.

Como están planteadas las cosas, las reivindicaciones del movimiento obrero deben ser planteadas como parte de un programa de conjunto que prepare a los trabajadores que enfrentan cierres o suspensiones, la cuestión del salario en referencia a la canasta familiar y la abolición de ganancias en los salarios de convenio. Esto último supone alterar todo el cuadro de ese impuesto confiscatorio, los mínimos no imponibles, la escala y el absurdo “piso” de Kicillof-Kirchner, de manera que la cuarta categoría rija para directivos empresariales y no para trabajadores.

La cuestión del paro de 36 horas y el plan de lucha, forma parte de un planteamiento de tipo político general a todo el movimiento obrero. La UIA salió a marcar la cancha a Scioli, Macri y Massa. Introdujeron el tema de la anulación de paritarias en función de algún tipo de pacto social futuro para acompañar el ajuste. Maturano ha denunciado que está presente la cuestión de la devaluación y de los ajustes de tarifas, pero en nombre de la unidad peronista futura de la CGT formó una nueva fracción y retarda un plan de lucha en función de un restringido acuerdo en el tema ganancias. Todos ahora se acuerdan que el gobierno acumula ya una deuda de 25 mil millones con las Obras Sociales: la política de Kicillof y Cristina colisiona con los sindicatos, donde pierde sistemáticamente la salud de la familia obrera.

Las “cocinas” de vieja dirigencia sindical empresarial paralizan al movimiento obrero. Nuestra tarea está centrada en organizar asambleas, mandatos y una vasta difusión del clasismo para que el movimiento obrero intervenga en la crisis con su propio programa, preparando las condiciones políticas y de lucha para que el ajuste lo paguen los banqueros y capitalistas. Nuestra propuesta es un Congreso de Delegados electos, con mandato, que vote debata y vote estos objetivos y supere la atomización creciente del movimiento obrero.

En este cuadro, se ha instalado el debate sobre un bono de fin de año. Por un lado, la UIA admitió la posibilidad de su pago, claro está, “de acuerdo con las posibilidades de cada empresa”. El Gobierno, por su parte, afirma que no es necesario porque el salario se ha “revalorizado”. Compara el promedio de paritarias con los guarismos del “nuevo” (y tan fraudulento como siempre) Indec. El mismo gobierno que niega un bono salarial para todos los trabajadores, prepara bonos atados al dólar a favor de las cerealeras y otros especuladores, con el propósito de que éstos ofrezcan algo de los dólares que tienen acumulados.

El bono que todos quieren y nadie tiene

Por el lado de las filas sindicales, Yasky, el más oficialista de todos, pero también Caló, se subieron al carro del bono. En la misma línea está la CGT moyanista.

Es claro que este reclamo de “bono por única vez” es un operativo preventivo contra la gran cuestión que plantea la carestía: la necesidad de reabrir las paritarias para rediscutir los salarios 2014. La burguesía ha quedado escaldada por los saqueos y levantamientos policiales de fines del año pasado. Este año, la situación social es objetivamente más grave. En Buenos Aires, Scioli adelanta la discusión de las paritarias 2015 -que es lo contrario a reabrir paritarias-, mientras raspa el fondo de la olla para otorgar alguna migaja en las fiestas. Para la burocracia, el bono sería también una coartada para descomprimir las futuras paritarias y plantear aspiraciones salariales menores.

Pero, en verdad, la burocracia ni siquiera está empeñada en el propio bono, al menos como conquista de conjunto. Por ejemplo, la UOM de Caló ya aclaró que “no se negociará con las cámaras empresarias, sino empresa por empresa”. A su turno, Gerardo “Batallón 601″ Martínez deslizó que “lo negociará con los empresarios de la construcción, sin hacerlo público”. La burocracia no se aparta un milímetro del libreto de la Unión Industrial, que admite el bono, no ya como negociación por gremio, sino incluso por empresa. El propio Gobierno no rechaza esta vía, la de un bonus por empresa, “bajo cuerda”, el que no será homologado por el Ministerio de Trabajo. Hasta esta “preocupación” de la burocracia por el “pago de fin de año” es un fraude, porque deja a los trabajadores de cada fábrica o repartición librados a su suerte. No hay el menor atisbo de una lucha de conjunto, siquiera por el bono.

Unidad sindical

De Caló a Moyano, la coincidencia en reclamar el bono ha sido presentada como parte de las tratativas entre las burocracias oficialistas y opositoras en torno de una CGT unificada. El contenido de esta unidad es claro: por un lado, asegurar una sucesión presidencial sin los “tropiezos” de la convulsión social. Por el otro, ofrecer ese papel de contención al futuro gobierno, trátese de Scioli, Massa o Binner. Pero estas movidas de unidad revelan movimientos políticos más amplios, que involucran a los propios partidos a los que los burócratas, de una u otra manera, ligan su destino. Las condiciones convulsivas que planteará el arreglo con los buitres, acompañado de una nueva devaluación, tarifazos y ajustes, no sólo reclamarán el concurso de los burócratas: podrían obligar a recurrir en 2015 al gobierno o gabinete de coalición que Macri o Scioli insinúan para después de las elecciones.

Moyano ha sido muy claro al afirmar, en declaraciones radiales, que “acá asumirá un nuevo Gobierno, tendrá que aplicar medidas muy duras de ajuste y el movimiento obrero tiene que estar unido para acompañar”. Del otro lado, es conocida la promesa de Macri a los burócratas, de “ayudarlos a enfrentar a los troskos”. La capacidad de controlar al movimiento obrero -y, principalmente, de contrarrestar al clasismo- está presente en los debates de la burguesía y también en las movidas de Gerardo Martínez y Moyano en torno de la unificación. En lo inmediato, el gran “aporte” lo están haciendo Moyano y Barrionuevo, que han liquidado todo plan de lucha tras el paro de agosto, contribuyendo a aislar las presentes luchas. Por ejemplo, Cresta Roja, Cargill, Valeo o los gremios cordobeses que plantean la reapertura de paritarias, al igual que ATE y la flamante CTA combativa de Mendoza.

El rumbo político del movimiento obrero

La vinculación entre las reivindicaciones obreras, los sindicatos y la transición política demuestra que el movimiento obrero combativo y los luchadores no pueden escindir sus reclamos de una deliberación y una conclusión política de fondo, para que la clase obrera sea un factor activo y conciente en el desenlace de esta crisis. Esta es la cuestión que abordaremos ampliamente en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda, el próximo 8 de noviembre en el Luna Park.

Los oficialistas advierten un gobierno en demolición y algunos de sus alfiles se pasaron de bando; como Fernández de UTA, y Maturano de La Fraternidad. Caló forzó una reunión con Cristina para evitar más desbande. Yasky salió con un proyecto de ley sindical para cotizar su subordinación.

El moyanismo se muestra políticamente activo, pero no en movilizar a la clase obrera. Su eje es enhebrar acuerdos con la burguesía opositora, en torno a sus reclamos de “un plan integral”, “que restituya la confianza”, lo que lo puso en alianza con el golpista redomado Barrionuevo, y en una escenificación con Macri. Nada de esto tiene que ver con el salario, responde al santo y seña de llevar la política de devaluación y ajuste hasta el final.

Con el poder adquisitivo del salario en caída libre, toda idea de concertación, a lo que apunta la UIA y en la que machaca Binner, servirá a la línea del Rodrigazo: una brutal transferencia de ingresos mediante aumentos a la mitad de la inflación. Ese fue el sentido estratégico del “aumento” del 11,3% a jubilados con el que Cristina pretende retomar la iniciativa, por derecha, con un ataque en regla a las masas.

En resumen, todas las alas de la burocracia sindical apuntan a liquidar las paritarias, en un marco de crisis política. Pero, como operan en la cornisa respecto de las tendencias combativas del movimiento obrero, han ideado las “sumas puente”. Con ellas aceiteros, bancarios, UTA y petroleros, patearon a marzo-abril las paritarias, para firmar luego en un marco de conjunto. Sumas previas a otras paritarias que vencen más adelante tienen el mismo sentido.

Por abajo se han producido huelgas por 2.000 pesos en varios gremios municipales, el paro aceitero y el papelero fueron importantes. Las posibilidades de que esto cierre sin una irrupción huelguística dependen de la más criminal política de contención: una recesión que “modere” la inflación e inhiba a los trabajadores.

Ese proceso ya empezó: suspensiones en Fiat, Renault, corte de extras en GM, suspensiones en autopartistas y rumores agudos de centenares de despidos en VW Pacheco.

Al servicio de los “ajustes” patronales se han producido despidos de activistas y trabajadores en Celomat, Kromberg, Ecotrans, ESPN y Editorial Perfil, entre otras. Por ello hubo paros y conciliaciones, pero las patronales vienen por más y el ministerio mira para otro lado. Es claro que al lado del reclamo salarial, hay que exigir la prohibición de despidos.

En este marco, la paritaria docente será un primer round decisivo. El “dúo dinámico”, Capitanich-Kicillof, pretende plazos largos, cuando la burocracia quiere escapar por la tangente de acortarlos. Los Suteba combativos han fijado un reclamo de salario mínimo equivalente a la canasta familiar, Ademys en 6.000 pesos y las propias burocracias pejotistas en 5.500 pesos. El punto es reunir en asambleas a los docentes en cada escuela, y que un congreso general de delegados, mandatados por asamblea de toda la docencia del país, unifique un reclamo.

El movimiento obrero no puede enfrentar estas paritarias como una más. La defensa del salario (y las jubilaciones) tiene que ser el puntapié de un giro para que la crisis la paguen los capitalistas, mediante un plan económico discutido por los trabajadores. Reclamemos aumento de emergencia de 3.000 pesos para salarios y jubilaciones, mínimo de 8.500 pesos, actualización mensual, prohibición de despidos y suspensiones. Impulsemos asambleas y convocatorias de delegados en gremios y zonas, presentemos la perspectiva de un Congreso de Bases para abrir un rumbo a los trabajadores ante la crisis.

Bajo el peso de la presión popular, la derrota electoral del gobierno y la proliferación de movimientos fabriles contra el impuesto al salario, Cristina Kirchner estableció nuevos pisos en la cuarta categoría de ganancias -el llamado “impuesto al salario”. El movimiento de lucha contra esta confiscación tuvo fuertes manifestaciones desde abajo. La coordinación que nació en una asamblea de Fate (y que concretó el Sutna San Fernando) llevó adelante tres plenarios por esta reivindicación. Organizó una movilización de miles de compañeros el 24 de mayo pasado y se planificó otra para el 13 de setiembre, a la que adhirieron el Suteba La Plata, AGD-UBA, el Sitraic y el Suteba Tigre, entre otros, mientras comenzaba a extenderse a todos los sindicatos y cuerpos de delegados combativos. Justamente, la agrupación antiburocrática del cuerpo de delegados de Acindar llamó a movilizarse ese día, colocando el debate en la UOM de Villa Constitución. El secretario general de esa seccional de la UOM planteó un plenario de delegados y activistas en conjunto con la CGT San Lorenzo, por este tema para las próximas semanas.

En Chubut, los metalúrgicos de Aluar le impusieron a la patronal una compensación del 11 %, equivalente a los descuentos por ganancias. Mil camioneros de Aesa y Cliba de Capital Federal le pararon a Moyano al margen de su dirección, lo que disparó un paro nacional camionero contra el impuesto. Días después, la Federación Portuaria paraba por lo mismo.

Piumato se apuró a declarar “el triunfo de la CGT” moyanista. Pero es al revés: las centrales sindicales depusieron toda lucha desde aquel lejano paro del 20 de noviembre del año pasado. Por eso, el movimiento tomaba impulso desde abajo. Los Moyano y los Caló se dedicaron a ver con quién “jugar” en la descomposición del PJ, abandonando la lucha por una reivindicación que es responsabilidad, ante todo, de los sindicatos. Y trenzaron con listas patronales que sólo hicieron demagogia en relación con el punto.

Hubo sí, presión de la propia patronal de la UIA para que “el Estado se haga cargo”, porque los trabajadores no quieren hacer extras y, además, crecía el reclamo por aumentos compensatorios.

Una salida precaria

Ante todo, el piso que establece el anuncio presidencial se refiere a un salario bruto de 15.000 pesos. Por lo tanto, desafectará a los trabajadores y jubilados que ganan hasta unos 12 mil netos, según los descuentos. Luego -lo que es fundamental- se trata de una resolución de la AFIP hasta diciembre y no de una ley: es un piso transitorio y no la elevación en regla del mínimo no imponible, que sólo aumenta un 20% para los salarios mayores de 15 mil hasta 30 mil. La resolución, por otra parte, es a partir de septiembre y no es retroactiva. La eliminación del impuesto, por lo tanto, abarca sólo cuatro meses y termina a fin de año.

Estamos, entonces, ante una salida precaria, que deja en pie el principio de la confiscación impositiva del salario. Su futuro a partir de comienzos de 2014 es incierto y dependerá del conjunto de las finanzas del Estado, que en estas horas ha anunciado una nueva carga de la deuda (canje a fondos buitre) sobre el presupuesto público. Por otro lado, los anuncios de impuestos compensatorios a los dividendos y cierto tipo de transacciones de empresas serán objeto de debate parlamentario y sujetos a maniobras de todo tipo. Los monotributistas -cuya contratación suele encubrir una relación laboral precaria- no están contemplados en la resolución de la AFIP.

El “cambio” en asignaciones familiares es irrisorio, ya que extiende su vigencia en 110 pesos por hijo para los salarios de hasta 30 mil pesos. Es una bofetada a los obreros de la construcción y tantos asalariados por debajo de la canasta familiar. En este punto, daremos continuidad a nuestro planteo de asignaciones para todos, que sean acordes a los gastos de un hijo hasta los 18 años.

Reforzar la campaña por la abolición del impuesto

El recule oficial debe llevarnos a reforzar la campaña política del Frente de Izquierda alrededor de la posición y el proyecto de ley ya elaborado por el Partido Obrero, por la abolición del impuesto a las ganancias sobre todo salario convencionado, de carrera docente, estatal o judicial. Profundicemos el debate político en el movimiento obrero alrededor del objetivo de anular el impuesto, que -ya aprendimos- vuelve de la mano de la inflación cualquiera sea su actualización. El salario no puede ser confiscado para financiar el rescate a los capitalistas -sean los usureros de la deuda externa, las petroleras (vía importación) o los concesionarios que vaciaron los ferrocarriles. Sigue firme la bandera: abajo el impuesto al salario y asignaciones familiares para todos.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

En este contexto, Massa, rodeado de la burocracia sindical que lo acompaña, Roberti, Graciela Camaño de Barrionuevo y Héctor Daer, lanzó su proyecto para subir parcialmente las escalas del mínimo no imponible. Al lado de Massa y los burócratas estuvo en la presentación De Mendiguren, quien oportunamente, como jefe de la Unión Industrial, saludó la ínfima actualización anual 2013 del 16,7% por parte de Cristina. El proyecto de Massa mantiene el criterio del impuesto a las ganancias sobre los salarios y apenas actualiza los montos no imponibles a $10.700 para un soltero y 15.000 para la familia tipo. Estamos hablando de importes en bruto –o sea netos de 8.560 y 12000, deducidas las cargas sociales- que irán quedando desactualizados al ritmo de la inflación y la entrada en vigencia de nuevas cuotas paritarias.

En el caso del kirchnerismo, Recalde habla de un nuevo impuesto “a los ingresos”, borrando la frontera entre ganancias y salario y legitimando, por lo tanto, que se grave a este último.

De Guatemala a Guatepeor.

Hay otros proyectos. Pero todos, y particularmente Massa, han atado cualquier modificación a tener una “compensación para el fisco” en algún otro impuesto. De este modo, se asocian a los fines del impuesto al salario que apunta a cubrir el déficit que genera el pago de la usuraria deuda pública o los subsidios a las privatizadas. Por eso, condicionan una atenuación del impuesto al salario a la sanción de un impuesto a la renta financiera. Como éste llevará un largo debate, se trata de una excusa para darle largas al asunto, y preservar la confiscación impositiva sobre el salario. Nuestro planteo, en cambio, es la anulación del impuesto al salario sin condiciones, como primer paso de una reorganización impositiva integral y de un replanteo general sobre el carácter y las prioridades del presupuesto público.

Nuestro proyecto

Nosotros planteamos la abolición del impuesto a los salarios a partir de dos premisas. Primero, que los salarios y jubilaciones estén excluidos, incluso aquellos que resultan de la carrera escalafonaria en la administración pública, de la carrera docente o del convenio bancario. También la exclusión de las llamadas “locaciones de servicio” que encubren relación laboral. De manera que todo gravamen a los ingresos quedaría reservado a gerentes y ejecutivos que puedan estar encubriendo ganancias empresariales. En segundo lugar, y aun con la consideración anterior, el mínimo no imponible para un soltero sea equivalente a tres canastas familiares, hoy como mínimo en $8000. O sea, un mínimo no imponible de $24000, actualizable con el costo de vida, bajo control de organizaciones obreras y populares.En tercer lugar, planteamos que las presentaciones y/o pagos que el trabajador le corresponda hacer a la AFIP u a otro organismo del Estado, serán efectuados en forma directa por el titular. Las patronales cesan de actuar como agentes de retención y se las aparta del manejo de los aportes y obligaciones que por cualquier concepto le correspondan hacer al trabajador. Ha pasado a ser moneda corriente que los fondos que se descuentan al trabajador terminan siendo usados para otros fines, poniendo en riesgo el acceso y el uso de la obra social y su jubilación futura.

Estamos en contra de todo impuesto a los trabajadores para financiar al Estado capitalista. La abolición del impuesto al salario es parte de una lucha de conjunto contra los impuestos al consumo como el IVA y otros indirectos que van a los precios y se llevan hoy, al cabo de la década kirchnerista, un 40% del salario. Estamos en favor de un sistema impositivo que grave al capital financiero, agrario, comercial e industrial, de manera progresiva, lo mismo que a las grandes fortunas y a la especulación financiera e inmobiliaria.

Votar por la abolición del impuesto al salario es votar por el Frente de Izquierda.

Luego funcionaron los reflejos y Moyano largó de un día para otro una medida, sólo de su gremio, de un viernes a un lunes, impidiendo que se organizara un movimiento en otros gremios. Como jefe de la CGT, Moyano bloqueó en realidad un paro de todo el movimiento obrero que hubiera tenido lugar sin dudas, porque la confiscación salarial abarca a más de dos millones de trabajadores de todas las centrales obreras.

Moyano de esta manera buscó reacomodarse frente a sus propias bases, cuando hace 7 meses del gran paro nacional del 20 de noviembre luego de los cuales no hubo la continuidad necesaria de un plan de lucha para arrancar la anulación del impuesto o el elevamiento sustancial del mínimo no imponible. Al contrario, la presidenta lo actualizó sólo un 16,6% anual lo que hará que muchos más trabajadores paguen ganancias al ir cobrando las cuotas de paritarias.

Moyano al maniobrar así, sólo mediante su gremio, fracturó a un movimiento obrero que por abajo viene luchando, por caso los obreros de Aluar que han parado reclamando a su patronal un 11% para compensar el impuesto, lo mismo que una fracción del cuerpo de delegados de Siderca o el Sindicato San Fernando del Neumático en la fábrica Fate, que a su vez convocó todo un movimiento y una movilización al Ministerio por el tema.

Por otro lado, Moyano evitó un debate en la central obrera que preside que posiblemente hubiera dividido opiniones, puesto que están en listas distintas de la disgregación del PJ, como Venegas. Moyano no denunció ante la discreta concurrencia de la Plaza de Mayo, el uso regresivo de esos fondos para pagar intereses de una deuda pública usuraria o la montaña de subsidios a las empresas concesionarias de servicios y transportes, las mismas que han vaciado el ferrocarril, por ejemplo. Evitó así ubicar el reclamo en una política de conjunto a favor de los trabajadores.

Todo lo contrario, hizo eje en la reivindicación “peronista” ideológica, abstracta, y en el llamado a “no votar” a Cristina, lo que por parte de un integrante de la lista del empresario De Narváez, fue un llamado vergonzante a votar por un candidato del establishment, mirado con total desconfianza por los trabajadores y que lo que menos puede garantizar es un replanteo impositivo contra los capitalistas de los que es parte él mismo.

El llamado “peronista” a no votar a Cristina es también un aval indirecto a Massa, quien lleva en sus listas al macrismo y a un representante de la Unión Industrial y de los “gordos” de la CGT. Moyano, objetivamente, con esta movilización trató de salvar daños ante el potencial derrumbe electoral de la lista que integra y empezó a preparar no sólo la etapa del poskirchnerismo sino el éxodo del propio De Narváez para tratar de terciar en la futura sucesión de los Scioli o los Massa, con los que negoció hasta el último minuto anterior a la inscripción de las listas.

En las actividades del PO en el marco de la campaña del frente de izquierda participan cada día más trabajadores y aún delegados de gremios con influencia moyanista que acuden al debate con nuestros compañeros. La anulación del impuesto a los salarios es una bandera de fondo del Frente de Izquierda, somos partidarios de un plan de lucha hasta acabar con él, pero además forma parte de un plan de gobierno económico integral de los trabajadores, para reemplazarlo por impuestos progresivos a la renta financiera y a las grandes fortunas, algo que escapa por completo a una lista como la de De Narváez-Moyano y a las de todas la oposición que gobernó con el menemismo o con la Alianza, sean del PJ disidente o del frente Binner-UCR.