La Asociación de Abogados Laboralistas denuncia que se crean una serie de “asociaciones de empresas donde se disminuye notoriamente la responsabilidad de sus integrantes, invitando una vez más al fraude laboral”. Por ejemplo, la reforma contempla el contrato de agencia, que puede sustituir al viajante de comercio que tiene relación de dependencia, transformándolo en un trabajador falsamente independiente. Se trata de todo un avance en la legalización de los “monotributos”, mediante los cuales se disimula la relación laboral.

Horacio Schick denuncia que el proyecto “deslinda toda responsabilidad solidaria entre el franquiciante y el franquiciado, y lo admite sólo en caso de fraude laboral”, volteando así “el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no exige fraude laboral para hacer responsable al contratante principal frente a los incumplimientos del subcontratante, desconociendo la conocida precariedad e insolvencia de los franquiciados”. Agreguemos que, en muchos casos, son testaferros de las empresas principales, justamente contratados para desconocer convenios laborales superiores y todas las demás garantías laborales.

En este punto, el nuevo Código Civil es un impulso a la tercerización con su secuela de superexplotación laboral. Así, se retrocede respecto de numerosos fallos que sentaron jurisprudencia, incluso por parte de la Corte Suprema, respecto de la responsabilidad de la empresa principal.

El nuevo Código Civil es un golpe anticipado a una de las luchas más sentidas de los trabajadores, colocada en la agenda nacional por la lucha de los tercerizados ferroviarios y el crimen de Mariano Ferreyra. La batalla de la clase obrera y del Frente de Izquierda en el Congreso será no tan sólo la corresponsabilidad de la principal, sino la vigencia del convenio principal en todas las actividades, lo que voltearía el edificio de la tercerización. El nuevo Código Civil es una avanzada del gran capital viabilizada por el gobierno kirchnerista y todas las fuerzas políticas que lo apoyan o que ignoran estos artículos estratégicos.

Los laboralistas denuncian también que el proyecto degrada los derechos de los empleados estatales, porque “exime al Estado y a todos sus funcionarios de toda responsabilidad civil, tanto directa como subsidiaria”. El Estado se blinda no sólo ante víctimas como los familiares de Once, sino ante sus propios empleados, mediante el proyecto de ley complementario de la reforma, la ya bien llamada “ley de des-responsabilidad del Estado”.

Por último, señalemos que Horacio Schik -uno de los mayores especialistas en accidentes de trabajo- denuncia que el nuevo Código Civil golpea los derechos en accidentes en tránsito y laborales, porque establece una fórmula de cálculo referida sólo a la dismunición de capacidad productiva y no de manera integral por el conjunto del daño civil. Es decir que, cuando les conviene, los capitalistas igualan los derechos laborales a los civiles, y cuando les conviene lo contrario, restringen el derecho civil de un trabajador.

La conclusión de la Asociación de Abogados Laboralistas es que la reforma “precariza las condiciones laborales”. Rechacemos con todo esta reforma reaccionaria del Código Civil, de carácter clerical, antiobrera y de degradación de los derechos frente al Estado.

En primer lugar convalida la política oficial sobre el Fondo de Sustentabilidad del Anses, explicando que “es un fondo de emergencia” y apoyando su utilización “en inversiones financieras”. Pero la emergencia ya está entre nosotros, es el medio millón de juicios, muchos con sentencia favorable que el Anses apela hasta el infinito, condenando a sus beneficiarios.

El fondo se ha invertido en un 62% en bonos de la deuda pública. Mirta Tundis encubre que son papeles “pagadios” que no permiten afrontar ninguna emergencia, porque si se vendieran en el mercado financiero, de inmediato sus precios caerían a chirolas. Tampoco denuncia que en el último mes se han vendido mil millones en bonos nominados en dólares para bajar el blue, lo que ha descapitalizado todavía más a los futuros jubilados. Algo que ya se había hecho cuando el Anses “pesificó” depósitos a plazo fijo en la misma moneda para “dar el ejemplo” de la fallida pesificación de Moreno. Tibiamente se quejó Tundis de “algunos créditos a tasas un poco bajas”,  seguramente refiriéndose al rescate del pulpo GM al 9% anual contra una inflación del 25%.

Tundis reivindicó como correcta y positiva la ley de movilidad jubilatoria que ata la movilidad de las jubilaciones a la recaudación y a la evolución del salario. Entrega entonces la bandera histórica de que la jubilación represente de manera actualizada el 82% del salario en actividad de cada trabajador, porque los avatares de la recaudación y los salarios en general van atados al nivel de trabajo en negro, a las recesiones y a los topes de aumentos que se fijen desde el poder como ocurre ahora mismo de manera no escrita mediante el concurso de la burocracia sindical.

Por otra parte, la candidata de Massa no reivindica el 82% del mejor salario al momento de jubilarse y ni llega a plantearse la revisión del sistema de cálculo cavallomenemista que hoy resulta en un 45% del menguado salario en actividad. Nos aclara en cambio, que “no es posible el 82%”, que tenemos que “mejorar” las jubilaciones mediante un impuesto a la renta financiera.

Sin entrar en las limitaciones de ese impuesto que está de moda en la demagogia de los políticos capitalistas para todo uso, digamos que Tundis no nos plantea proteger al Anses del saqueo del Tesoro y su déficit y recomponer sus fuentes de ingresos de donde tiene que venir desde que la jubilación existe, es decir del aporte patronal, porque se trata de un salario diferido que el trabajador se gana con su sudor para su vejez.

Tundis nos explica que el sistema jubilatorio tiene que ser una “contención social”. Nosotros pensamos lo opuesto a esta tesis del Banco Mundial que tiene por objetivo un ingreso asistencial de la vejez. Para nosotros, la izquierda, la jubilación es un salario diferido, al que aportamos toda la vida. Tundis desprende -con todos los defensores del vaciamiento compartido del sistema en los últimos 40 años- al salario en actividad de la jubilación, por eso para ella no cabe más nuestra reivindicación central: el 82% que jamás abandonó el movimiento popular como bandera. Tundis explica que son pocos los trabajadores activos que aportan por cada jubilado, como si esto fuera una fatalidad. Las jubilaciones deben ser defendidas, precisamente a partir de recomponer los aportes patronales rebajados desde los 90, a partir de blanquear la totalidad del salario de los trabajadores empezando por el Estado que es el primer pagador en negro, a partir de terminar con el trabajo en negro, la tercerización y precarización laboral y a partir de un mínimo salarial equivalente a una canasta familiar, todo lo cual revolucionaría los ingresos del Anses.

Para todo ello, que son las propuestas del Partido Obrero, se requiere que el Anses sea gestionado por trabajadores y jubilados, sus verdaderos dueños, por medio de comisiones electas por ellos mismos. Tundis, concedamos, está condicionada porque es la tercera candidata de un verdadero arquitecto del saqueo del Anses, Massa, interventor durante siete años, por lo que su política es continuismo kirchnerista puro.