Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio.

Ahora sale al interior bonaerense a tratar de recuperar un capital agrario que se alejó más ante la derrota de Julián Domínguez en la interna y hoy se levanta ante la caída de los precios internacionales. Piden igual tratamiento que las petroleras, a quienes se les garantiza el doble del precio internacional del petróleo en boca de pozo, todo, claro, subsidiado en el precio del surtidor.

El hombre de la devaluación y el ajuste “gradual” trata de sacudirse camporismo de encima, ante el silencio cómplice de Carlos Zannini y su séquito “unido y organizado”. En resumen, busca combatir al macrismo con macrismo, con sus mismas armas.

La tropa de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, el kirchnerismo “progre”, se contentará con el ministerio de la “economía popular”, los benditos planes sociales, 3,5 millones de los cuales están en la provincia.

La escisión de Sergio Massa y Felipe Solá en el peronismo, sin dudas importante, cada día se transforma más en una colectora de María Eugenia Vidal. Massa cumple el papel de retener el voto pejotista disidente, para garantizar su carácter opositor en un ballottage. Nada nuevo si tomamos en cuenta que llegó a las PASO por el desplante de Macri, impidiendo su participación en una gran interna general.

Margarita Stolbizer cumple el mismo papel, por el lado de una centroizquierda menguada, pero de gran espacio en los medios, para capturar otro tipo de voto que impida el triunfo de Scioli en primera vuelta y luego fluya al macrismo en la segunda.

Detrás de Vidal, Fernández y Solá, está el Frente de Izquierda, reagrupando el voto de la izquierda, prefigurado ya como la cuarta fuerza política en la provincia de Buenos Aires.

No hay mediaciones entre los políticos de la derecha pejotista y macrista-radical y el la izquierda obrera y socialista. Aquella advertencia de Stolbizer -“entre Macri y Altamira no hay nada”- se ha cumplido con el derrumbe de la autora.

El campo político de desarrollo hasta octubre excede largamente el natural reagrupamiento del voto de izquierda, que ya nos ubica encima del 4 %. En la base de la descomposición del PJ y del radicalismo, en el derrumbe de la centroizquierda, hay una ancha base de crecimiento.

Esto se conseguirá con una campaña puntillosa, desnudando a los candidatos del ajuste, explotando nuestro gran papel en la crisis tucumana, nuestra militancia entre las organizaciones de inundados y los foros hídricas, en las filas de un movimiento obrero que ya sufre el ajuste y da batallas, aunque aisladas por la burocracia sindical, como lo hace ahora mismo Petinari ocupada por sus trabajadores, con la docencia que vuelve al paro con los Suteba combativos.

Nuestra campaña preparatoria de la clase obrera para enfrentar la ofensiva de Scioli y Macri tendrá un papel decisivo en las futuras luchas, hoy conquistando el voto y los lugares parlamentarios que nos den un gran protagonismo en la etapa que se avecina.

La prensa ha puesto su eje en la “impunidad”, pero ni siquiera desde este estrecho punto de vista se llega hasta el final. Omiten que la redacción de la ley Banelco salió de las oficinas de Techint. Javier Tizado, personero de Paolo Rocca, nombrado secretario de Industria por el gobierno de la Alianza, fue el redactor de una reforma laboral que legalizó los preciados convenios por empresa. La Nación llegó a publicar que “los fondos de los sobornos habrían salido de una importante empresa”.

Sin duda, la impunidad para De la Rúa, tanto por los 33 muertos del 19 y 20 de diciembre como en este caso, están en la línea de la impunidad que se aseguró Menem en la causa del contrabando de armas. Y la que se trama en favor de los Kirchner. Lo que se defiende es la continuidad de un régimen social y político, donde la corrupción sólo remunera la defensa de los intereses estratégicos de la clase capitalista. Esa clase, que no va al banquillo, como no lo fue con la dictadura, protege desde luego a su “personal” político.

Con las absoluciones, al mismo tiempo ha sido indultado el contenido de la ley Banelco por parte de un régimen y una Justicia que fueron socios en los 90 de la flexibilidad laboral y que la preservaron bajo la década “ganada”. En 2004, cuando estalla el caso por las confesiones del arrepentido, en un trámite sumario y con apoyo de la burocracia sindical y de la centroizquierda (CTA), el kirchnerismo aprobó la llamada “Banelco II”.

La actual ley laboral -que Lozano llamó “ley fundante” en tiempos de su idilio con el kirchnerismo- es una réplica de la “Banelco” y sostuvo en estos nueve años al 40% de la población laboral argentina bajo condiciones laborales precarias. La “Banelco II” habilitó la continuidad de los convenios a la baja, sean por empresa o por gremios, que perforan los pisos históricos de la ley de contrato de trabajo. Habilita los “convenios Pyme” con cláusulas laborales inferiores, con un piso de trabajadores que Kirchner elevó hasta un número de 80. Pero en el actual convenio plástico, habilitado por Tomada, esa cifra es llevada hasta 300 trabajadores.

La “Banelco II” redujo las indemnizaciones que tenían por piso dos meses de sueldo. Permite el trabajo por agencia, de enorme difusión en la industria. Mantiene los nefastos recursos de crisis por los cuales se abaratan los despidos y se suspenden los convenios, y mantiene la no vigencia del convenio en las convocatorias de acreedores. Si bien derogó variedades menemistas de contratación precaria, habilitó las pasantías y el tiempo de “aprendizaje”, novedosas formas de violar los convenios y la estabilidad laboral. El propio Estado, bajo esta ley laboral, practica las “becas” y el monotributo, modalidades de fraude laboral “siglo XXI”.

El kirchnerismo, por lo tanto, sólo emprolijó la ley Banelco, una legislación estratégica de la burguesía nacional. Otro tanto ocurre con el papel de la ex SIDE y de sus fondos reservados en las coimas. El kirchnerismo ha multiplicado esos fondos, así como el papel político de los organismos de inteligencia. Basta ver los 1.356 millones otorgados a Milani, su propia designación o el Proyecto X de la Gendarmería. La Justicia ha protegido el manejo presidencial de las cajas negras de los servicios de inteligencia. El fallo, indirectamente, protege a los Milani y a los Gerardo Martínez, o a la conexión local del atentado de la AMIA.

Este fallo de impunidad tiene que reforzar nuestra lucha por la derogación de la “Banelco II” y de todo el edificio de la flexibilidad laboral, así como la exigencia de apertura de los archivos de todos los servicios de inteligencia y su desmantelamiento.