En su debut, el ex intendente -autor intelectual de los escuadrones de la muerte municipales en Ezeiza-, le liberó el territorio a la patota que atacó a Sergio Massa en La Matanza.

La Bonaerense declaró oficialmente que la agresión no fue “previsible”. Sin embargo, se trató de tres ataques sucesivos y escalonados. Los agresores frenaron a un enorme conjunto de hombres y móviles, al estilo de la viejas caravanas menemistas. Interrumpir semejante despliegue dimensiona la magnitud de la agresión.

Con sus palabras, Luis D’Elía dio la señal de largada de una guerra de patotas: “El pueblo peronista reaccionó ante la provocación de Massa”. El “gandhiano” Scioli retrucó haber sufrido agresiones antes, como si eso lo absolviera de semejante práctica.

Nuestros militantes de La Plata fueron atacados -con el saldo de un herido- por patotas de Pablo Bruera con camionetas de la municipalidad. Ello, sin que intervengan los patrulleros que presenciaron la agresión, antes de las primarias de agosto.

La Bonaerense contra las huelgas

El reforzamiento represivo en la provincia no interfiere a las agresiones de las patotas paraoficiales. Sirve, en cambio, para atacar a las luchas obreras. La Bonaerense fue desplegada contra la huelga de Impresores, por orden judicial. Así, la infantería de la Bonaerense fue colocada al servicio de una patronal del Opus Dei, en el marco de un pedido de la Cámara Empresaria del Parque Industrial de Pilar -el más grande y negrero del país- para terminar con los piquetes. En la misma semana, una patota sindical al estilo Pedraza (con barrabravas) atacó la huelga de Cerámica Lourdes, llegando a herir con un puñal a un compañero. La patota, que pertenece al Sindicato Ceramista, contó con territorio liberado.

Giro

Es evidente que este giro represivo forma parte de una política más general, en el marco de los ajustes que se vienen.

La pretensión de centrar la agenda de la campaña electoral en torno a “seguridad” encubre este propósito. El voto al Frente de Izquierda es un arma para golpear la perspectiva del ajuste y preparar las luchas de los trabajadores, que ya adelantan los gráficos de Impresores.

Primero porque Granados es un promotor del gatillo fácil y del “38 en cada casa” que él mismo practica armado. Su antecedente son los “escuadrones de la muerte” en Ezeiza, algunos de cuyos miembros están presos. Son patrullas municipales reclutadas entre ex bonaerenses.

Segundo, porque sigue Casal en Justicia. Es el ministro más cuestionado por sus vínculos con la bonaerense, no ya por los organismos de derechos humanos sino por el propio kirchnerismo, al punto que fue durante los últimos años el blanco preferido del Movimiento Evita y Horacio Verbitsky.

La designación de Granados manda al archivo la crítica a la “autonomía de la bonaerense”, que tuvo a la cabeza a Eugenio Zaffaroni. Lejos de ello, Granados ha planteado su objetivo: 100 mil bonaerenses. Según afirmó, deberán hacer “todo lo que se pueda enmarcar en el estado de derecho”. Pues bien, dentro de ese “estado”, desaparecieron Luciano Arruga y Jorge Julio López, se practicaron centenares de casos de gatillo fácil y pululan las causas por territorio liberado, Mariano Ferreyra incluido. Ni hablar de las conexiones policiales o de los servicios de inteligencia en los más sonados casos de narcotráfico, como el crimen de General Rodríguez.

No hay ninguna posibilidad de que el quebrado estado provincial financie el salto de 58 a 100 mil hombres de la bonaerense. En verdad, existe un ejército privado que eleva los efectivos a esa cifra, pero como consecuencia de la seguridad privada que pulula en los countries y barrios privados. Una parte de ese ejército son los propios bonaerenses en “horas extras” o “adicionales”.

La realidad más pedestre del “policiazo” de Granados -son los 4500 gendarmes emplazados por 45 días en galpones, lo que confirma que a este régimen acabado no le da ni para cumplir el nefasto objetivo del estado policial que Scioli y Granados le han propuesto a la ciudadanía de la provincia. Antes que los 100 mil policías, Scioli tendrá que atender los bonos de deuda pública “atados” al dólar, que en su carrera ascendente dejarán a la provincia más cerca del default.

Para confirmar que no se trata de un hecho aislado si no de un giro represivo en regla, tenemos el despliegue de gendarmería contra los tercerizados ferroviarios en el Mitre, o la represión a los municipales en Quilmes. La designación de Granados y su estado policial tiene más probabilidades de ser usado en la represión a las luchas sociales que en contener un delito cuyos ejes – narcotráfico, desarmaderos, trata de personas- tienen precisamente amparo en el conjunto del aparato estatal. Mientras tanto, 700 mil jóvenes de la provincia no tienen ni trabajo ni estudio. Para Granados “los chicos no pueden estar en la calle”, una forma oblicua de decir que tienen que estar en la cárcel. La oposición se ha fracturado ante la designación de Granados. De Narváez, directamente la apoyó, confirmando su transformación en cuasi-colectora K. Los demás le critican su carácter “electoral” o “improvisado”, cuando el problema es su contenido.

Pero el kirchnerismo no está mucho más homogéneo. El nombramiento de Granados parece estar distanciando a Insaurralde y Scioli de otros sectores, lo que podría abrir una crisis política mayor aún antes de octubre. La inseguridad es un aspecto de la corrupción del estado. Abrir los libros de las comisarías a comisiones populares electas para tal fin, llevar a fondo el juicio y castigo en las causas de corrupción policial y judicial, encarcelar a todos los responsables de gatillo fácil, desmantelar los aparatos de inteligencia y abrir sus archivos. Fuera Granados. Votemos al Frente de Izquierda.