Culminará así una larga lucha que entablaron estos trabajadores y se desarrolló durante 23 años. Primero contra la privatización, donde fueron entregados por la burocracia sindical del SUPE. Luego contra la desocupación y por el cobro de las acciones de Propiedad Participada (PPP). Esta lucha tuvo mojones combativos en los piquetes de Cutral-Co, Tartagal y todo el país. Fue una de las levaduras que confluyó en el ‘argentinazo’ del 2001 y que continuó e hizo que se votara en el 2002 la ley 25471 que incluyó a 30 mil despedidos de YPF en el pago de las PPP.

Hasta ese momento sólo se les había pagado a los trabajadores de Repsol que no habían sido despedidos con la privatización (unos 6000). Pero el problema no se cerró: el gobierno de Néstor Kirchner con el decreto 1077/03 dejó afuera a muchos ex YPFianos y a los que les pagó lo hizo por debajo de lo que les correspondía.

Los ex Trabajadores de YPF volvieron a la lucha. Durante 12 años sus reclamos fueron postergados una y otra vez, produciendo desmoralización y desorganización. Ante el resarcimiento a la vaciadora Repsol por más de 10 mil millones de dólares, contando capital en intereses, resurgió la indignación y la lucha y del encuentro entre estos trabajadores y la bancada del PO, surgió el proyecto de ley. Fue reconstituida la Coordinadora Nacional de ex Trabajadores de YPF con centros importantes en la CABA, Salta, Mendoza, Caleta Olivia, La Plata, etc. Con ellos elaboramos el proyecto del PO, reclamando los 90 mil dólares recibidos por los no despedidos. La reivindicación fue levantada como bandera no sólo ante la indemnización a Repsol, sino también ante la ley de hidrocarburos bien llamada ley Chevron.

Ante el auge del reclamo el oficialismo volvió a maniobrar: desempolvó proyectos quasi archivados con indemnizaciones inferiores y no a todos. La ley Feletti planteaba pagar en 120 cuotas mensuales de mil doscientos pesos cada una: ¡10 años más luego de haber estado reclamando durante 23! El PRO directamente se oponía a cualquier ley de resarcimiento a los trabajadores despedidos. ¡Todo para Repsol, nada para los trabajadores!

Finalmente ante la presión existente, el proyecto fue votado por unanimidad. Todos los trabajadores cobrarán 956 acciones. Un triunfo que marca un camino para amplios sectores del movimiento obrero (Altos Hornos Zapla, Gas del Estado, Petroquimica General Moscón, etc.) que tienen reclamos similares.

Luego funcionaron los reflejos y Moyano largó de un día para otro una medida, sólo de su gremio, de un viernes a un lunes, impidiendo que se organizara un movimiento en otros gremios. Como jefe de la CGT, Moyano bloqueó en realidad un paro de todo el movimiento obrero que hubiera tenido lugar sin dudas, porque la confiscación salarial abarca a más de dos millones de trabajadores de todas las centrales obreras.

Moyano de esta manera buscó reacomodarse frente a sus propias bases, cuando hace 7 meses del gran paro nacional del 20 de noviembre luego de los cuales no hubo la continuidad necesaria de un plan de lucha para arrancar la anulación del impuesto o el elevamiento sustancial del mínimo no imponible. Al contrario, la presidenta lo actualizó sólo un 16,6% anual lo que hará que muchos más trabajadores paguen ganancias al ir cobrando las cuotas de paritarias.

Moyano al maniobrar así, sólo mediante su gremio, fracturó a un movimiento obrero que por abajo viene luchando, por caso los obreros de Aluar que han parado reclamando a su patronal un 11% para compensar el impuesto, lo mismo que una fracción del cuerpo de delegados de Siderca o el Sindicato San Fernando del Neumático en la fábrica Fate, que a su vez convocó todo un movimiento y una movilización al Ministerio por el tema.

Por otro lado, Moyano evitó un debate en la central obrera que preside que posiblemente hubiera dividido opiniones, puesto que están en listas distintas de la disgregación del PJ, como Venegas. Moyano no denunció ante la discreta concurrencia de la Plaza de Mayo, el uso regresivo de esos fondos para pagar intereses de una deuda pública usuraria o la montaña de subsidios a las empresas concesionarias de servicios y transportes, las mismas que han vaciado el ferrocarril, por ejemplo. Evitó así ubicar el reclamo en una política de conjunto a favor de los trabajadores.

Todo lo contrario, hizo eje en la reivindicación “peronista” ideológica, abstracta, y en el llamado a “no votar” a Cristina, lo que por parte de un integrante de la lista del empresario De Narváez, fue un llamado vergonzante a votar por un candidato del establishment, mirado con total desconfianza por los trabajadores y que lo que menos puede garantizar es un replanteo impositivo contra los capitalistas de los que es parte él mismo.

El llamado “peronista” a no votar a Cristina es también un aval indirecto a Massa, quien lleva en sus listas al macrismo y a un representante de la Unión Industrial y de los “gordos” de la CGT. Moyano, objetivamente, con esta movilización trató de salvar daños ante el potencial derrumbe electoral de la lista que integra y empezó a preparar no sólo la etapa del poskirchnerismo sino el éxodo del propio De Narváez para tratar de terciar en la futura sucesión de los Scioli o los Massa, con los que negoció hasta el último minuto anterior a la inscripción de las listas.

En las actividades del PO en el marco de la campaña del frente de izquierda participan cada día más trabajadores y aún delegados de gremios con influencia moyanista que acuden al debate con nuestros compañeros. La anulación del impuesto a los salarios es una bandera de fondo del Frente de Izquierda, somos partidarios de un plan de lucha hasta acabar con él, pero además forma parte de un plan de gobierno económico integral de los trabajadores, para reemplazarlo por impuestos progresivos a la renta financiera y a las grandes fortunas, algo que escapa por completo a una lista como la de De Narváez-Moyano y a las de todas la oposición que gobernó con el menemismo o con la Alianza, sean del PJ disidente o del frente Binner-UCR.