El dato no es menor. Porque el sindicalismo peronista -tampoco el de centroizquierda-, no puede ser convocante sin la ayuda del retiro pactado de las empresas, o sin el componente de un abandono de tareas de los lugares de trabajo. El sindicalismo peronista no puede movilizar a sus aparatos en el día de los trabajadores. La militancia obrera está en manos de los socialistas, aunque la mayoría de los aparatos sindicales son dominados por la vieja burocracia.

El otro aspecto es que después del formidable paro del 10 de abril, los convocantes centrales se repliegan a distintas operaciones distraccionistas, incluso, divididos. Un acto el 8 de mayo de la CTA Micheli y otro el 14 de Moyano y Barrionuevo. Estos últimos, referenciados en la oposición de derecha, mutan las banderas del 10 de abril a la “seguridad”, un discurso que incluye la represión a las manifestaciones “no legítimas” y por lo tanto tributa hacia un Estado policial para garantizar el ajuste contra el cual lucha el movimiento obrero.

La contradicción está en el núcleo de la situación política que se expresará este 1º de mayo. Un gobierno en retirada que apela a una desesperada operación de salvataje del capital financiero vía la escandalosa indemnización a Repsol como eslabón de una cadena de endeudamiento. El golpe de timón del Banco Central con tasas siderales que agravan la parálisis económica. El kirchnerismo ha tomado las banderas de derecha de la oposición. En este escenario se produce la disgregación del peronismo y la derechización de la centroizquierda absorbida en el FA-Unen.

En tanto, se combinan las luchas salariales –la docencia de Salta en huelga general autoconvocada post-paritarias hace casi un mes- con una ola de despidos y suspensiones mecánicas que rápidamente serán metalmecánicas, otro tanto en la construcción donde la obra pública está paralizada y la privada caidísima. Marzo ha sido el octavo mes de caída de la producción industrial. Nuestra iniciativa política en el movimiento obrero este 1° de mayo es por la continuidad de un plan de lucha mediante un paro activo de 36 horas, es decir avanzar en una acción histórica de los trabajadores para quebrar el ajuste en marcha.

Llegamos con una acumulación política del Frente de Izquierda luego de una década de refutación política del kirchnerismo. El ascenso del FIT a un millón trescientos mil votos en octubre pasado y luego la victoria del Partido Obrero en Salta y más recientemente otra importante elección en Mendoza, hablan de una tendencia política profunda hacia la construcción de una nueva referencia política entre los trabajadores ante la crisis del peronismo la mencionada disolución de la centroizquierda.

Por lo tanto el significado de esta gran Plaza de Mayo masiva convocada por el Frente de Izquierda y el sindicalismo combativo expresa el comienzo de la concreción de un objetivo estratégico, de fondo, que es el objetivo mundial de los socialistas, la fusión del movimiento obrero y la izquierda. En esa dirección estamos y la Plaza será un escenario en el que Partido Obrero planteará a toda la militancia y ante el conjunto de los trabajadores esta perspectiva, inscripta en el programa estratégico del Frente de Izquierda y los Trabajadores que es el gobierno de los trabajadores. En un nuevo aniversario de los mártires de Chicago, en el Día Mundial de los Trabajadores, diremos con más respaldo que nunca: por la unidad mundial de los trabajadores y por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.

Nuestra acción parlamentaria, que en la sesión inaugural debutó cuestionando la dirección política de toda una década, estará marcada por la intervención en la crisis política, social y económica. No será el mero resultado de refutar las iniciativas de la burguesía (Código Civil, impuestazos, etcétera) como tampoco se limitará a esperar los proyectos que surjan de las demandas obreras y populares. Propondremos una agenda por una salida obrera a la crisis. La conexión del trabajo parlamentario con la lucha de clases es la viga maestra de toda la acción que nos proponemos, puesto que no existe la conquista social al margen del sujeto que la obtiene. Desde allí, combatiremos cualquier idea o acción que fragmente las conquistas legislativas del Frente de Izquierda.

Por ejemplo, tendremos que colocar la cuestión de los $ 8000 de salario mínimo vital y móvil que la movilización en Plaza de Mayo puso en la calle, como reivindicación de punta en una intervención del movimiento obrero hacia las paritarias y hacia las jubilaciones (reclamando un haber mínimo del 82% de ese salario). Con estas iniciativas, se enlazan los proyectos ya adelantados en la campaña electoral: abolición de ganancias -que cobra renovada vigencia con la inflación galopante- y el 82% móvil. Desde este lugar orientaremos el trabajo de todos los bloques en las legislaturas y los concejos deliberantes.

Nuestros primeros proyectos de resolución han sido por la absolución de los condenados de Las Heras y por la destitución de Milani. Se trata de todo un ataque contra el el andamiaje represivo construido por el gobierno. En esa línea, plantearemos en las provincias la derogación de los Códigos de Faltas que forman parte de la ofensiva contra los jóvenes y contra la movilización popular.

La cuestión del aborto legal como parte de una campaña política de cara al 8 de marzo, coincidirá con el tratamiento de la reforma reaccionaria del Código Civil, y será motivo de una importante movilización política. Mediante iniciativas de agitación y deliberación en el seno del movimiento obrero, denunciaremos también el cercenamiento de derechos laborales y civiles por parte del nuevo Código K.

La deuda externa es un punto de agitación política parlamentaria fundamental. Por el Congreso pasó, con la friolera de 192 votos en Diputados, la ley de reapertura del tercer canje de deuda. Otra cuestión de la agenda política se concentra en la crisis de las privatizaciones. El proyecto de Ramal en la legislatura porteña, epicentro de la crisis energética y de los reclamos populares por los cortes de luz, ha marcado nuestro debut en la Ciudad, cuando todo el esquema de las privatizaciones se viene abajo. En resumen las bancas estarán ligadas a la lucha de clases, a la ampliación del campo político de lucha del Frente de Izquierda, y a la preparación de los explotados como alternativa de poder político.

El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

Ahora Cristina Fernandez de Kirchner y los gobernadores, que pactaron con los amotinados, los denuncian de “desestabilizadores”. Es una cortina de humo. Ante el temor a que se generalice una lucha salarial, el gobierno que reforzó a los efectivos y presupuestos de las policías de la represión, el gatillo fácil y la alianza con el delito organizado, necesita a los uniformados para enfrentar los reclamos populares. Los trabajadores no podemos esperar. Más de la mitad cobran salarios menores a 4.000 pesos y el 40 % está en negro. Eso ya se evidencia en sectores del movimiento obrero. La crisis ha detonado una reacción obrera: en Neuquén, en Catamarca, en Chaco, en Córdoba, en la estratégica provincia de Buenos Aires, por mencionar sólo algunos casos. Los estatales, enfermeros y maestros han salido a las calles.

Reclaman, como lo hizo el FIT en su campaña electoral, la canasta familiar. A partir de este claro planteo, es necesario que los trabajadores debatamos un programa y una lucha.

Es hora de que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción.

Es justamente detrás de esta perspectiva, que coloque en el centro de la crisis a los trabajadores y su planteo de salida que la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y la Central de Trabajadores Argentinos convocamos a una gran marcha obrera el 19 de diciembre, a las 16 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, para dar una salida obrera a la crisis que los trabajadores y el pueblo no han generado.

Luego funcionaron los reflejos y Moyano largó de un día para otro una medida, sólo de su gremio, de un viernes a un lunes, impidiendo que se organizara un movimiento en otros gremios. Como jefe de la CGT, Moyano bloqueó en realidad un paro de todo el movimiento obrero que hubiera tenido lugar sin dudas, porque la confiscación salarial abarca a más de dos millones de trabajadores de todas las centrales obreras.

Moyano de esta manera buscó reacomodarse frente a sus propias bases, cuando hace 7 meses del gran paro nacional del 20 de noviembre luego de los cuales no hubo la continuidad necesaria de un plan de lucha para arrancar la anulación del impuesto o el elevamiento sustancial del mínimo no imponible. Al contrario, la presidenta lo actualizó sólo un 16,6% anual lo que hará que muchos más trabajadores paguen ganancias al ir cobrando las cuotas de paritarias.

Moyano al maniobrar así, sólo mediante su gremio, fracturó a un movimiento obrero que por abajo viene luchando, por caso los obreros de Aluar que han parado reclamando a su patronal un 11% para compensar el impuesto, lo mismo que una fracción del cuerpo de delegados de Siderca o el Sindicato San Fernando del Neumático en la fábrica Fate, que a su vez convocó todo un movimiento y una movilización al Ministerio por el tema.

Por otro lado, Moyano evitó un debate en la central obrera que preside que posiblemente hubiera dividido opiniones, puesto que están en listas distintas de la disgregación del PJ, como Venegas. Moyano no denunció ante la discreta concurrencia de la Plaza de Mayo, el uso regresivo de esos fondos para pagar intereses de una deuda pública usuraria o la montaña de subsidios a las empresas concesionarias de servicios y transportes, las mismas que han vaciado el ferrocarril, por ejemplo. Evitó así ubicar el reclamo en una política de conjunto a favor de los trabajadores.

Todo lo contrario, hizo eje en la reivindicación “peronista” ideológica, abstracta, y en el llamado a “no votar” a Cristina, lo que por parte de un integrante de la lista del empresario De Narváez, fue un llamado vergonzante a votar por un candidato del establishment, mirado con total desconfianza por los trabajadores y que lo que menos puede garantizar es un replanteo impositivo contra los capitalistas de los que es parte él mismo.

El llamado “peronista” a no votar a Cristina es también un aval indirecto a Massa, quien lleva en sus listas al macrismo y a un representante de la Unión Industrial y de los “gordos” de la CGT. Moyano, objetivamente, con esta movilización trató de salvar daños ante el potencial derrumbe electoral de la lista que integra y empezó a preparar no sólo la etapa del poskirchnerismo sino el éxodo del propio De Narváez para tratar de terciar en la futura sucesión de los Scioli o los Massa, con los que negoció hasta el último minuto anterior a la inscripción de las listas.

En las actividades del PO en el marco de la campaña del frente de izquierda participan cada día más trabajadores y aún delegados de gremios con influencia moyanista que acuden al debate con nuestros compañeros. La anulación del impuesto a los salarios es una bandera de fondo del Frente de Izquierda, somos partidarios de un plan de lucha hasta acabar con él, pero además forma parte de un plan de gobierno económico integral de los trabajadores, para reemplazarlo por impuestos progresivos a la renta financiera y a las grandes fortunas, algo que escapa por completo a una lista como la de De Narváez-Moyano y a las de todas la oposición que gobernó con el menemismo o con la Alianza, sean del PJ disidente o del frente Binner-UCR.