El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atacó la huelga acusando al Partido Obrero de haber impulsado el cierre de la fábrica, obstruyendo “el funcionamiento de la economía y la actividad de las empresas”. Un ataque destinado a ocultar la completa complicidad del gobierno con el pulpo norteamericano. En primer lugar, porque rigiendo un “cepo de importación”, Lear ha provisto fluidamente de los cables a Ford mediante importación. Ahora mismo los obreros denuncian que 17 contenedores de la empresa están en el puerto.

El ministerio de Carlos Tomada no garantizó el ingreso de los delegados impedidos de entrar a planta, a pesar de 12 fallos favorables de la justicia en ese sentido. El poder ejecutivo de Capitanich sólo garantiza, con la gendarmería de Berni y la infantería de Scioli, el “despeje” de la zona y la panamericana ordenado por la justicia penal.

El lock out apunta a profundizar un vaciamiento en el que Débora Giorgi y Capitanich miran para el costado. Es un “sobre llovido mojado” que se suma al desplome de la producción automotriz y su ola de suspensiones y despidos.

Los obreros, tras meses de lucha, han reaccionado combativamente afrontando el lock out como una nueva etapa. La empresa despilfarra recursos durante todo el conflicto para imponer una reestructuración antiobrera y ahora paga el 100% -como precisó, conocedor, Capitanich- a los obreros suspendidos para separarlos de la influencia diaria de la comisión interna y los despedidos en lucha.

Este detalle habla del nuevo campo en que se desenvolverá la lucha, donde el contacto con los trabajadores suspendidos será todo un objetivo para sumarlos a la perspectiva de lucha contra el vaciamiento y eventual cierre de su fuente de trabajo. De hecho, en muchas ocasiones el sector que ingresó a planta no superó las cien personas de un total de 450 que revistan en el único turno que hoy tiene la planta luego de la amputación completa del turno tarde.

El ataque de Capitanich muestra que se pretende intimidar con el cierre para reabrir sobre la base de una derrota. Y, llegado el caso, según sean los planes patronales, para intimidar al resto del movimiento obrero, culpando del cierre a los que luchan. Pero debe ser aclarado sistemáticamente a la opinión pública y al movimiento obrero que el vaciamiento de Lear Corporation viene, al menos, desde hace un año. Hubo, antes de las suspensiones y despidos, 180 “retiros voluntarios” a diciembre del año pasado, y los delegados denunciaron la presunción de importación de mazos de cable en ese período desde Filipinas, Honduras y otros orígenes donde la multinacional tiene algunas de sus 20 plantas en el mundo.

Capitanich dice que el justicialismo es el partido de los trabajadores y el PO el de los capitalistas. Pero sus “obreros” son los Pedraza, los Gerardo Martínez y, en este caso, Pignanelli. La burocracia sindical del Smata actuó con métodos lopezrreguistas durante todo el conflicto y ha declarado que prefiere el cierre de la fábrica antes que la continuidad de un cuerpo de delegados que no le responde y se mueve según resoluciones de asamblea de fábrica.

En estos puntos consiste, precisamente, el derrumbe progresivo del peronismo entre las filas obreras y el progreso, luchado pero evidente, del PO y el FIT. El PJ de los empresarios del juego, la Barrick Gold, la banca acreedora, los Lear y los Milani, cada día corresponde menos a las tendencias más avanzadas de los trabajadores y en particular de su juventud.

Dijeron presente Antonio Caló, Ricardo Pignanelli, los textiles y -dato importante- Alberto Roberti de la Federación Petrolera y diputado de Sergio Massa. Es decir que estamos hablando de distintas alas de la burocracia sindical peronista. Roberti fue el vocero de la reunión, indicando que “rechazarán la situación de violencia que quieren hacer vivir en los puestos de trabajo y la extorsión de la izquierda cuando toma una fábrica”.

En el Smata, los fraudes permanentes en las elecciones de delegados se complementan con el accionar de patotas que garantizan esos fraudes al impedir la fiscalización. En VW Pacheco agreden a todo grupo opositor con anuencia de la patronal.

En la Uocra (burdo firmante “contra los violentos”), el método de regimentación sindical ha pasado a ser centralmente el accionar de bandas armadas, de tal suerte y con tal extensión, que dirimen sus disputas internas a balazos -además de los ataques permanentes al Sitraic y al activismo independiente.

Es claro que el crimen de Mariano Ferreyra no fue un rayo en cielo sereno. La combinación de barrabravas, gendarmería y territorios liberados tiene expresión hoy en Gestamp, donde tropas de elite ocupan el comedor y la militarización impide la reunión de más de tres obreros en el enorme predio de la fábrica. En el Inti, 900 efectivos de distintas fuerzas ocupan el parque de la planta.

La semana pasada, el local de San Justo del PO sufrió un atentado y aparecieron volantes apócrifos, en la sede central y otras, con las caras de Jorge Altamira y la mía.

Están usando el lenguaje del lopezrreguismo, las patotas de Rucci y la asociación con las fuerzas de seguridad que tuvo la Triple A. Aquellas patotas y grupos parapoliciales actuaron bajo el amparo de la autoridad de Perón ante los trabajadores, aun en su fase final. Después del desbarranque de Isabel, de Menem-Duhalde y del fracaso kirchnerista, estas patotas son las patrullas de un peronismo en abierto retroceso político e histórico.

Es claro que el kirchnerismo -ni en su etapa transversal, ni en la de la “concertación plural”, ni en la cristinista-camporista- no ha construido nada propio en el movimiento obrero, sino que se asentó en el “sindicalismo que construye” de los Pedraza y compañía.

Pignanelli dice que “la izquierda atomiza al movimiento obrero”, pero no puede disimular que es la burocracia la que está atomizada en cinco centrales, divididas a su vez por dentro. La izquierda cobra fuerza, precisamente, a partir de ser un factor de acción común del movimiento obrero, mediante la homogeneización de la asamblea y de la lucha por las reivindicaciones abandonadas por la burocracia.

Nuestra estrategia es reforzar la organización clasista y la unión política, que la propia burocracia reconoce entre el nuevo activismo sindical y la izquierda obrera y socialista, porque indudablemente su desarrollo está asociado a la necesidad de la independencia política del movimiento obrero, de la patronal y de sus partidos.

Sin duda, la primera lucha política es que el tema se debata en el Congreso. Pero el Partido Obrero plantea discutir la legitimidad misma del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

El gobierno ha ido (des)ajustando el mínimo no imponible por debajo de la inflación durante años hasta transformar la cuarta categoría en un verdadero impuesto al salario, cuando su origen fue gravar a los empresarios que disimulan sus ganancias y las de sus ejecutivos bajo la forma de salarios directivos.

Los decretos del gobierno violan la legislación puesto que, como cuestión impositiva, el ámbito de resolución es el Congreso. Pero, más todavía, violan el reclamo recurrente del movimiento obrero, porque esta reivindicación está al tope de los paros y movilizaciones de los últimos años.

El salario en la Argentina paga hasta el 53% en impuestos. Es decir que el primer día libre de impuestos es cercano al 1º de julio, depende los rangos salariales. Los “nacionales y populares” han logrado la mayor carga impositiva sobre las espaldas de los trabajadores en función de mantener las rebajas de aportes patronales menemista, de no gravar la renta financiera, de sostener un edificio donde los impuestos se trasladan a los precios y con ellos al consumidor asalariado, en mantener el IVA de Cavallo, o ridículos inmobiliarios a la propiedad terrateniente, entre otras perlas.

Pero además, la cuarta categoría, como los impuestos a los combustibles, son de los de más perfecto cobro. Se hace mediante el sistema despótico de descuento patronal sobre los recibos de sueldo, mientras el empresario tributa por declaración de ganancias y balances bajo su estricto control.

El argumento oficial es que ocurre lo mismo en los EEUU o las metrópolis europeas. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque hoy por hoy todos los estados imperialistas descargan brutalmente la crisis capitalista mundial sobre las espaldas de sus trabajadores.
Tampoco tiene nada de progresista la finalidad de estos impuestos. Son para indemnizar a Repsol, para sostener el edificio de la deuda usuraria, para pagar los subsidios a las privatizadas que vaciaron nuestros servicios públicos (otorgando un subsidio indirecto a la patronal industrial beneficiada por salarios bajo la línea de pobreza) o para mantener las múltiples excenciones y subsidios a los capitalistas mediante el presupuesto público.

La enorme confiscación sobre los salarios más elevados, arrancados con la lucha de la clase obrera, ha sido tan grande que se ha popularizado la cuestión de que el salario no es ganancia. Sin embargo, los más de veinte proyectos legislativos de la oposición tradicional sobre el tema sostienen la cuarta categoría y apuntan restringidamente a elevar el mínimo no imponible. Aún cuando plantean mecanismos automáticos de actualización y en casos también una alteración de la nefasta tablita de Machinea que el gobierno no actualiza y conduce rápidamente a las alícuotas más altas, todos, sostienen la cuarta categoría.

El Partido Obrero plantea la cuestión de fondo. Si el salario no es ganancia, debe ser abolido el gravamen sobre todo salario de convenio colectivo, carrera estatal o judicial y sobre las jubilaciones. Nuestro proyecto de ley mantiene el impuesto a las ganancias sólo sobre ingresos gerenciales y directivos por sobre un importe equivalente a tres canastas familiares calculadas por organizaciones obreras, hoy, digamos 30 mil pesos y, calcula el mismo piso para los monotributistas.

Nuestro proyecto rescata la reivindicación obrera y es el puntapié de una lucha contra todo el sistema regresivo que la clase capitalista vino imponiendo con sus gobiernos desde hace 30 años de manera creciente.

Tiene además un recorrido valiosísimo. Ha sido votado en numerosas asambleas obreras. La más importante, el plenario clasista convocado por el Sindicato Unico del Neumatico de San Fernando, que movilizó miles de trabajadores al Ministerio de Trabajo en el mes de setiembre pasado con la consigna “abolición del impuesto al salario”. Fue presentado en marzo por nuestro bloque, pero además se difundió en la campaña electoral con su letra expresa, a través de decenas de miles de folletos en puerta de fábrica. Es el mandato de un millón trescientos mil trabajadores que votaron al Frente de Izquierda. Lucharemos por él en la batalla parlamentaria de estos días y tiene que formar parte de la continuidad del plan de lucha que abandonó la burocracia sindical.

Claro, fue cautivante para todas las fuerzas políticas patronales. Dos años de exención de cargas previsionales a las pequeñas empresas, 50% a las medianas y 25% a toda empresa capitalista (aunque sea la GM) que tome trabajadores, de lo que se supone blanquearían los trabajadores en negro.

Como denunciamos antes que nadie, la ley afecta los fondos de la Anses y, por lo tanto, la movilidad jubilatoria, la cual se calcula por un índice combinado que incluye recaudación. Es decir que es un subsidio de los trabajadores y sus jubilaciones a las patronales culpables del trabajo en negro. Frente a esto, el massismo propone “encapsular” la movilidad. En criollo, hacer la rebaja pero mantener la movilidad, desfinanciando a la Anses. De esto Massa sabe, no caben dudas.

Pero la ley no tiene ni pies ni cabeza porque, si una empresa no necesita trabajadores, no los toma aunque los aportes sean más bajos. De esto aprendimos con sangre desde 1996, año de la rebaja de aportes patronales: cuando llegó la crisis rusa y asiática en 1998 se produjo el mayor índice de desocupación, 18%; con las rebajas patronales en plena vigencia. Una ley de este tipo no promueve el empleo ni detiene los despidos y suspensiones, exactamente lo que está ocurriendo ahora.

En cuanto al blanqueo mismo hay una enorme mentira. La empresa que paga en negro, tiene fondos de origen negro, basados en un circuito en negro, donde se evaden las cargas sociales y el conjunto de los impuestos. Nadie se va a autodelatar porque blanquear un trabajador sea barato.

La norma cavalliana incluye una especie de veraz de los infractores que surgiría de un registro llevado por los mismos inspectores del Ministerio de Trabajo -400-, responsables de terminar con el 34% de trabajadores en negro del país, unos 5 millones. Absurdo, incluso si no tomamos en cuenta que gran parte de los inspectores mismos son precarios, porque sabido es que ni el Estado nacional ni las provincias (y menos que menos el macrismo) se privan de explotar compañeros como monotributistas.

Nuestra intervención en el Parlamento, en éste como en tantos temas, pondrá blanco sobre negro los intereses sociales y de clase que cada uno representa. El Partido Obrero plantea disponer garantías de estabilidad laboral a todo trabajador que notifique su condición de trabajador en negro para evitar el despido y así movilizar la propia fuerza social de la clase obrera para terminar con la superexplotación de la informalidad en la cual se pagan los peores salarios y no rigen ni leyes ni convenios.

Toda la clase capitalista lucra con la informalidad, por sí misma, por vía de la tercerización o por la vía del abaratamiento de insumos. Sólo los trabajadores acabaremos con este flagelo. En diputados la izquierda revolucionaria se hará ver otra vez en este tema como alternativa política de los explotados.

La devaluación, la inflación, los tarifazos y las paritarias han devuelto al primer plano la cuestión del impuesto al salario: un millón y medio de trabajadores serán afectados por este impuesto. En la docencia, el porcentaje de afectados pasa del 7 al 15%, al 25% en los metalúrgicos y la construcción, y en el caso de los químicos, aeronáuticos o petroleros, a la totalidad de los trabajadores.

El proyecto de Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible en un 30%, no alcanza para proteger al conjunto de los asalariados; además, supone que las paritarias resulten en un aumento salarial acotado, en consonancia con el techo que quiere imponer el gobierno. Massa tampoco modifica las llamadas “alícuotas”, que determinan un aumento adicional del impuesto a medida que sube la escala del salario. El impuesto al salario grava a los trabajadores que reciben un aumento que supera el “mínimo no imponible” y luego a quienes pasan de una categoría a otra en la escala salarial. Todos los proyectos en circulación se limitan a modificar el mínimo no imponible de la llamada cuarta categoría, ninguno plantea abolir lisa y llanamente el impuesto al salario. Incluso dentro de estos límites, proponen compensar una reducción del impuesto al salario con otros impuestos, en general al consumo, de modo que los trabajadores seguirían pagando la factura. 

Los proyectos “más osados” proponen un mecanismo automático de actualización del mínimo no imponible, ligado a las paritarias y al aumento de la recaudación impositiva -habría que ver a partir de qué base. En este caso, los trabajadores seguirían pagando el impuesto cuando obtengan aumentos por encima de la inflación -o sea, cuando obtengan mejoras reales, no ficticias.

El Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (López, Pitrola, el PTS ha formado uno propio) ha presentado el proyecto que difundimos en la campaña electoral, que elimina el impuesto al salario, que incluye a las jubilaciones y los monotributos (tercerización).

Por otro lado, en nuestro proyecto se sustituye la retención de impuestos que hace la patronal por un régimen de declaración jurada, lo cual evita que se queden con la recaudación. El gobierno no quiere soltar el impuesto al salario porque, por esta vía se retiene parte del aumento que fijan las paritarias, por un lado, y usa ese dinero para financiar los subsidios que siguen en pie a las empresas y para pagar la deuda pública (en pesos), por el otro.

El proyecto de nuestro bloque es un instrumento para luchar contra la confiscación directa del salario y contra la distorsión ideológica que presenta al salario como un “ingreso” -lo mismo que los dividendos de los accionistas o las remuneraciones de los ejecutivos.

Nuestro proyecto ya ha sido recogido por una parte del movimiento obrero. Decenas de delegados y activistas aeronáuticos manifestaron su apoyo al proyecto en una reciente reunión en el Congreso. Allí se lanzó un petitorio para todos los gremios de la actividad y para que, en el interín, la patronal absorba el impuesto, como ocurre en Banco Provincia, Tiempo Argentino y otras empresas.

Desarrollemos esta campaña en todos los sindicatos.

Bajo el peso de la presión popular, la derrota electoral del gobierno y la proliferación de movimientos fabriles contra el impuesto al salario, Cristina Kirchner estableció nuevos pisos en la cuarta categoría de ganancias -el llamado “impuesto al salario”. El movimiento de lucha contra esta confiscación tuvo fuertes manifestaciones desde abajo. La coordinación que nació en una asamblea de Fate (y que concretó el Sutna San Fernando) llevó adelante tres plenarios por esta reivindicación. Organizó una movilización de miles de compañeros el 24 de mayo pasado y se planificó otra para el 13 de setiembre, a la que adhirieron el Suteba La Plata, AGD-UBA, el Sitraic y el Suteba Tigre, entre otros, mientras comenzaba a extenderse a todos los sindicatos y cuerpos de delegados combativos. Justamente, la agrupación antiburocrática del cuerpo de delegados de Acindar llamó a movilizarse ese día, colocando el debate en la UOM de Villa Constitución. El secretario general de esa seccional de la UOM planteó un plenario de delegados y activistas en conjunto con la CGT San Lorenzo, por este tema para las próximas semanas.

En Chubut, los metalúrgicos de Aluar le impusieron a la patronal una compensación del 11 %, equivalente a los descuentos por ganancias. Mil camioneros de Aesa y Cliba de Capital Federal le pararon a Moyano al margen de su dirección, lo que disparó un paro nacional camionero contra el impuesto. Días después, la Federación Portuaria paraba por lo mismo.

Piumato se apuró a declarar “el triunfo de la CGT” moyanista. Pero es al revés: las centrales sindicales depusieron toda lucha desde aquel lejano paro del 20 de noviembre del año pasado. Por eso, el movimiento tomaba impulso desde abajo. Los Moyano y los Caló se dedicaron a ver con quién “jugar” en la descomposición del PJ, abandonando la lucha por una reivindicación que es responsabilidad, ante todo, de los sindicatos. Y trenzaron con listas patronales que sólo hicieron demagogia en relación con el punto.

Hubo sí, presión de la propia patronal de la UIA para que “el Estado se haga cargo”, porque los trabajadores no quieren hacer extras y, además, crecía el reclamo por aumentos compensatorios.

Una salida precaria

Ante todo, el piso que establece el anuncio presidencial se refiere a un salario bruto de 15.000 pesos. Por lo tanto, desafectará a los trabajadores y jubilados que ganan hasta unos 12 mil netos, según los descuentos. Luego -lo que es fundamental- se trata de una resolución de la AFIP hasta diciembre y no de una ley: es un piso transitorio y no la elevación en regla del mínimo no imponible, que sólo aumenta un 20% para los salarios mayores de 15 mil hasta 30 mil. La resolución, por otra parte, es a partir de septiembre y no es retroactiva. La eliminación del impuesto, por lo tanto, abarca sólo cuatro meses y termina a fin de año.

Estamos, entonces, ante una salida precaria, que deja en pie el principio de la confiscación impositiva del salario. Su futuro a partir de comienzos de 2014 es incierto y dependerá del conjunto de las finanzas del Estado, que en estas horas ha anunciado una nueva carga de la deuda (canje a fondos buitre) sobre el presupuesto público. Por otro lado, los anuncios de impuestos compensatorios a los dividendos y cierto tipo de transacciones de empresas serán objeto de debate parlamentario y sujetos a maniobras de todo tipo. Los monotributistas -cuya contratación suele encubrir una relación laboral precaria- no están contemplados en la resolución de la AFIP.

El “cambio” en asignaciones familiares es irrisorio, ya que extiende su vigencia en 110 pesos por hijo para los salarios de hasta 30 mil pesos. Es una bofetada a los obreros de la construcción y tantos asalariados por debajo de la canasta familiar. En este punto, daremos continuidad a nuestro planteo de asignaciones para todos, que sean acordes a los gastos de un hijo hasta los 18 años.

Reforzar la campaña por la abolición del impuesto

El recule oficial debe llevarnos a reforzar la campaña política del Frente de Izquierda alrededor de la posición y el proyecto de ley ya elaborado por el Partido Obrero, por la abolición del impuesto a las ganancias sobre todo salario convencionado, de carrera docente, estatal o judicial. Profundicemos el debate político en el movimiento obrero alrededor del objetivo de anular el impuesto, que -ya aprendimos- vuelve de la mano de la inflación cualquiera sea su actualización. El salario no puede ser confiscado para financiar el rescate a los capitalistas -sean los usureros de la deuda externa, las petroleras (vía importación) o los concesionarios que vaciaron los ferrocarriles. Sigue firme la bandera: abajo el impuesto al salario y asignaciones familiares para todos.

En primer lugar convalida la política oficial sobre el Fondo de Sustentabilidad del Anses, explicando que “es un fondo de emergencia” y apoyando su utilización “en inversiones financieras”. Pero la emergencia ya está entre nosotros, es el medio millón de juicios, muchos con sentencia favorable que el Anses apela hasta el infinito, condenando a sus beneficiarios.

El fondo se ha invertido en un 62% en bonos de la deuda pública. Mirta Tundis encubre que son papeles “pagadios” que no permiten afrontar ninguna emergencia, porque si se vendieran en el mercado financiero, de inmediato sus precios caerían a chirolas. Tampoco denuncia que en el último mes se han vendido mil millones en bonos nominados en dólares para bajar el blue, lo que ha descapitalizado todavía más a los futuros jubilados. Algo que ya se había hecho cuando el Anses “pesificó” depósitos a plazo fijo en la misma moneda para “dar el ejemplo” de la fallida pesificación de Moreno. Tibiamente se quejó Tundis de “algunos créditos a tasas un poco bajas”,  seguramente refiriéndose al rescate del pulpo GM al 9% anual contra una inflación del 25%.

Tundis reivindicó como correcta y positiva la ley de movilidad jubilatoria que ata la movilidad de las jubilaciones a la recaudación y a la evolución del salario. Entrega entonces la bandera histórica de que la jubilación represente de manera actualizada el 82% del salario en actividad de cada trabajador, porque los avatares de la recaudación y los salarios en general van atados al nivel de trabajo en negro, a las recesiones y a los topes de aumentos que se fijen desde el poder como ocurre ahora mismo de manera no escrita mediante el concurso de la burocracia sindical.

Por otra parte, la candidata de Massa no reivindica el 82% del mejor salario al momento de jubilarse y ni llega a plantearse la revisión del sistema de cálculo cavallomenemista que hoy resulta en un 45% del menguado salario en actividad. Nos aclara en cambio, que “no es posible el 82%”, que tenemos que “mejorar” las jubilaciones mediante un impuesto a la renta financiera.

Sin entrar en las limitaciones de ese impuesto que está de moda en la demagogia de los políticos capitalistas para todo uso, digamos que Tundis no nos plantea proteger al Anses del saqueo del Tesoro y su déficit y recomponer sus fuentes de ingresos de donde tiene que venir desde que la jubilación existe, es decir del aporte patronal, porque se trata de un salario diferido que el trabajador se gana con su sudor para su vejez.

Tundis nos explica que el sistema jubilatorio tiene que ser una “contención social”. Nosotros pensamos lo opuesto a esta tesis del Banco Mundial que tiene por objetivo un ingreso asistencial de la vejez. Para nosotros, la izquierda, la jubilación es un salario diferido, al que aportamos toda la vida. Tundis desprende -con todos los defensores del vaciamiento compartido del sistema en los últimos 40 años- al salario en actividad de la jubilación, por eso para ella no cabe más nuestra reivindicación central: el 82% que jamás abandonó el movimiento popular como bandera. Tundis explica que son pocos los trabajadores activos que aportan por cada jubilado, como si esto fuera una fatalidad. Las jubilaciones deben ser defendidas, precisamente a partir de recomponer los aportes patronales rebajados desde los 90, a partir de blanquear la totalidad del salario de los trabajadores empezando por el Estado que es el primer pagador en negro, a partir de terminar con el trabajo en negro, la tercerización y precarización laboral y a partir de un mínimo salarial equivalente a una canasta familiar, todo lo cual revolucionaría los ingresos del Anses.

Para todo ello, que son las propuestas del Partido Obrero, se requiere que el Anses sea gestionado por trabajadores y jubilados, sus verdaderos dueños, por medio de comisiones electas por ellos mismos. Tundis, concedamos, está condicionada porque es la tercera candidata de un verdadero arquitecto del saqueo del Anses, Massa, interventor durante siete años, por lo que su política es continuismo kirchnerista puro.

Massa se declara de “origen” peronista y plantea una campaña “desideologizada, en función de la gestión y las demandas de la gente”. Busca vender la imagen de “político moderno y transversal” que le sopla su asesor peruano (Sergio Bendixen), una réplica del macrismo. Más allá del “franciscano” Giustozzi, el reagrupamiento de intendentes de Massa ha sido de derechistas consumados. Pablo Bruera, que integraba ese núcleo inicial, fue guardado bajo la alfombra luego de las inundaciones que dejaron 70 víctimas fatales. Ahora, como cadáver político, sólo encontró lugar en el kirchnerismo.

La naturaleza social de la “gestión” de Massa es la de un municipio enfocado en la especulación inmobiliaria: el 75% de la población no tiene los cuatro servicios públicos esenciales. Sus cámaras de seguridad han servido sólo a la demagogia que caracteriza a toda la oferta de derecha en la materia.

Alrededor de Massa hay un vasto operativo de la burguesía en torno de una sucesión pactada con el kirchnerismo. La inclusión del devaluacionista De Mendiguren expresa el giro de un sector de la burguesía industrial, junto al capital agrario y el financiero, interesados en la vuelta de Argentina al mercado de deuda. Semejante perfil lo completa la inclusión de Héctor Daer, el hombre de los “gordos” en la mesa de la CGT Balcarce.

Lo que merece un párrafo aparte es la presencia del Fabián “Mocho” Alessandrini, adjunto de Roberto Baradel en la CTA provincia, miembro de los disidentes de ATE, quien habría sido habilitado para integrar la lista massista por el propio Baradel. Después de las victorias de la izquierda en el Suteba, el kirchnerismo pierde por derecha y por izquierda.

La desintegración del peronismo

El massismo es un producto de la desintegración del kirchnerismo y, a su turno, de una nueva etapa en la crisis del peronismo. Si el peronismo se caracteriza por “tener a un conductor”, la pérdida de autoridad de Cristina para contener a los suyos hizo explotar al peronismo en cinco listas en Buenos Aires, el corazón de su dominación política: el FpV, Massa, De Narváez, Eduardo Amadeo (Rodríguez Saá) y Momo Venegas.

De la “columna vertebral del movimiento” que constituía la CGT, queda sólo el recuerdo. El panorama de disgregación de la burocracia sindical es más agudo aún que su fractura en cinco centrales. Ocurre que también se está rompiendo la CGT Balcarce: a Moyano se le fue Bancarios, Venegas se presentó con una lista rival de Plaini -quien va con De Narváez- y la integración de Alessandrini a Massa agravó la división de la CTA oficialista. Otro pilar histórico de la burocracia, José Pedraza, está preso como resultado de una lucha que lideró la izquierda revolucionaria.

La disgregación de la burocracia sindical es un episodio fundamental en la descomposición del peronismo, que presentó siempre ante la burguesía su capacidad de contención de la clase obrera a partir de los sindicatos. En este escenario, el cristinismo le ha entregado el 90% de las listas bonaerenses a los intendentes del PJ, los Othacehé, los Curto y los Espinoza, para evitar una fuga todavía mayor hacia Massa o De Narváez. Pero esos punteros mañana se irán con ellos o con Scioli, el caballo del Troya de los K, y el cristinismo se quedará a la intemperie. El matancero Espinoza dice que ganará el 90% de los votos en su distrito. O sea que cuenta como propios los de Massa, mediante un corte de boleta autorizado por abajo.

En otro orden, Sabbatella ha entrado en zona de disolución política, levantando su lista de Merlo a cambio de insertar a su mujer en las listas provinciales, entre los candidatos de Othacehé e Ishii. El Partido Obrero de Merlo ha iniciado una campaña para que todo el progresismo del distrito se exprese en el voto al Frente de Izquierda.

A partir de esta desintegración del kirchnerismo y sus agentes sindicales, el campo para la lucha política del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es bien amplio. Las tendencias de lucha de Brasil están presentes en la clase obrera y la juventud argentina. Démosle expresión política en la campaña de las primarias, para consagrar un bloque de la izquierda revolucionaria en octubre.