El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

Ahora Cristina Fernandez de Kirchner y los gobernadores, que pactaron con los amotinados, los denuncian de “desestabilizadores”. Es una cortina de humo. Ante el temor a que se generalice una lucha salarial, el gobierno que reforzó a los efectivos y presupuestos de las policías de la represión, el gatillo fácil y la alianza con el delito organizado, necesita a los uniformados para enfrentar los reclamos populares. Los trabajadores no podemos esperar. Más de la mitad cobran salarios menores a 4.000 pesos y el 40 % está en negro. Eso ya se evidencia en sectores del movimiento obrero. La crisis ha detonado una reacción obrera: en Neuquén, en Catamarca, en Chaco, en Córdoba, en la estratégica provincia de Buenos Aires, por mencionar sólo algunos casos. Los estatales, enfermeros y maestros han salido a las calles.

Reclaman, como lo hizo el FIT en su campaña electoral, la canasta familiar. A partir de este claro planteo, es necesario que los trabajadores debatamos un programa y una lucha.

Es hora de que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción.

Es justamente detrás de esta perspectiva, que coloque en el centro de la crisis a los trabajadores y su planteo de salida que la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y la Central de Trabajadores Argentinos convocamos a una gran marcha obrera el 19 de diciembre, a las 16 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, para dar una salida obrera a la crisis que los trabajadores y el pueblo no han generado.

Que la policía haya puesto en la agenda nacional un salario mínimo equivalente a la canasta familiar demuestra, ante todo, la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias de los policías tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias obreras.

Pero las concesiones a la policía abren una deliberación colosal, en primer lugar, entre los estatales y docentes de todas las provincias del país. En Córdoba, la dirección delasotista de los empleados públicos se ha visto obligada a ir al paro de 48 horas por aumento y habrá marcha conjunta con docentes que medirá el estado de ánimo y de movilización entre los trabajadores. En Neuquén, un paro total de docentes y estatales, con masiva marcha, puso ya en la calle el reclamo de 10 mil pesos de básico y sigue un gran paro de salud. El 18 habrá un paro nacional médico de Fresposa, nacido en la lucha de los residentes de la provincia de Buenos Aires.

Es el camino en todas las provincias. Asambleas conjuntas de los estatales, por encima de divisiones de gremios. Unidad con docentes y trabajadores de la salud. Que Ctera convoque un congreso con mandato de asambleas de cada provincia, ningún crédito a la paritaria trucha tradicional de Yasky, quien seguirá el camino entreguista del sindicato de docentes salteño que firmó 25 % en tres cuotas, de espaldas a la docencia.

La docencia es cuatro veces más numerosa que la policía, y los estatales un número equivalente a la fuerza policial con variantes, según las provincias. Se abre un cuadro de crisis donde el movimiento obrero en su conjunto tiene que intervenir.

El gremio aceitero, que enfrenta la primera paritaria, ha planteado 9.500 pesos de básico, el real monto de una canasta familiar. Aunque claro está, en este cuadro de inflación creciente, hay que imponer mecanismos de indexación salarial. No se pueden admitir tampoco ningún tipo de cuotas, esquema histórico kirchnerista que hoy resulta directamente confiscatorio. Otra paritaria que ha causado impacto en las filas obreras es la de cerveceros, que cerró (atrasada) en 26,5% en tres cuotas, pero con un adicional de fin de año de 10 mil pesos en dos cuotas.

El gobierno se preocupa por la “tensión social”. Pero negó bonificación alguna a los jubilados, y el aguinaldo para los 170 mil trabajadores del Argentina Trabaja. Esas reivindicaciones sólo las levanta el clasismo, junto al doble aguinaldo para todos y reapertura de paritarias, en la manifestación del 29 de noviembre.

Moyano ha renunciado a jugar un papel de conjunto, apenas trata de cuidar el deterioro de su autoridad puertas adentro del gremio, negociando sin ruidos un bono de fin de año. La burocracia sindical se atomiza y se adapta a las pugnas de los diferentes caciques pejotistas. Por otro lado, especulan con notables caídas en la producción industrial para mejor frenar el reclamo, pero sin ofrecer política alguna allí donde se producen suspensiones o despidos.

Nuestra política es la contraria, es la hora para que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción. Ganemos la calle el 20 de diciembre, todas las organizaciones obreras de lucha, con este programa.