Es al mismo tiempo la última puntada de un ciclo histórico. En 1976, la deuda era de 8 mil millones de dólares; en 1983, de 45; en 1990, de 65; en 2001, ascendía a 150; y hoy, el Ministerio de Economía indica 240 mil millones de dólares. Estamos pagando una deuda usuraria e ilegítima en su mayoría, porque nace de la estatización de deudas privadas de Domingo Cavallo en los setenta, en la dictadura. Estos intereses usurarios son los que generan el déficit fiscal —no las jubilaciones o las asignaciones sociales. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner asumió con una deuda de 144 mil millones de dólares y Cristina Fernández dejó el Gobierno con 240 mil millones, después de haber pagado, “serialmente”, 190 mil millones.

La perspectiva de este acuerdo es abrir un espiral de endeudamiento. Los gobernadores defienden este pacto en función de más endeudamiento para sus provincias. Pero nunca los ciclos de endeudamiento —que llevaron a ocho defaults en la Argentina— fueron inversiones para el desarrollo nacional. La función de este acuerdo es financiar fuga de capitales y pasivos, no inversión, cuando la corriente internacional es inversa.

El ajuste no sólo no se evita, es la precondición del acuerdo y ya está en marcha. Mientras que en los defaults anteriores contaban con el petróleo, los teléfonos, las redes de gas, las redes eléctricas, para entregar el patrimonio nacional, hoy, eso no existe más. Entonces, la deuda se garantiza con más ajuste contra los trabajadores. El Partido Obrero ha propuesto en Diputados otro ajuste para financiar al país: no pagarle los cien mil millones de pesos que el Gobierno Macri reconoció y terminará costando el negociado de Axel Kicillof con el dólar futuro; ajustar a las mineras y a las petroleras, a quienes se premió con rebaja de retenciones o se les paga el doble del precio internacional; ajustar a los bancos, que han ganado como nunca en la etapa precedente con títulos públicos (no prestando para la producción).

Es una vulgaridad confundir al público con la máxima de: “Las deudas se pagan”. Las deudas externas han sido y son un factor de opresión por parte de los centros del poder económico y sus Estados contra los pueblos. Este acuerdo votado en el Congreso Nacional se celebra en Wall Street y en la City porteña. En contraposición a esta sumisión, el Frente de Izquierda-Partido Obrero defiende que se suspenda el pago y se investigue la deuda, para desnudar su carácter ilegítimo e ilegal, y que un referéndum vinculante decida sobre ella. Contra el ajuste, reclamamos la prohibición de despidos y suspensiones, el aumento de emergencia a los jubilados, 40% a los trabajadores y un salario equivalente a la canasta familiar; abolición del impuesto a las ganancias en los salarios.

Por eso no coincidimos con Cristina Kirchner: si Macri arregla con los fondos buitre, no “dura doce años”. El movimiento obrero, más temprano que tarde, se va a levantar contra este pacto hecho a costa del sudor y las lágrimas del pueblo argentino, incluso superando aquellas burocracias sindicales que están acompañando el ajuste con el discurso de la “unidad nacional” que es funcional a los buitre.

La movilización masiva del 24 de marzo constituye un primer eslabón de la respuesta popular a la política en curso.

La confiscación salarial que implica el impuesto a las ganancias es —una parte de— la otra cara de la eximición de pago de retenciones a las mineras y al capital agrario. Los trabajadores estamos financiando los beneficios que recibieron los exportadores. Más aún, el impuesto al salario forma parte de la garantía de las condiciones de pago que Macri ofrece a los acreedores internacionales para el acuerdo con los fondos buitre y el ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento, la piedra fundamental de su Gobierno.

En este sentido, la lucha contra el impuesto al salario es clave para enfrentar toda la política macrista. Justamente por eso, las centrales sindicales, en línea con el acuerdo al que han llegado con el Gobierno, dijeron que sus diputados “buscarán retocar el impuesto en el Congreso”. Un acto de absoluta adaptación y una sutileza para dejar en claro que no organizarán ninguna medida de lucha del movimiento obrero que ponga en jaque los planes del macrismo.

El massismo, que hace una fuerte demagogia contra el impuesto, lo usa como cobertura social para acompañar el pacto buitre que votará en los próximos días con los parlamentarios de Cambiemos. La abolición del impuesto al salario y el 82% móvil son incompatibles con el acuerdo con los fondos buitre, que llevará a la profundización del ajuste contra los trabajadores.

La Cámpora, que denuncia que Macri no ha eliminado el impuesto, es incapaz de levantar ningún reclamo contra el impuesto al salario. Ellos escribieron el libreto que hoy perpetúa Macri. El Partido Justicialista (PJ) y los gobernadores acompañan.

El impuesto a las ganancias debe ser abolido de todo salario de convenio, carrera estatal o judicial y de las jubilaciones, y el mínimo no imponible debe ser llevado al valor de tres canastas familiares (calculadas en 19 mil pesos). Las escalas deben actualizarse 18 veces, considerando la inflación acumulada desde 1999. Esto plantea el proyecto de ley de los diputados del bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero.

El paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del 24 de febrero demostró la energía de un movimiento obrero azotado por los despidos, la inflación, los topes salariales y el impuesto al salario. La Bancaria movilizó el 1º de marzo por este reclamo. Están reunidas las condiciones para un paro nacional de 24 horas para sacar a los trabajadores del impuesto al salario y contra todo el paquetazo ajustador. Como toda conquista, la arrancaremos con lucha.

Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año.

El tema del pacto social ha derivado en enfrentamientos internos en la CGT-Caló. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, de Sanidad, cuestionan que Antonio Caló sea el interlocutor del pacto. Ellos quieren discutir sus propias prebendas, pero además consideran que si el moyanismo está ausente, el pacto social no tendría efectividad.

Por otro lado, la CGT-Córdoba salió directamente a cuestionar el condicionamiento a las paritarias. El abogado Garzón Maceda, ligado a ese sector, ha comenzado una campaña “en defensa de las paritarias libres”. Recordemos que el gremio de la alimentación cordobés rompió el tope no escrito con una gran huelga general en 2010 e impuso un 35 %.

Los cuestionamientos a varias bandas han llevado a Caló a desmentir la participación en el pacto de la CGT oficial. Indudablemente la atomización de la burocracia sindical constituye un obstáculo al planteo. En un punto, la burocracia replica el problema del fraccionamiento político del Partido Justicialista y del conjunto de la burguesía. Esas divisiones, y la circunstancia de que el próximo Gobierno no tenga mayoría parlamentaria, obligarían a la burguesía a una suerte de Gobierno de coalición. El pacto social sería una pieza dentro de esa perspectiva política.

Sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa el ejecutor de un ajuste, la cuestión del pacto social estará a la orden del día para contener la reacción del movimiento obrero. Entre ellos discuten quién tiene mayor espalda para aplicarlo. Los tres mosqueteros han jurado amor eterno al modelo sindical. Hugo Moyano, consciente de este problema, planteó hace un año la necesidad de unir las fracciones sindicales peronistas en una CGT para “acompañar al nuevo Gobierno”, pero fracasó hasta el presente.

Queda muy claro, entonces, que la unificación del movimiento obrero que debaten las cúpulas sindicales es reaccionaria, porque su función sería acompañar una salida en la que la crisis capitalista y las explosivas contradicciones acumuladas se descargan sobre las masas trabajadoras.

El Frente de Izquierda tiene la función estratégica, no solo de luchar en las organizaciones obreras contra esta perspectiva, sino de plantear claramente en la campaña electoral la función de un pacto de este tipo -que por supuesto carecerá de todo mandato de bases y sería una herramienta del ajuste-, preparando políticamente al movimiento obrero para los desenlaces que se avecinan antes y después de octubre.

Desde luego en medio de estas contradicciones está el impuesto a las ganancias sobre los salarios que disparó el paro nacional y que está en la base del “engorde” de los reclamos de ciertas burocracias como la de Maturano de la Fraternidad. Esto se aprecia en los acuerdos petroleros de Pereyra que pactó tres cuotas de $7000 exceptuadas de ganancias. La excepción sean tal vez los aceiteros que fijaron una canasta familiar en la cifra exacta de $14931, surgida de los estudios de la Universidad de Rosario y el plenario de delegados del subte que votó, a instancias del clasismo, un pliego paritario para recuperar el salario y al mismo tiempo un bono compensatorio de ganancias. La radicalización de Daer, al menos en las cifras, viene de atrás y se explica por su debilitamiento en la base del gremio.

Scioli y los gobernadores habían logrado cerrar las paritarias docentes con menos paros que otros años, Caló, Cavalieri, Gerardo Martínez, están prestos a firmar los topes oficiales y todos ellos se apoyan, como otras burocracias menores, por caso gráficos, plásticos o textiles en la recesión industrial que atraviesa una nueva ola de suspensiones y quiebras.

Pero el escenario de la inflación no ha cedido a pesar de la recesión. Todas las mediciones ubican la inflación arriba del 2% mensual lo cual es una enormidad y la canasta de pobreza que mide la CABA alcanzó los $6000 cuando la mitad de los trabajadores ganan menos de $5500 según el INDEC. Convenios como el de la UOM, comercio, construcción o UPCN, los grandes gremios, se alejan cada vez más de la canasta familiar.

El paro nacional mostró el alcance de la inquietud en el movimiento obrero y al mismo tiempo la necesidad de un programa y una acción de conjunto.

Como están planteadas las cosas, las reivindicaciones del movimiento obrero deben ser planteadas como parte de un programa de conjunto que prepare a los trabajadores que enfrentan cierres o suspensiones, la cuestión del salario en referencia a la canasta familiar y la abolición de ganancias en los salarios de convenio. Esto último supone alterar todo el cuadro de ese impuesto confiscatorio, los mínimos no imponibles, la escala y el absurdo “piso” de Kicillof-Kirchner, de manera que la cuarta categoría rija para directivos empresariales y no para trabajadores.

La cuestión del paro de 36 horas y el plan de lucha, forma parte de un planteamiento de tipo político general a todo el movimiento obrero. La UIA salió a marcar la cancha a Scioli, Macri y Massa. Introdujeron el tema de la anulación de paritarias en función de algún tipo de pacto social futuro para acompañar el ajuste. Maturano ha denunciado que está presente la cuestión de la devaluación y de los ajustes de tarifas, pero en nombre de la unidad peronista futura de la CGT formó una nueva fracción y retarda un plan de lucha en función de un restringido acuerdo en el tema ganancias. Todos ahora se acuerdan que el gobierno acumula ya una deuda de 25 mil millones con las Obras Sociales: la política de Kicillof y Cristina colisiona con los sindicatos, donde pierde sistemáticamente la salud de la familia obrera.

Las “cocinas” de vieja dirigencia sindical empresarial paralizan al movimiento obrero. Nuestra tarea está centrada en organizar asambleas, mandatos y una vasta difusión del clasismo para que el movimiento obrero intervenga en la crisis con su propio programa, preparando las condiciones políticas y de lucha para que el ajuste lo paguen los banqueros y capitalistas. Nuestra propuesta es un Congreso de Delegados electos, con mandato, que vote debata y vote estos objetivos y supere la atomización creciente del movimiento obrero.

El disparador para abordar esta temática fue el propio Indec, que registró un alarmante 34,5% de trabajo informal, un aumento respecto de mediciones anteriores. Se trata de 4,3 millones de trabajadores no registrados. Si sumamos los 600 mil tercerizados, los trabajadores por agencias de trabajo temporario, los contratados y monotributistas que son, en realidad, asalariados disimulados -especialmente en el Estado-, más becarios, pasantes y otras modalidades “noventistas” de estos días, la mitad de la fuerza de trabajo argentina está precarizada. Ese era el número de trabajadores en negro en medio de la catástrofe devaluatoria 2002/3.

Otra faceta de esta década “negra” es el componente negro del salario, cuestión que se extiende tanto al ámbito privado como al estatal. Gran parte del sueldo de los 800 mil docentes está formado por cifras “no remunerativas” y “no bonificables”, dos variedades del negro salarial. Precisamente, los 150 mil docentes universitarios dieron un gran salto cuando conquistaron el blanqueo por medio de la gran huelga general de 2005; no obstante, no se cumplieron los compromisos de incorporación de los ad honorem y éstos siguen siendo más de 20 mil.

Esta geografía del mercado laboral argentino es la que garantiza que el 50% de la fuerza laboral gane menos de 3.800 pesos, el 40% de una canasta familiar bien medida. En resumen, la década “ganada” se basó en el fraude laboral, el trabajo en negro y la precarización, garantizando una colosal recomposición de la tasa de ganancias y explotación capitalista.

Dentro de este universo se encuentra el trabajo esclavo y la trata con ese destino, estimada en 30 mil trabajadores en la Capital y cifras muy superiores en la provincia. Pero, como se aprecia, no se trata de un rayo en cielo sereno, sino de la manifestación más extrema de la flexibilización laboral que agravó la explotación social en las últimas décadas. La exteriorización del fenómeno por parte de algunas ONG no ahorran la tarea de intervención del movimiento obrero para terminar con esta barbarie.

De cara a esta realidad, los anuncios oficiales son irrelevantes. Lanzarían brigadas de delegados de los aparatos gremiales para acompañar a los ¡400! inspectores del ministerio que controlan la registración laboral. Además, plantearán para los evasores de las leyes laborales una controvertida inscripción en el Veraz, que no aceptan ni burócratas ni empresarios.

Pero esos 400 inspectores están ellos mismos, en su mayoría, precarizados: de los 4.000 empleados del Ministerio de Trabajo, ATE denuncia que 2.700 están con contratos o monotributos, el peor de todos los fraudes laborales. Por el lado de los sindicatos es aún peor. En gremios como gráficos o metalúrgicos, los “asesores” sindicales de las secretarías gremiales hacen la vista gorda en empresas sin afiliados al sindicato, sin delegados y donde impera la ley de la estancia, trabajo negro incluido. Este es uno de los motivos que lleva a que más del 80% de las empresas no tengan delegados en el país con más tradición de organización sindical fabril de toda América.

La burocracia de los Caló, los Gerardo Martínez y los Venegas es socia estratégica del trabajo en negro y de la precarización laboral, desde que ella misma es titular de empresas tercerizadas como Unión del Mercosur de Pedraza u All Clean de Sergio Sasia, su sucesor en la Unión Ferroviaria. La burocracia es socia en el puerto de Mar del Plata, donde el 60% de los trabajadores son conchabados en falsas cooperativas.

Revertir esta década “en negro” no podrá resolverse con un proyecto de ley, puesto que el trabajo en negro ya está prohibido. Es una tarea integral de organización del movimiento obrero, unificándolo por encima de las diferencias internas agravadas en la década K, organizando a la juventud precarizada, con comités de empresa electos por los trabajadores para su blanqueo -haya o no sindicalización previa-, dando estabilidad laboral a los trabajadores en negro que denuncien su situación y sindicalizándolos al mismo tiempo.

Estas tareas se combinan con la expulsión de la burocracia sindical, factor de contención de las tendencias de lucha y organización del movimiento obrero. Sólo tres sectores -construcción, Uatre y empleo doméstico- concentran un tercio de la fuerza laboral en negro. El Sitraic, en la construcción, es una punta de lanza para revertir este flagelo. Debe establecerse la vigencia del convenio principal en cada lugar de trabajo, para terminar con la tercerización. Todo contratado debe pasar a planta. También para esta lucha es necesario un bloque del Frente de Izquierda en el Congreso.