El proyecto de ley establece un menú de rebajas de aportes patronales a la seguridad social de tipo decreciente, desde las Pymes (total durante dos años) hasta las grandes empresas, en este último caso de un 25%. Lo que no podemos negar es que hay un lineamiento, porque antes se eximió de los cortes de subsidios al gas y al agua a las empresas. Es decir que se ha iniciado un ciclo de reforzamiento de los subsidios y extensiones del Estado a las patronales, a expensas de los trabajadores.

En el caso de la mal llamada ley de blanqueo es claramente a expensas de los trabajadores porque la ley afecta los aportes, por ejemplo jubilatorios. Y si bien al trabajador se le reconocerían los años de aportes, la rebaja desfinancia el sistema en su conjunto y por lo tanto afecta la movilidad jubilatoria. Es un golpe a la jubilación, que no es otra cosa que un salario diferido, en beneficio de los capitalistas. Refuerza las rebajas patronales de los 90 que han desfinanciado al Ansés en miles y miles de millones de pesos desde hace 20 años.

Luego, el largo articulado de creación del “Repsal”, un registro de los empleadores en negro, es más de lo mismo, porque depende de las inspecciones que hasta ahora permitieron que el trabajo en negro llegue al escalofriante 35%. Claro, en muchos casos los propios inspectores están precarizados, como contratados o monotributistas.

El Estado nacional –y todos los demás, provinciales y municipales- no ha empezado por casa. Los monotributistas en los que compiten el cristinismo, Macri y otros gobernadores, son un abierto fraude laboral practicado por el estado encargado de “combatir” el trabajo en negro.

Desaparecido Laclau, el “relato” sigue vivo. Los “nacionales y populares” no visten el proyecto de rebajas patronales de “antidesocupación”, porque su relato indica que no hay casi desocupados, algo completamente falso si miramos los falsos empleos Argentina Trabaja y demás planes sociales y la descomunal magnitud de la AUH. Prefieren vestirlo de ley de blanqueo o combate al trabajo en negro que ellos mismos propiciaron y permitieron.

El combate al trabajo en negro no pasa, claro está, por falsas inspecciones de un Estado negrero –y coimero-, y mucho menos por rebajas de aportes patronales a la seguridad social. El pago de trabajadores en negro requiere de finanzas en negro y la rebaja de aportes podrá favorecer a los empresarios que toman algún trabajador –estamos en tiempo de despidos y suspensiones-, pero el que tiene un circuito económico en negro no lo cambia por una rebaja de aportes porque sufre el impacto del blanqueo de toda la porción de la actividad económica que corresponde al trabajador empleado. La ley es inútil, además, antes de empezar a aplicarse, en los salarios que se pagan parte en negro y parte en blanco, porque se trata de “viejos” trabajadores que no califican para la rebaja de aportes.

En resumen, es una estafa política. El blanqueo de los trabajadores requiere intervenir en función de una movilización social de los trabajadores mismos para denunciar su situación y garantizar su registración. Esto requiere brindar estabilidad laboral, por ejemplo por cinco años, a todo trabajador que por carta documento reclame su registración y/o su blanqueo salarial parcial. Otra medida clave para combatir el trabajo en negro es la elección de delegados, convocada haya o no haya afiliados a un sindicato determinado en todos los lugares de trabajo, para reforzar la cohesión de los trabajadores que tienen que encarar su lucha legal por el blanqueo. Por supuesto, otra contribución a la lucha por el blanqueo es terminar con el curro de la tercerización, a menudo en negro, mediante la vigencia irrestricta del convenio principal de la empresa o actividad de que se trate. Este es el camino del clasismo y la izquierda para terminar con el trabajo en negro, fuente de la más extrema flexibilidad laboral y miseria salarial.

Bajo el peso de la presión popular, la derrota electoral del gobierno y la proliferación de movimientos fabriles contra el impuesto al salario, Cristina Kirchner estableció nuevos pisos en la cuarta categoría de ganancias -el llamado “impuesto al salario”. El movimiento de lucha contra esta confiscación tuvo fuertes manifestaciones desde abajo. La coordinación que nació en una asamblea de Fate (y que concretó el Sutna San Fernando) llevó adelante tres plenarios por esta reivindicación. Organizó una movilización de miles de compañeros el 24 de mayo pasado y se planificó otra para el 13 de setiembre, a la que adhirieron el Suteba La Plata, AGD-UBA, el Sitraic y el Suteba Tigre, entre otros, mientras comenzaba a extenderse a todos los sindicatos y cuerpos de delegados combativos. Justamente, la agrupación antiburocrática del cuerpo de delegados de Acindar llamó a movilizarse ese día, colocando el debate en la UOM de Villa Constitución. El secretario general de esa seccional de la UOM planteó un plenario de delegados y activistas en conjunto con la CGT San Lorenzo, por este tema para las próximas semanas.

En Chubut, los metalúrgicos de Aluar le impusieron a la patronal una compensación del 11 %, equivalente a los descuentos por ganancias. Mil camioneros de Aesa y Cliba de Capital Federal le pararon a Moyano al margen de su dirección, lo que disparó un paro nacional camionero contra el impuesto. Días después, la Federación Portuaria paraba por lo mismo.

Piumato se apuró a declarar “el triunfo de la CGT” moyanista. Pero es al revés: las centrales sindicales depusieron toda lucha desde aquel lejano paro del 20 de noviembre del año pasado. Por eso, el movimiento tomaba impulso desde abajo. Los Moyano y los Caló se dedicaron a ver con quién “jugar” en la descomposición del PJ, abandonando la lucha por una reivindicación que es responsabilidad, ante todo, de los sindicatos. Y trenzaron con listas patronales que sólo hicieron demagogia en relación con el punto.

Hubo sí, presión de la propia patronal de la UIA para que “el Estado se haga cargo”, porque los trabajadores no quieren hacer extras y, además, crecía el reclamo por aumentos compensatorios.

Una salida precaria

Ante todo, el piso que establece el anuncio presidencial se refiere a un salario bruto de 15.000 pesos. Por lo tanto, desafectará a los trabajadores y jubilados que ganan hasta unos 12 mil netos, según los descuentos. Luego -lo que es fundamental- se trata de una resolución de la AFIP hasta diciembre y no de una ley: es un piso transitorio y no la elevación en regla del mínimo no imponible, que sólo aumenta un 20% para los salarios mayores de 15 mil hasta 30 mil. La resolución, por otra parte, es a partir de septiembre y no es retroactiva. La eliminación del impuesto, por lo tanto, abarca sólo cuatro meses y termina a fin de año.

Estamos, entonces, ante una salida precaria, que deja en pie el principio de la confiscación impositiva del salario. Su futuro a partir de comienzos de 2014 es incierto y dependerá del conjunto de las finanzas del Estado, que en estas horas ha anunciado una nueva carga de la deuda (canje a fondos buitre) sobre el presupuesto público. Por otro lado, los anuncios de impuestos compensatorios a los dividendos y cierto tipo de transacciones de empresas serán objeto de debate parlamentario y sujetos a maniobras de todo tipo. Los monotributistas -cuya contratación suele encubrir una relación laboral precaria- no están contemplados en la resolución de la AFIP.

El “cambio” en asignaciones familiares es irrisorio, ya que extiende su vigencia en 110 pesos por hijo para los salarios de hasta 30 mil pesos. Es una bofetada a los obreros de la construcción y tantos asalariados por debajo de la canasta familiar. En este punto, daremos continuidad a nuestro planteo de asignaciones para todos, que sean acordes a los gastos de un hijo hasta los 18 años.

Reforzar la campaña por la abolición del impuesto

El recule oficial debe llevarnos a reforzar la campaña política del Frente de Izquierda alrededor de la posición y el proyecto de ley ya elaborado por el Partido Obrero, por la abolición del impuesto a las ganancias sobre todo salario convencionado, de carrera docente, estatal o judicial. Profundicemos el debate político en el movimiento obrero alrededor del objetivo de anular el impuesto, que -ya aprendimos- vuelve de la mano de la inflación cualquiera sea su actualización. El salario no puede ser confiscado para financiar el rescate a los capitalistas -sean los usureros de la deuda externa, las petroleras (vía importación) o los concesionarios que vaciaron los ferrocarriles. Sigue firme la bandera: abajo el impuesto al salario y asignaciones familiares para todos.