Desde luego en medio de estas contradicciones está el impuesto a las ganancias sobre los salarios que disparó el paro nacional y que está en la base del “engorde” de los reclamos de ciertas burocracias como la de Maturano de la Fraternidad. Esto se aprecia en los acuerdos petroleros de Pereyra que pactó tres cuotas de $7000 exceptuadas de ganancias. La excepción sean tal vez los aceiteros que fijaron una canasta familiar en la cifra exacta de $14931, surgida de los estudios de la Universidad de Rosario y el plenario de delegados del subte que votó, a instancias del clasismo, un pliego paritario para recuperar el salario y al mismo tiempo un bono compensatorio de ganancias. La radicalización de Daer, al menos en las cifras, viene de atrás y se explica por su debilitamiento en la base del gremio.

Scioli y los gobernadores habían logrado cerrar las paritarias docentes con menos paros que otros años, Caló, Cavalieri, Gerardo Martínez, están prestos a firmar los topes oficiales y todos ellos se apoyan, como otras burocracias menores, por caso gráficos, plásticos o textiles en la recesión industrial que atraviesa una nueva ola de suspensiones y quiebras.

Pero el escenario de la inflación no ha cedido a pesar de la recesión. Todas las mediciones ubican la inflación arriba del 2% mensual lo cual es una enormidad y la canasta de pobreza que mide la CABA alcanzó los $6000 cuando la mitad de los trabajadores ganan menos de $5500 según el INDEC. Convenios como el de la UOM, comercio, construcción o UPCN, los grandes gremios, se alejan cada vez más de la canasta familiar.

El paro nacional mostró el alcance de la inquietud en el movimiento obrero y al mismo tiempo la necesidad de un programa y una acción de conjunto.

Como están planteadas las cosas, las reivindicaciones del movimiento obrero deben ser planteadas como parte de un programa de conjunto que prepare a los trabajadores que enfrentan cierres o suspensiones, la cuestión del salario en referencia a la canasta familiar y la abolición de ganancias en los salarios de convenio. Esto último supone alterar todo el cuadro de ese impuesto confiscatorio, los mínimos no imponibles, la escala y el absurdo “piso” de Kicillof-Kirchner, de manera que la cuarta categoría rija para directivos empresariales y no para trabajadores.

La cuestión del paro de 36 horas y el plan de lucha, forma parte de un planteamiento de tipo político general a todo el movimiento obrero. La UIA salió a marcar la cancha a Scioli, Macri y Massa. Introdujeron el tema de la anulación de paritarias en función de algún tipo de pacto social futuro para acompañar el ajuste. Maturano ha denunciado que está presente la cuestión de la devaluación y de los ajustes de tarifas, pero en nombre de la unidad peronista futura de la CGT formó una nueva fracción y retarda un plan de lucha en función de un restringido acuerdo en el tema ganancias. Todos ahora se acuerdan que el gobierno acumula ya una deuda de 25 mil millones con las Obras Sociales: la política de Kicillof y Cristina colisiona con los sindicatos, donde pierde sistemáticamente la salud de la familia obrera.

Las “cocinas” de vieja dirigencia sindical empresarial paralizan al movimiento obrero. Nuestra tarea está centrada en organizar asambleas, mandatos y una vasta difusión del clasismo para que el movimiento obrero intervenga en la crisis con su propio programa, preparando las condiciones políticas y de lucha para que el ajuste lo paguen los banqueros y capitalistas. Nuestra propuesta es un Congreso de Delegados electos, con mandato, que vote debata y vote estos objetivos y supere la atomización creciente del movimiento obrero.

Sin duda, la primera lucha política es que el tema se debata en el Congreso. Pero el Partido Obrero plantea discutir la legitimidad misma del impuesto a las ganancias sobre los salarios.

El gobierno ha ido (des)ajustando el mínimo no imponible por debajo de la inflación durante años hasta transformar la cuarta categoría en un verdadero impuesto al salario, cuando su origen fue gravar a los empresarios que disimulan sus ganancias y las de sus ejecutivos bajo la forma de salarios directivos.

Los decretos del gobierno violan la legislación puesto que, como cuestión impositiva, el ámbito de resolución es el Congreso. Pero, más todavía, violan el reclamo recurrente del movimiento obrero, porque esta reivindicación está al tope de los paros y movilizaciones de los últimos años.

El salario en la Argentina paga hasta el 53% en impuestos. Es decir que el primer día libre de impuestos es cercano al 1º de julio, depende los rangos salariales. Los “nacionales y populares” han logrado la mayor carga impositiva sobre las espaldas de los trabajadores en función de mantener las rebajas de aportes patronales menemista, de no gravar la renta financiera, de sostener un edificio donde los impuestos se trasladan a los precios y con ellos al consumidor asalariado, en mantener el IVA de Cavallo, o ridículos inmobiliarios a la propiedad terrateniente, entre otras perlas.

Pero además, la cuarta categoría, como los impuestos a los combustibles, son de los de más perfecto cobro. Se hace mediante el sistema despótico de descuento patronal sobre los recibos de sueldo, mientras el empresario tributa por declaración de ganancias y balances bajo su estricto control.

El argumento oficial es que ocurre lo mismo en los EEUU o las metrópolis europeas. Mal de muchos, consuelo de tontos, porque hoy por hoy todos los estados imperialistas descargan brutalmente la crisis capitalista mundial sobre las espaldas de sus trabajadores.
Tampoco tiene nada de progresista la finalidad de estos impuestos. Son para indemnizar a Repsol, para sostener el edificio de la deuda usuraria, para pagar los subsidios a las privatizadas que vaciaron nuestros servicios públicos (otorgando un subsidio indirecto a la patronal industrial beneficiada por salarios bajo la línea de pobreza) o para mantener las múltiples excenciones y subsidios a los capitalistas mediante el presupuesto público.

La enorme confiscación sobre los salarios más elevados, arrancados con la lucha de la clase obrera, ha sido tan grande que se ha popularizado la cuestión de que el salario no es ganancia. Sin embargo, los más de veinte proyectos legislativos de la oposición tradicional sobre el tema sostienen la cuarta categoría y apuntan restringidamente a elevar el mínimo no imponible. Aún cuando plantean mecanismos automáticos de actualización y en casos también una alteración de la nefasta tablita de Machinea que el gobierno no actualiza y conduce rápidamente a las alícuotas más altas, todos, sostienen la cuarta categoría.

El Partido Obrero plantea la cuestión de fondo. Si el salario no es ganancia, debe ser abolido el gravamen sobre todo salario de convenio colectivo, carrera estatal o judicial y sobre las jubilaciones. Nuestro proyecto de ley mantiene el impuesto a las ganancias sólo sobre ingresos gerenciales y directivos por sobre un importe equivalente a tres canastas familiares calculadas por organizaciones obreras, hoy, digamos 30 mil pesos y, calcula el mismo piso para los monotributistas.

Nuestro proyecto rescata la reivindicación obrera y es el puntapié de una lucha contra todo el sistema regresivo que la clase capitalista vino imponiendo con sus gobiernos desde hace 30 años de manera creciente.

Tiene además un recorrido valiosísimo. Ha sido votado en numerosas asambleas obreras. La más importante, el plenario clasista convocado por el Sindicato Unico del Neumatico de San Fernando, que movilizó miles de trabajadores al Ministerio de Trabajo en el mes de setiembre pasado con la consigna “abolición del impuesto al salario”. Fue presentado en marzo por nuestro bloque, pero además se difundió en la campaña electoral con su letra expresa, a través de decenas de miles de folletos en puerta de fábrica. Es el mandato de un millón trescientos mil trabajadores que votaron al Frente de Izquierda. Lucharemos por él en la batalla parlamentaria de estos días y tiene que formar parte de la continuidad del plan de lucha que abandonó la burocracia sindical.

La devaluación, la inflación, los tarifazos y las paritarias han devuelto al primer plano la cuestión del impuesto al salario: un millón y medio de trabajadores serán afectados por este impuesto. En la docencia, el porcentaje de afectados pasa del 7 al 15%, al 25% en los metalúrgicos y la construcción, y en el caso de los químicos, aeronáuticos o petroleros, a la totalidad de los trabajadores.

El proyecto de Sergio Massa, que sube el mínimo no imponible en un 30%, no alcanza para proteger al conjunto de los asalariados; además, supone que las paritarias resulten en un aumento salarial acotado, en consonancia con el techo que quiere imponer el gobierno. Massa tampoco modifica las llamadas “alícuotas”, que determinan un aumento adicional del impuesto a medida que sube la escala del salario. El impuesto al salario grava a los trabajadores que reciben un aumento que supera el “mínimo no imponible” y luego a quienes pasan de una categoría a otra en la escala salarial. Todos los proyectos en circulación se limitan a modificar el mínimo no imponible de la llamada cuarta categoría, ninguno plantea abolir lisa y llanamente el impuesto al salario. Incluso dentro de estos límites, proponen compensar una reducción del impuesto al salario con otros impuestos, en general al consumo, de modo que los trabajadores seguirían pagando la factura. 

Los proyectos “más osados” proponen un mecanismo automático de actualización del mínimo no imponible, ligado a las paritarias y al aumento de la recaudación impositiva -habría que ver a partir de qué base. En este caso, los trabajadores seguirían pagando el impuesto cuando obtengan aumentos por encima de la inflación -o sea, cuando obtengan mejoras reales, no ficticias.

El Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (López, Pitrola, el PTS ha formado uno propio) ha presentado el proyecto que difundimos en la campaña electoral, que elimina el impuesto al salario, que incluye a las jubilaciones y los monotributos (tercerización).

Por otro lado, en nuestro proyecto se sustituye la retención de impuestos que hace la patronal por un régimen de declaración jurada, lo cual evita que se queden con la recaudación. El gobierno no quiere soltar el impuesto al salario porque, por esta vía se retiene parte del aumento que fijan las paritarias, por un lado, y usa ese dinero para financiar los subsidios que siguen en pie a las empresas y para pagar la deuda pública (en pesos), por el otro.

El proyecto de nuestro bloque es un instrumento para luchar contra la confiscación directa del salario y contra la distorsión ideológica que presenta al salario como un “ingreso” -lo mismo que los dividendos de los accionistas o las remuneraciones de los ejecutivos.

Nuestro proyecto ya ha sido recogido por una parte del movimiento obrero. Decenas de delegados y activistas aeronáuticos manifestaron su apoyo al proyecto en una reciente reunión en el Congreso. Allí se lanzó un petitorio para todos los gremios de la actividad y para que, en el interín, la patronal absorba el impuesto, como ocurre en Banco Provincia, Tiempo Argentino y otras empresas.

Desarrollemos esta campaña en todos los sindicatos.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

En este contexto, Massa, rodeado de la burocracia sindical que lo acompaña, Roberti, Graciela Camaño de Barrionuevo y Héctor Daer, lanzó su proyecto para subir parcialmente las escalas del mínimo no imponible. Al lado de Massa y los burócratas estuvo en la presentación De Mendiguren, quien oportunamente, como jefe de la Unión Industrial, saludó la ínfima actualización anual 2013 del 16,7% por parte de Cristina. El proyecto de Massa mantiene el criterio del impuesto a las ganancias sobre los salarios y apenas actualiza los montos no imponibles a $10.700 para un soltero y 15.000 para la familia tipo. Estamos hablando de importes en bruto –o sea netos de 8.560 y 12000, deducidas las cargas sociales- que irán quedando desactualizados al ritmo de la inflación y la entrada en vigencia de nuevas cuotas paritarias.

En el caso del kirchnerismo, Recalde habla de un nuevo impuesto “a los ingresos”, borrando la frontera entre ganancias y salario y legitimando, por lo tanto, que se grave a este último.

De Guatemala a Guatepeor.

Hay otros proyectos. Pero todos, y particularmente Massa, han atado cualquier modificación a tener una “compensación para el fisco” en algún otro impuesto. De este modo, se asocian a los fines del impuesto al salario que apunta a cubrir el déficit que genera el pago de la usuraria deuda pública o los subsidios a las privatizadas. Por eso, condicionan una atenuación del impuesto al salario a la sanción de un impuesto a la renta financiera. Como éste llevará un largo debate, se trata de una excusa para darle largas al asunto, y preservar la confiscación impositiva sobre el salario. Nuestro planteo, en cambio, es la anulación del impuesto al salario sin condiciones, como primer paso de una reorganización impositiva integral y de un replanteo general sobre el carácter y las prioridades del presupuesto público.

Nuestro proyecto

Nosotros planteamos la abolición del impuesto a los salarios a partir de dos premisas. Primero, que los salarios y jubilaciones estén excluidos, incluso aquellos que resultan de la carrera escalafonaria en la administración pública, de la carrera docente o del convenio bancario. También la exclusión de las llamadas “locaciones de servicio” que encubren relación laboral. De manera que todo gravamen a los ingresos quedaría reservado a gerentes y ejecutivos que puedan estar encubriendo ganancias empresariales. En segundo lugar, y aun con la consideración anterior, el mínimo no imponible para un soltero sea equivalente a tres canastas familiares, hoy como mínimo en $8000. O sea, un mínimo no imponible de $24000, actualizable con el costo de vida, bajo control de organizaciones obreras y populares.En tercer lugar, planteamos que las presentaciones y/o pagos que el trabajador le corresponda hacer a la AFIP u a otro organismo del Estado, serán efectuados en forma directa por el titular. Las patronales cesan de actuar como agentes de retención y se las aparta del manejo de los aportes y obligaciones que por cualquier concepto le correspondan hacer al trabajador. Ha pasado a ser moneda corriente que los fondos que se descuentan al trabajador terminan siendo usados para otros fines, poniendo en riesgo el acceso y el uso de la obra social y su jubilación futura.

Estamos en contra de todo impuesto a los trabajadores para financiar al Estado capitalista. La abolición del impuesto al salario es parte de una lucha de conjunto contra los impuestos al consumo como el IVA y otros indirectos que van a los precios y se llevan hoy, al cabo de la década kirchnerista, un 40% del salario. Estamos en favor de un sistema impositivo que grave al capital financiero, agrario, comercial e industrial, de manera progresiva, lo mismo que a las grandes fortunas y a la especulación financiera e inmobiliaria.

Votar por la abolición del impuesto al salario es votar por el Frente de Izquierda.