La confiscación salarial que implica el impuesto a las ganancias es —una parte de— la otra cara de la eximición de pago de retenciones a las mineras y al capital agrario. Los trabajadores estamos financiando los beneficios que recibieron los exportadores. Más aún, el impuesto al salario forma parte de la garantía de las condiciones de pago que Macri ofrece a los acreedores internacionales para el acuerdo con los fondos buitre y el ingreso a un nuevo ciclo de endeudamiento, la piedra fundamental de su Gobierno.

En este sentido, la lucha contra el impuesto al salario es clave para enfrentar toda la política macrista. Justamente por eso, las centrales sindicales, en línea con el acuerdo al que han llegado con el Gobierno, dijeron que sus diputados “buscarán retocar el impuesto en el Congreso”. Un acto de absoluta adaptación y una sutileza para dejar en claro que no organizarán ninguna medida de lucha del movimiento obrero que ponga en jaque los planes del macrismo.

El massismo, que hace una fuerte demagogia contra el impuesto, lo usa como cobertura social para acompañar el pacto buitre que votará en los próximos días con los parlamentarios de Cambiemos. La abolición del impuesto al salario y el 82% móvil son incompatibles con el acuerdo con los fondos buitre, que llevará a la profundización del ajuste contra los trabajadores.

La Cámpora, que denuncia que Macri no ha eliminado el impuesto, es incapaz de levantar ningún reclamo contra el impuesto al salario. Ellos escribieron el libreto que hoy perpetúa Macri. El Partido Justicialista (PJ) y los gobernadores acompañan.

El impuesto a las ganancias debe ser abolido de todo salario de convenio, carrera estatal o judicial y de las jubilaciones, y el mínimo no imponible debe ser llevado al valor de tres canastas familiares (calculadas en 19 mil pesos). Las escalas deben actualizarse 18 veces, considerando la inflación acumulada desde 1999. Esto plantea el proyecto de ley de los diputados del bloque del Frente de Izquierda-Partido Obrero.

El paro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) del 24 de febrero demostró la energía de un movimiento obrero azotado por los despidos, la inflación, los topes salariales y el impuesto al salario. La Bancaria movilizó el 1º de marzo por este reclamo. Están reunidas las condiciones para un paro nacional de 24 horas para sacar a los trabajadores del impuesto al salario y contra todo el paquetazo ajustador. Como toda conquista, la arrancaremos con lucha.

La convocatoria lleva el reclamo, generalizado en innumerables fábricas y gremios, de las palabras a los hechos. Se trata de la primera movilización obrera importante con un reclamo de conjunto al Gobierno de Mauricio Macri, puesto que un día antes marcharán los obreros de Cresta Roja, pero por la continuidad de los puestos de trabajo, otra cara de la moneda del ajuste.

La marcha del 22 es un frente único de lucha, constituido en horas, donde se destacan la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la Federación Aceitera, la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, la seccional oeste de la Unión Ferroviaria y distintas organizaciones sociales que agrupan a los trabajadores precarizados de cooperativas del plan Argentina Trabaja y otras, como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Polo Obrero, Teresa Vive, Frente Darío Santillán y Barrios de Pie.

La Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero afronta esta acción de lucha inscrita en una campaña en el movimiento obrero y popular contra el enorme ajuste que ha puesto en marcha el Gobierno de Macri mediante la devaluación monetaria, la caída de impuestos al capital, la asunción —y la convalidación— de vastas deudas con el capital financiero como el reconocimiento del negociado del dólar futuro, que serán pagadas por el contribuyente. A lo que hay que sumar la declaración de emergencia energética que no prevé mejora alguna en los servicios, pero habilita el aumento directo de tarifas.

A la par de estas medidas se ha instalado una bicicleta financiera con tasas de interés dispuestas por el Banco Central del 40%, que serán otro jugoso negocio financiero que agravará la recesión económica por el encarecimiento del crédito de producción y de consumo.

Esta avalancha de medidas a través de ilegales decretos de necesidad y urgencia con el pretexto de un receso parlamentario —que debió interrumpirse con sesiones extraordinarias— contrasta con el envío a las sesiones ordinarias de marzo del debate por el impuesto a las ganancias en los salarios, sobre el cual la exención en el medio aguinaldo ha sido todavía inferior a la de 2014.

El Partido Obrero está empeñado en el Parlamento nacional, al igual que en todas las provincias, en un reclamo por la convocatoria a sesiones extraordinarias. Denuncia además que los presupuestos han sido reducidos a papel irrelevante al cambiar todos los parámetros económicos y estar excluidas sistemáticamente las compensaciones salariales y jubilatorias ante semejante Rodrigazo en marcha.

No se trata sólo de la designación de dos jueces de la Corte a dedo, es todo un régimen por decreto para hacer avanzar un rescate financiero que equivale a la ejecución de una convocatoria de acreedores de la Argentina entera. El grueso de las fuerzas políticas de oposición acompaña esta orientación central, por ello han evitado una acción político-parlamentaria decidida para autoconvocar al Congreso.

En el movimiento obrero la campaña contra el ajuste es aún más oportuna. En contraste con la orientación paralizante de la Central General de Trabajadores (CGT) “unificada” y la vaciada CGT oficial ex kirchnerista, centrada en negociar posiciones de poder en el Gobierno de Macri, impulsamos asambleas fabriles y congresos sindicales con mandato de bases por un programa concreto.

Junto al bono de fin de año, en primer lugar, reclamamos aumento de emergencia a activos y jubilados de cuatro mil pesos para compensar la carestía de las últimas semanas. Adelanto de paritarias absolutamente libres al 1.º de enero, que incluya cláusula de actualización mensual por inflación contra todo pacto social condicionante. Abolición del impuesto a las ganancias sobre los salarios convencionales, de carrera estatal, judicial o docente y sobre jubilaciones.

Luego, prohibición de despidos y suspensiones por un año. El cierre de Cresta Roja y los momentáneamente revertidos despidos masivos en Siderca constituyen un aviso de alarma. Ningún despido.

Este tipo de acuerdo tiene enormes implicancias. Se trata de la virtual suspensión de las paritarias, que son, por esencia, la libre discusión salarial entre obreros y patrones. Pero además implica cláusulas de paz social que están destinadas a impedir -y a su turno, deslegitimar, represaliar y reprimir- las luchas fabriles.

Esas luchas fabriles no se plantearán solo por salarios. Ya tenemos hoy la ocupación de fábrica de los obreros de Petinari, como tuvimos la huelga de la línea 60 y el conflicto de Cresta Roja, contra despidos y cierres. Algo que la crisis metalmecánica traduce en suspensiones hoy y se proyectaría en despidos hacia fin de año.

El tema del pacto social ha derivado en enfrentamientos internos en la CGT-Caló. Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y Héctor Daer, de Sanidad, cuestionan que Antonio Caló sea el interlocutor del pacto. Ellos quieren discutir sus propias prebendas, pero además consideran que si el moyanismo está ausente, el pacto social no tendría efectividad.

Por otro lado, la CGT-Córdoba salió directamente a cuestionar el condicionamiento a las paritarias. El abogado Garzón Maceda, ligado a ese sector, ha comenzado una campaña “en defensa de las paritarias libres”. Recordemos que el gremio de la alimentación cordobés rompió el tope no escrito con una gran huelga general en 2010 e impuso un 35 %.

Los cuestionamientos a varias bandas han llevado a Caló a desmentir la participación en el pacto de la CGT oficial. Indudablemente la atomización de la burocracia sindical constituye un obstáculo al planteo. En un punto, la burocracia replica el problema del fraccionamiento político del Partido Justicialista y del conjunto de la burguesía. Esas divisiones, y la circunstancia de que el próximo Gobierno no tenga mayoría parlamentaria, obligarían a la burguesía a una suerte de Gobierno de coalición. El pacto social sería una pieza dentro de esa perspectiva política.

Sea Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa el ejecutor de un ajuste, la cuestión del pacto social estará a la orden del día para contener la reacción del movimiento obrero. Entre ellos discuten quién tiene mayor espalda para aplicarlo. Los tres mosqueteros han jurado amor eterno al modelo sindical. Hugo Moyano, consciente de este problema, planteó hace un año la necesidad de unir las fracciones sindicales peronistas en una CGT para “acompañar al nuevo Gobierno”, pero fracasó hasta el presente.

Queda muy claro, entonces, que la unificación del movimiento obrero que debaten las cúpulas sindicales es reaccionaria, porque su función sería acompañar una salida en la que la crisis capitalista y las explosivas contradicciones acumuladas se descargan sobre las masas trabajadoras.

El Frente de Izquierda tiene la función estratégica, no solo de luchar en las organizaciones obreras contra esta perspectiva, sino de plantear claramente en la campaña electoral la función de un pacto de este tipo -que por supuesto carecerá de todo mandato de bases y sería una herramienta del ajuste-, preparando políticamente al movimiento obrero para los desenlaces que se avecinan antes y después de octubre.

Massa se declara de “origen” peronista y plantea una campaña “desideologizada, en función de la gestión y las demandas de la gente”. Busca vender la imagen de “político moderno y transversal” que le sopla su asesor peruano (Sergio Bendixen), una réplica del macrismo. Más allá del “franciscano” Giustozzi, el reagrupamiento de intendentes de Massa ha sido de derechistas consumados. Pablo Bruera, que integraba ese núcleo inicial, fue guardado bajo la alfombra luego de las inundaciones que dejaron 70 víctimas fatales. Ahora, como cadáver político, sólo encontró lugar en el kirchnerismo.

La naturaleza social de la “gestión” de Massa es la de un municipio enfocado en la especulación inmobiliaria: el 75% de la población no tiene los cuatro servicios públicos esenciales. Sus cámaras de seguridad han servido sólo a la demagogia que caracteriza a toda la oferta de derecha en la materia.

Alrededor de Massa hay un vasto operativo de la burguesía en torno de una sucesión pactada con el kirchnerismo. La inclusión del devaluacionista De Mendiguren expresa el giro de un sector de la burguesía industrial, junto al capital agrario y el financiero, interesados en la vuelta de Argentina al mercado de deuda. Semejante perfil lo completa la inclusión de Héctor Daer, el hombre de los “gordos” en la mesa de la CGT Balcarce.

Lo que merece un párrafo aparte es la presencia del Fabián “Mocho” Alessandrini, adjunto de Roberto Baradel en la CTA provincia, miembro de los disidentes de ATE, quien habría sido habilitado para integrar la lista massista por el propio Baradel. Después de las victorias de la izquierda en el Suteba, el kirchnerismo pierde por derecha y por izquierda.

La desintegración del peronismo

El massismo es un producto de la desintegración del kirchnerismo y, a su turno, de una nueva etapa en la crisis del peronismo. Si el peronismo se caracteriza por “tener a un conductor”, la pérdida de autoridad de Cristina para contener a los suyos hizo explotar al peronismo en cinco listas en Buenos Aires, el corazón de su dominación política: el FpV, Massa, De Narváez, Eduardo Amadeo (Rodríguez Saá) y Momo Venegas.

De la “columna vertebral del movimiento” que constituía la CGT, queda sólo el recuerdo. El panorama de disgregación de la burocracia sindical es más agudo aún que su fractura en cinco centrales. Ocurre que también se está rompiendo la CGT Balcarce: a Moyano se le fue Bancarios, Venegas se presentó con una lista rival de Plaini -quien va con De Narváez- y la integración de Alessandrini a Massa agravó la división de la CTA oficialista. Otro pilar histórico de la burocracia, José Pedraza, está preso como resultado de una lucha que lideró la izquierda revolucionaria.

La disgregación de la burocracia sindical es un episodio fundamental en la descomposición del peronismo, que presentó siempre ante la burguesía su capacidad de contención de la clase obrera a partir de los sindicatos. En este escenario, el cristinismo le ha entregado el 90% de las listas bonaerenses a los intendentes del PJ, los Othacehé, los Curto y los Espinoza, para evitar una fuga todavía mayor hacia Massa o De Narváez. Pero esos punteros mañana se irán con ellos o con Scioli, el caballo del Troya de los K, y el cristinismo se quedará a la intemperie. El matancero Espinoza dice que ganará el 90% de los votos en su distrito. O sea que cuenta como propios los de Massa, mediante un corte de boleta autorizado por abajo.

En otro orden, Sabbatella ha entrado en zona de disolución política, levantando su lista de Merlo a cambio de insertar a su mujer en las listas provinciales, entre los candidatos de Othacehé e Ishii. El Partido Obrero de Merlo ha iniciado una campaña para que todo el progresismo del distrito se exprese en el voto al Frente de Izquierda.

A partir de esta desintegración del kirchnerismo y sus agentes sindicales, el campo para la lucha política del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es bien amplio. Las tendencias de lucha de Brasil están presentes en la clase obrera y la juventud argentina. Démosle expresión política en la campaña de las primarias, para consagrar un bloque de la izquierda revolucionaria en octubre.