Es al mismo tiempo la última puntada de un ciclo histórico. En 1976, la deuda era de 8 mil millones de dólares; en 1983, de 45; en 1990, de 65; en 2001, ascendía a 150; y hoy, el Ministerio de Economía indica 240 mil millones de dólares. Estamos pagando una deuda usuraria e ilegítima en su mayoría, porque nace de la estatización de deudas privadas de Domingo Cavallo en los setenta, en la dictadura. Estos intereses usurarios son los que generan el déficit fiscal —no las jubilaciones o las asignaciones sociales. Sin ir más lejos, Néstor Kirchner asumió con una deuda de 144 mil millones de dólares y Cristina Fernández dejó el Gobierno con 240 mil millones, después de haber pagado, “serialmente”, 190 mil millones.

La perspectiva de este acuerdo es abrir un espiral de endeudamiento. Los gobernadores defienden este pacto en función de más endeudamiento para sus provincias. Pero nunca los ciclos de endeudamiento —que llevaron a ocho defaults en la Argentina— fueron inversiones para el desarrollo nacional. La función de este acuerdo es financiar fuga de capitales y pasivos, no inversión, cuando la corriente internacional es inversa.

El ajuste no sólo no se evita, es la precondición del acuerdo y ya está en marcha. Mientras que en los defaults anteriores contaban con el petróleo, los teléfonos, las redes de gas, las redes eléctricas, para entregar el patrimonio nacional, hoy, eso no existe más. Entonces, la deuda se garantiza con más ajuste contra los trabajadores. El Partido Obrero ha propuesto en Diputados otro ajuste para financiar al país: no pagarle los cien mil millones de pesos que el Gobierno Macri reconoció y terminará costando el negociado de Axel Kicillof con el dólar futuro; ajustar a las mineras y a las petroleras, a quienes se premió con rebaja de retenciones o se les paga el doble del precio internacional; ajustar a los bancos, que han ganado como nunca en la etapa precedente con títulos públicos (no prestando para la producción).

Es una vulgaridad confundir al público con la máxima de: “Las deudas se pagan”. Las deudas externas han sido y son un factor de opresión por parte de los centros del poder económico y sus Estados contra los pueblos. Este acuerdo votado en el Congreso Nacional se celebra en Wall Street y en la City porteña. En contraposición a esta sumisión, el Frente de Izquierda-Partido Obrero defiende que se suspenda el pago y se investigue la deuda, para desnudar su carácter ilegítimo e ilegal, y que un referéndum vinculante decida sobre ella. Contra el ajuste, reclamamos la prohibición de despidos y suspensiones, el aumento de emergencia a los jubilados, 40% a los trabajadores y un salario equivalente a la canasta familiar; abolición del impuesto a las ganancias en los salarios.

Por eso no coincidimos con Cristina Kirchner: si Macri arregla con los fondos buitre, no “dura doce años”. El movimiento obrero, más temprano que tarde, se va a levantar contra este pacto hecho a costa del sudor y las lágrimas del pueblo argentino, incluso superando aquellas burocracias sindicales que están acompañando el ajuste con el discurso de la “unidad nacional” que es funcional a los buitre.

La movilización masiva del 24 de marzo constituye un primer eslabón de la respuesta popular a la política en curso.

Es una postal que refleja que la caída de los “barones” se ha trasladado a Aníbal Fernández, hunde a Scioli y puede reproducir el escenario de 1983, esta vez con la derrota del Partido Justicialista (PJ) a manos del macrismo.

La reacción de Scioli ha sido anunciar un futuro gabinete de garantías al gran capital. Con Miguel Bein y Mario Blejer, los hombres del FMI, al lado de Alberto Pérez y Silvina Batakis, los mariscales de la provincia inundable. Con Jorge Sapag, el hombre de las petroleras en la Patagonia, con Diego Bossio, para garantizar el repago de la deuda con fondos de los jubilados, con un Daniel Filmus para seguir acompañando las leyes menemistas en educación. Con Miguel Peirano, el hombre de la ultradevaluacionista Techint que ha producido mil despidos en lo que va del año en Campana.

La Batakis, ministra de Economía bonaerense, con la que la Gran Makro -los economistas de Axel Kicillof- busca disimular a Blejer, es bien conocida por la educación bonaerense, que le quebró la rebaja nominal de salarios con una formidable huelga general.

Scioli ha prometido también un pacto social con la burocracia sindical adicta, que va de Antonio Caló a Hugo Moyano, a través de Omar Plaini. Con el golpeado Hugo Curto, que garantizó silencio ante los 1300 retiros-despidos en Peugeot en el último año y medio.

Ahora sale al interior bonaerense a tratar de recuperar un capital agrario que se alejó más ante la derrota de Julián Domínguez en la interna y hoy se levanta ante la caída de los precios internacionales. Piden igual tratamiento que las petroleras, a quienes se les garantiza el doble del precio internacional del petróleo en boca de pozo, todo, claro, subsidiado en el precio del surtidor.

El hombre de la devaluación y el ajuste “gradual” trata de sacudirse camporismo de encima, ante el silencio cómplice de Carlos Zannini y su séquito “unido y organizado”. En resumen, busca combatir al macrismo con macrismo, con sus mismas armas.

La tropa de Emilio Pérsico y Fernando Navarro, el kirchnerismo “progre”, se contentará con el ministerio de la “economía popular”, los benditos planes sociales, 3,5 millones de los cuales están en la provincia.

La escisión de Sergio Massa y Felipe Solá en el peronismo, sin dudas importante, cada día se transforma más en una colectora de María Eugenia Vidal. Massa cumple el papel de retener el voto pejotista disidente, para garantizar su carácter opositor en un ballottage. Nada nuevo si tomamos en cuenta que llegó a las PASO por el desplante de Macri, impidiendo su participación en una gran interna general.

Margarita Stolbizer cumple el mismo papel, por el lado de una centroizquierda menguada, pero de gran espacio en los medios, para capturar otro tipo de voto que impida el triunfo de Scioli en primera vuelta y luego fluya al macrismo en la segunda.

Detrás de Vidal, Fernández y Solá, está el Frente de Izquierda, reagrupando el voto de la izquierda, prefigurado ya como la cuarta fuerza política en la provincia de Buenos Aires.

No hay mediaciones entre los políticos de la derecha pejotista y macrista-radical y el la izquierda obrera y socialista. Aquella advertencia de Stolbizer -“entre Macri y Altamira no hay nada”- se ha cumplido con el derrumbe de la autora.

El campo político de desarrollo hasta octubre excede largamente el natural reagrupamiento del voto de izquierda, que ya nos ubica encima del 4 %. En la base de la descomposición del PJ y del radicalismo, en el derrumbe de la centroizquierda, hay una ancha base de crecimiento.

Esto se conseguirá con una campaña puntillosa, desnudando a los candidatos del ajuste, explotando nuestro gran papel en la crisis tucumana, nuestra militancia entre las organizaciones de inundados y los foros hídricas, en las filas de un movimiento obrero que ya sufre el ajuste y da batallas, aunque aisladas por la burocracia sindical, como lo hace ahora mismo Petinari ocupada por sus trabajadores, con la docencia que vuelve al paro con los Suteba combativos.

Nuestra campaña preparatoria de la clase obrera para enfrentar la ofensiva de Scioli y Macri tendrá un papel decisivo en las futuras luchas, hoy conquistando el voto y los lugares parlamentarios que nos den un gran protagonismo en la etapa que se avecina.

El salario igual a la canasta familiar -defendido por el Frente de Izquierda en la campaña electoral- será cobrado por las fuerzas represivas. El ajuste que el gobierno y los capitalistas traman contra el pueblo, con paritarias del 20 %, cuando la inflación ya supera el 30, sufrió un golpe demoledor.

La crisis no puede ser mayor, porque para contener a los uniformados, el mismo gobierno que los reforzó y sostuvo durante toda una década, junto a todos los gobernadores, otorgaron aumentos salariales que oscilaron entre el 50 y el 100 % Es el mismo temor que embargó a los opositores tradicionales, tan dependientes de las patronales como el oficialismo. Por eso, de emergencia, formaron una Santa Alianza en el Congreso contra la generalización de la lucha salarial y firmaron el “acta democrática” de respaldo al gobierno K responsable de la crisis y que ahora ajusta a las masas para que carguen con la bancarrota. En ese alineamiento, se sumaron desde el macrismo hasta la centroizquierda. Es indudable, además, que toda la situación puso de relieve la vergonzosa parálisis de la CGT en cualquiera de sus variantes. Las familias obreras tienen que afrontar el mismo supermercado que las familias de los policías.

Ahora Cristina Fernandez de Kirchner y los gobernadores, que pactaron con los amotinados, los denuncian de “desestabilizadores”. Es una cortina de humo. Ante el temor a que se generalice una lucha salarial, el gobierno que reforzó a los efectivos y presupuestos de las policías de la represión, el gatillo fácil y la alianza con el delito organizado, necesita a los uniformados para enfrentar los reclamos populares. Los trabajadores no podemos esperar. Más de la mitad cobran salarios menores a 4.000 pesos y el 40 % está en negro. Eso ya se evidencia en sectores del movimiento obrero. La crisis ha detonado una reacción obrera: en Neuquén, en Catamarca, en Chaco, en Córdoba, en la estratégica provincia de Buenos Aires, por mencionar sólo algunos casos. Los estatales, enfermeros y maestros han salido a las calles.

Reclaman, como lo hizo el FIT en su campaña electoral, la canasta familiar. A partir de este claro planteo, es necesario que los trabajadores debatamos un programa y una lucha.

Es hora de que el movimiento obrero intervenga. Las asambleas fabriles y de lugares de trabajo tienen que cimentar la intervención de las organizaciones obreras en la crisis mediante un programa: 8.000 de salario mínimo vital y móvil, mínimos de convenio equivalentes a la canasta familiar, doble aguinaldo para activos y jubilados, reapertura de paritarias, indexación de salarios, ningún despido ni suspensión, reparto de horas disponibles sin afectar salarios en las ramas afectadas por caída de producción.

Es justamente detrás de esta perspectiva, que coloque en el centro de la crisis a los trabajadores y su planteo de salida que la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y la Central de Trabajadores Argentinos convocamos a una gran marcha obrera el 19 de diciembre, a las 16 horas, de Congreso a Plaza de Mayo, para dar una salida obrera a la crisis que los trabajadores y el pueblo no han generado.

Massa se declara de “origen” peronista y plantea una campaña “desideologizada, en función de la gestión y las demandas de la gente”. Busca vender la imagen de “político moderno y transversal” que le sopla su asesor peruano (Sergio Bendixen), una réplica del macrismo. Más allá del “franciscano” Giustozzi, el reagrupamiento de intendentes de Massa ha sido de derechistas consumados. Pablo Bruera, que integraba ese núcleo inicial, fue guardado bajo la alfombra luego de las inundaciones que dejaron 70 víctimas fatales. Ahora, como cadáver político, sólo encontró lugar en el kirchnerismo.

La naturaleza social de la “gestión” de Massa es la de un municipio enfocado en la especulación inmobiliaria: el 75% de la población no tiene los cuatro servicios públicos esenciales. Sus cámaras de seguridad han servido sólo a la demagogia que caracteriza a toda la oferta de derecha en la materia.

Alrededor de Massa hay un vasto operativo de la burguesía en torno de una sucesión pactada con el kirchnerismo. La inclusión del devaluacionista De Mendiguren expresa el giro de un sector de la burguesía industrial, junto al capital agrario y el financiero, interesados en la vuelta de Argentina al mercado de deuda. Semejante perfil lo completa la inclusión de Héctor Daer, el hombre de los “gordos” en la mesa de la CGT Balcarce.

Lo que merece un párrafo aparte es la presencia del Fabián “Mocho” Alessandrini, adjunto de Roberto Baradel en la CTA provincia, miembro de los disidentes de ATE, quien habría sido habilitado para integrar la lista massista por el propio Baradel. Después de las victorias de la izquierda en el Suteba, el kirchnerismo pierde por derecha y por izquierda.

La desintegración del peronismo

El massismo es un producto de la desintegración del kirchnerismo y, a su turno, de una nueva etapa en la crisis del peronismo. Si el peronismo se caracteriza por “tener a un conductor”, la pérdida de autoridad de Cristina para contener a los suyos hizo explotar al peronismo en cinco listas en Buenos Aires, el corazón de su dominación política: el FpV, Massa, De Narváez, Eduardo Amadeo (Rodríguez Saá) y Momo Venegas.

De la “columna vertebral del movimiento” que constituía la CGT, queda sólo el recuerdo. El panorama de disgregación de la burocracia sindical es más agudo aún que su fractura en cinco centrales. Ocurre que también se está rompiendo la CGT Balcarce: a Moyano se le fue Bancarios, Venegas se presentó con una lista rival de Plaini -quien va con De Narváez- y la integración de Alessandrini a Massa agravó la división de la CTA oficialista. Otro pilar histórico de la burocracia, José Pedraza, está preso como resultado de una lucha que lideró la izquierda revolucionaria.

La disgregación de la burocracia sindical es un episodio fundamental en la descomposición del peronismo, que presentó siempre ante la burguesía su capacidad de contención de la clase obrera a partir de los sindicatos. En este escenario, el cristinismo le ha entregado el 90% de las listas bonaerenses a los intendentes del PJ, los Othacehé, los Curto y los Espinoza, para evitar una fuga todavía mayor hacia Massa o De Narváez. Pero esos punteros mañana se irán con ellos o con Scioli, el caballo del Troya de los K, y el cristinismo se quedará a la intemperie. El matancero Espinoza dice que ganará el 90% de los votos en su distrito. O sea que cuenta como propios los de Massa, mediante un corte de boleta autorizado por abajo.

En otro orden, Sabbatella ha entrado en zona de disolución política, levantando su lista de Merlo a cambio de insertar a su mujer en las listas provinciales, entre los candidatos de Othacehé e Ishii. El Partido Obrero de Merlo ha iniciado una campaña para que todo el progresismo del distrito se exprese en el voto al Frente de Izquierda.

A partir de esta desintegración del kirchnerismo y sus agentes sindicales, el campo para la lucha política del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es bien amplio. Las tendencias de lucha de Brasil están presentes en la clase obrera y la juventud argentina. Démosle expresión política en la campaña de las primarias, para consagrar un bloque de la izquierda revolucionaria en octubre.