Desde luego en medio de estas contradicciones está el impuesto a las ganancias sobre los salarios que disparó el paro nacional y que está en la base del “engorde” de los reclamos de ciertas burocracias como la de Maturano de la Fraternidad. Esto se aprecia en los acuerdos petroleros de Pereyra que pactó tres cuotas de $7000 exceptuadas de ganancias. La excepción sean tal vez los aceiteros que fijaron una canasta familiar en la cifra exacta de $14931, surgida de los estudios de la Universidad de Rosario y el plenario de delegados del subte que votó, a instancias del clasismo, un pliego paritario para recuperar el salario y al mismo tiempo un bono compensatorio de ganancias. La radicalización de Daer, al menos en las cifras, viene de atrás y se explica por su debilitamiento en la base del gremio.

Scioli y los gobernadores habían logrado cerrar las paritarias docentes con menos paros que otros años, Caló, Cavalieri, Gerardo Martínez, están prestos a firmar los topes oficiales y todos ellos se apoyan, como otras burocracias menores, por caso gráficos, plásticos o textiles en la recesión industrial que atraviesa una nueva ola de suspensiones y quiebras.

Pero el escenario de la inflación no ha cedido a pesar de la recesión. Todas las mediciones ubican la inflación arriba del 2% mensual lo cual es una enormidad y la canasta de pobreza que mide la CABA alcanzó los $6000 cuando la mitad de los trabajadores ganan menos de $5500 según el INDEC. Convenios como el de la UOM, comercio, construcción o UPCN, los grandes gremios, se alejan cada vez más de la canasta familiar.

El paro nacional mostró el alcance de la inquietud en el movimiento obrero y al mismo tiempo la necesidad de un programa y una acción de conjunto.

Como están planteadas las cosas, las reivindicaciones del movimiento obrero deben ser planteadas como parte de un programa de conjunto que prepare a los trabajadores que enfrentan cierres o suspensiones, la cuestión del salario en referencia a la canasta familiar y la abolición de ganancias en los salarios de convenio. Esto último supone alterar todo el cuadro de ese impuesto confiscatorio, los mínimos no imponibles, la escala y el absurdo “piso” de Kicillof-Kirchner, de manera que la cuarta categoría rija para directivos empresariales y no para trabajadores.

La cuestión del paro de 36 horas y el plan de lucha, forma parte de un planteamiento de tipo político general a todo el movimiento obrero. La UIA salió a marcar la cancha a Scioli, Macri y Massa. Introdujeron el tema de la anulación de paritarias en función de algún tipo de pacto social futuro para acompañar el ajuste. Maturano ha denunciado que está presente la cuestión de la devaluación y de los ajustes de tarifas, pero en nombre de la unidad peronista futura de la CGT formó una nueva fracción y retarda un plan de lucha en función de un restringido acuerdo en el tema ganancias. Todos ahora se acuerdan que el gobierno acumula ya una deuda de 25 mil millones con las Obras Sociales: la política de Kicillof y Cristina colisiona con los sindicatos, donde pierde sistemáticamente la salud de la familia obrera.

Las “cocinas” de vieja dirigencia sindical empresarial paralizan al movimiento obrero. Nuestra tarea está centrada en organizar asambleas, mandatos y una vasta difusión del clasismo para que el movimiento obrero intervenga en la crisis con su propio programa, preparando las condiciones políticas y de lucha para que el ajuste lo paguen los banqueros y capitalistas. Nuestra propuesta es un Congreso de Delegados electos, con mandato, que vote debata y vote estos objetivos y supere la atomización creciente del movimiento obrero.

Los oficialistas advierten un gobierno en demolición y algunos de sus alfiles se pasaron de bando; como Fernández de UTA, y Maturano de La Fraternidad. Caló forzó una reunión con Cristina para evitar más desbande. Yasky salió con un proyecto de ley sindical para cotizar su subordinación.

El moyanismo se muestra políticamente activo, pero no en movilizar a la clase obrera. Su eje es enhebrar acuerdos con la burguesía opositora, en torno a sus reclamos de “un plan integral”, “que restituya la confianza”, lo que lo puso en alianza con el golpista redomado Barrionuevo, y en una escenificación con Macri. Nada de esto tiene que ver con el salario, responde al santo y seña de llevar la política de devaluación y ajuste hasta el final.

Con el poder adquisitivo del salario en caída libre, toda idea de concertación, a lo que apunta la UIA y en la que machaca Binner, servirá a la línea del Rodrigazo: una brutal transferencia de ingresos mediante aumentos a la mitad de la inflación. Ese fue el sentido estratégico del “aumento” del 11,3% a jubilados con el que Cristina pretende retomar la iniciativa, por derecha, con un ataque en regla a las masas.

En resumen, todas las alas de la burocracia sindical apuntan a liquidar las paritarias, en un marco de crisis política. Pero, como operan en la cornisa respecto de las tendencias combativas del movimiento obrero, han ideado las “sumas puente”. Con ellas aceiteros, bancarios, UTA y petroleros, patearon a marzo-abril las paritarias, para firmar luego en un marco de conjunto. Sumas previas a otras paritarias que vencen más adelante tienen el mismo sentido.

Por abajo se han producido huelgas por 2.000 pesos en varios gremios municipales, el paro aceitero y el papelero fueron importantes. Las posibilidades de que esto cierre sin una irrupción huelguística dependen de la más criminal política de contención: una recesión que “modere” la inflación e inhiba a los trabajadores.

Ese proceso ya empezó: suspensiones en Fiat, Renault, corte de extras en GM, suspensiones en autopartistas y rumores agudos de centenares de despidos en VW Pacheco.

Al servicio de los “ajustes” patronales se han producido despidos de activistas y trabajadores en Celomat, Kromberg, Ecotrans, ESPN y Editorial Perfil, entre otras. Por ello hubo paros y conciliaciones, pero las patronales vienen por más y el ministerio mira para otro lado. Es claro que al lado del reclamo salarial, hay que exigir la prohibición de despidos.

En este marco, la paritaria docente será un primer round decisivo. El “dúo dinámico”, Capitanich-Kicillof, pretende plazos largos, cuando la burocracia quiere escapar por la tangente de acortarlos. Los Suteba combativos han fijado un reclamo de salario mínimo equivalente a la canasta familiar, Ademys en 6.000 pesos y las propias burocracias pejotistas en 5.500 pesos. El punto es reunir en asambleas a los docentes en cada escuela, y que un congreso general de delegados, mandatados por asamblea de toda la docencia del país, unifique un reclamo.

El movimiento obrero no puede enfrentar estas paritarias como una más. La defensa del salario (y las jubilaciones) tiene que ser el puntapié de un giro para que la crisis la paguen los capitalistas, mediante un plan económico discutido por los trabajadores. Reclamemos aumento de emergencia de 3.000 pesos para salarios y jubilaciones, mínimo de 8.500 pesos, actualización mensual, prohibición de despidos y suspensiones. Impulsemos asambleas y convocatorias de delegados en gremios y zonas, presentemos la perspectiva de un Congreso de Bases para abrir un rumbo a los trabajadores ante la crisis.