Bajo el peso de la presión popular, la derrota electoral del gobierno y la proliferación de movimientos fabriles contra el impuesto al salario, Cristina Kirchner estableció nuevos pisos en la cuarta categoría de ganancias -el llamado “impuesto al salario”. El movimiento de lucha contra esta confiscación tuvo fuertes manifestaciones desde abajo. La coordinación que nació en una asamblea de Fate (y que concretó el Sutna San Fernando) llevó adelante tres plenarios por esta reivindicación. Organizó una movilización de miles de compañeros el 24 de mayo pasado y se planificó otra para el 13 de setiembre, a la que adhirieron el Suteba La Plata, AGD-UBA, el Sitraic y el Suteba Tigre, entre otros, mientras comenzaba a extenderse a todos los sindicatos y cuerpos de delegados combativos. Justamente, la agrupación antiburocrática del cuerpo de delegados de Acindar llamó a movilizarse ese día, colocando el debate en la UOM de Villa Constitución. El secretario general de esa seccional de la UOM planteó un plenario de delegados y activistas en conjunto con la CGT San Lorenzo, por este tema para las próximas semanas.

En Chubut, los metalúrgicos de Aluar le impusieron a la patronal una compensación del 11 %, equivalente a los descuentos por ganancias. Mil camioneros de Aesa y Cliba de Capital Federal le pararon a Moyano al margen de su dirección, lo que disparó un paro nacional camionero contra el impuesto. Días después, la Federación Portuaria paraba por lo mismo.

Piumato se apuró a declarar “el triunfo de la CGT” moyanista. Pero es al revés: las centrales sindicales depusieron toda lucha desde aquel lejano paro del 20 de noviembre del año pasado. Por eso, el movimiento tomaba impulso desde abajo. Los Moyano y los Caló se dedicaron a ver con quién “jugar” en la descomposición del PJ, abandonando la lucha por una reivindicación que es responsabilidad, ante todo, de los sindicatos. Y trenzaron con listas patronales que sólo hicieron demagogia en relación con el punto.

Hubo sí, presión de la propia patronal de la UIA para que “el Estado se haga cargo”, porque los trabajadores no quieren hacer extras y, además, crecía el reclamo por aumentos compensatorios.

Una salida precaria

Ante todo, el piso que establece el anuncio presidencial se refiere a un salario bruto de 15.000 pesos. Por lo tanto, desafectará a los trabajadores y jubilados que ganan hasta unos 12 mil netos, según los descuentos. Luego -lo que es fundamental- se trata de una resolución de la AFIP hasta diciembre y no de una ley: es un piso transitorio y no la elevación en regla del mínimo no imponible, que sólo aumenta un 20% para los salarios mayores de 15 mil hasta 30 mil. La resolución, por otra parte, es a partir de septiembre y no es retroactiva. La eliminación del impuesto, por lo tanto, abarca sólo cuatro meses y termina a fin de año.

Estamos, entonces, ante una salida precaria, que deja en pie el principio de la confiscación impositiva del salario. Su futuro a partir de comienzos de 2014 es incierto y dependerá del conjunto de las finanzas del Estado, que en estas horas ha anunciado una nueva carga de la deuda (canje a fondos buitre) sobre el presupuesto público. Por otro lado, los anuncios de impuestos compensatorios a los dividendos y cierto tipo de transacciones de empresas serán objeto de debate parlamentario y sujetos a maniobras de todo tipo. Los monotributistas -cuya contratación suele encubrir una relación laboral precaria- no están contemplados en la resolución de la AFIP.

El “cambio” en asignaciones familiares es irrisorio, ya que extiende su vigencia en 110 pesos por hijo para los salarios de hasta 30 mil pesos. Es una bofetada a los obreros de la construcción y tantos asalariados por debajo de la canasta familiar. En este punto, daremos continuidad a nuestro planteo de asignaciones para todos, que sean acordes a los gastos de un hijo hasta los 18 años.

Reforzar la campaña por la abolición del impuesto

El recule oficial debe llevarnos a reforzar la campaña política del Frente de Izquierda alrededor de la posición y el proyecto de ley ya elaborado por el Partido Obrero, por la abolición del impuesto a las ganancias sobre todo salario convencionado, de carrera docente, estatal o judicial. Profundicemos el debate político en el movimiento obrero alrededor del objetivo de anular el impuesto, que -ya aprendimos- vuelve de la mano de la inflación cualquiera sea su actualización. El salario no puede ser confiscado para financiar el rescate a los capitalistas -sean los usureros de la deuda externa, las petroleras (vía importación) o los concesionarios que vaciaron los ferrocarriles. Sigue firme la bandera: abajo el impuesto al salario y asignaciones familiares para todos.

Ante todo digamos que la burocracia sindical tiene una enorme responsabilidad. Las centrales obreras no han organizado una lucha decidida que habría contado con el favor de todos los trabajadores, más aún si se asociara al reclamo de la recuperación de las asignaciones familiares, otra confiscación kirchnerista. Esas reivindicaciones fueron el impulso del paro del 20 de noviembre pasado. Pero toda la burocracia, y en particular Moyano, se dedicaron a trenzar con el PJ, oficial o disidente, y abandonó esta lucha.

Nosotros, con el Sutna San Fernando y el clasismo, nos movilizamos a fines de mayo al Ministerio contra el impuesto al salario, mientras reclamábamos un plan de lucha de la CGT. Aluar ha parado, logrando que la patronal absorba parte del impuesto. Ahora, pararon los portuarios por su anulación. En ese contexto, el paro camionero, aislado, fue una maniobra para disimular la responsabilidad de Moyano. La burocracia ha impedido que el movimiento obrero termine con este impuesto mediante la acción directa.

En este contexto, Massa, rodeado de la burocracia sindical que lo acompaña, Roberti, Graciela Camaño de Barrionuevo y Héctor Daer, lanzó su proyecto para subir parcialmente las escalas del mínimo no imponible. Al lado de Massa y los burócratas estuvo en la presentación De Mendiguren, quien oportunamente, como jefe de la Unión Industrial, saludó la ínfima actualización anual 2013 del 16,7% por parte de Cristina. El proyecto de Massa mantiene el criterio del impuesto a las ganancias sobre los salarios y apenas actualiza los montos no imponibles a $10.700 para un soltero y 15.000 para la familia tipo. Estamos hablando de importes en bruto –o sea netos de 8.560 y 12000, deducidas las cargas sociales- que irán quedando desactualizados al ritmo de la inflación y la entrada en vigencia de nuevas cuotas paritarias.

En el caso del kirchnerismo, Recalde habla de un nuevo impuesto “a los ingresos”, borrando la frontera entre ganancias y salario y legitimando, por lo tanto, que se grave a este último.

De Guatemala a Guatepeor.

Hay otros proyectos. Pero todos, y particularmente Massa, han atado cualquier modificación a tener una “compensación para el fisco” en algún otro impuesto. De este modo, se asocian a los fines del impuesto al salario que apunta a cubrir el déficit que genera el pago de la usuraria deuda pública o los subsidios a las privatizadas. Por eso, condicionan una atenuación del impuesto al salario a la sanción de un impuesto a la renta financiera. Como éste llevará un largo debate, se trata de una excusa para darle largas al asunto, y preservar la confiscación impositiva sobre el salario. Nuestro planteo, en cambio, es la anulación del impuesto al salario sin condiciones, como primer paso de una reorganización impositiva integral y de un replanteo general sobre el carácter y las prioridades del presupuesto público.

Nuestro proyecto

Nosotros planteamos la abolición del impuesto a los salarios a partir de dos premisas. Primero, que los salarios y jubilaciones estén excluidos, incluso aquellos que resultan de la carrera escalafonaria en la administración pública, de la carrera docente o del convenio bancario. También la exclusión de las llamadas “locaciones de servicio” que encubren relación laboral. De manera que todo gravamen a los ingresos quedaría reservado a gerentes y ejecutivos que puedan estar encubriendo ganancias empresariales. En segundo lugar, y aun con la consideración anterior, el mínimo no imponible para un soltero sea equivalente a tres canastas familiares, hoy como mínimo en $8000. O sea, un mínimo no imponible de $24000, actualizable con el costo de vida, bajo control de organizaciones obreras y populares.En tercer lugar, planteamos que las presentaciones y/o pagos que el trabajador le corresponda hacer a la AFIP u a otro organismo del Estado, serán efectuados en forma directa por el titular. Las patronales cesan de actuar como agentes de retención y se las aparta del manejo de los aportes y obligaciones que por cualquier concepto le correspondan hacer al trabajador. Ha pasado a ser moneda corriente que los fondos que se descuentan al trabajador terminan siendo usados para otros fines, poniendo en riesgo el acceso y el uso de la obra social y su jubilación futura.

Estamos en contra de todo impuesto a los trabajadores para financiar al Estado capitalista. La abolición del impuesto al salario es parte de una lucha de conjunto contra los impuestos al consumo como el IVA y otros indirectos que van a los precios y se llevan hoy, al cabo de la década kirchnerista, un 40% del salario. Estamos en favor de un sistema impositivo que grave al capital financiero, agrario, comercial e industrial, de manera progresiva, lo mismo que a las grandes fortunas y a la especulación financiera e inmobiliaria.

Votar por la abolición del impuesto al salario es votar por el Frente de Izquierda.

Massa se declara de “origen” peronista y plantea una campaña “desideologizada, en función de la gestión y las demandas de la gente”. Busca vender la imagen de “político moderno y transversal” que le sopla su asesor peruano (Sergio Bendixen), una réplica del macrismo. Más allá del “franciscano” Giustozzi, el reagrupamiento de intendentes de Massa ha sido de derechistas consumados. Pablo Bruera, que integraba ese núcleo inicial, fue guardado bajo la alfombra luego de las inundaciones que dejaron 70 víctimas fatales. Ahora, como cadáver político, sólo encontró lugar en el kirchnerismo.

La naturaleza social de la “gestión” de Massa es la de un municipio enfocado en la especulación inmobiliaria: el 75% de la población no tiene los cuatro servicios públicos esenciales. Sus cámaras de seguridad han servido sólo a la demagogia que caracteriza a toda la oferta de derecha en la materia.

Alrededor de Massa hay un vasto operativo de la burguesía en torno de una sucesión pactada con el kirchnerismo. La inclusión del devaluacionista De Mendiguren expresa el giro de un sector de la burguesía industrial, junto al capital agrario y el financiero, interesados en la vuelta de Argentina al mercado de deuda. Semejante perfil lo completa la inclusión de Héctor Daer, el hombre de los “gordos” en la mesa de la CGT Balcarce.

Lo que merece un párrafo aparte es la presencia del Fabián “Mocho” Alessandrini, adjunto de Roberto Baradel en la CTA provincia, miembro de los disidentes de ATE, quien habría sido habilitado para integrar la lista massista por el propio Baradel. Después de las victorias de la izquierda en el Suteba, el kirchnerismo pierde por derecha y por izquierda.

La desintegración del peronismo

El massismo es un producto de la desintegración del kirchnerismo y, a su turno, de una nueva etapa en la crisis del peronismo. Si el peronismo se caracteriza por “tener a un conductor”, la pérdida de autoridad de Cristina para contener a los suyos hizo explotar al peronismo en cinco listas en Buenos Aires, el corazón de su dominación política: el FpV, Massa, De Narváez, Eduardo Amadeo (Rodríguez Saá) y Momo Venegas.

De la “columna vertebral del movimiento” que constituía la CGT, queda sólo el recuerdo. El panorama de disgregación de la burocracia sindical es más agudo aún que su fractura en cinco centrales. Ocurre que también se está rompiendo la CGT Balcarce: a Moyano se le fue Bancarios, Venegas se presentó con una lista rival de Plaini -quien va con De Narváez- y la integración de Alessandrini a Massa agravó la división de la CTA oficialista. Otro pilar histórico de la burocracia, José Pedraza, está preso como resultado de una lucha que lideró la izquierda revolucionaria.

La disgregación de la burocracia sindical es un episodio fundamental en la descomposición del peronismo, que presentó siempre ante la burguesía su capacidad de contención de la clase obrera a partir de los sindicatos. En este escenario, el cristinismo le ha entregado el 90% de las listas bonaerenses a los intendentes del PJ, los Othacehé, los Curto y los Espinoza, para evitar una fuga todavía mayor hacia Massa o De Narváez. Pero esos punteros mañana se irán con ellos o con Scioli, el caballo del Troya de los K, y el cristinismo se quedará a la intemperie. El matancero Espinoza dice que ganará el 90% de los votos en su distrito. O sea que cuenta como propios los de Massa, mediante un corte de boleta autorizado por abajo.

En otro orden, Sabbatella ha entrado en zona de disolución política, levantando su lista de Merlo a cambio de insertar a su mujer en las listas provinciales, entre los candidatos de Othacehé e Ishii. El Partido Obrero de Merlo ha iniciado una campaña para que todo el progresismo del distrito se exprese en el voto al Frente de Izquierda.

A partir de esta desintegración del kirchnerismo y sus agentes sindicales, el campo para la lucha política del Partido Obrero y del Frente de Izquierda es bien amplio. Las tendencias de lucha de Brasil están presentes en la clase obrera y la juventud argentina. Démosle expresión política en la campaña de las primarias, para consagrar un bloque de la izquierda revolucionaria en octubre.

Luego funcionaron los reflejos y Moyano largó de un día para otro una medida, sólo de su gremio, de un viernes a un lunes, impidiendo que se organizara un movimiento en otros gremios. Como jefe de la CGT, Moyano bloqueó en realidad un paro de todo el movimiento obrero que hubiera tenido lugar sin dudas, porque la confiscación salarial abarca a más de dos millones de trabajadores de todas las centrales obreras.

Moyano de esta manera buscó reacomodarse frente a sus propias bases, cuando hace 7 meses del gran paro nacional del 20 de noviembre luego de los cuales no hubo la continuidad necesaria de un plan de lucha para arrancar la anulación del impuesto o el elevamiento sustancial del mínimo no imponible. Al contrario, la presidenta lo actualizó sólo un 16,6% anual lo que hará que muchos más trabajadores paguen ganancias al ir cobrando las cuotas de paritarias.

Moyano al maniobrar así, sólo mediante su gremio, fracturó a un movimiento obrero que por abajo viene luchando, por caso los obreros de Aluar que han parado reclamando a su patronal un 11% para compensar el impuesto, lo mismo que una fracción del cuerpo de delegados de Siderca o el Sindicato San Fernando del Neumático en la fábrica Fate, que a su vez convocó todo un movimiento y una movilización al Ministerio por el tema.

Por otro lado, Moyano evitó un debate en la central obrera que preside que posiblemente hubiera dividido opiniones, puesto que están en listas distintas de la disgregación del PJ, como Venegas. Moyano no denunció ante la discreta concurrencia de la Plaza de Mayo, el uso regresivo de esos fondos para pagar intereses de una deuda pública usuraria o la montaña de subsidios a las empresas concesionarias de servicios y transportes, las mismas que han vaciado el ferrocarril, por ejemplo. Evitó así ubicar el reclamo en una política de conjunto a favor de los trabajadores.

Todo lo contrario, hizo eje en la reivindicación “peronista” ideológica, abstracta, y en el llamado a “no votar” a Cristina, lo que por parte de un integrante de la lista del empresario De Narváez, fue un llamado vergonzante a votar por un candidato del establishment, mirado con total desconfianza por los trabajadores y que lo que menos puede garantizar es un replanteo impositivo contra los capitalistas de los que es parte él mismo.

El llamado “peronista” a no votar a Cristina es también un aval indirecto a Massa, quien lleva en sus listas al macrismo y a un representante de la Unión Industrial y de los “gordos” de la CGT. Moyano, objetivamente, con esta movilización trató de salvar daños ante el potencial derrumbe electoral de la lista que integra y empezó a preparar no sólo la etapa del poskirchnerismo sino el éxodo del propio De Narváez para tratar de terciar en la futura sucesión de los Scioli o los Massa, con los que negoció hasta el último minuto anterior a la inscripción de las listas.

En las actividades del PO en el marco de la campaña del frente de izquierda participan cada día más trabajadores y aún delegados de gremios con influencia moyanista que acuden al debate con nuestros compañeros. La anulación del impuesto a los salarios es una bandera de fondo del Frente de Izquierda, somos partidarios de un plan de lucha hasta acabar con él, pero además forma parte de un plan de gobierno económico integral de los trabajadores, para reemplazarlo por impuestos progresivos a la renta financiera y a las grandes fortunas, algo que escapa por completo a una lista como la de De Narváez-Moyano y a las de todas la oposición que gobernó con el menemismo o con la Alianza, sean del PJ disidente o del frente Binner-UCR.